Desde Entrepueblos os traemos la nueva revista número 81 que incluye un análisis sobre la resistencia de las comunidades de Palo Quemado y Las…
10 cortos de 14 jóvenes de diferentes comunidades de la Amazonía peruana forman parte de la iniciativa ‘Háblame como el Río’, impulsada por un grupo de realizadores y activistas, en el marco del proyecto ‘Mujeres y hombres Awajún de Amazonas: por una gestión indígena del bosque amazónico’, financiado por la Generalitat Valenciana.
Del 22 al 30 de julio de 2023, los y las jóvenes autores, de siete naciones indígenas (Awajun, Wampis, Achuar, Kukukama, Kichwa, Arazaire y Shipibo,) y de las regiones de Loreto, Ucajali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Huánuco y Lima, se reunieron en la ciudad de Lamas San Martín para realizar un taller de cine. Se formaron en técnicas de entrevista, ‘storyboard’, escritura de guiones, rodaje y edición. En sus vídeos, exploraron lo que significa ser joven e indígena en una época en la que su hogar común, la selva amazónica, se enfrenta a una crisis de vida o muerte.
Háblame como el Río – introducción from Halal Scripted on Vimeo.
Los temas de sus historias incluyen, entre otros, la preservación de las tradiciones culturales indígenas, el impacto de ser un defensor del territorio en la vida individual, y los riesgos para la seguridad alimentaria en una comunidad con la integración en una economía monetizada. Todas las películas fueron escritas y conceptualizadas por los propios participantes, y para la mayoría era la primera historia audiovisual que creaban.
Fuego from Halal Scripted on Vimeo.
La formación fue realizada por los cineastas Sjoerd Oostrik, Gabriela Urco y Guusje van Deuren, y en el proyecto, además de Entrepueblos, han participado Amazon Watch y Welthungerhilfe.
El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.
A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:
Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).
En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.
En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.
El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.
Xa jun qab’anom
Xa jun qatzij
Mani jachoj
Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew
Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)
El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.
Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).
Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).
El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.
El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:
Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:
Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.
2. Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.
La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.
Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).
El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.
Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.
Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.
En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.
La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.
Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.
Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.
La victoria del Sí en la Consulta del Yasuní, el pasado 20 de agosto de 2023, abre un periodo esperanzador para Ecuador y para los pueblos latinoamericanos. Este plebiscito nacional ha dejado claro que una mayoría social de todo Ecuador apuesta por una alternativa económica, social y ambiental, por dejar de lado el modelo del petróleo y la minería (ese mismo día arrasó la Consulta para proteger de la megaminería el Chocó Andino, otra de las reservas naturales del país), por preservar la naturaleza y a las comunidades que habitan en ella. El resultado, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha por los pueblos y los territorios en todo el mundo: son muchos los Yasuní, muchas las consultas pendientes en todo el Planeta. Pero tendrá también sus dificultades, tal y como explica en este artículo, nuestro activista Àlex Guillamón.
Para el Norte global, en deuda ecológica con Ecuador, es el momento de aprender de esta Consulta, lograda gracias a la unidad y la perseverancia de las organizaciones sociales, indígenas y ecologistas del país. Nuestras legislaciones deben recoger la posibilidad de que sea la ciudadanía la que decida directamente sobre política climática, algo que actualmente no es posible en el Estado español.
Igualmente, urge impulsar organismos e instrumentos legales para que las empresas que operan en el extranjero, especialmente las petroleras y las compañías de minería, no vulneren los derechos humanos ni los derechos de la naturaleza. Iniciativas como el Centre d’Empreses i Drets Humans van en este camino y es importante seguir trabajando para que realmente contribuyan a una transición social y económica justa i equitativa en Latinoamérica.
Tras la victoria del domingo 20, las entidades y organizaciones que han impulsado la consulta ofrecieron una rueda de prensa, de la que recogemos cuatro extractos. Ha sido un orgullo para Entrepueblos colaborar en esta campaña, justa, bella y diversa, que nos recuerda que la naturaleza es la casa grande, que la vida siempre debe estar en el centro, y que la democracia solo tiene sentido desde abajo, escuchando a quienes habitan y cuidan los territorios.
