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Centroamérica: Sobrevivir al desarrollo

El balance de tres décadas de cooperación internacional al desarrollo que hemos conocido en Centroamérica nos deja un saldo que podríamos resumir esquemáticamente como: éxito del “desarrollo”, pinchazo de la “cooperación”.

El discurso de las políticas de cooperación al desarrollo planteaba expectativas de generalización del modelo económico y de bienestar de los países “desarrollados”. Este discurso obviaba que la tendencia natural del desarrollo realmente existente es la de una evolución desigual en el marco de unas relaciones desiguales. Su “progreso” ha sido el de la concentración de la riqueza, la financiarización, la deslocalización, la especialización territorial y la acumulación por desposesión. Con el avance de todas estas tendencias, el desarrollo realmente existente (no el del imaginario de la cooperación) sí está logrando sus objetivos.

La evolución

Haciendo un brevísimo recorrido por estas tres décadas, podríamos distinguir tres fases:

Una primera época marcada por los conflictos armados y todavía en un mundo dividido en dos grandes bloques. En esta época prevalecía el discurso de los derechos humanos y los esfuerzos se volcaron en las transiciones hacia regímenes “homologables” y la estabilidad, incluyendo apoyos importantes a la sociedad civil para presionar hacia los procesos de paz.

Luego vino el despliegue de la agenda neoliberal, culminada con los tratados de libre comercio. Durante esta época la cooperación al desarrollo acuñó toda una batería de conceptos como Desarrollo Humano, Desarrollo Sostenible, Género en el Desarrollo, Objetivos del Milenio, etc., como contrapeso, para ir más allá del crecimiento económico como vara de medir el desarrollo. En todo ello, junto a la retórica paliativa del sistema de Naciones Unidas, también encontraríamos discursos y prácticas con recorridos rescatables. El problema es que, en el mejor de los casos, quedaron fundamentalmente para el  consumo interno en el ecosistema de la cooperación, mientras la “realidad real” iba por los caminos del Consenso de Washington.

En la tercera fase, en la que nos encontramos, apenas queda rastro ni siquiera de los paliativos. Se trata de pisar el acelerador de una cooperación con la inversión empresarial en el centro, es decir, el desarrollo en su expresión más cruda. Para no alargarnos basta con una imagen: el pasado 8 de marzo, mientras Guatemala y el mundo se despertaban con el horror de las 40 niñas dejadas morir en el incendio de un orfanato de la capital, mientras llovían comunicados de solidaridad y exigiendo justicia, al Foro de ONG Internacionales en Guatemala llegaba otro comunicado, de la Cámara de Comercio española en el país, en el que se lamentaba la “desprotección” de sus inversiones en proyectos extractivistas como las hidroeléctricas de ACS en el río Cahabón, ante las demandas de protección el territorio kekchí[1]. La Corte de Constitucionalidad acaba de darles luz verde. La diplomacia y la cooperación oficial europeas de hoy son mucho más proactivas con los “derechos” del ciudadano Florentino Pérez y sus co-accionistas. El Género en el Desarrollo ya hace tiempo que cayó en desgracia, los recortes hicieron el resto[2]. Las huérfanas no “producen riqueza”…

Carta de parlamentarias y parlamentarios europeos preocupados por los derechos humanos en Guatemala

17 parlamentarias y parlamentarios europeos envian una carta al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a la ministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al embajador ante la Unión Europea, Jorge Skinner-Klée Arenales para manifestar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Guatemala, particularmente en lo que se refiere a la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

En ella recuerdan, que en febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que expresaba la preocupación por  las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, y la necesidad de desarrollar una política pública de protección hacia ellas, en consonancia con la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se instaba a reformar el sistema judicial y avanzar en su compromiso con la lucha contra la impunidad y la corrupción.

 

Parlamento Europeo
Bruselas, 18 de abril de 2018

 

Sr. Jimmy Morales Cabrera

Presidente de la República de Guatemala

Sra. Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala

Sr. Jorge Skinner-Klée Arenales

Embajador de la República de Guatemala ante la Unión Europea

CC: Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala

Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Embajador:

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta comunicación, nos dirigimos respetuosamente a ustedes preocupados por la situación de los derechos humanos en Guatemala, particularmente en lo que se refiere a la situación de las personas defensoras de derechos humanos. De manera especial, teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en sus distintos ámbitos de actuación, así como el compromiso que toda la comunidad internacional, incluyendo la propia UE, ha adquirido para proteger a las personas defensoras en todo el mundo.

