Liberada Imelda Cortez, criminalizada por emergencia obstétrica en El Salvador

#HuboJusticiaParaImelda 

Tras 1 año y 7 meses en prisión a la espera de un juicio, ayer, 17 de diciembre, el Tribunal de Sentencia de Usulután absolvió a Imelda Cortez, acusada del delito de tentativa de homicidio agravado, supuestamente por tratar de abortar.

Finalmente, hubo justicia para Imelda gracias al apoyo de todas las voces que se sumaron a la petición de justicia de muchas organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones de mujeres y feministas alrededores del mundo en una sola voz.  #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda

El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.

Seguiremos pidiendo justicia para todas las mujeres encarceladas injustamente. Nos quedan 17 más LibertadAlas17 #Las17ymás

9 de noviembre de 2018

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista, solicitan medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo al Estado respuesta ante su situación de riesgo y urgencia de Imelda Cortez, y lanzan la campaña #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda buscando “sensibilizar y amplificar apoyos ciudadanos para exigir al sistema judicial de El Salvador que se reconozca la inocencia de Imelda  criminalizada por emergencia obstétrica.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte nos sumamos a esta campaña.

Imelda, a sus 20 años, lleva un tercio de su vida sobreviviendo a la violencia sexual constante, y hoy carga con un delito que no cometió. El 17 de abril del 2017, Imelda fue acusada de homicidio tras un parto extrahospitalario. El 17 de diciembre se celebrará el juicio, tras suspenderse el 12 de noviembre por enfermedad de la Fiscal del caso. Es treméndamente injusto que Imelda tenga que esperar un mes más para saber si será condenada 20 años de cárcel o recuperará su libertad y se hará justicia.

Imelda deberá seguir en prisión por un delito que no cometió

➡Comunicado CEJIL: https://www.cejil.org/es/lanzan-campana-exigir-liberacion-imelda-cortez-criminalizada-emergencia-obstetrica-salvador

➡Link para firmar la petición: https://www.change.org/p/fgr-sv-liberen-a-imelda-justicia-para-las-mujeres-en-el-salvador

➡Súmate al Tuitazo (aquí a las 20h) pide #JusticiaParaImelda #SalvemosAImelda #ElSalvador

¡La vida y la libertad de las mujeres importan! ¡No más criminalización!

Entrepueblos en el 20 aniversario de la declaración sobre defensoras y defensores

Cada día, numerosas defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad.

Según datos de los informes de ONG internacionales especializadas en el tema como Global Witness o Front Line Defenders, el número de personas defensoras de derechos asesinadas no han parado de crecer en los últimos años. Desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y efensoras en 1998, más de 3.500 personas han sido asesinadas por su labor pacífica de defensa de sus derechos y de sus comunidades. El año 2017 fueron asesinadas más de 300 personas sólo en el ámbito de la defensa del medio ambiente, más de 1.200 en la última década, el 70% de las cuales en América Latina.

Además, constatamos que existe una estrategia internacional, apoyada y financiada por parte de las élites globales, para promover en todos los continentes corrientes políticas y religiosas ultra-derechistas, ultra-patriarcales, ultra-nacionalistas, anti-derechos, homofóbicas y racistas. En el marco de la crisis sistémica global, con una perspectiva de pugna creciente por recursos básicos cada vez más escasos, con las previsiones de proliferación de mayores crisis humanitarias y de una precarización de las condiciones de vida de cada vez mayores sectores sociales, se están recuperando en todas las latitudes, en diferentes grados, modelos políticos que tienen como referencia el militarismo y los regímenes fascistas surgidos en la primera mitad del siglo XX.

Estamos viendo la creciente emergencia de gobiernos y formaciones políticas autoritarias en el continente americano, pero también en Europa y en el mismo seno de la Unión Europea.

En diferentes latitudes observamos también la utilización de determinados sectores del poder judicial por parte de las élites políticas y económicas, como recurso para obtener fines políticos, cuando no lo pueden hacer a través de las instituciones electas.

Y es en este contexto donde también debemos situar los recortes de derechos y libertades fundamentales en nuestro país, inicialmente con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones, artículos, expresiones artísticas, manifestaciones pacíficas, etc.

Observamos cómo se reproducen en nuestro entorno los mismos patrones de criminalización de la defensa de derechos, que hemos conocido de primera mano en otros continentes, el hostigamiento mediático, parapolicial y judicial de activistas de derechos humanos, como el caso de Helena Maleno, o de sindicalistas imputados e imputadas en el ejercicio de sus derechos de huelga, expresión y manifestación, el de activistas por la independencia de Catalunya –como ocurrió durante años en el País Vasco-, activistas feministas o en el caso de las movilizaciones impulsadas por el SAT en Andalucía.

También hemos visto la creciente utilización al acoso judicial como recurso político, como en los casos de los presos y presas políticas del llamado “proceso catalán”, tanto miembros de organizaciones sociales, como cargos electos de las instituciones, o con los jóvenes de Altsasu.

Y cada vez se hace más patente el sesgo retrógrado, ultra-patriarcal y los prejuicios racistas de una parte importante del poder judicial y del aparato estatal. Al mismo tiempo que constatamos la lentitud y las enormes resistencias a  cualquier avance en los procesos de recuperación de la memoria histórica y reparación de las víctimas del franquismo.

Por todo esto, en este vigésimo aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras, como organización de solidaridad y cooperación internacional pueblo a pueblo, nos reafirmamos, tal como contempla nuestro documento de estrategia vigente, en que “las organizaciones y los movimientos de defensa de los DD.HH. son un campo de trabajo y una alianza importante para Entrepueblos, ya que apelan a la solidaridad nacional e internacional hacia los y las activistas sociales frente a la criminalización de la protesta, promueven la recuperación de la memoria histórica y la lucha contra la impunidad, cuestionan la agenda neoliberal priorizando los derechos por encima de las leyes del mercado, en algunos casos posicionan la agenda amplia de derechos de las mujeres frente a la violencia y las leyes heteropatriarcales. Por todo ello constituyen una forma de protección hacia el resto de movimientos”.

