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🛑 ÚLTIMA HORA: La Taula Catalana denuncia la criminalización de líderes comunitarios por defender el derecho a la vivienda y alerta de irregularidades en el proceso judicial

🔴 ÚLTIMA HORA | 30 MAY 2025 – 11:30 UTC / 13:30 CEST

Nueva alerta urgente sobre criminalización de defensores en El Salvador:

La Taula Catalana denuncia la criminalización de líderes comunitarios por defender el derecho a la vivienda y alerta de irregularidades en el proceso judicial.

Publicamos el comunicado urgente emitido por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Centreamèrica ante la audiencia judicial clave de este viernes 30 de mayo contra José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, defensores salvadoreños criminalizados tras la protesta pacífica de la comunidad El Bosque por el derecho a la vivienda.

El comunicado denuncia que ambos defensores fueron detenidos de forma violenta y sin haber cometido delito alguno, y alerta de que la demora procesal —15 días sin audiencia— viola los plazos legales y utiliza el Régimen de Excepción para perseguir y castigar la defensa comunitaria de derechos.

📎Comunicado completo aquí:

Comunicado urgente Audiencia clave en El Salvador (PDF en castellano)

Comunicat urgent: Audiència clau a El Salvador (PDF en català)

Desde Entrepueblos reafirmamos nuestra solidaridad con los defensores y comunidades salvadoreñas y exigimos garantías judiciales, fin a la persecución y respeto al derecho a defender derechos.

Seguimos actualizando esta noticia: https://www.entrepueblos.org/news/alerta-amenaza-nueva-ley-de-agentes-extranjeros-el-salvador/

🛑 ACTUALIZACIÓN | 21 MAY 2025 – 17:00 UTC / 19:00 CEST

La Red EU-LAT urge a la Unión Europea a rechazar la ley, denuncia la criminalización de la defensora Ruth López y alerta del deterioro acelerado del Estado de derecho en El Salvador.

Tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, desde Entrepueblos reafirmamos nuestro apoyo al comunicado del FOCIS del 16 de mayo, que alertaba del grave riesgo de criminalización de la cooperación y del tejido organizativo salvadoreño, y nos sumamos al pronunciamiento emitido por la Coordinadora de ONGD, que llama a la comunidad internacional —en particular al Gobierno español— a actuar con urgencia ante este grave retroceso democrático.

La Coordinadora solicita gestiones diplomáticas para frenar la aplicación de la ley e incluso la suspensión de cooperación bilateral directa al gobierno salvadoreño. También exige garantías procesales para las personas defensoras judicializadas, como el abogado Alejandro Henríquez, el líder comunitario José Ángel Pérez o la jurista Ruth López, y el respeto pleno a los derechos de asociación, expresión y protesta pacífica.

EU-LAT urge a la Unión Europea a rechazar la ley

Asimismo, destacamos el nuevo comunicado público de la Red EU-LAT (21 de mayo), que urge a la Unión Europea a rechazar esta ley, a exigir garantías de integridad física, debido proceso y presunción de inocencia para Ruth Eleonora López, y a poner fin a la represión contra la sociedad civil y la prensa independiente en El Salvador.

La Red EU-LAT denuncia que la ley —similar a otras legislaciones autoritarias en América Latina— abre la puerta a la criminalización arbitraria de las organizaciones sociales, impone un impuesto del 30% sobre toda transferencia internacional, y establece sanciones económicas desproporcionadas. Señala también que la detención de Ruth López, reconocida defensora y abogada anticorrupción de Cristosal, es un caso emblemático del uso discrecional del poder judicial con fines políticos.

Desde Entrepueblos reafirmamos nuestro compromiso con las organizaciones salvadoreñas que defienden la vida y los derechos colectivos. Frente a la criminalización, respondemos con solidaridad pueblo a pueblo.