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(Ver firmas al final del manifiesto)
La Consulta por el Yasuní «es un precedente extremadamente importante, que puede replicarse en todo el mundo y debería ser una señal de esperanza (…) de que la gente puede decidir en qué dirección quiere ir«. (Helena Gualinga, activista kichwa sarayaku).
El miércoles 10 de mayo recibimos la noticia de que la Corte Constitucional de Ecuador había aprobado la Consulta Popular por el Yasuní, impulsada por el colectivo YASunidos desde 2013 y que permitiría a los ecuatorianos y ecuatorianas frenar la explotación petrolera en una de las zonas con mayor riqueza biológica del planeta.
Una semana más tarde, se confirmaba que el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales tras la llamada ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea Nacional) del presidente Guillermo Lasso, tendrá lugar la consulta popular bajo la pregunta:
“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
En concreto, la ciudadanía decidirá acerca de la permanencia bajo tierra del crudo de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, el bloque petrolero 43 (que hace frontera con Perú), también llamado ITT, en el entorno del Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.
“Aunque una gran parte de la infraestructura petrolera ya está construida, tocará decidir si el crudo que aún está en el subsuelo permanece allí y que con esto la frontera petrolera no se extienda sobre el Ispingo –campo que linda con la zona intangible–, territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane (en aislamiento voluntario)”, escribía Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones que integran Yasunidos y con la que cooperamos en Entrepueblos, en su artículo para la Revista Entrepueblos 78.
El fallo judicial confirma que Petroecuador (petrolera estatal que opera ya en esta zona) tendría por tanto que salir de la zona ITT en el plazo de un año de forma ordenada y progresiva si la consulta tiene un resultado positivo, explicó Jorge Espinosa, integrante de Yasunidos, en una entrevista a Wambra Medio Comunitario.
Éxito para la democracia participativa
Además del reconocimiento de los derechos ambientales y la oportunidad histórica de no avanzar más en la destrucción del Yasuní, en su sentencia, la Corte Constitucional “reprocha el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes”. En efecto, las integrantes de Yasunidos fueron acosadas y criminalizadas por su reivindicación de la consulta, boicoteada a lo largo de esta década por los sucesivos gobiernos de Correa, Moreno y Lasso.
“Todos estos actores políticos no se comprometían, en parte, porque el extractivismo encadena al sector político, no es posible hacerlo dentro de toda esta lógica del crecimiento absoluto del Estado a cambio de la extracción de los recursos. Por eso esta consulta es un ‘bypass’ a toda esta lógica de la corrupción y la abundancia, a todo el sistema. Por primera vez, en todo el Planeta, estamos decidiendo colectivamente dejar el petróleo, y es la única medida real de hacer frente al cambio climático”, añade Espinosa.
“El Yasuní llegó a ser una de las utopías más concretas del ecologismo ecuatoriano. Los últimos 12 años han sido una franca batalla por la utopía, por la comprensión de otras formas de pensar la existencia y por abrir fisuras con la participación ciudadana para conservar este territorio”, subraya también Esperanza Martínez.
Tras 10 años de lucha y activismo, esta decisión de la Corte supone un hecho histórico en Ecuador, ya que es la primera consulta popular de alcance nacional propuesta por la ciudadanía. Esto también marca un precedente mundial sobre la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Para Yasunidos, “esta consulta popular realza la importancia de la participación ciudadana y demuestra que podemos fiscalizar directamente al Estado e incluso detener actividades extractivas a través de procesos democráticos“.
“El haberla conseguido es una muestra clara de que la organización popular puede defender derechos, impulsar cambios significativos y frenar el extractivismo que está destruyendo al planeta. Este proceso democrático abrirá un importante debate sobre el modelo de desarrollo actual y plantea nuevas opciones para el futuro del Ecuador. Estamos seguros de que este será el primero de muchos casos impulsados por una ciudadanía que busca un mejor futuro para todos y todas“, concluye Yasunidos.