En esta perspectiva entendemos que esta situación nos demanda, en la medida de nuestras limitadas fuerzas:

– Colaborar en la creación de redes internacionales de denuncia, apoyo e incidencia para la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de sus derechos.

– Entender que una visión internacionalista de este trabajo requiere la asunción de la situación de privilegio en que vivimos una gran parte de la sociedad europea en el contexto internacional y, por tanto, nuestra responsabilidad en la presión ante los gobiernos y élites económicas de nuestros países implicadas en las vulneraciones de derechos fuera de nuestras fronteras.

– Entender también que existe un continuum entre las tendencias que se observan en el mundo y las que vivimos en nuestro propio entorno y que, por tanto, la solidaridad empieza por ser conscientes de hasta qué punto nuestro futuro está cada vez más ligado a los procesos de resistencia en condiciones muy duras, que tanta gente está soportando en otras latitudes. Del mismo modo que el suyo está cada vez más ligado a nuestra capacidad de hacer frente a las vulneraciones de derechos, al ascenso del fascismo, las políticas del miedo y la seguridad, y al poder corporativo en nuestros propios países.

– Finalmente que nada de esto es posible sin una estrategia de alianzas y cooperación, amplia e inclusiva, entre múltiples actores sociales y políticos, movimientos sociales, a nivel local y global. Y que el empeño de hacer frente a las políticas de criminalización, reducción de las libertades y derechos, y al fascismo cultural, social y político, implica en primer lugar la lucha activa por la emancipación social, anti-colonial, feminista, por la defensa de la vida y del planeta que la sostiene.

Diciembre 2018

Berta Cáceres: hay condenas, pero no hay justicia

Como era de prever el veredicto pronunciado por el Tribunal de Sentencia hondureño, continúa sin condenar a las estructuras y a las personas que pagaron a los criminales que asesinaron a Berta Cáceres e intentaron asesinar a Gustavo Castro.

La familia de Berta Cáceres y el COPINH denuncian que, a pesar de las innumerables pruebas incriminatorias que el Tribunal recibió, los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, siguen gozando de la libertad, porque se ha negado sistemáticamente esta línea de investigación. Con este fallo se condena unicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA.

¿Qué intereses están en juego y motivan que el Estado y sus instituciones protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

Desde el asesinato de Berta Cáceres gran cantidad de instituciones públicas, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, el Congreso, el Gobierno español y el Parlamento y la Comisión Europea, se han pronunciado en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres, del intento de asesinato a Gustavo Castro, así como a las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinadas o criminalizadas con toda impunidad.

Si, a pesar de la financiación recibida durante estos años por la cooperación internacional para mejorar el aparato judicial hondureño –especialmente por parte de la cooperación estatal española- los tribunales hondureños muestran esta clamorosa incapacidad de actuar de acuerdo al debido proceso, llega la hora de que la comunidad internacional se pronuncie sobre si estos asesinatos deben quedar impunes.

Desde las organizaciones y plataformas de solidaridad con el pueblos hondureño hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las organizaciones y movimientos sociales, para seguir presionando a nuestros respectivos gobiernos para que se hagan responsables de que se haga justicia en unos hechos, en la raíz de los cuales no podemos olvidar que están implicados fondos de inversión públicos europeos.

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte. (Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.)

[Noticia previa]

Hoy jueves 29 de noviembre, a las 4 PM en Honduras, el Tribunal de Sentencia dictará fallo en el juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos, lideresa lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.

El 2 de marzo del 2016 personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres Flores, ubicada en La Esperanza, Intibucá y la asesinaron. En los hechos también resultó herido el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana.

En el marco de este juicio, hemos observado las múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso que se han producido hasta la fecha en dicho juicio. Durante la etapa de investigación de los hechos, la representación privada de la familia enfrentó constantes obstáculos para acceder a la prueba recabada por parte del Ministerio Público; siendo así que en por lo menos treinta y cinco ocasiones se realizaron solicitudes expresas sin obtener ninguna respuesta.

Posteriormente en agosto del presente año, a más de dos años de haberse realizado los allanamientos, el Ministerio Público había informado que la mayoría de los elementos incautados no habían sido analizados. Entre ellos, había equipos electrónicos como computadoras, celulares e incluso, el arma de uno de los imputados. Incluso, el Tribunal realizó cuatro órdenes en las que dispuso su entrega, las cuales se incumplieron.

En la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó dos solicitudes de transmisión vía digital y de grabación en video y audio que se hicieran para garantizar la publicidad del proceso, además, denegó sistemáticamente la incorporación de prueba elemental para demostrar la culpabilidad de empleados y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se considera la principal responsable del asesinato.

El máximo acto de parcialidad del Tribunal consistió en dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, negando la posibilidad a las víctimas de participar en el proceso y obligándoles a aceptar la representación del Ministerio Público, quien como ya se señaló, ha obstaculizado y ocultado información a las víctimas.

El antecedente de dicha decisión ilegal del Tribunal se basa en que, en vista de que se estaban consolidando las condiciones de un proceso irregular y arbitrario, se interpusieron varios recursos, entre ellos uno de recusación que fue denegado y que habilitó la interposición de una serie de recursos de amparo que a la fecha no ha sido resuelto y mantiene vigente la recusación en contra del Tribunal. Esta acción implica que la convocatoria a juicio realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia, señalándole estos aspectos al Tribunal mediante una comunicación previa.

Consideramos que los autores materiales deben ser debidamente juzgados y sancionados, sin embargo, no se alcanzará justicia y no se esclarecerá la verdad respecto del asesinato, hasta que pueda desmantelarse la estructura criminal que está detrás del mismo.

El Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial, así como garantizar una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Hay condenas, pero no hay justicia.
#CapturaALosAutoresIntelectuales
#FaltanLosAtala
#JusticiaParaBerta

Movilizaciones 2018 #25Noviembre Dia Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres.

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate
➡ http://www.feministas.org/movilizaciones-2018-25noviembre.html

En esta jornada Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y Niñas desde 1981 en Latinoamerica, día en que se conmemora el violento asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 mientras iban a Puerto Plata a visitar sus maridos encarcelados, en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte hacemos presente toda nuestra sororidad con todas las mujeres del mundo que sufren la violencia extrema de las guerras, de las transnacionales, de los estados, de los conflictos ecoterritoriales………

Como organización comprometida con los procesos de transformación, decimos basta y hacemos frente al terrible problema estructural que supone la violencia machista y el feminicidio. De nuevo este #25Noviembre, salimos a las calles para enfrentarnos a este sistema patriarcal que permite someter, dañar y asesinar a mujeres, niñas y personas de identidades diversas y disidentes, que impide nuestro desarrollo humano integral y nuestra soberanía, es por eso que no cejamos en la lucha por nuestros derechos individuales y colectivos.

También al interno de las organizaciones debemos desenmascarar cualquier comportamiento machista, fomentando el buen trato y reprobando aquellos otros que pongan en riesgo el desarrollo de las libertades personales.

En Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte en coherencia con nuestro trabajo de luchas contra las injusticias y el trato discriminatorio y lesivo que la sociedad históricamente le ha conferido a las mujeres, hemos elaborado el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso.

Sabemos que este devenir hacia una justicia social, que erradique de una vez la violencia contra las mujeres y ponga fin a los asesinatos machistas, no se puede establecer sin atender a las peticiones que reclamamos desde los movimientos feministas, protagonistas desde la participación horizontal, en promover y consolidar políticas y estrategias de empoderamiento progresivo. Y para avanzar en este sentido se hace cada vez más necesaria la puesta en valor del fortalecimiento organizativo feminista, construir sinergias, alianzas y agendas comunes.

Que todas las mujeres organizadas avancemos por un feminismo que nos represente a todas, #NingunaMujerSinDerechos. #PonerLaVidaEnElCentro Por el Derecho a una #VidaLibreDeViolencias

La soberanía y defensa de nuestros cuerpos, la visibilidad de nuestros logros está en nuestras manos. Desde la coherencia, la solidaridad y el apoyo a los colectivos feministas que en diversos territorios, nos demandan apoyo por estar viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad, provocadas por gobiernos represivos y políticas corruptas y nefastas, que atienden más a los mercados, tratados comerciales y extractivismos, que a su pueblo y particularmente a las mujeres.

Por ello, pedimos una y otra vez a los gobiernos, y a las y los responsables de las políticas públicas locales, nacionales e internacionales que no supediten la vida y los valores humanos a los intereses del mercado, que acaben de una vez por todas, con todas las formas de violencia, que protejan a las mujeres, niñas y personas de identidades diversas y disidentes, que evolucionen en la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, en lugar de juzgarnos y encarcelarnos (no más niñas madres #NiñasNoMadres), que desarrollen estrategias para acabar con los abusos sexuales como herramienta de dominación, tanto en el espacio doméstico como en el espacio público, que no fomenten la división sexual del trabajo, que no permitan los abusos y situaciones de acoso e injusticia laboral, que protejan a las defensoras de derechos humanos, en lugar de criminalizarlas.

Las mujeres tejemos redes, juntas somos más fuertes. Decimos basta a las violencias machistas.
Los movimientos feministas de todo el mundo somos imprescindibles para una verdadera transformación social y cultural. Sin feminismo no hay revolución.
 

VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS, NI UNA MAS.
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, AUTODEFENSA FEMINISTA.
POR UNA VIDA LIBRE Y LIBRE DE VIOLENCIAS.

 

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate
➡ http://www.feministas.org/movilizaciones-2018-25noviembre.html

Libertad para Bernardo Caal y para el río Cahabón

(Ver carta de 15 organizaciones dirigida  al Ministro Borrell)

SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL GUARDIÁN DE LOS RÍOS

Texto, foto y vídeo: Gervasio Sánchez

El dirigente comunitario maya q’eqchi de 46 años Bernardo Caal Xol fue condenado el viernes 9 de noviembre de 2018 a 7 años y cuatro meses de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado durante unas protestas ocurridas hace tres años.

“Con esta sentencia se demuestra la corrupción que señala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El Ministerio Público se ha plegado a los intereses de las empresas que están despojando y quitando el agua en Alta Verapaz. No cometí ninguno de los delitos de los que se me acusa, pero hoy he sido sentenciado”, señaló Bernardo Caal minutos después de conocerse el auto del juez.

 

El 15 de octubre de 2015 se produjo una protesta. Empleados de Netzone S.A., empresa subcontratada que trabajaba en la construcción de la segunda planta de la hidroeléctrica Oxec, aseguraron haber sido retenidos y robados por un grupo de personas opuestas al proyecto, liderados por Bernardo Caal.

El líder indígena es la cabeza visible de los comunitarios de Santa María Cahabón (Alta Verapaz) que se oponen a la hidroeléctrica Oxec en los ríos Cahabón y Oxec desde 2015.

Bernando Caal fue capturado el 30 de enero de 2018 en Cobán y acusado de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales y, desde entonces, se encuentra recluido en una cárcel Cobán, capital del departamento de Alta Verapaz.

Durante los últimos años las comunidades opuestas a las hidroeléctricas han presentado varias demandas en contra de la empresa ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación y la Cicig. Caal ha ejercido como representante legal en las demandas.

El líder comunitario nació en 1972 en Sepos Semococh, la última de las 196 aldeas del municipio de Santa María Cahabón en dirección al Estor, Izabal. Tras concluir sus estudios, en 1995, regresó a su aldea como maestro.