El 16 de febrero de 2017 el Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una resolución que expresa nuestras preocupaciones por la situación de las personas defensoras en Guatemala. En la misma, entre otras cosas, se recordaba la necesidad de desarrollar una política pública de protección de los defensores de los derechos humanos, en consonancia con la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, se resaltaba la necesidad de acometer la reforma del sistema judicial y de seguir avanzando en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.

De acuerdo con algunas informaciones que hemos conocido como parlamentarios y parlamentarias, desde la aprobación de dicha resolución se han producido distintos eventos y actuaciones que implicarían un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

En primer lugar, lamentamos que se haya reforzado la gravedad y la intensidad de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, dinámica que se ha consolidado particularmente en los dos últimos años. Por ejemplo, según datos de la UDEFEGUA en 2017 se registraron un total de 483 agresiones contra personas defensoras incluyendo 53 asesinatos.

Nos preocupa asimismo la campaña de deslegitimación y ataques contra las instituciones vinculadas con la defensa de derechos humanos incluyendo particularmente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los intentos de expulsar a su Comisionado, el Sr. Iván Velásquez, pero también contra la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público, y las y los operadores de justicia, incluyendo el intento de asesinato de la Fiscal de Derechos Humanos Sonia Montes el pasado 15 de febrero.

Desde el Parlamento Europeo lamentamos que, en lugar de avanzar decididamente en los compromisos que Guatemala ha adquirido con la comunidad internacional, la agenda legislativa actual incluye varios proyectos que implicarían un importante retroceso en materia de derechos humanos. Así, en lugar de apostar decididamente por medidas como el desarrollo de una política pública de protección a personas defensoras o el desarrollo de un Plan Nacional de Acción sobre

Empresas y Derechos Humanos en Guatemala, constatamos particularmente el riesgo de que se produzca una restricción del derecho a defender derechos humanos en Guatemala, a través de proyectos legislativos como los siguientes: la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo cuyo articulado incumpliría los estándares internacionales en materia de libertad de asociación; la reforma del delito sobre terrorismo en el Código Penal que, por su redactado, implicaría la tipificación de acciones que forman parte de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacíficas como terrorismo; finalmente, nos preocupa la propuesta de reforma del decreto número 145-96 sobre Ley de Reconciliación Nacional que pretende otorgar amnistía a todos los delitos cometidos durante el conflicto armado interno incluyendo los de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos humanos en el país.

En este sentido nos gustaría hacer un reconocimiento expreso al papel que la CICIG ha desempeñado y desempeña en Guatemala. Además, nos sumamos al llamamiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Sr. Diego García-Sayán, e instamos a Guatemala a garantizar una selección transparente y basada en criterios estrictos claros y objetivos de integridad e idoneidad de las personas candidatas a Fiscal General, como muestra inequívoca del compromiso del país para profundizar la lucha contra la impunidad.

Expresando nuestro más alto respeto a la República de Guatemala, nos despedimos afectuosamente.

1. ALBIOL, Marina (GUE/NGL, España)

2. ANDERSON, Martina (GUE/NGL, Reino Unido)

3. BENITO ZILUAGA, Xabier (GUE/NGL, España)

4. BILBAO BARANDICA, Izaskun (ALDE, España)

5. BOYLAN, Lynn (GUE/NGL, Irlanda)

6. CARTHY, Matt (GUE/NGL, Irlanda)

7. CHILDERS, Nessa (S&D, Irlanda)

8. CORRAO, Ignazio (EFDD, Italia)

9. CROWLEY, Brian (ECR, Irlanda)

10. GONZÁLEZ PEÑAS, Tania (GUE/NGL, España)

11. HENKEL, Hans-Olaf (ECR, Alemania)

12. NI RIADA, Liadh (GUE/NGL, Irlanda)

13. SÁNCHEZ CALDENTEY, Lola (GUE/NGL, España)

14. TORRES MARTÍNEZ, Estefanía (GUE/NGL, España)

15. URBÁN CRESPO, Miguel (GUE/NGL, España)

16. VALERO, Bodil (GREENS/EFA, Suecia)

17. VERGIAT, Marie-Christine (GUE/NGL, Francia)

 

17 de Abril: Día Internacional de las Luchas Campesinas

Recordamos un año más, en el Día Internacional de las Luchas Campesinas #17abril, a quienes siguen luchando por el derecho a la Tierra, a los Derechos humanos y a la Soberanía alimentaria.

