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Paro nacional, privatización y despojo

Andrés Cabanas (Memorial de Guatemala), 19 de septiembre de 2017 

Mientras se mueven los límites del país que conocemos (se amplían, se reducen, o se desplazan y regresan a dónde estaban), los empresarios del CACIF avanzan en su propuesta de privatización de la red vial (y nueva reducción y privatización del Estado). La propuesta no es menor, sino el eje del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017 (Infraestructura para el Desarrollo, Vamos a la Obra) que los propios organizadores definen como estratégico y con visión de largo plazo.

La iniciativa empresarial se centra en la inversión pública y el cobro privado(carreteras de peaje) para lo que se propone la adecuación de la institucionalidad y el marco legal: una Ley o Política de Infraestructura; la modificación del modelo de asocios público privados, con menos controles y mayor poder empresarial; el aumento del Presupuesto del Estado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otras medidas que están en discusión.

El ejemplo regulador de la Ley general de Electricidad (1996) es la vieja base de lo que el CACIF denomina nuevo modelo de inversión. En mi opinión, es más y menos de lo mismo: más empresas y menos Estado, por tanto menos derechos, como evidencian los últimos 20 años de la historia de Guatemala.

Mi hipótesis es que esta ley es parte de una agenda tripartita (o era parte, porque se están reacomodando fuerzas y tácticas de forma aguda y acelerada para capear la crisis política) que incluye otros puntos de interés del Ejecutivo (antejuicio, remoción del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sustitución de la Fiscal Jefe del Ministerio Público, modificaciones a la ley de contrataciones, modificaciones a la normativa de extinción de dominio), del Congreso (presupuesto sin candados, fondos para gobernadores y diputados, modificación de ley orgánica para legalizar plazas fantasma) y de los empresarios: ley de infraestructura y ley de consultas comunitarias como fundamentales para garantizar negocios; ley electoral, ley de servicio civil y reformas al sector justicia para atenuar las crecientes protestas y deslegitimación de los poderes tradicionales.

En río revuelto, ganancia de empresarios

La política de infraestructura no es el único proyecto estratégico empresarial que camina, a pesar de la crisis o gracias a la crisis, en medio del repudio masivo a la clase política: como si la indignación social no alcanzara a empresas y empresarios empobrecedores y violentos.

Criminalización. El 1 de septiembre, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”. Estas demandas permanecen abiertas y amenazan prácticamente cualquier tipo de movilización social.

Anulación de la consulta previa. El 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia permite que la Minera San Rafael reanude sus operaciones, a pesar de haber incumplido el derecho de consulta.

La sentencia (pendiente de apelación en la Corte de Constitucionalidad) marcha en la dirección marcada por el sistema de justicia en el caso Oxec el 26 de mayo, y por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio: permiso para que las empresas que violaron el derecho a la consulta previa continúen operando; carácter indicativo, no vinculante, de la consulta; realización de consultas según un procedimiento estandarizado establecido por el Estado, y no según las formas y decisiones de las comunidades.

Transporte de energía. El 14 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas concede la tercera prórroga para que la transnacional TRECSA finalice el proyecto de transporte de energía eléctrica (construcción de líneas de transmisión de energía), aún careciendo el proyecto de “licencias sociales y comunitarias”, como reconocen empresarios, es decir, a pesar de la oposición social que está deteniendo el avance de las obras. La renovación del permiso a TRECSA favorece el modelo energético y de negocios que privatiza y comercializa los bienes de todos: electricidad para empresas, agroindustria y exportación.

Paro Nacional

Cuando los límites del país que conocemos se amplían (indignación, movilizaciones, masificación de propuestas de transformación estructural, nuevos actores, espacios simbólicos recuperados como los estudiantiles, planteamientos de autodeterminación y autonomías territoriales) el modelo económico de despojo se profundiza, sin concesiones: nuevos ámbitos de acumulación, idénticos actores, control empresarial del Estado. Paradójicamente, el modelo político se cuestiona, pero el debate sobre el modelo económico y su interrelación y articulación con aquel es todavía minoritario.

El Paro Nacional 20S tiene que ser, en este sentido, un espacio de movilización pedagógica, para visibilizar y denunciar la impunidad y el despojo de este modelo económico. En segundo lugar, el inicio de un ejercicio permanente de discusión y consensos entre organizaciones, para llegar a acuerdos sobre reformas inmediatas y reformas estructurales, que sean impulsadas articuladamente y al mismo tiempo (no de forma gradual, ni priorizada). Esto plantea, en tercer lugar, una lectura de 2017 a partir del cierre en falso de 2015  (nuevo gobierno que no cambió nada, profundización de la agenda neoliberal, reacomodos de élites) y la necesidad de no entrar en la misma dinámica.

