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Ganó el Sí en la Consulta del Yasuní de Ecuador. Ganó la vida.

La victoria del Sí en la Consulta del Yasuní, el pasado 20 de agosto de 2023, abre un periodo esperanzador para Ecuador y para los pueblos latinoamericanos. Este plebiscito nacional ha dejado claro que una mayoría social de todo Ecuador apuesta por una alternativa económica, social y ambiental, por dejar de lado el modelo del petróleo y la minería (ese mismo día arrasó la Consulta para proteger de la megaminería el Chocó Andino, otra de las reservas naturales del país), por preservar la naturaleza y a las comunidades que habitan en ella. El resultado, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha por los pueblos y los territorios en todo el mundo: son muchos los Yasuní, muchas las consultas pendientes en todo el Planeta. Pero tendrá también sus dificultades, tal y como explica en este artículo, nuestro activista Àlex Guillamón.

Para el Norte global, en deuda ecológica con Ecuador, es el momento de aprender de esta Consulta, lograda gracias a la unidad y la perseverancia de las organizaciones sociales, indígenas y ecologistas del país. Nuestras legislaciones deben recoger la posibilidad de que sea la ciudadanía la que decida directamente sobre política climática, algo que actualmente no es posible en el Estado español.

¡Yasunicemos el mundo!

Igualmente, urge impulsar organismos e instrumentos legales para que las empresas que operan en el extranjero, especialmente las petroleras y las compañías de minería, no vulneren los derechos humanos ni los derechos de la naturaleza. Iniciativas como el Centre d’Empreses i Drets Humans  van en este camino y es importante seguir trabajando para que realmente contribuyan a una transición social y económica justa i equitativa en Latinoamérica.

Tras la victoria del domingo 20, las entidades y organizaciones que han impulsado la consulta ofrecieron una rueda de prensa, de la que recogemos cuatro extractos. Ha sido un orgullo para Entrepueblos colaborar en esta campaña, justa, bella y diversa, que nos recuerda que la naturaleza es la casa grande, que la vida siempre debe estar en el centro, y que la democracia solo tiene sentido desde abajo, escuchando a quienes habitan y cuidan los territorios.

Alejandra Santillana, Yasunidos: “La democracia desde abajo es el camino posible para mitigar este colapso”

 

Leonidas Iza, presidente CONAIE: “Este proceso es un hecho histórico en la lucha contra la devastación de los pueblos indígenas”

 

Esperanza Martínez, Acción Ecológica: “Ningún candidato ha tenido tanto respaldo como el Yasuní y como el Chocó Andino”.

 

José Fajardo, UDAPT: “Petroecuador tiene el récord más grande de desastres ambientales en la Amazonía ecuatoriana: 1.588 derrames desde 2012 en la parte de Sucumbíos y Orellana”.

Pescadores afectados por el vertido de Repsol en Perú exigen transparencia, justicia y reparación

Dos pescadores afectados por el vertido de Ventanilla recorrerán, del 14 de febrero al 3 de marzo, seis ciudades del estado español para reclamar la restitución del ecosistema dañado.

Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucallama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, se reunirán en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña con representantes políticos y de la sociedad civil para reivindicar justicia y reparación para los y las afectadas por el derrame de Ventanilla  y sus familias, unas 51.000 personas según datos de CooperAcción Perú, así como la restitución de los ecosistemas dañados en las 11.060 hectáreas afectadas por el vertido.

La visita se producirá en el marco de una gira organizada por Asociación Entrepueblos y CooperAcción, con la colaboración de Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), para reivindicar el fin de la impunidad y el colonialismo de las empresas transnacionales.

Además del impacto socioeconómico de este ecocidio en la pesca, el comercio y el turismo, las principales ocupaciones de la zona, 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt, 48 playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas por el vertido de 10.397 barriles.

Repsol tiene abiertos 13 procesos administrativos

Inicialmente la empresa comunicó a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2.5 metros cuadrados. RELAPSA, empresa subsidiaria de Repsol, indicó primero que el desastre fue causado por el oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán en Tonga. Esta tesis fue desmentida por informes técnicos y datos meteorológicos.

En las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas, entre las que se encuentran las playas analizadas como Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero.

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Osinergmin y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

Además, Repsol habría intentado, según las mismas fuentes, que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas y además, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas. Sigue, por tanto, una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptan unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Marcha de afectados por el vertido de Repsol en Chancay, Perú

Marcha de afectados por el vertido de Repsol en Chancay, Perú. Foto: CooperAcción

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

Urge regular las transnacionales

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.

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