Bernardo Caal conoció a su pareja Maria Isabel Matzir, de 36 años hace quince años. Tiene dos hijas: Ni´kte´ Ixch´umil Squijix, de 11 años, y Chahim Yaretzi Ketzali´, de 9 años. Los nombres de sus hijas mezclan los idiomas q´eqchí y kakchiquel, las comunidades lingüísticas a las que pertenece la pareja.

Residen en Chimaltenango, a 262 kilómetros por carretera. La familia tiene que desplazarse hasta la capital  y luego continuar hasta Cobán, unas ocho horas de trayecto.

Desde enero de 2018 Bernardo Caal está detenido en un centro de reclusión de Cobán. Los visitamos en el penal donde viven hacinados más de 350 presos. El régimen carcelario es estricto. A las 5.30 “truena” el timbre, la orden de formar para hacer el primer recuento. A las seis de la mañana se abren las puertas de las diferentes naves y los presos salen al patio. “Dedicamos el tiempo a ir al baño, a bañarnos en una pila grande con una cubeta o lavar ropa. Yo también suelo encender la radio y escuchar las noticias”, explica Bernardo Caal sentado alrededor de una de dos docenas de mesas que hay en el patio central.

De 7.30 a 8 es la hora del desayuno. “Repetitivo”, lo define el líder comunitario. Igual que la comida y la cena. “Nunca he visto la carne salvo un día que hubo pollo con caldo porque venía una comisión de Derechos Humanos”, asegura.

La rutina diaria es muy similar. A partir de las nueve lee los diarios. Después se ejercita durante un buen rato. Hasta la una que es la hora de comer. Las dos primeras horas de la tarde las dedica a dar clases a dos presos que no saben leer ni escribir. “Me sirve para reducir la pena en caso de ser condenado. Creo que me va a ayudar mucho”, dice temeroso semanas antes de conocer la sentencia.

A las cuatro de la tarde se cena  y a las cinco y media todos los presos son encerrados en sus celdas hasta el día siguiente.  En el sector donde reside Bernardo Caal hay 140 presos hacinados durmiendo en literas.

El resto de la jornada la dedica a leer, escuchar música o simplemente estar tumbado en la cama. Tuvo que dormir quince días en el suelo al principio de su cautiverio hasta que se desocupó una de las literas. El toque de silencio es a la diez de la noche.

Le pregunto si se siente amenazado. “Aquí hay asesinos, delincuentes. No es necesario que haya un motivo especial para sentir amenazas. Aunque se me trata como un preso más. Todo lo que ha ocurrido fuera del penal no es conocido por el resto o no se tiene en cuenta”, contesta bajando la voz.

La falta de espacio es lo que peor lleva aunque admite “que acabas acostumbrándote a vivir apretado”. La cama es el único lugar privado. Tiene que negociar el resto del espacio. “Pedí permiso para que me dejaran tener un hornillo. Como es muy grande he tenido que negociar el lugar de colocación con un vecino de litera”, cuenta.

Las revisiones se producen a cualquier hora del día y la noche. Encuentran teléfonos, cuchillos. “Todo puede ser ilícito. Un cortaúñas. Un perfume porque lleva alcohol. Comemos con las manos o con cubiertos de plástico”, explica.

El cautiverio se vive con grandes altibajos. “Hay días que te sientes una pura mierda. No quieres ver a nadie. Te escondes hasta de las paredes. Todo te resulta detestable. Todos los presos te van a comentar  lo mismo”, se sincera.

Lo más traumático es la separación de la familia a la que sólo ve una vez al mes. Su pareja y sus dos hijas tienen que viajar desde Chimaltenango en un largo trayecto durante toda la noche para aprovechar todas las horas de visita en el penal.

“No les puedo presionar para que vengan más veces porque el viaje es muy caro. Que sean ellas las que tomen la decisión”, dice abatido. Es quizá el único momento en el que se le ve alicaído. Como si se temiera que esta situación puede durar años.

La cárcel acoge a aproximadamente 370 reos, divididos en cuatro sectores. Todos tienen que salir de esas salas en las que duermen hacinados, reciban o no visita. En el centro del patio hay 13 mesas con sus sillas.

Foto: Alianza por la Solidaridad

La “Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina” ante la situación de emergencia de personas defensoras

La «Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina» es un proceso fruto de un trabajo colectivo de un amplio y muy variado abanico de organizaciones catalanas de DDHH, cooperación y solidaridad con los diferentes países de América Latina, que hemos visto la necesidad de dar una respuesta coordinada y colectiva a los graves retos que nos plantea la creciente situación de criminalización de las defensoras y defensores de los DD.HH. y ambientales en todo el continente.

Consideramos que trabajar en red nos puede permitir entender y transmitir mejor a nuestra sociedad y en las instituciones políticas la gravedad de diversas situaciones que afectan de manera directa la labor que llevan a cabo estas personas. Hablamos, por ejemplo, del ascenso de los autoritarismos, de la impunidad en la que actúan empresas multinacionales, fuerzas policiales y para-policiales en conflictos sociales y ambientales, de las legislaciones restrictivas hacia los derechos y libertades políticas y el derecho al propio cuerpo de las mujeres, de la violencia patriarcal que viven las defensoras, de la persecución de determinados colectivos por razón de orientación sexual, etc.

Queremos que este trabajo en común nos permita coordinarnos, más allá de las temáticas concretas o geográficas que cada una trabajamos, y así:

  • Dar respuesta integral a la situación de emergencia que viven las personas defensoras en América Latina.
  • Construir un espacio de confluencia y fortalecer la capacidad de incidencia global, social, política y mediática de forma colectiva.
  • Realizar acciones puntuales y declaraciones con una mirada global sobre América Latina que aborde las causas de las vulneraciones de los DDHH.
  • Actuar como canal de comunicación entre las organizaciones de América Latina y las de aquí.

