Cuerpos, territorios y derechos en disputa: la gira que conecta Perú con la justicia climática en la COP30

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En plena COP30 (Belém, Brasil), la Gira Perú 2025 acerca a universidades y espacios sociales del Estado español las voces de quienes viven la emergencia climática en primera línea. Del 17 al 29 de noviembre, tres portavocías peruanas comparten experiencias y propuestas para una transición energética justa que respete los derechos humanos y los territorios andinos y amazónicos.

Barcelona/Lima, 10 de noviembre de 2025.- Mientras en Belém (Brasil) los gobiernos negocian en la COP30 cómo “verdear” la economía global, Entrepueblos–Entrepobles–Herriarte lanza la gira “Cuerpos, territorios y derechos en disputa. Resistencias colectivas en Perú”, un recorrido estatal que reivindica que la transición energética no puede construirse sobre territorios sacrificados ni vidas criminalizadas.

En pleno debate mundial sobre la justicia climática, la Gira Perú 2025 conecta el territorio andino con el mediterráneo para recordar que no hay transición verde sin derechos humanos.

Del 17 al 29 de noviembre, tres portavocías peruanas recorrerán Barcelona, València, Alacant, Bilbao, Burgos, Valladolid y Madrid para compartir sus experiencias y análisis sobre la defensa del territorio, los derechos humanos y las alternativas ecosociales desde el Sur andino.

La iniciativa, enmarcada en un contexto internacional marcado por la COP30, busca tender puentes entre las luchas del Sur global y las demandas de justicia climática en Europa, situando en el centro a las comunidades que sostienen la vida y que sufren los impactos del modelo extractivo.

Según explica Entrepueblos, la gira pretende mostrar cómo la aparente transición verde europea se alimenta de minerales estratégicos como el cobre y el litio, cuya extracción implica graves consecuencias sociales, ambientales y de derechos en países como Perú.

El recorrido parte de una realidad que atraviesa al país andino y a toda América Latina: la contradicción entre los discursos climáticos globales y la violencia que sostienen los proyectos extractivistas.

Perú: crisis política, extractivismo y derechos vulnerados

La organización recuerda que Perú vive una de las crisis políticas y sociales más graves de su historia reciente, con un debilitamiento progresivo del Estado de derecho y un cierre creciente del espacio cívico. En los últimos años, se han aprobado leyes que restringen la protesta, criminalizan la solidaridad y reducen la protección a las personas defensoras.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existen más de 200 conflictos socioambientales activos, la mayoría vinculados a la minería. En el corredor minero del sur andino —Cusco, Apurímac y Puno—, comunidades campesinas e indígenas denuncian contaminación del agua, pérdida de medios de vida y represión estatal.

Desde Entrepueblos subrayan que, mientras el mundo discute sobre descarbonización y transiciones energéticas, las comunidades peruanas siguen poniendo los cuerpos y los territorios para sostener un modelo que no les reconoce ni protege.

COP30: las voces ausentes del Sur global

En Belém, la COP30 aborda cuestiones decisivas sobre justicia climática, bosques tropicales y minerales críticos. Sin embargo, desde Entrepueblos señalan que las voces de quienes habitan los territorios de extracción siguen ausentes en las negociaciones.

Perú, segundo productor mundial de cobre, aporta cerca del 11% de la producción global destinada en buena parte a la industria europea de vehículos eléctricos. “Esta gira —explica la organización— invita a reflexionar sobre quién paga el precio de la transición energética y qué significa hablar de una transición justa si se deja atrás a los pueblos que sostienen la vida”.

Un itinerario para vincular resistencias

A lo largo de dos semanas, las portavocías peruanas participarán en conversatorios, presentaciones y encuentros con colectivos sociales, universidades y redes feministas, promoviendo un diálogo Sur–Norte sobre justicia climática, feminismos y derechos humanos.

Entrepueblos considera que la Gira Perú 2025 abre un espacio de escucha y reconocimiento entre movimientos que, desde distintas geografías, cuestionan los impactos del extractivismo y plantean alternativas ecosociales y comunitarias.