¡Por tierra y por la vida! ¡Por la defensa de una sociedad libre de capitalismo, racismo y patriarcado! ¡Por el fin de la violación de los DDHH y la impunidad de los crímenes de las transnacionales! ¡Basta de Tratados de Libre Comercio, basta de impunidad!

Nos sumamos al llamado de La Vía Campesina como muestra de solidaridad con todos los pueblos campesinos que llevan con orgullo la responsabilidad de alimentar al mundo.

(Harare, 10 de Abril de 2018) Este 17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, La Vía Campesina rememora la masacre de los 19 Sin Tierra que fueron impunemente asesinados por el agronegocio #AgroMata. En un solo puño de coraje y rebeldía llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliadxs, amigxs y pueblo organizado a unificar toda clase de acciones de resistencia, a escala global, por la Tierra y el agua en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en contra de la criminalización de las luchas sociales.

Celebramos esta importante fecha de movilizaciones internacionales por la defensa de reivindicaciones sociales, contra las fuerzas de gobiernos y empresas transnacionales del gran capital, que usurpan los bienes naturales y reprimen la defensa que millones de familias campesinas e indígenas en su lucha legítima por la tierra, agua y territorios.

Denunciamos el avance del capital sobre los pueblos y sus territorios. El capitalismo, racismo y patriarcado forman un modelo entrelazado de múltiples dominaciones a través del acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos y la misoginia.

Vivimos frente a una masiva violación a los derechos humanos, la impunidad de los crímenes de ayer y hoy, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de estado de ayer se ha convertido en la  base de la impunidad de hoy del gran capital.

En ese contexto, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son herramientas impulsadas por corporaciones y Estados que establecen reglas para vender nuestros bienes naturales, es decir, mercantilizan bienes comunes de la humanidad como la tierra y el agua, y los ponen en función del lucro.

Los TLC son hoy la expresión de una oleada anti-democrática en nivel mundial, que intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima del bien estar/buen vivir de los pueblos.

Frente al capital transnacional y los Tratados de Libre Comercio, desde La Vía Campesina nos unimos para defender y conquistar la reforma agraria, entendida como el derecho de los pueblos a la tierra, territorios, al agua y a las semillas nativas, base fundamental para la Soberanía Alimentaria.

Las corporaciones transnacionales y estados antidemocráticos, promueven prácticas desleales para impulsar el extractivismo, acaparamiento de tierras, mega monocultivos para la exportación, tierras que son utilizadas en su gran mayoría para mega monocultivos para el agronegocio.  La tierra y el agua ganan cada vez más relevancia, y concentran gran interés económico, tanto para las élites nacionales como las extranjeras; por esta razón, hoy por hoy, existe una alarmante criminalización, persecución, desalojos y muerte de campesinxs e indígenas, negrxs, por la defensa de sus tierras y contra la expolición de los bienes comunes.

¡Movilízate!

¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!

¡Contra el saqueo del capital y del imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblo!

¡La Vía Campesina lucha!

El Salvador: La industria de la minería metálica acecha a un año de su prohibición

Ambientalistas advierten de una nueva campaña de empresas mineras para tratar de convencer sobre la viabilidad de sus actividades en el país. Además, exhorta al Ministerio de Gobernación a revisar las acciones de Minerales Torogoz, subsidiaria de Oceana Gold Corporation, bajo la cual opera la Fundación El Dorado- En Cabañas-, y exigen que éstas sean expulsadas de El Salvador. 

Artículo de Josseline Roca

Fuente: Asociación de radios y programas participativos de El Salvador

Hace un año la actividad minera se prohibió en El Salvador, producto de la lucha de comunidades y organizaciones ambientalistas. La normativa se aprobó en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, con los votos de todos los partidos políticos, luego de la presión que hizo la iglesia católica y otras instancias. Sin embargo, en el departamento de Cabañas ha continuado operando la Fundación El Dorado, el brazo social de Minerales Torogoz, subsidiaria de la minera transnacional Oceana Gold.