Y, en este marco hemos emprendido como primera acción pública la propuesta de una Declaración en el Parlamento de Cataluña en ocasión de la celebración del 20 aniversario de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, también conocida como declaración sobre defensores y defensoras de DD.HH.

Y hoy os presentamos esta propuesta de declaración aprovechando la visita de la activista Lolita Chávez Ixcaquic defensora de la vida, de la tierra y del territorio maya en Guatemala, feminista comunitaria y portavoz del Consejo de Pueblos K’iche’.

Esperamos que esta declaración de que sea aprobada en el Parlamento, y que además, establezca un marco de compromiso institucional a partir del cual podamos trabajar con las instituciones públicas catalanas y en nuestra sociedad por la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de los derechos y del planeta, que también son nuestros derechos y nuestro planeta. Del mismo modo, esperamos que se cumplan compromisos anteriormente adquiridos por este Parlamento como el observatorio del cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las empresas catalanas en el exterior.

Las entidades que han participado en el proceso de construcción de la «Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina» son:

Alerta Amazònica
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas
Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya)
Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
CALACA Catalunya (Coordinadora d’Activistes per Llatinoamèrica i el Carib)
Calala Fondo de Mujeres
Cooperacció
Dones x Dones
Enginyeria Sense Fronteres
Entrepobles
Farmacèutics Mundi (Farmamundi)
H.I.J.O.S. Barcelona Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Institut de Drets Humans de Catalunya
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Pa’lante
Novact — Institut Internacional por la Acción Noviolenta
Observatori DESC
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Oxfam Intermon
Plataforma Berta Vive de Catalunya
Plataforma de Solidaridad amb Guatemala – Barcelona
Red de Migración Género y Desarrollo
Suds
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Taula per Mèxic
Tierra Catracha

 

 

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No a la directiva Bolkestein, una mordaza para los municipios

¡No al Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE: los municipios necesitan un espacio democrático para proteger los intereses de la ciudadanía!

(Nota de última hora)

Como saben, la Union Europea ha creado infinidad de regulaciones que protegen las grandes empresas y atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Una es la llamada Directiva ‘Bolkestein’ para liberalizar los servicios en el mercado único de la UE que entró en vigor el 28 de diciembre de 2009 (Directiva 123/2006/CE).

La “Directiva Bolkestein” ha tenido como consecuencia una serie de otras regulaciones. Entre ellas la Directiva (UE) 2015/1535, en función de la cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión Europea los proyectos de reglamentaciones técnicas (por ejemplo en el ámbito de servicios públicos o contratación pública) antes de su adopción. A partir de la fecha de notificación del proyecto, existe un período de tres meses durante el cual el Estado miembro no puede adoptar la reglamentación en cuestión. Es una de las muchas cuestiones cuando la Comisión “interviene” a los Estados y reduce su soberanía democrática al tener el poder de cambiar el proyecto notificado. La Comisión también puede bloquear un proyecto durante un periodo de 12 a 18 meses si se van a llevar a cabo o ya están en curso trabajos de armonización de la Unión Europea.

Uno de los muchos problemas es que la UE pretende extender este “procedimiento de notificación”  también a los municipios.

El pasado 6 de noviembre, Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute (TNI) y Barcelona en Comú organizaron el evento ¡Municipalizar Europa! en el Parlamento Europeo con representantes de las ciudades de Barcelona, Nápoles, Grenoble, París y Amsterdam para discutir políticas municipales progresivas sobre vivienda (asequible), energía (transición), agua pública, remunicipalización, solidaridad con las personas refugiadas, etc. Entre los diferentes debates destacó que las instituciones de la UE están preparando justo ahora otra amenaza para reducir el espacio político para los municipios.

Las instituciones de la UE están en la fase final de negociar un acuerdo sobre el “Procedimiento de Notificación de Servicios” (que es parte de la revisión de la Directiva de Servicios de la UE, conocida como la “Directiva Bolkestein”). La propuesta retrasaría o enfriaría masivamente las iniciativas municipales progresivas.

El “Procedimiento de Notificación” propuesto obligaría a los municipios a informar a la Comisión Europea sobre cualquier nueva medida reguladora que afecte a los servicios, tres meses antes de tomar la decisión. La Comisión Europea evaluaría y tomaría una decisión vinculante sobre si las medidas violen la Directiva de Servicios. Actualmente la notificación solo ocurre después de adoptar las medidas. Como parte de su ofensiva neoliberal, la Comisión Europea podría producir obstáculos contra una amplia gama de iniciativas municipales progresistas (como gestoras pública de electricidad y agua, regulaciones contra los pisos vacacionales de AirBnB, clausulas socio-ambientales para la contratación pública). El borrador de la Comisón Europea también propone dar la oportunidad a las «partes interesados» (incluidas las empresas multinacionales y sus grupos de presión) de comentar sobre las medidas notificadas por las autoridades públicas.

Existe el peligro que las instituciones (Comisión, Parlamento, Consejo de la UE) llegan a un “acuerdo” antes del 15 de noviembre, por lo que es urgente que nuestras voces sean escuchadas. Invitamos a su organización a firmar la declaración (adjunta) y difundirla lo más ampliamente.

¡Detengan el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE: los municipios necesitan un espacio democrático para proteger los intereses de la ciudadanía!

Nosotras y nosotros, representantes de municipios europeos, grupos de la sociedad civil y sindicatos, expresamos nuestra profunda preocupación por el “Procedimiento de Notificación de Servicios” propuesto. En lugar de informar después, nuevas reglas y leyes tendrían que ser notificadas en el futuro antes de ser decididas y recibir la aprobación previa de la Comisión Europea.

Esto reduciría el espacio para políticas progresistas, incluso a nivel local. Como se indica en una resolución del ayuntamiento de Ámsterdam de septiembre de 2018, la propuesta del “Procedimiento de Notificacióncrea retrasos innecesarios y «perjudica gravemente la autonomía de gobiernos locales y, por lo tanto, representa una amenaza para la democracia local”.