Portavocías

Lizbeth Abarca Peña (Cotabambas, Apurímac)

Docente y defensora ambiental de Cotabambas, en el corazón del corredor minero del sur andino. Tras casi una década de criminalización por protestar pacíficamente frente a la mina Las Bambas, hoy es una de las voces que mejor explican el vínculo entre derecho al agua, salud comunitaria y defensa del territorio. Integra la Asociación de Defensoras y Defensores Criminalizados de Cotabambas, referente de organización y resistencia comunitaria en el Perú.

Jaime Borda Pari (Puno, Lima)

Comunicador social originario de Puno y secretario ejecutivo de la Red Muqui, articulación de más de 30 organizaciones que acompañan a comunidades afectadas por la minería. Con base en Lima, impulsa el Pacto Ecosocial del Sur y aporta una mirada de derechos humanos, políticas públicas y transición justa construida desde los territorios y los movimientos sociales andinos.

Rocío Silva Santisteban (Lima; DEMUS)

Escritora, periodista y activista feminista. Directora de DEMUS y profesora universitaria, articula pensamiento crítico y acción política para defender los derechos de las mujeres y los territorios. Su libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias recoge testimonios de defensoras andinas y amazónicas y traza la cartografía de resistencias que el discurso climático global sigue ignorando.

Agenda de la gira

📍 Barcelona (17–18 noviembre)

Lunes 17 de noviembre, 18:00 h
Facultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona (Aula 407, C/ Montalegre 6, El Raval)

Conversatorio | Perú: Quiebre de la democracia. Derechos humanos y resistencias colectivas

Espacio de diálogo y reflexión sobre la crisis institucional, política y social en Perú, las migraciones recientes y las resistencias de movimientos y colectivos en los territorios. Participan: Rocío Silva Santisteban (activista feminista y de derechos humanos, DEMUS), Lizbeth Abarca Peña (docente y defensora ambiental) y Jaime Borda Pari (secretario ejecutivo de la Red Muqui).

(Organizan: Comunidades Peruanas, Contra el Indulto y la Impunidad – Barcelona, Entrepobles y el Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universitat de Barcelona.)

📍 València (19–20 noviembre)

Miércoles 19 de noviembre, 16:00–18:00 h

Salón de grados. Facultat de Derecho. Universitat de València

Seminario Máster Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional

Tema: Situación de las personas defensoras en Perú y cierre de espacios cívicos.

Participan: Rocío Silva Santisteban, Lizbeth Abarca Peña y Jaime Borda Pari.

Público asistente: alumnado del Máster en Derechos Humanos e integrantes del Institut de Drets Humans.

Jueves 20 de noviembre, 17:00 h

Facultad de Ciencias Sociales. Aula 2a2 (2º piso). Universitat de València

Conversatorio: Cuerpos, territorios y derechos en disputa. Resistencias colectivas en Perú.

Con: Rocío Silva Santisteban y Lizbeth Abarca Peña.

(Organizan Entrepueblos y la Universitat de València, con apoyo de la Generalitat Valenciana y la Cooperació Valenciana).

 

📍 Elx y Alacant (21–22 noviembre)

Elx, viernes 21 de noviembre, 09:30 h. Universidad Miguel Hernández.

Facultad de Periodismo. Aula Ramón Lobo, Edificio Atzavares

Seminario “Conversaciones sobre Ética, Política, Periodismo y Democracia” – Seminario Permanente Internacional Ryszard Kapuściński de Periodismo y Derechos Humanos.

Tema: Defensa del territorio y derechos humanos en Perú.

Participa: Jaime Borda Pari, periodista especializado en derechos humanos y secretario ejecutivo de la Red Muqui Perú.

Duración: 1 hora y media (intervención de 30-40 minutos y posterior debate con el alumnado y profesorado).

Asistencia: alumnado de los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual (40-50 personas).

Enfoque: análisis del cierre de espacios democráticos y la defensa del territorio en contextos extractivistas desde la perspectiva periodística y de derechos humanos.

Alacant, viernes 21 de noviembre, 19:00 h. SEU Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 5)

Intercambio de saberes: “Cuerpos, territorios y derechos en disputa. Resistencias colectivas en Perú y Alicante”.

Participan: Rocío Silva Santisteban, Lizbeth Abarca Peña y Jaime Borda Pari.

Formato: diálogo abierto con colectivos sociales de Alicante.

(Organizan: Entrepobles, Perifèries, Máster Cooperación UA, GECOTEMI UA, Escola Camperola, EcoXarxa L’Alacantí, Alicante Dónde Vas y Asamblea Cívica por el Clima del PV.)

