Colombia: más de una semana de Paro Nacional Agrario

Convocamos al conjunto del pueblo colombiano a hacer parte de la GRAN MINGA NACIONAL “Sembrando Esperanza, Cosechando País” participando en las acciones de movilización pacífica para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental.

Diversos sectores sociales (victimas, ambientales, transportadores, sindicales, mujeres, educativos, urbanos y rurales entre otros) venimos oponiéndonos a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera inequitativa la tierra, aumentando los beneficios en favor de unos pocos y excluyendo a millones de ciudadanos, campesinos, indígenas y negros de sus legítimos derechos.

Boletín de Derechos Humanos nº 8 de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Escrito por  Comisión de Derechos Humanos (6/6/2016)

Durante el séptimo día de la Minga, se siguen presentando agresiones contra las comunidades, a pesar de haberse agotado un diálogo preliminar con el gobierno nacional en la ciudad de Cali y haberse instalado la subcomisión de derechos humanos para tratar lo relacionado con el retiro de las fuerzas militares de la movilización, la libertad de los detenidos arbitrariamente, entre otras prácticas oficiales que vienen afectando la Minga. 

Ante la falta de respuesta positiva en la actuación de la fuerza pública y el Ejército nacional, que persisten en sostener una arremetida militar contra las comunidades, el 05 de junio de 2016, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos humanos – CIDH, la adopción de medidas cautelares en favor de los amplios sectores que masivamente ejercen el derecho a la protesta social. 
 
La ausencia de garantías del Estado, ha conllevado la vulneración sistemática de derechos humanos protegidos no solamente en la normativa interna, sino también en instrumentos internacionales, como la Convención americana de derechos humanos. La situación hasta ahora presenciada en desarrollo de la Minga, da cuenta del cumplimiento cabal de los requisitos para elevar ante la CIDH la solicitud de medidas deprecada por la Cumbre agraria:
 
La gravedad de los hechos. La cual se refleja no solo en los asesinatos perpetrados contra tres miembros de comunidades indígenas, las detenciones arbitrarias de más de un centenar de personas que serán judicializadas, la tortura y tratamiento degradante contra los manifestantes entre ellos 15 menores de edad y cientos de heridos, varios de gravedad; sino en el hecho mismo de atacar y reprimir militarmente la protesta social, socavando los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia. La arremetida contra las comunidades que resisten y exigen cambios sociales en el país, ha configurado y sigue constituyendo una alarmante práctica, de grandes proporciones, que afecta a la sociedad en general.
 
La inminencia del riesgo. Claramente el Estado ha acudido medidas que ponen en alto riesgo a las comunidades que exigen la real garantía de sus derechos, las cuales persisten a la fecha. Por este motivo, resulta previsible que la represión y amenaza contra la población en resistencia civil continuará y puede cobrar mayores alcances, si no se adoptan las medidas urgentes, eficaces y necesarias para proteger la vida, integridad personal y libertad de los manifestantes, durante y con posterioridad a la finalización de la jornada nacional de protesta, máxime cuando en este contexto de estigmatización protagonizada por el alto gobierno, grupos paramilitares han realizado advertencias y declarado como objetivo militar a quienes hacen parte de la Minga.
 
Irreparabilidad del daño. Sin duda, los derechos afectados hasta hoy con la respuesta estatal a la Minga, entre ellos la vida, la integridad y la dignidad de los manifestantes, son de carácter irreparable; existiendo un alto e inminente riesgo, como ya se dijo, de que estas acciones criminales cobren nuevas víctimas, pues hasta el momento, se mantiene la fuerte militarización, hostigamientos y ataques brutales contra las comunidades, además de la amenaza paramilitar.
 
Agotamiento de recursos. Desde el inicio de la Minga hasta hoy, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, ha exigido del Estado colombiano las garantías para el ejercicio del derecho a protestar. Cada hecho de hostigamiento, ataque contra la vida e integridad de los marchantes, inteligencia ilegal, detención arbitraria, etc, ha sido documentado e informado al gobierno, a través del puesto de mando unificado; sin que se hayan adoptado medidas de protección y orientaciones que pongan fin al tratamiento de guerra que se ha adoptado como respuesta estatal.
 
Con estos presupuestos, se motivó la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando del órgano supranacional una pronta y adecuada respuesta en procura de garantizar los derechos humanos de quienes hacen parte de la Minga.
 

UNA REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL Y UNA CIUDAD DIGNA

¡Sembramos Esperanza, Cosechamos País!

LLAMAMIENTO AL PUEBLO COLOMBIANO

Convocamos al conjunto del pueblo colombiano a hacer parte de la GRAN MINGA NACIONAL “Sembrando Esperanza, Cosechando País” participando en las acciones de movilización pacífica que se avecinan para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental.

El gobierno de Juan Manuel Santos y sus predecesores, han sido enfáticos al expresar públicamente que el modelo de desarrollo del país no es negociable y aunque la ciudadanía se ha manifestado en contra del mismo, el estado colombiano sigue sin escuchar u ofrecer alternativas sostenibles para dar solución de fondo y de manera estructural a la crisis económica, ambiental y social que se agudiza en todo el territorio colombiano.

Hoy nuestro llamado es a enfrentar las nocivas políticas extractivistas que ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano.

Este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013 y 2014, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016. El gobierno sigue incumplimiento las ordenes de la Corte Constitucional para la protección de las victimas (Sentencia T-025), postergando la reparación integral contemplada en la ley 1448/11.

Diversos sectores sociales (victimas, ambientales, transportadores, sindicales, mujeres, educativos, urbanos y rurales entre otros) venimos oponiéndonos a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera inequitativa la tierra, aumentando los beneficios en favor de unos pocos y excluyendo a millones de ciudadanos, campesinos, indígenas y negros de sus legítimos derechos.

Nos oponemos también de manera radical a la ley de seguridad ciudadana, que viola  las libertades democráticas, al nuevo código de policía y la actuación represiva por parte del ESMAD contra las justas protestas de las personas. Nos oponemos a las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la nueva fase de paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera.

Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogos de paz con las FARC y con el ELN, pues estamos convencidos de la salida negociada al conflicto armado; pero de la misma manera, consideramos que se requieren soluciones concertadas al conflicto social, político y económico, necesarias para una paz con justicia social y ambiental.

En consecuencia, y como una justa e histórica reivindicación, reclamamos del gobierno nacional que se garantice la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la Reforma Agraria Integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural.

Reiteramos el llamado amplio a todas las personas y comunidades del campo y la ciudad, para que expresemos en un solo sentir nuestra voz de esperanza por un cambio de rumbo en el país, que garantice el buen vivir de las presentes y futuras generaciones. Pongámonos la ruana, el sombrero, el bastón de mando y salgamos a caminar la palabra en calles y carreteras, campos y ciudades, para manifestar nuestro compromiso en defensa del agua, el alimento, a las semillas nativas, a la naturaleza y la identidad cultural. Nuestra lucha es por la vida.

Camine con nosotros:

Fbk: Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
@CumbreAgrariaOf Haghstag: #MingaLedigo /  #MingaNacional
 
“SEMBRAMOS ESPERANZA Y COSECHAMOS PAÍS”
CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa de Integración Agraria y Social MIA, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN – Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.

Censat Agua Viva, Movimiento Ríos Vivos, Movimiento de Resistencia Popular, Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales,  Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, Comando Nacional Unitario.