La propuesta crearía nuevos obstáculos para políticas municipales progresistas, tales como medidas muy necesarias con el fin de proteger las viviendas asequibles.

El procedimiento propuesto es desproporcionado y está en desacuerdo con el principio de subsidiariedad así como la obligación de la UE de respetar el autogobierno regional y local, tal como se describe en el Tratado de Lisboa.

Los municipios tienen un papel crucial que desempeñar en la solución de los problemas sociales y ambientales de Europa así como en la profundización de la democracia con la participación activa de la ciudadanía.

La propuesta de “Procedimiento de Notificación de Servicios” restringiría el espacio democrático de los municipios y es por lo tanto completamente inaceptable.

Firman:

Organizaciones sociales, sindicales y políticas:

Action from Ireland (Afri)
ACV-CSC, Belgium
AITEC, France
Alternativa3, Spain
Alternativa antimilitarista MOC, Canarias, Spain
Ander Europa, Belgium & The Netherlands
Asociación Canaria de Economía Alternativa, Spain
ASiA- Associació Salut i Agroecologia of the Barcelona, Catalonia
L’association Open Atlas, France
ATTAC Austria
ATTAC France
ATTAC Germany
ATTAC Spain
Austrian Federal Chamber of Labour
Austrian Trade Union Federation
Both ENDS, The Netherlands
CADTM, Belgium
Campaign Against TCI (Trade and Investment Treaties), Catalonia
Campaña «No a los tratados de comercio e inversión», Spain
Comisiones Obreras (CCOO), Spain
Confederación General del Trabajo de España (CGT)
Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics, France
Coordination eau Ile-de-France, France
Confederación Intersindical, Spain
Corporate Europe Observatory (CEO)
Eau Bien Commun, France
Ecologistas en Acción (Spain)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte Spain
European Federation of Public Services Unions (EPSU)
European Water Movement – Europe
EuSAIN (European Sanitation Initiative), Netherlands
EYATH Trade Union, Greece
Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Spain
Federation of Ecologists in Action of Catalonia
Food & Water Europe
FSC-CCOO (Comisiones Obreras, Federation of Citizen Services), Spain
Global Justice Now, United Kingdom
La Taula de l’Aigua de Mollet, Spain
Mouvement Ouvrier Chrétien, Belgium
Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD), Barcelona, Spain
Municipal Services Project, Canada
ODG – Debt Observatory in Globalisation (Barcelona, Spain)
RAP-Red de agua pública (España)
Red de Municipios contra la Deuda Ilegítima y los Recortes,Valencia (España)
REDESSCAN (Red Canaria en defensa de los Servicios Sociales), Spain
SETEM, Spain
SOSte to Nero, Greece
Taula de l’aigua Terrassa, Spain
Transnational Institute (TNI)
TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Spain
Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía, Spain
Unite Branch NW389 (Greater Manchester), United Kingdom
Unión General de Trabajadores (UGT), Spain
WECF France
WECF International
We Own It, United Kingdom

Plataformas políticas municipales y regionales:
Barcelona en Comú, Catalonia, Spain
Catalunya en Comú, Catalonia, Spain
Coordinadora de Zaragoza en Común, Spain
EQUO, Spain
Ganemos Córdoba, Spain
Ganemos Jerez, Spain
Grupo Municipal Somos Oviedo/Uvieu, Ayunamento de Oviedo, Asturias, Spain
Grupo Municipal València en Comú del Ayuntamiento de València, Spain
Irabazi-Ganemos Eibar, Spain
Izquierda Unida-Los Verdes de Villaconejos, Madrid, Spain
Grup Municipal MÉS per Palma, Balearic Islands, Spain
Participa Sevilla, Spain
Podemos-Cádiz, Spain
Reacciona Talaveruela, Spain
Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, Grenoble, France
Som Gramenet, Catalonia
Somos Mieres, Spain
Xixón Sí Puede, Spain
Autoridades locales (nombre de la alcaldesa o del alcalde – nombre del municipio):
José María González – Alcalde de Cádiz, Spain
Damien Carême – Maire de Grande Synthe, France
Nathalie Perrin-Gilbert – Lyon 1er arrondissement, France
Jacqueline Belhomme – Maire de Malakoff, France
Pierre Aschieri – Maire de Mouans-Sartoux, France

 

Última hora: se pospone la ronda de negociación de la Directiva Bolkestein

Hoy miércoles 14 de noviembre se acaba de confirmar que la presidencia austriaca de la UE ha cancelado las negociaciones programadas para mañana por la mañana.

Ya existían diferencias de opinión entre los gobiernos. Francia, Italia, España y Alemania tienen preocupaciones que impidieron hasta ahora un acuerdo. ¡Pero nuestra carta puede haber ayudado a la caída final! No está claro por cuánto tiempo serán pospuestas las conversaciones.

La cancelación de las negociaciones de mañana es una buena noticia, pero esto no significa que la propuesta del Procedimiento de Notificación de los Servicios se haya retirado, pero ahora por lo menos, tenemos más tiempo para sumar i movilizar alianzas (alcaldes, partidos municipalistas, grupos de la sociedad civil, sindicatos, etc.) a esta lucha contra la mordaza al municipalismo y planificar los próximos pasos en la oposición a la llamada Directiva Bolkestein.

Olivier Hoedeman
Coordinator
Corporate Europe Observatory (CEO)

Libertad para Bernardo Caal y las comunidades que defienden la vida y el agua en Guatemala

Tras el juicio celebrado hoy 12 de noviembre, Bernardo Caal líder q’echi’ ha sido sentenciado injustamente a 7 años y 4 meses de prision por un tribunal de justicia de Cobán, Alta Verapaz, por denunciar irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en Alta Verapaz en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón.