Sábado 22 de noviembre. Participación en las actividades del 25N junto a colectivos feministas y sociales del territorio.

📍 Bilbao y Vitoria-Gasteiz (24–25 noviembre)

Bilbao, lunes 24 de noviembre, 17:00 h. Hitz & Hitz (Ibeni Kaia 1, bajo, Ibaiondo).

Con: Jaime Borda Pari (Red Muqui, Pacto Ecosocial del Sur).

Apoya: Euskal Herriak Kapitalari Planto.

Vitoria-Gasteiz, lunes 24 de noviembre: encuentros con la Agencia Vasca de Cooperación y base social de Herriarte.

📍 Burgos y Valladolid (24, 25 y 26 de noviembre)

Burgos, lunes 24 de noviembre, 19:00 h. Casa de la Mujer (Sala de usos múltiples). C/ Cabestreros 2 C.

Conversatorio: “Mujeres y defensa del territorio”

Participan: Rocío Silva Santisteban y Lizbeth Abarca Peña. Objetivo: compartir experiencias sobre la defensa de los derechos humanos y ambientales desde los feminismos andinos y las resistencias comunitarias frente al extractivismo.

(Organizan Entrepueblos y la Asociación La Rueda, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos.)

Burgos, martes 25 de noviembre: Visita a la Huerta del Molinillo. Participan: Rocío Silva Santisteban y Lizbeth Abarca Peña. Actividad de intercambio de saberes sobre agroecología, territorio y sostenibilidad.

Valladolid, miércoles 26 de noviembre (por la mañana, hora pendiente de confirmación): Acto en la Universidad de Valladolid. Presentación del libro «Mujeres y conflictos ecoterritoriales», con su autora, Rocío Silva, y Lizbeth Abarca. A las 18 horas: Conversatorio con activistas y movimientos sociales, con la participación de Silva y Abarca.

En Valladolid, Lizbeth Abarca y Rocío Silva participarán en la manifestación del 25-N, día contra las violencias machistas.

📍 Madrid (27–29 noviembre)

Acto público: Espacio Ateneo La Maliciosa, 27 noviembre, 19:00 h. Apoya: Red de Pueblos frente al extractivismo. Durante los días siguientes, reuniones con AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y encuentros con redes de cooperación y medios.

La gira concluirá en Madrid, cerrando dos semanas de diálogo entre los pueblos que defienden la vida y las instituciones que diseñan las políticas de cooperación y clima en Europa.

Materiales y enlaces

La Gira Perú 2025 recorre un territorio común: la defensa de la vida en tiempos de crisis. En sus paradas se hablará del cierre de espacios democráticos y de la criminalización de quienes alzan la voz, del peso del extractivismo y de las alternativas que las comunidades andinas y amazónicas llaman buen vivir.

También se pondrá nombre a las violencias que soportan las mujeres defensoras, tema que atraviesa el libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales, de la escritora y activista Rocío Silva Santisteban. A través de estos hilos, Entrepueblos busca acercar las luchas del Sur global a la ciudadanía europea, abrir diálogos entre feminismos y ecologismos y fortalecer las redes que sostienen la esperanza.

Descarga aquí el libro de Rocío Silva Santiesteban ‘Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias.’ Edición revisada y ampliada.

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  • Consulta aquí el dossier de prensa de la gira Perú
  • Lecturas y fuentes

Reuters: Protesters blockade Peru’s Las Bambas mine after talks fall through

El País: Lula acoge el debate mundial del clima en la Amazonia

CNDDHH: Informe Derechos Humanos en Perú 2024–2025

EU-LAT: Estado del espacio cívico en América Latina

Wayka.pe: Justicia absuelve a defensores de Cotabambas

Protesta frente a la sede de Repsol de Madrid de activistas ecologistas.