Fotografía tomada de la página de facebook “Minería verde”

Vidalina Morales, de la Asociación para el Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)-ubicada en Cabañas-, explicó que desde que Oceana Gold compró el proyecto minero a la canadiense Pacific Rim, advirtió que se mantendrían presentes en la zona hasta que les permitieran extraer oro. Y así ha sido, pese a que la empresa perdió una demanda que interpuso contra el Estado, ante un tribunal internacional, y que sus operaciones de explotación minera están prohibidas.

En los últimos días se han encendido aún más las alarmas del movimiento ambientalista, pues a través de redes sociales se están difundiendo mensajes de los supuestos beneficios de la industria minera, mediante cuentas como “Minería Verde”.

Bernardo Belloso, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), dice que para las organizaciones está claro que detrás de esta campaña está Minerales Torogoz. Agrega que esta misma estrategia fue utilizada hace once años por las empresas para tratar de convencer a la población de la viabilidad de la minería en el país.

La empresa prepara condiciones para esperar el momento en el que la derecha, liderada por el partido ARENA, asuma un mayor control en la Asamblea Legislativa, tras las pasadas elecciones, para que se le permita explotar el suelo salvadoreño, advierte el representante de CRIPDES.

Por ahora cualquier iniciativa que promueva la exploración y explotación minera podría, incluso, constituirse en un delito, apunta Belloso. El ambientalista, exhorta al Ministerio de Gobernación a revisar el actuar de Minerales Torogoz y su Fundación El Dorado. Además, pide que sean expulsadas de El Salvador.

Las organizaciones han alertado a la población sobre que la empresa minera Oceana Gold, continúa acechando el territorio salvadoreño, a través de su subsidiaria y su fundación. Sostienen que así como la organización social derivó en la prohibición de la minería metálica, ésa será la única vía para detener cualquier intento de revertirla y favorecer a esa industria en detrimento de los bienes naturales y de la salud de la población.

La lideresa Vidalina Morales, considera que actualmente hay más conciencia sobre los graves impactos que traería la minería al país, a diferencia del año 2007, cuando se emprendió una fuerte campaña publicitaria a favor de la extracción de oro. No obstante, insta a no dejarse confundir por los mensajes sobre la supuesta “minería verde”.

El Salvador aún no se recupera de la grave contaminación causada por la minería, afirman organizaciones ambientalistas. Uno de los ejemplos más claros es el del Río San Sebastián, en La Unión, donde el Ministerio de Medio Ambiente encontró cianuro, hierro y otras sustancias, utilizadas en la actividad minera de la empresa multinacional Comerce Group. La empresa abandonó el proyecto y las comunidades vieron morir a su río, a causa de la contaminación.

https://www.arpas.org.sv/

 

Hace un año….

Fuente: Comunicado MOVIAC: El Salvador libre de minería metálica

Como un hecho histórico se marca este 29 de marzo en el calendario de los salvadoreños y salvadoreñas una Ley que prohíbe definitivamente la minería metálica en este territorio. Desde tempranas horas de la mañana líderes y representantes de organizaciones ambientales y sociales se hicieron presente en la Asamblea Legislativa para esperar el dictamen que fue aprobado por 70 diputados y diputadas de las diferentes fracciones políticas. Con mucho entusiamo y beneplácito ha sido calificado este acontecimiento que marca un proceso justicia para varias víctimas que fueron sacrificadas en este proceso.

En un hecho sin precedentes la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en sesión plenaria una ley que prohíbe la minería metálica, con 70 votos a favor y ninguno en contra. A pesar que en las últimas semanas la empresa minera Oceana Gold impulsó una fuerte campaña para bloquear la inminente aprobación de esta ley, los 70 diputados presentes ratificaron la legislación, y solo faltó el voto de 14 diputados ausentes, un consenso histórico considerando, que los partidos políticos representados en La Asamblea Legislativa, rara vez se ponen de acuerdo.

La aprobación de la ley es producto de un largo proceso de lucha de las organizaciones ambientalistas salvadoreñas y de las comunidades organizadas en el departamento de Cabañas, de hecho durante la discusión previa a la aprobación, el diputado Guillermo Mata recordó a los ambientalistas asesinados por oponerse a la minería, “Esta ley está bañada en sangre, nuestros agradecimientos póstumos a las personas que entregaron su vida en la lucha contra la explotación minera” expresó el diputado Mata.

