Mujeres Maya Kaqla impartirán talleres de autocuidado en Oviedo, Burgos, Valencia, Sevilla y Madrid, del 8 al 18 de mayo

El próximo lunes, 8 de mayo, arranca en Oviedo la gira de la Asociación de Mujeres Maya Kaqla, entidad de Guatemala con la que colaboramos desde Entrepueblos, y que ofrecerá varios talleres sobre autocuidados, sanación y prevención de violencias en Asturias, Burgos, Valencia (en el marco de nuestra Asamblea General 2023), Sevilla y Madrid, donde culminan su viaje por el Estado español el 18 de mayo.

Esta gira de talleres quiere promover un intercambio de conocimiento entre mujeres de diferentes culturas que tienen en común la defensa de los cuidados y la lucha contra las violencias patriarcales.

La Asociación Grupo de Mujeres Mayas Kaqla está compuesta por redes comunitarias de mujeres mayas expertas en acompañamiento psicológico a víctimas de violencia y racismo desde la propia cosmovisión maya.

Kaqla presenta una dilatada experiencia en procesos formativos y de sanación desde su creación, hace más de 25 años. Además, se ha especializado en construcción de conocimiento y en el diseño e implementación de metodologías de atención a sobrevivientes de violencia desde la visión de las mujeres mayas. El desempeño de Kaqla ha permitido la generación de conciencia colectiva e individual, así como cambios sustantivos en las personas beneficiarias de su trabajo, promoviendo el bienestar individual y colectivo de las mujeres que acompañan, de las comunidades y de los pueblos indígenas.

Asociación Entrepueblos colabora desde hace dos años con Kaqla en las diferentes fases de un proyecto de prevención y mitigación de las violencias hacia las mujeres y las niñas mayas, en Guatemala, como parte de su trabajo en el país centroamericano para la defensa de los derechos plenos de la mujer y su participación en la comunidad.

Esta gira se lleva a cabo con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.

Puedes consultar aquí los talleres y conversatorios:

 

Crissthian Olivera

¿Por qué es importante la sentencia contra el estado de Perú en el ‘caso Crissthian’?

Nos va a servir para afrontar el contexto ultraconservador que estamos viviendo”, explicó Crissthian Olivera tras conocerse el fallo.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  ‘caso Crissthian Olivera Fuentes vs. Perú’ es histórica para la comunidad LGTBIQ+ en el país andino y tendrá implicaciones en las políticas y la regulación de los derechos humanos del colectivo.

Establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó, hace 18 años, cuando fue expulsado de un supermercado por, supuestamente, mostrar “afecto” a su pareja. Concretamente, determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tal y como explica DEMUS, organización que lidera la campaña Justicia Arco Iris, en la que colaboramos desde Entrepueblos, el Estado peruano como responsable internacional deberá encargarse de:

  • Una campaña informativa anual para sensibilizar y concientizar sobre derechos LGTBIQ+
  • Un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual, de género, igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos de personas LGTBIQ+ en el ámbito de consumo.
  • Una política pública para monitorear y fiscalizar a que las empresas y sus trabajadores cumplan con la legislación nacional así como los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación.

Además, la CorteIDH reconoció que, como resultado de la denegación de justicia, se vio afectada la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”. Así, como parte de las medidas de reparación, se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico a la víctima.