Comienzan las audiencias sobre la propuesta del delito de ecocidio en el Parlament catalán

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El pasado jueves 18 de enero comenzó en el Parlament de Catalunya el periodo de audiencias para que organizaciones, grupos sociales y expertos puedan realizar ponencias en torno a una Propuesta de Ley para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal nacional, que ya tuvo el primer visto bueno en un debate a la totalidad el pasado 26 de julio. El trámite de las audiencias, forma parte del procedimiento de aprobación al texto final que cualquier propuesta de ley presentada en el Parlamento catalán debe atravesar antes de ser llevada a la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la comparecencia acudieron representantes de cinco partidos políticos (1), quienes con posterioridad hicieron preguntas a los ponentes respecto a los principios y los criterios sobre los que se basa esta propuesta de Ley de Ecocidio. Stop Ecocidio fue convocada a participar en esta primera audiencia, y fue representada por Jojo Mehta, Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional (que tuvo una intervención en vídeo) y por Maite Mompó, Directora de Stop Ecocidio en habla hispana. También intervino Josep Maria Mallarach, Presidente de la asociación Silene y Doctor en Biología.
Las siguientes comparecencias de la jornada fueron a cargo de Antoni Pigrau Solé, del Centro de Estudios del Derecho Ambiental de Tarragona, y de Susana Borràs Pentinat, profesora de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Esta Propuesta de Ley de Ecocidio sigue de cerca la definición jurídica de ecocidio elaborada por un Panel de Expertos Independientes en 2021, que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio, y que se ha convertido en el referente a nivel mundial para la tipificación de este delito.

Según Maite Mompó, “pese a que en el Estado español está tipificado el delito ecológico, es evidente que la legislación penal con que ahora contamos no resulta eficiente para prevenir los peores daños al medioambiente. Prueba de ello es que los graves daños extensos y duraderos a valiosos ecosistemas han continuado produciéndose, como evidencian los casos de El Mar Menor y de Doñana. La introducción del delito de ecocidio servirá para reforzar la legislación ya existente ayudando a proteger nuestro medioambiente de una forma más efectiva».

Alex Guillamón, portavoz de Entrepobles, ha declarado: «Esta iniciativa parlamentaria responde a la demanda de más de 80 entidades ecologistas y sociales catalanas, y se inscribe en un movimiento internacional al que cada vez más países se están sumando: uno de los últimos posicionamientos ha sido el del Parlamento Europeo.»

Precisamente en estos momentos, se sigue desarrollando en las costas de Galicia una tragedia de grandes repercusiones ambientales por su afección a los seres y aves marinas, con el vertido de unas 26 toneladas de pellets de plástico procedentes de un buque con bandera de Liberia. Sólo disponiendo de legislaciones internacionales más duras se podrá evitar que episodios como éste tengan lugar. Por ello, es necesario tanto el desarrollo de leyes específicas de protección y de prevención, como ocurre en este caso para los océanos, como el reconocimiento del crimen de ecocidio en la Corte Penal Internacional para reforzar toda la legislación presente y futura.

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(1) Silvia Paneque Sureda (Socialistes i Units per avançar); Eugeni Villalbi Godes (Esquerra Republicana); Salvador Vergés i Tejero (Junts per Catalunya); Dani Cornellà Detreill (Candidatura  D’Unitat Popular); y Marina Bravo Sobrino (Ciutadans)

Para más información (prensa u organizaciones ambientales):

Dos años después del vertido de Repsol en Perú, la costa no está rehabilitada y los pescadores no pueden salir a trabajar

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Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.

Tal y como informa Climática-La Marea, «las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio«. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).

Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español,  Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Responsabilidad del gobierno Español

Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español «es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero».

«Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

13 procesos administrativos en Perú

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.


Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79

Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.

Revistas y boletines
Defensa del territorio
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Migraciones y refugio
Multinacionales y tratados
Protección a defensoras DD.HH.
Pueblos indígenas

Revista 79: El Caso Beatriz, Repsol y la impunidad corporativa, nuevo libro de Economías Feministas, entrevista al presidente de la nación siekopai, y mucho más

Revista 79 Desde Entrepueblos os traemos la nueva revista número 79 donde analizamos con la salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación…

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Pablo Fajardo, en una reunión de la UDAPT el pasado mes de noviembre.Entrepueblos

«Las transnacionales siempre gozan de impunidad»

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Entrevista a Pablo Fajardo, activista y abogado ecuatoriano

“Lo criminal del sistema es que le otorga a la moral de Chevron/Texaco más valor que a toda la Amazonía, a la salud de las personas y a los pueblos indígenas”.