Por su parte el reconocido ambientalista Ricardo Navarro opinó ante la prensa que con esta decisión se está asegurando la vida de todo un país evitando el ingreso de una industria voraz y altamente contaminante.

La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica. Además la ley es de orden público lo cual significa que tiene carácter retroactivo, es decir que los permisos o solicitudes que ha otorgado o estudia el Ministerio de Economía para explotación y exploración minera quedan suspendidos.

Con la aprobación de esta ley se ve realizada la exigencia al Parlamento que por casi dos décadas mantuvieron organizaciones ambientalistas como el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Climático y Corporaciones MOVIAC, que sostuvo una campaña permanente de concientización y denuncia de los graves impactos de la minería metálica. Donde hay minería no hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, no hay salud, no hay comunidades pacíficas ni libres. Expresa una carta entregada por el MOVIAC a la Asamblea Legislativa el pasado 24 de noviembre, para solicitar una ley que prohibiera definitivamente la minería metálica en el país. Demanda que hoy se ve realizada.

¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- movimientom4.org

 

 

Un paso importante hacia la prohibición de la minería metálica
Comisión parlamentaria aprobó propuesta de ley que ahora será enviada al plenario para su votación

Por Giorgio Trucchi | LINyM
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2017/03/el-salvador-un-paso-importante-hacia-la.html

Este 21 de marzo, legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático votaron por unanimidad una propuesta de ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Una decisión que recoge la demanda urgente de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.

La propuesta de ley había sido presentada ante la Asamblea Legislativa a inicios de este mes, en el marco de una movilización ciudadana encabezada por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de la capital, Andreu Oliva y José María Tojeira, respectivamente rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), movimientos ambientalistas y antiminas.

Junto a la propuesta de ley, la delegación entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático un legajo con más de 30 mil firmas de salvadoreños y salvadoreñas que están en contra de la minería metálica en el país.

Los 11 artículos aprobados por unanimidad este martes prohíben tanto la minería metálica terrestre, como la marítima y subterránea. Hasta el momento, todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa han dicho estar de acuerdo con la aprobación de la ley.

La “bola está en la cancha” de la Asamblea

La bancada del gobernante FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) ha asegurado que los 31 votos de sus diputados y diputadas están listos y que, una vez la Asamblea apruebe la ley, el presidente Salvador Sánchez Cerén la sancionará de inmediato.

Legisladores de GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) han confirmado la disposición de ambos partidos a garantizar sus votos en el Parlamento.

En un comunicado, el MOVIAC (Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones), organización que reúne a grupos comprometidos con la defensa de los bienes comunes[1] y que durante casi dos décadas ha luchado por la prohibición de la minería metálica en el país, exigió a diputados y diputadas “votar por unanimidad a favor de esta importante ley”. Asimismo, solicitó al presidente Sánchez Cerén “sancionarla de forma inmediata”

También alertó a sus bases en todo el país “a estar atentas para movilizarse en apoyo a la culminación de este proceso de lucha”, al tiempo que advirtió a la empresa minera Oceana Gold que estarán vigilantes “ante cualquier maniobra que pretenda bloquear la inminente aprobación de esta ley”.

Transnacionales mineras derrotadas

La compañía canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp obtuvo en 2004 la licencia de exploración para el proyecto minero El Dorado, situado en el departamento de Cabañas. También identificó no menos de 25 sitios para la extracción de oro y plata en un total siete departamentos

Según sus planes, la transnacional minera utilizaría en el proyecto El Dorado un promedio de 2 toneladas diaria de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consuma en casi 20 años. El depósito para colas contaminadas con cianuro y mercurio ocuparía una superficie de 35 hectáreas, con paredes que tienen 30 metros de alto.

En julio de 2009, ante la oleada de protestas y movilizaciones de las comunidades de Cabañas y la decisión del recién electo presidente Mauricio Funes de no otorgar ningún permiso de explotación minera, Pacific Rim decidió ampararse en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana).

A través de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) demandó al Estado de El Salvador por 77 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente adscrito al Banco Mundial.

Años más tardes, en 2013, Pacific Rim entró en bancarrota y fue vendida a la compañía de capital australiano-coreano Oceana Gold, que arreció la demanda en contra del Estado salvadoreño, solicitando una compensación de 315 millones de dólares en concepto de inversiones realizadas y pérdidas.