Sin soluciones estructurales desde los pueblos, la crisis se alarga, para nosotros. Para los empresarios, si los dejamos, continúa la fiesta.

¿Qué falló en 2015 para que estemos así en 2017? Los 5 pilares

Martín Rodríguez Pellicer (Nómada)

Sacamos a Roxana Baldetti por corrupta. Sacamos a Pérez Molina por corrupto. Evitamos a Manuel Baldizón por corrupto. Pusimos a un ‘no-político’ a dirigir a la nación. Y a pesar de haber ‘cumplido con la tarea’ en 2015, amanecimos 2017 con un presidente Jimmy Morales que intentó expulsar del país al jefe de la CICIG para acabar con la Comisión y sumó a su salario de Q150 mil un sobresueldo ilegal de Q50 mil del ejército. Y además, tenemos a 111 diputados que intentaron legalizar la corrupción al volver 400 delitos perdonables a cambio de Q18,500. ¿Por qué pudo pasar esto y las cosas pueden ponerse peores? Pues aquí va una explicación.

Aún en tiempos de dictaduras, era un mito que el dictador de turno fuera el que mandaba con poderes absolutos. En estados débiles como el de Guatemala, que en tiempos de guerra recaudaba apenas el 5% de impuestos en comparación con el tamaño de la economía, los presidentes debían rendirle cuentas a los grandes empresarios, a los Estados Unidos, a los militares o a las mafias. Desde ahí se empezó a construir el sistema de corrupción e impunidad.

En tiempos de una democracia secuestrada por la corrupción y la impunidad, las cabezas del Gobierno no son las piezas principales del sistema.

Por eso es que sacar a Baldetti y Pérez Molina o frenar a Baldizón en 2015 fue un gran mérito, pero está lejos, lejísimos, de ser suficiente.

Si recuerdan, en 2015 había un lema que decía “En estas condiciones, no queremos elecciones”. Los más progresistas lo apoyaban, los más conservadores lo aborrecían y otros lo apoyamos, pero apoyamos también el deseo democrático de la mayoría. Nos entusiasmaba la idea de enterrar a Baldizón en las urnas, pero nos preocupaba que el sistema no iba a cambiar si no había más ‘electroshocks’.

¿Qué es ‘el sistema’?

Suena abstracto esto de ‘el sistema’, pero es una forma que sirve para describir lo que ahora llamamos el Pacto de Corruptos. Un acuerdo en el que se permite a algunos enriquecerse sin importar si cumplen con pago de impuestos, derechos laborales o derechos ambientales, a cambio de que a otros se les deje enriquecerse sin importar si lo hacen robando fondos públicos. Corrupción e impunidad.

Este sistema es el que provoca que la democracia no funcione para mejorar la vida de la gente y que Guatemala sea un país tan injusto. 16 millones de personas. Uno de los más desiguales del mundo. 65% de pobres. Racismo. Machismo. Violencia. Y hombres, mujeres y niños que arriesgan todo para escapar rumbo a Estados Unidos. Injusticia.

¿Quiénes sostienen el sistema?

1. Los diputados

Son la cara visible y a quienes más vergüenza les debería dar. Porque ellos –ahora vemos que son el 88% del Congreso– podrían usar el Estado para hacer los cambios que prometen cada cuatro años, pero traicionan a la gente y sólo les interesa robar y que sus robos queden impunes.

Y estos bandidos lograron que los reeligiéramos en el Congreso en 2015. La mitad entró de vuelta y desde sus partidos y campañas millonarias hicieron que entraran sus hijos o parientes o ahijados para mantener sus cuotas de poder. Sólo vez de PP y Líder ahora se llaman FCN, MR, AC y PAN. Claro, y la UNE y Todos que siguen.

Entre la alianza de Jimmy Morales es importante recordar que hay desde corruptos tradicionales hasta un acusado por la CICIG de asesinar a dos periodistas en Suchitepéquez que fue electo por Líder y después fue aceptado por FCN, o un condenado por tráfico de heroína en Estados Unidos en la bancada Todos.

Entonces, como decimos aquí, la mula tira pa’l monte. Aunque el año pasado aparentaron cambiar a fuerza de gritos y recuerdos de 2015, ya nos dimos cuenta que si les damos un poquito de cuerda por distracciones de propagandas ‘anti-comunistas’, pues entran hasta la cocina para que su sistema de corrupción e impunidad vuelva a estar intacto.