Hace 5 años, la Corte Constitucional de Ecuador confirmaba en última instancia la histórica sentencia que obligaba a la petrolera Chevron (entonces Texaco) a indemnizar con 8.560 millones de dólares a la Amazonia ecuatoriana por verter lodos tóxicos sin control durante décadas. Es la multa más elevada a una transnacional por un delito medioambiental y supuso un gran hito para la defensa de los derechos humanos de los pueblos campesinos e indígenas ecuatorianos.
Sin embargo, este caso, liderado por el abogado Pablo Fajardo, se ve ensombrecido por el hecho de que la petrolera no solo no ha pagado una multa que permitiría reparar parte del daño hecho (hablamos de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y 30.000 víctimas) sino que continúa pleiteando contra Ecuador y amenazando a quienes lideraron la causa, utilizando como herramienta la llamada “arquitectura de la impunidad”, un entramado corporativo e institucional, que Fajardo nos explica en esta entrevista.

Pregunta: Visto desde la perspectiva de estos 30 años de causa judicial y 5 de la sentencia definitiva, ¿qué supuso para la lucha de la Amazonia ecuatoriana el ‘caso Chevron’?

Es uno de los precedentes más importantes del mundo, porque hasta esa fecha no existía una sentencia contra una transnacional de esta naturaleza. Devolvió la esperanza a los pueblos de acceso a la justicia y por eso queremos seguir trabajando para lograr que paguen y se repare la Amazonía. Pero somos conscientes de que el sistema que se ha creado de impunidad corporativa global es muy fuerte, muy poderoso y dificulta nuestro acceso a esta justicia.

P: ¿Cuáles son estas dificultades?

El ‘caso Chevron’ es uno de los reflejos más interesantes de la “arquitectura de la impunidad” y de cómo dejar en total indefensión a los pueblos. Nuestro caso lo planteamos en Estados Unidos pero Chevron dijo: “No me gustan las cortes norteamericanas quiero ser juzgada en Ecuador”. Posteriormente, en Ecuador, sus representantes legales dijeron: “No me gustan las cortes ecuatorianas, son corruptas, son débiles…”. Y les preguntamos: “¿Dónde quieren ser juzgados?” En el fondo Chevron quería que su crimen nunca hubiera sido juzgado y que nunca hubiera una sentencia condenatoria. Porque no existe una corte internacional que permita juzgar a una transnacional.

«El daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas».

P: A pesar de ello, los juzgaron y los condenaron.

Sí, finalmente hubo cuatro sentencias condenatorias de todas las instituciones jurídicas de Ecuador, hasta la Corte Constitucional del país. Porque el daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas.
Pero tras la sentencia se activó toda la maquinaria de la “arquitectura de la impunidad” de la que hablábamos. Por una parte, toda una campaña mediática en contra nuestra y de Ecuador. Chevron contrató 2.000 abogados para que la defendieran y para atacar a quienes formamos parte de este proceso. En segundo lugar, se activó la protección de Estados Unidos hacia su empresa transnacional, Chevron Corporation. Y comenzó un ataque sistemático al gobierno ecuatoriano a través de los arbitrajes internacionales y un uso interesado del sistema financiero internacional que se traduce en que el Fondo Monetario Internacional le da créditos a Ecuador condicionados a que ayude a Chevron a salir de esta situación.

P: ¿Cómo se articula la “arquitectura de la impunidad”?

Es lo que han ido construyendo las transnacionales en los últimos 50 años, o incluso antes, con mucha astucia, utilizando todo el entramado de las empresas holding o auxiliares y los denominados paraísos fiscales, que no solo usan para evadir impuestos sino también para evadir responsabilidades.
En paralelo, se han ido aprobando tratados bilaterales de inversiones o tratados de libre comercio en los que ponen cláusulas y reglas al capital o al comercio que protegen las inversiones, pero dejan en indefensión a los pueblos víctimas de crímenes corporativos. Y se crea todo un sistema de arbitrajes internacionales que garantiza esa “seguridad a la inversión” pero desmantela los procesos judiciales de derechos humanos. Instituciones como Naciones Unidas, a través de los grupos regionales, también conforman esta arquitectura de la impunidad, así como los medios de comunicación serviles y parte del sistema académico y las universidades, que acaban investigando lo que conviene a quien financia la investigación.
Y finalmente, una pieza clave es todo el sistema financiero internacional, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que conceden créditos condicionados. Todos esos elementos rigen el planeta y el entramado se cierra con las puertas giratorias ya que miembros de las empresas acaban formando parte de los gobiernos, supuestamente en cargos de control.
Chevron usa muchísimo los elementos de esta arquitectura de la impunidad y consigue exactamente eso: impunidad corporativa ante el crimen cometido en Ecuador.