La pregunta que desde YASunidos se propone para la consulta es:
Fuente: Comunicado Yasunidos.
El pasado 5 de mayo, finalizó la caravana de 10 días por el sur de México, para recorrer las zonas afectadas por los megaproyectos del mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Una caminata que culminó en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Allí tuvo lugar el encuentro internacional ‘El Sur Resiste 2023: Contra el capitalismo corporativo, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía’, en el CIDECI, Universidad de la Tierra de Chiapas, los días 6 y 7 de mayo.
«Luchamos contra los megaproyectos que quieren poner aquí en Chiapas, y si no hacemos nada, entonces donde quedarán nuestros hijos el día de mañana cuando hayan hecho todo lo que dicen«.
Saludo a la Caravana “El Sur Resiste” de las compañeras de Palenque, Chiapas.
Durante el encuentro, más de 1.200 personas, entre ellas una representante de Entrepueblos, se encontraron para «visibilizar el despojo de territorios a nivel nacional y mundial por empresas y proyectos capitalistas, y extractivistas; la violencia que viven los Pueblos Originarios, las mujeres, las infancias como resultado de las guerras y la violencia del crimen organizado; y la imposición de megaproyectos que destruyen el medio ambiente en todo el mundo«, tal y como explica la organización de El Sur Resiste.
En la clausura del encuentro, se subrayaron el dolor y los destrozos que provoca en los cuerpos y los territorios la voracidad del gran capitalismo mundial y, más en concreto, de los daños del tren turístico y otros megaproyectos, así como la cultura de la violencia que ha permeado toda la sociedad, afectando especialmente a las mujeres, las jóvenes, las personas migrantes y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales. «Esta infraestructura refleja la profundización de un modelo, basado en la extracción de hidrocarburos fósiles, que durante el siglo XX aceleró, de manera nunca antes vista, los indicadores de contaminación y del calentamiento global, reforzado por energías supuestamente limpias en manos del gran capital extranjero que no representa ninguna transición energética justa para los pueblos», señalaron las portavoces en la lectura del pronunciamiento del Encuentro Internacional.
Las jornadas unieron en torno a este grito de resistencia a un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios, así como a activistas y pensadores de varias partes de todo México y visitantes internacionales de América, Europa y otros lugares como Kurdistán.
El pasado 20 de abril el defensor Bernardo Caal fue absuelto de los cargos de apropiación indebida, tras 10 años de criminalización y persecución. La sentencia favorable al líder maya Q’eqchi’ ha llegado un año y dos meses después de su salida de prisión. «Solo fueron delitos fabricados. Han sido varios años de desgaste que ha afectado la vida de mi familia, pero la lucha sigue«, explicó a través de su cuenta de Twitter.
Caal, maestro y defensor del río Cahabón, ha sido perseguido y amenazado desde que denunció la tala de bosques y la construcción de una hidroeléctrica sin consulta comunitaria previa. En concreto, fue condenado a más de siete años de cárcel por liderar el proceso contra las hidroeléctricas OXEC y Grupo Cobra, esta última con capital del Grupo ACS de Florentino Pérez, en este río del departamento de Alta Verapaz, Guatemala.
El tramo afectado del río Cahabón, uno de los más importantes del país, era uno de los principales medios de vida de 30.000 personas del pueblo maya que han dejado de tener agua debido a la pérdida de caudal del río por la construcción del proyecto hidroeléctrico Renace, lo que supone una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza que han tenido lugar en Centroamérica y en todo el mundo.
Puedes conocer la historia de Bernardo Caal en la web activistasporlavida.org
*Fotografía de Gervasio Sánchez para el proyecto ‘Activistas por la Vida’.
La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú «poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad«.
De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga «fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de «terrorismo», y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país«.
En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones «imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes«, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.
EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.
Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.
Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.
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