Los políticos corruptos en el Congreso lograron sobrevivir a 2015 y ser ahora los mejores aliados del presidente Jimmy Morales.

2. El presidente

Jimmy Morales. Desde este medio investigamos a su partido FCN-Nación, lo investigamos a él y entrevistamos a expertas que predecían que su gobierno tenía una sombra oscura por el pasado de sus alianzas con militares, con financistas desconocidos y con el monopolio de la televisión abierta, concesionado al mexicano Ángel González. Aunque no es la cabeza del sistema, tiene el poder para nombrar a las personas en los ministerios y secretarías.

3. Los militares más oscursos

Jimmy participó con el partido FCN, fundado por los militares más oscuros y recalcitrantes de la guerra, los que se oponían a la democracia y a los acuerdos de paz, los de Avemilgua, algunos de los mismos que formaron las estructuras de corrupción e impunidad.

Jimmy Morales, como se preveía, formó su gobierno con un primer círculo de asesores que eran militares oscuros, como Armando Melgar Padilla, acusado de espionaje a opositores y que tiene en su currículo que un sicario lo señalara de asesinar a su propio papá, cosa que él niega. O Edgar Ovalle, acusado de participar en masacres en la guerra, exjefe de bancada de FCN y ahora prófugo. O Francisco Aragón Paredes, influyente en nombramientos en el Ministerio de Gobernación como el Sistema de Presidios. O César Cabrera, preso por participar en masacres de la guerra, que dejó el puesto de asesoría a su hijo del mismo nombre. O Ricardo Bustamante, el pope de la inteligencia militar en tiempos de Pérez Molina y mentor de Jimmy en sus estudios de doctorado en ‘seguridad estratégica’ en la USAC. Jimmy mantuvo a Bustamante como jefe tras bambalinas de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección de Inteligencia de Gobernación y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.

Los militares sobrevivieron el 2015 y tienen a Jimmy como su mejor aliado.

4. El monopolio de los canales y Radio Sonora

Hay un pilar del sistema de corrupción e impunidad desde 1992. La concesión monopólica de los 4 canales abiertos a nivel nacional. Es decir, de los únicos canales que se miran en las televisiones que no tienen sistema de cable. Fueron entregados a Ángel González y su esposa Alba Lorenzana. Y la CICIG y el MP demostraron en 2016 que no sólo financió ilegalmente al Partido Patriota sino que recibió contratos sobrevalorados desde el Gobierno como pago. Jimmy Morales no sólo le entregó la Secretaría de Comunicación sino que coquetea con la idea de entregarle el monopolio de la banda 4G para telefonía, internet y televisión. Además, lo protegió para no romper el monopolio a pesar de los señalamientos de corrupción por parte el MP y la CICIG.

Ángel González sobrevivió el tsunami de 2015 y continúa publicando mentiras y propaganda desde sus canales y su radio Sonora para proteger a los políticos corruptos y criminalizar a quienes reclaman transparencia y democracia.

5. Sus financistas y pautantes

El quinto elemento del sistema de corrupción e impunidad es el sistema de financiamiento electoral. Las primeras investigaciones de la CICIG muestran que Jimmy Morales parece haber abierto la puerta a corruptos de la talla de Alejandro Sinibaldi (PP-MR), pero también azucareros y otros grandes empresarios.

Como en 2016 y 2017 ha habido dos ‘electroshocks’ a grandes empresas que financiaron partidos ilegalmente, esto ha provocado que los familiares de militares acusados por violaciones a los derechos humanos construyan un discurso de que todo esto se trata de una lucha ideológica, para amedrentar a grandes empresarios.

Lo han conseguido en parte y muchos financian este discurso en contra de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Y hay un apartado. Muchas de estas empresas continúan financiando el monopolio de Ángel González, a pesar de mentiras directas contra la corporación más grande del país, Multiinversiones.

Financistas que no quieren que la CICIG llegue hasta ellos o pautantes que no quieren ‘pelearse con el monopolio’ son dos grupos clave para sostener el sistema de corrupción e impunidad.

***

Mientras no se exija responsabilidad e investigue a estos cinco pilares, el sistema de corrupción e impunidad se mantendrá. Para romper con este sistema se necesitará muchos meses más de CICIG y muchos días de protestas y paros nacionales. La alternativa será llegar a 2019 con la elección de un nuevo presidente que se volteará contra los ciudadanos para construir un paraíso de impunidad.

 

Por eso desde Nómada apoyamos al movimiento ciudadano en sus demandas de #DepuraciónYa y #ParoNacional este 20 de septiembre.

 

 

 

 
 
 
 
 
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