P: ¿Cuánto ha pagado Chevron hasta la fecha?

No han pagado nada. Han utilizado todos los elementos de la arquitectura de la impunidad para ir demorando el proceso y, es más, hoy son ellos los que quieren que el Estado ecuatoriano les pague.
En junio de 2018, la Corte Constitucional de Ecuador, en ultimísima instancia, emitió la condena: una sentencia ejecutable, irrevocable y que contiene todos los elementos para exigir a Chevron que pague todo lo que debe a la Amazonia ecuatoriana. Pero, dos meses más tarde, en agosto, la empresa obtuvo un laudo arbitral de un panel de arbitraje internacional con sede en La Haya, y en ese laudo se disponen algunas cosas bastante aberrantes, como ordenar al Estado ecuatoriano que anule la sentencia de los demandantes del caso, es decir nosotros. ¡Imagínese, un panel de arbitraje le ordena a un estado soberano que anule una sentencia de la Corte Constitucional de un país! Es un abuso a la soberanía del Estado y rompe con la división de poderes.
Además, los árbitros añaden que si no se anula la sentencia, el Estado ecuatoriano debe impedirnos a los demandantes del caso que podamos ejecutar la sentencia en Ecuador o en cualquier parte del mundo.
Y le dicen al Estado de Ecuador que tiene que pagar a Chevron las costas judiciales y el daño moral que le han causado en estos 25 años de proceso judicial. Es brutal. Un Estado soberano, independiente, con un gobierno serio jamás acataría eso. Aquí han muerto miles de personas de cáncer, leucemia, hay pueblos indígenas extinguidos, una naturaleza devastada… Pero la moral de Chevron vale para ellos mucho más que toda la Amazonía, que toda la vida de la gente, que los pueblos indígenas.

«Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta».

P: ¿Cómo ha respondido el gobierno ecuatoriano ante este caso?

La Procuradoría de Ecuador, en vez de defender sus instituciones, ha terminado por defender los intereses de Chevron, el Estado ha sido capturado por una transnacional, puesto al servicio de gran una empresa y en contra de su propia población e instituciones. Es gravísimo, porque lo que está en juego no es solamente la Amazonía ecuatoriana, éste no es un caso solo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) en contra de Chevron. Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta. Con esos antecedentes, en el futuro, ¿qué juez, en cualquier parte del mundo, se va a atrever a condenar a una transnacional?

P: ¿Tienen previstas nuevas acciones legales?

Tenemos varias acciones legales previstas, en otros estados y no descartamos interponer demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano, por interferir en un proceso del cual no es parte. Estamos analizando todas estas posibilidades, pero otro gran problema es el económico porque los pueblos indígenas no tienen recursos.

P: La UDAPT participa en las conversaciones para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos. ¿Cómo ha ido la octava conversación que tuvo lugar en el mes de octubre?

El reporte que me transmitieron mis compañeros es que va rumbo al abismo. No quieren un tratado vinculante para las transnacionales.

P: ¿Por qué sería tan importante avanzar en la consecución de este tratado?

Hasta ahora en el contexto global no existen reglas ni instituciones que permitan juzgar a las empresas trasnacionales cuando cometen una vulneración de derechos humanos. En las cortes internacionales o regionales se juzga a las personas o estados, pero estas empresas siempre gozan de impunidad.
Y estas corporaciones han ido crecido tanto que algunas son más grandes económicamente que muchos estados juntos. Y son las que más inciden en el calentamiento global, por ejemplo, y las que más vulneran los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de la soberanía de los estados. Se espera que el tratado vinculante sea ese instrumento que acorte la gigantesca asimetría que existe entre transnacionales y derechos humanos.

P: ¿En qué momento se encalló el tratado o a qué puede deberse?