Desgraciadamente, una vez más se criminaliza a quienes defienden los derechos humanos.

 

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Josep Borrell
Madrid, 8 de noviembre de 2018

Excelentísimo señor Borrell:

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la situación del líder comunitario y defensor de derechos humanos Bernardo Caal Xol , miembro de la Resistencia Pacífica de Cahabón, Guatemala, quien se encuentra privado de libertad desde el 30 de enero de 2018, acusado de detenciones ilegales y robo agravado.

Las acusaciones y la detención de Bernardo Caal se producen como consecuencia del activo papel que ha mantenido el líder q’echi’ en denunciar las irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en el departamento de Alta Verapaz por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón, como OXEC y RENACE. Este último cuenta con la participación de la empresa española ACS , presidida por Florentino Pérez, que a través de su filial Cobra, presta sus servicios de ingeniería y construcción del complejo hidroeléctrico.

Junto con el pueblo q’eqchi’, Bernardo Caal ha defendido pública y pacíficamente el desacuerdo de los pueblos indígenas con estos megaproyectos encabezando demandas penales en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, en las que ha denunciado las ilegalidades con que fueron concedidas las licencias, así como la ausencia de un ejercicio de consulta libre, previa e informada a las comunidades locales tal y como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El caso de Bernardo Caal constituye un claro ejemplo de persecución y uso indebido del sistema jurídico para criminalizar a quienes defienden el territorio y el medio ambiente frente a grandes megaproyectos. Pese a la inconsistencia de las pruebas presentadas en su contra, el Ministerio Público ha solicitado para él 14 años de prisión.

Desde la cárcel, el líder q’echi’ envía una carta a instituciones y organizaciones Internacionales en la que, de su puño y letra, manifiesta lo siguiente: “ El río Cahabón es sagrado para nosotros los q’echi’es. […] Pero las empresas, sin importar y sin consultar, nos han robado el río Cahabón con todos sus afluentes. […] Una de las empreses que se ha dado a la tarea de llevar en túnel nuestro río sagrado es ACS, Cobra, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. […] Exijo a ustedes un mayor control sobre las empreses españolas para que respeten los derechos de los pueblos indígenas y que no nos traten como criminales por exigir nuestros derechos. […] Llevo más de 7.000 horas encarcelado y estas empresas me han criminalizado. Han utilizado los medios de comunicación para crearme la imagen ante el pueblo que soy un criminal.”

Estamos enormemente preocupadas por el hostigamiento y la criminalización contra quienes defienden la tierra, el agua y el medio ambiente. Porque, lamentablemente, el caso de Bernardo Caal no es un hecho aislado. Vemos con preocupación cómo en los últimos años se han profundizado la gravedad y la intensidad de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos todo el mundo, y en particular en Guatemala.

Según los registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), durante el año 2017 se cometieron 493 ataques y/o agresiones contra personas defensoras, lo que supone un 46,6% más que el año previo. De las agresiones registradas, más de un tercio constituyen actos de difamación, detención arbitraria y denuncia judicial, como los cometidos contra Bernardo Caal Xol.

Por todo ello, nos permitimos solicitarle de manera más respetuosa que proceda de forma urgente a:

  • Interceder en el caso y pedir al Gobierno de Guatemala un trato justo a Bernardo Caal Xol y que, ante la acusatorias consistentes, proceda a su puesta en libertad inmediata falta de pruebas;
  • Instar al Gobierno de Guatemala que tome las medidas necesarias para cumplir con el Convenio 169 de la OIT garantizando el derecho a la consulta de las comunidades locales cuando un megaproyecto afecta a su territorio;
  • Instar al Gobierno de Guatemala que tome medidas para garantizar la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos para que éstas puedan ejercer su legítima labor con todas las garantías de seguridad en el ejercicio de sus derechos;
  • Instar a la empresa ACS que abandone las obras en el complejo hidroeléctrico RENACE y realizar una investigación de los impactos de dicho proyecto sobre los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades indígenas q’echi’ de las operaciones de la empresa española ACS en Guatemala;
  • Promover mecanismos de control de obligado cumplimiento sobre las empreses operando en Guatemala para garantizar que sus actividades económicas no vulneran los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades indígenas;

Firman:
Alianza por la Solidaridad
Amycos.org
ATTAC España
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Ecologistas en Acción
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Fundación APY
Greenpeace España
InspirAction
JASS -Asociadas por lo Justo-
Lafede.cat
NOVACT
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Mugarik Gabe

Crece la solidaridad con Honduras

Impresiones sobre el encuentro de redes europeas de solidaridad.

Entre el 15 y 17 de junio de 2018 se reunieron en Berlín (Alemania) diferentes grupos europeos que hacen trabajo por Honduras para crear una red. Se proyectaron alrededor de 15 iniciativas y se crearon los fundamentos para un futuro trabajo de colaboración europea.

Por Kirstin Büttner publicado en la revista ila 418

El asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, y tanto la implicación de los bancos de cooperación al desarrollo de Holanda y Finlandia como la empresa Voith Hydro /Siemens en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, no ha cambiado que bancos y empresas europeas sigan haciendo negocios con Honduras, al mismo tiempo que ignoran las violaciones a los derechos humanos. Por nombrar sólo algún ejemplo: la empresa austriaca Geppert Hydropower participa del proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en Atlántida, donde desde inicios de 2017 se registra un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra pobladores de la zona en oposición al proyecto; el banco de cooperación al desarrollo austriaco está involucrado en proyectos de energía solar “Valle Solar” en la costa pacífica; la empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del Estado de Babiera, de la República Federal Alemana y del gobierno de la ciudad de Munich) en la construcción y funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola. Lo mismo ocurre con el programa de la UE “Eurojusticia”, que co-financia el corrupto sistema judicial hondureño.