🛑 Seguimiento continuo. Esta entrada se actualizará con nuevas declaraciones y posicionamientos de redes internacionales ⏩ https://www.entrepueblos.org/news/alerta-amenaza-nueva-ley-de-agentes-extranjeros-el-salvador/

🛑 ACTUALIZACIÓN | 21 MAY 2025 – 15:00 UTC / 17:00 CEST

Entrepueblos respalda el comunicado del FOCIS y la Coordinadora de ONGD tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

Tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, desde Entrepueblos reafirmamos nuestro apoyo al comunicado del FOCIS del 16 de mayo, que alertaba del grave riesgo de criminalización de la cooperación y del tejido organizativo salvadoreño, y nos sumamos al pronunciamiento emitido por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que alerta del grave retroceso democrático que esta ley supone y llama a la comunidad internacional —en particular al Gobierno español— a actuar con urgencia.

La Coordinadora solicita que las misiones diplomáticas acreditadas en El Salvador realicen gestiones ante el Estado salvadoreño para detener la aplicación de la ley, incluso considerando la suspensión de cualquier apoyo financiero o cooperación bilateral canalizada directamente al gobierno.

Asimismo, exige garantías procesales y de protección para las personas defensoras que han sido judicializadas en las últimas semanas, como el abogado Alejandro Henríquez, el líder comunitario José Ángel Pérez o la jurista Ruth López, y reclama que se asegure el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a la asociación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, conforme a los principios democráticos y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Mantenemos nuestra adhesión al comunicado del FOCIS del 16 de mayo y, en los próximos días, actualizaremos esta información con las declaraciones conjuntas que están elaborando otras redes internacionales como EULAT y diversas coordinadoras territoriales.

🛑 21 MAY 2025 | El FOCIS alerta sobre la amenaza que supone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

El FOCIS alerta sobre una nueva ley en El Salvador que amenaza con criminalizar a organizaciones sociales y castigar la cooperación solidaria internacional.

Desde Entrepueblos compartimos la comunicación urgente del Foro de Organizaciones de la Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), dirigida a redes internacionales como EULAT y a todas sus organizaciones aliadas, ante la inminente aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador. Esta normativa, de prosperar, impondría un impuesto del 30% a las donaciones de ONG y abriría la puerta a la criminalización de las organizaciones sociales y solidarias que actúan en el país.

Contexto actual: una ofensiva sin precedentes

La propuesta de ley fue anunciada por el presidente Nayib Bukele apenas un día después de la represión militar contra la comunidad campesina El Bosque, que protestaba pacíficamente frente a su residencia. La detención de líderes comunitarios y del activista Alejandro Enríquez, del Foro del Agua, marca un nuevo punto de inflexión en la persecución al movimiento social salvadoreño.

Un llamamiento urgente de la sociedad civil

En la carta dirigida a espacios internacionales, el FOCIS expresa su más alta preocupación por las consecuencias políticas y sociales de esta ley, señalando su carácter discrecional, su potencial de criminalización de organizaciones nacionales e internacionales, y la amenaza directa que supone para los principios democráticos, los derechos humanos y la cooperación solidaria.

“Los diversos actores de la cooperación internacional al desarrollo estamos comprometidos con los criterios de eficacia, incluyendo la rendición de cuentas, y recurrimos a la Agenda 2030 como punto de encuentro con el Gobierno e instituciones del Estado.”

La cooperación internacional a través de la sociedad civil continúa aportando a la población en mayor situación de vulnerabilidad, cubriendo parte de los deberes que el Estado salvadoreño no está asumiendo.

Preocupaciones del FOCIS

  • No ha existido un debido proceso de consultas con los actores sociales involucrados; el contenido del proyecto de ley se desconoce y su aprobación por dispensa de trámite ha sido una práctica recurrente desde 2021.
  • Se está haciendo un uso malicioso ante la opinión pública de esta propuesta, que busca el control social más allá de una finalidad recaudatoria.
  • La ley implicaría inseguridad jurídica, al no definir claramente la figura de “agente extranjero” y permitir la criminalización de actividades con fines “políticos u otros”.
  • Cualquier organización, nacional o internacional, podría ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones, como ha sucedido en otros países.
  • Dejaría espacio abierto a la persecución de organizaciones sociales y medios críticos, vulnerando libertades fundamentales.
  • Aunque en teoría la cooperación bilateral podría quedar excluida, los proyectos financiados por agencias oficiales, cooperación descentralizada o solidaria también se verían afectados.
  • El impuesto del 30% sería inviable: ningún agente donante podría asumirlo ni sería elegible en contratos de cooperación.
  • Esta ley vulnera acuerdos internacionales y atenta contra derechos esenciales para la democracia: libertad de pensamiento, expresión, prensa, asociación y participación ciudadana.