Las empresas han ido capturando el sistema global de derechos humanos, de los grupos regionales y del proceso del tratado vinculante en cumplimiento de la Resolución 26/09. Son muy fuertes en Naciones Unidas y ejercen una enorme presión. No tengo el dato actual, pero hasta hace unos años, cuando iba a Europa y visitaba la Unión Europea, me encontraba a más lobistas que eurodiputados. Y en la ONU ocurre igual, te encuentras más lobistas que delegaciones de los estados oficiales.
La Unión Europea en su discurso se vende como un grupo regional en el que se respetan los derechos humanos, la naturaleza y la vida, pero, en la práctica, sus transnacionales son las que destruyen gran parte del Planeta e inciden en la vulneración de derechos. Por eso, no quieren un tratado vinculante, al igual que EEUU, China,… Las grandes potencias, donde más se vulneran los derechos humanos, son las que más se oponen a su regulación.

Más info: Así apoya Entrepueblos a la UDAPT en Ecuador

Montse Barba, Comunicación Entrepueblos

UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA AL ACUERDO UE – MERCOSUR: Análisis de las dinámicas estructurales y del nexo agua-tierra-trabajo de productos agrícolas clave.

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UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA AL ACUERDO UE – MERCOSUR: Análisis de las dinámicas estructurales y del nexo agua-tierra-trabajo de productos agrícolas clave.

Desde Entrepueblos y Ecologistas en Acción, que formamos parte activa de la Campaña Catalunya No als TCI y la Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, presentamos este informe como herramienta para el debate crítico sobre el tratado UE-MERCOSUR.

El Tratado de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y los países del Mercosur lleva 22 años de inciertas y complejas negociaciones, de arranques y frenazos prolongados. Finalmente, durante el 2018 y a inicios del 2019 las comisiones negociadoras entre ambas regiones lograron un nuevo impulso que culminaba en junio de 2019 con el anuncio de un texto de acuerdo. Aun así, cuando todo parecía prever una aprobación inminente por parte del Consejo Europeo, el proceso de tramitación para la ratificación del acuerdo se fue posponiendo una vez detrás de otra hasta la actual congelación “sine die” del proceso.

El TCI UE-Mercosur entra al debate social y político en el contexto de la emergencia climática y ecológica, de la pandemia de la COVID-19, el cambio de gobierno en Argentina y la caída de popularidad de Bolsonaro en Brasil. Y, aunque en nuestro país no ha entrado a formar parte del debate político y la agenda mediática como pasó con el TTIP, principalmente porque el actual gobierno español está a favor de la firma del tratado, en varios países de Europa diferentes parlamentos y gobiernos se han visto obligados a hacerse eco de las críticas, sobre todo en cuanto al impacto en la agricultura, el medio ambiente y la emergencia climática.

Por eso, en el contexto de emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos,  este estudio nos parece clave para visibilizar las consecuencias de este aumento de la demanda de intercambios de bienes naturales entre los dos continentes, como la tierra y el agua, haciendo patente que las políticas económicas nunca están al margen de la materialidad y de la naturaleza que las sostienen.

Queremos mostrar la contradicción entre los anuncios y declaraciones sobre políticas de reducción de emisiones y del Green New Deal de la Unión Europea, y el aumento constante de nuestra huella ecológica en el Sur Global en beneficio de las grandes empresas que dominan las cadenas de producción y distribución alimentaria en el mundo, en detrimento de las comunidades indígenas, de la vida y la economía del campesinado de ambas regiones, así como de los consumidores y las consumidoras.

El tratado supone abundar en las mismas matrices: el Mercosur acentuaría su papel de exportador de materias primas agropecuarias y Europa le vendería coches y otros productos industriales, desarticulando el tejido industrial interno de la región. A grandes rasgos, ganan las multinacionales de un lado y otro del Atlántico, pudiendo producir de manera deslocalizada, a gran escala y a bajo precio, pero a un alto coste humano y ambiental, tal como analizamos en este informe.

Esperamos que este informe sea útil para aportar más elementos al argumentario de los movimientos sociales y las organizaciones que, a uno y otro lado del Atlántico, seguimos promoviendo la crítica a estos tratados, y para impedir que prospere la ratificación del TCI UE-Mercosur. Ante los beneficios de las multinacionales, ¡exigimos poner a las personas y el planeta primero!

 

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**Este informe ha sido publicado con la colaboración de: Fundación Rosa Luxemburg – oficina de enlace en Madrid, el Ajuntament de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Defensa del territorio
Economía social y solidaria
Multinacionales y tratados
Protección a defensoras DD.HH.

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