Finalmente, en octubre de 2016, El Salvador salió victorioso de la demanda impuesta por Pacific Rim/Oceana Gold. Además de desechar la demanda multimillonaria de la transnacional minera, ordenó a Oceana Gold reintegrar al país centroamericano el 60% de los costos de la defensa, es decir unos 8 millones de dólares.

Minería: desastre ambiental, represión y violencia

El impacto de la minería en El Salvador no es algo nuevo. Según el reportaje de la periodista Gloria Marisela Morán publicado en el portal Contrapunto[2], uno de los lugares más representativos del impacto brutal de la actividad minera es el río San Sebastián, en el departamento de La Unión.

“El drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Group, hizo que las aguas del río se tornaran color marrón y que su olor fuera a moho, la calidad del agua es pésima, según informes oficiales, por lo que no es apta para consumo humano, ni para labores domésticas”, explica Morán.

Aún más dramática la situación ambiental y humana en San Isidro, departamento de Cabañas. En el reportaje publicado[3] por el portal de noticias internacionales Opera Mundi y traducido al español por Alba Sud[4], describía como la oposición comunitaria al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida. Una verdadera cacería humana que dejó un saldo trágico de muertos y heridos.

El 18 de junio de 2009 desapareció Marcelo Rivera, director de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas). Su cadáver fue encontrado diez días después en un pozo con señales de tortura. A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufrió un intento de secuestro y asesinato.

A los pocos días, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gómez, síndico del CAC (Comité Ambiental de Cabañas) y líder del cantón Trinidad, fue víctima de una emboscada al recibir varios disparos por la espalda cuando se dirigía a ordeñar sus vacas. Sobrevivió al ataque sólo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre.

A los seis días ocurrió el brutal asesinato de Dora Alicia Sorto, activista del CAC, y del niño de 8 meses que llevaba en su vientre.

El 3 de junio de 2011 desapareció Juan Francisco Durán Ayala, también activista del CAC. Su cuerpo fue hallado 10 días después en una fosa común en San Salvador. Un día ante de su desaparición estaba poniendo pancartas, pegando afiches y entregando volantes en la ciudad de Ilobasco, exigiendo la aprobación de una ley contra la minería metálica y la salida de Pacific Rim de Cabañas.

Pese al temor, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica[5] se mantuvieron firmes, y no permitieron que el miedo desarticulara su trabajo de resistencia en las comunidades. También se amplió el proceso de alianzas con la adhesión al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)[6].

El objetivo sigue siendo la aprobación de una ley que prohíba la minería en El Salvador. El voto por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático es un paso muy importante, pero no definitivo.

Ya es tiempo de quitarse máscaras y disfraces. Ahora la “bola está en la cancha” de la Asamblea Legislativa.

Notas

[1] Asociación Comité Ambiental de Cabañas (CAC), Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), CESTA – Amigos de la Tierra, Asociación de Beneficiarios de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque (ABAZORTO), Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL).
[2] http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ambiente/mineria-el-engano-vestido-de-oro/2909
[3] https://goo.gl/7RcLJ8
[4] https://goo.gl/2dAifa
[5] http://noalamineria.org.sv/
[6] http://movimientom4.org/

Fuente: LINyM

 

Más información:

Ley prohibición minera en El Salvador

Comunicado de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador

Con 69 votos Asamblea Legislativa aprueba Ley contra la minería

El Salvador aprueba ley que prohíbe la minería metálica

 

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La red EU-LAT, constituida por más de 39 organizaciones europeas, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo  exige justicia, memoria y garantía de no repetición para Berta Cáceres y para la defensa de los derechos humanos en Honduras y en toda América Latina.

 

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Invitamos a adherir al documento “12 razones por las que decimos NO al Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea” producido por la Alianza Biodiversidad frente a la amenaza de su pronta aprobación.

Compartimos aquí 12 razones por las que nos oponemos e invitamos a sumarse al rechazo a la firma del Acuerdo vinculadas a nuestra producción de alimentos, nuestra Soberanía Alimentaria y Nacional y nuestros bienes comunes. Hacemos un llamado ante la próxima reunión de negociadores en Asunción a movilizarnos como pueblos para expresar un rotundo NO al Acuerdo en su conjunto.

Para adherir, firmar aquí

 

 

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