Peticiones urgentes del FOCIS a la comunidad internacional

Ante este escenario, el FOCIS hace un llamamiento firme a la comunidad internacional:

  1. Rechazar públicamente la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, y comunicarlo a Estados, Ministerios, Parlamentos, Ayuntamientos, Agencias de Cooperación y otros actores clave.

  2. Realizar gestiones de incidencia ante el cuerpo diplomático salvadoreño acreditado en cada país para frenar su tramitación.

  3. Destacar el valor de la cooperación internacional y del tejido asociativo como contribución esencial a la democracia, los derechos humanos y la construcción colectiva de un Estado de Derecho en El Salvador.

Desde Entrepueblos

Reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad civil salvadoreña, con nuestras contrapartes históricas y con todas las comunidades que defienden el derecho a una vida digna.

Compartimos este comunicado como parte del esfuerzo colectivo por visibilizar lo que está en juego: la defensa de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos frente al autoritarismo y la impunidad.

🔁 Tal como advertimos ya en 2020, esta deriva autoritaria no es nueva:
📂 Comunicado FOCIS ante la grave crisis política generada en El Salvador (2020)

Para más información: comunicacion@entrepueblos.org

📰 Enlaces a actualidad y última hora

Guatemala, normalizar la esperanza

El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.

A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:

  • aislamiento (falta de apoyo en centros urbanos, cuando no racismo y desprecio),
  • desarticulación entre diferentes luchas, y
  • estancamiento de las resistencias, con desarticulación creciente, divisiones y capacidad de convocatoria reducida, a partir de la derrota táctica de las movilizaciones de 2015 (salida de la CICIG y bloqueo de reformas para el reconocimiento del sistema jurídico mayab’).

Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).

En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.

En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.

El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.

Autoridad compartida versus uso y abuso de la fuerza

Xa jun qab’anom

Xa jun qatzij

Mani jachoj

Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew

Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)

El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.

Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).

Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).

El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.

Hacia dónde, cómo, con quiénes

El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:

  1. Defender, ampliar y resignificar la democracia

Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:

  • consolidar los resultados electorales,
  • detener la esclerotización del Estado en manos del sector ultraconservador que ahora lo gestiona,
  • comenzar a orientar el Estado hacia el desarrollo del bien común, al menos el común mínimo del Estado constitucional que propone Semilla, con acciones inmediatas en educación, salud, nutrición infantil, cultura y otras, que todavía no abordan desigualdades estructurales.

Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.

      2.  Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.

La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.

  1. Consolidar las articulaciones sociales dialogantes y horizontales.

Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El  camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).

El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.

  1. Continuar aprendiendo de propuestas de pueblos indígenas y formas de organización colectiva y comunitaria

Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.

El triunfo de la esperanza

Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.

En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.

La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.

Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.

Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.

  1. Una es nuestra palabra, una nuestra lucha, no hay división, somos una sola fuerza los cuatro pueblos de Iximulew.
  2. Consultas comunitarias, decenas de episodios de resistencias a las hidroeléctricas y empresas mineras, Marcha Indígena y Campesina, Marcha del Agua, Marcha de la Dignidad de los Pueblos, movimientos de tejedoras, por la recuperación de idiomas y cultura, y muchos más.
  3. La capacidad de articular a diferentes sectores sociales y organizaciones, tanto indígenas como mestizas, tanto urbanas como rurales, es insólita en la reciente historia de Guatemala. Los referentes más cercanos son posiblemente la Marcha de mineros de Ixtahuacán, las movilizaciones de campesinos de Quiché en la capital o la huelga de la Costa Sur de fines de los 70s e inicios de los 80s.