Desde el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 se crearon numerosas iniciativas alrededor del mundo para solidarizarse con el heterogéneo movimiento social hondureño, que se resiste a la venta de su país y la explotación de sus recursos. Muchos grupos que trabajaron después del golpe de Estado en 2009 o antes con movimientos sociales en Honduras, reanudaron su trabajo conjunto. El espectro de trabajo abarca desde el trabajo de apoyo en el sitio, cabildeo y sobre respeto a los derechos humanos hasta el trabajo de difusión pública en países en Europa.

En cooperación con la organización ambientalista Naturfreunde-Berlín y la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia Munich, la Honduras delegación y el colectivo CADEHO organizaron el encuentro de la red europea. Iniciativas y colectivos de España, Italia, Noruega, Suiza, Francia y Alemania se reunieron en el Centro Cultural KuBIZ Raoul Wallenberg en Berlín-Weißensee. Entre otros llegaron grupos solidarios de base como CICA (Colectivo Italia Centro América), que tienen muchos años de experiencia en el trabajo de acompañamiento en Honduras; el colectivo de teatro Comité Berta Vive Milano, que hace representaciones teatrales desde 2016; ENTREPUEBLOS (del Estado español) que investiga la situación en Honduras desde los años 90; el Honduras Forum Suiza, que comenzó a trabajar en 2012 y trabaja por los derechos humanos y una relación justa entre Suiza y Honduras.

A través de diferentes talleres se trabajó sobre los temas actuales, así como las posibles formas de crear estructuras. Se discutió el cabildeo a nivel de la UE, la comunicación y la coordinación del trabajo de acompañamiento en Honduras. También se trató la actualidad sobre el proceso judicial para exclarecer y juzgar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y del apoyo al Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Honduras. La pregunta de como enlazar un trabajo conjunto estaba siempre en primer plano.

Rita Trautmann de CADEHO enfatizó, que el objetivo es conseguir que grupos de base europeos que no tienen recursos de financiación y su estructura de trabajo es voluntaria, puedan conocerse y poder llegar a unos principios básicos, basados en la confianza y el compromiso. “Muchxs trabajamos en los mismos temas y podemos ahorrar mucho trabajo duplicado si nos coordinamos bien. Ha habido experiencias sobre delegaciones o eventos en Honduras, pero ahora tenemos unos principios en común. Eso vale mucho. La situación en Honduras requiere que estemos más coordinadxs, especialmente en lo que respecta a demostrar la corresponsabilidad de empresas y gobiernos europeos en violaciones de derechos humanos en Honduras. Esto también lo demuestra la demanda presentada recientemente por familiares de Berta Cáceres y COPINH contra el banco de cooperación FMO de Holanda.

La reunión se enriqueció con un representante de la Voz de los Abajo en Chicago y fundador de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) en los Estados Unidos y Canadá. La forma en que esta red trabaja conjuntamente con diferentes organizaciones ha motivado a crear una red en Europa. A pesar de jornadas intensas de trabajo tampoco se descuidó el aspecto cultural. Se desarrollaron diferentes actuaciones teatrales como la del Comité Berta Vive Milano, la cantante Karla Lara y la escritora Melissa Cardoza de Honduras. En una mezcla de teatro político, canto y letras, los dos artistas llevaron a los invitados a un viaje emocional a Centroamérica con una representación sobre la situación de las mujeres hondureñas en la resistencia.

La reunión terminó con una declaración conjunta. 1Hemos establecido una red europea y trabajaremos más estrechamente para convertirnos en una oposición europea más fuerte que apoye y fortalezca los procesos independientes de los movimientos sociales en Honduras. Se prevé repetir este tipo de encuentros el próximo año y se esta determinando el país.

Berta vive, COPINH sigue

[Carta Global] Sobre el Proceso de Reforma de ISDS en la CNUDMI

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte junto a más de 300 organizaciones de la sociedad civil de 73 países, reiteramos nuestra oposición los tribunales de solución de controversias inversionista-Estado, ISDS, y a los derechos otorgados a inversionistas extranjeros por los tratados de comercio e inversión.

Suscribimos la Carta Global de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre el Proceso de Reforma de ISDS

Sabemos que el régimen de los tratados de comercio e inversión y los tribunales de arbitraje internacionales (ISDS) favorecen solo a una clase de intereses -empresas e inversionistas multinacionales- otorgándoles el poder de demandar a los gobiernos más allá de sus sistemas judiciales nacionales y así poder compensar sus intereses por cantidades ilimitadas, incluyendo la pérdida de los beneficios futuros esperados. Además de una amplia gama de leyes nacionales, fallos judiciales, regulaciones y otras acciones gubernamentales están sujetas a tales ataques, incluidas las políticas sociales.

En los últimos años, los ISDS, instrumento clave antes poco conocido de los tratados de comercio e inversión internacional, ha recibido múltiples críticas: funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, pequeñas empresas, académicos, juristas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de todo el mundo han proclamado públicamente su oposición y han instado a los gobiernos a posicionarse contra estos tratados. El número de casos de ISDS presentados cada año se ha disparado, enriqueciendo y otorgando cada vez más poder a las grandes corporaciones en detrimento de las políticas públicas. Algunos gobiernos están rechazando los tratados que incluyen ISDS y otros tratados de comercio e inversión que otorgan derechos excesivos a inversionistas extranjeros.

Desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte suscribimos esta Carta Global y hacemos un llamado a nuestros gobiernos, para que se abstengan de firmar nuevos tratados comerciales y de inversión que incluyan estos derechos extraordinarios a inversionistas extranjeros, que rescindan los tratados vigentes de ISDS y que utilicen el proceso de la CNUDMI para abordar los problemas fundamentales del sistema actual. Que los gobiernos rechacen la propuesta de la «corte multilateral de inversiones» de la UE, el establecimiento de un mecanismo de apelación o cualquier otro intento de institucionalizar o afianzar aún más el régimen de arbitraje de inversión.