El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

El movimiento indígena de Ecuador se levanta ante las medidas neoliberales del presidente Lasso

Los pueblos indígenas de Ecuador se han movilizado una vez más, como ya lo vienen haciendo desde el histórico levantamiento indígena de los 90, desde este 13 de junio de 2022, para rechazar las políticas neoliberales del Gobierno ecuatoriano que atentan contra el bienestar de la población ecuatoriana en general.

Tal y como resalta la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, junto con otras organizaciones indígenas y movimientos sociales (feministas, movimiento estudiantil, ecologistas) está liderando las protestas, el paro nacional es la única vía que ha dejado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para avanzar en la consecución de derechos colectivos y en la consolidación de una democracia real en el país.

La movilización social comenzó en los territorios a nivel nacional, para trasladarse en la noche del 19 de junio a Quito, donde fue recibida multitudinariamente por los sectores populares de la ciudad al grito de ¡fuera Lasso fuera!

El último levantamiento social con gran alcance registrado en Ecuador fue el también liderado por el movimiento indígena en octubre de 2019, año de movilización social en América Latina. Ecuador no resultó ajeno a esta circunstancia regional y durante el mes de octubre presentó fuertes manifestaciones en respuesta al llamado “paquetazo económico” que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas.

Estas movilizaciones sociales del 2019 fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiales y militares, en el entonces gobierno de Lenin Moreno, dejando un saldo de 11 personas fallecidas y cerca de 100 personas con pérdida de ojos por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. Según el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos en contra del movimiento indígena”, sin embargo, a día de hoy, estos hechos continúan en la impunidad.

En un contexto de crisis social y económica en Ecuador, las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, dirigidas en gran parte por el acuerdo suscrito con el FMI por el anterior gobierno de Lenin Moreno, suponen la aplicación de drásticos recortes a servicios sociales básicos y gasto público, especialmente en salud y educación. La firma de Tratados de Libre Comercio (recientemente con México en preparación para la entrada a la Alianza del Pacífico, y actualmente en fase de preparación del TLC con China), la promoción de la agroindustria y la falta de cadenas de comercialización que garanticen condiciones justas para pequeñas productoras y productores, ahogan a la agricultura campesina e indígena que, paradójicamente, sustenta el 70% de la demanda de alimentos en el país.

Por otra parte, el aumento del precio de los combustibles desde la entrada del gobierno de Lasso, agudizado por la guerra de Ucrania, ha incrementado el coste de la vida y las condiciones de pobreza de la población. De esta forma, el Ecuador del 2022 es un país donde las desigualdades son cada vez más hirientes, el coste de la vida y la canasta básica sigue subiendo, y esta carestía de la vida no encuentra una correspondencia en un incremento salarial de la gran mayoría de la población, que difícilmente llega a cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma la carencia de medicinas en hospitales, la deficitaria educación, y unos niveles de inseguridad ciudadana en aumento.

Además, el gobierno de Guillermo Lasso ha intensificado el modelo económico extractivista, con el pretexto de paliar la crisis económica. Así, durante su primer año de mandato, se propuso duplicar la producción petrolera y promover la inversión en proyectos megamineros en el país. Sin embargo, gran parte de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno ecuatoriano se encuentran en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, y no han pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada, a pesar de que este derecho está recogido en convenios internacionales ratificados por Ecuador y en la propia Constitución ecuatoriana. En el informe a la nación de mayo 2022, el presidente afirmaba que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de nuestro petróleo”, lo que augura una mayor presión sobre los territorios y un aumento de la conflictividad socioambiental.

A pesar de ser promovido como la solución para el desarrollo y para la salida a la crisis económica por parte del Gobierno ecuatoriano, la imposición del modelo extractivista genera y agudiza las condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y rurales por sus nefastas consecuencias. La situación es especialmente grave en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen con sus territorios ancestrales no sólo un vínculo material, como proveedor de medios de vida y sustento, sino también un vínculo identitario y espiritual.

A su vez, las recurrentes masacres en las cárceles del país, que en 2021 costaron la vida al menos a 316 personas privadas de libertad, han dado lugar a la peor crisis carcelaria de la historia de Ecuador. En este contexto, la criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos y de la naturaleza es doblemente amenazadora, ya que las personas encarceladas, aún en prisión preventiva y sin sentencia firme, sufren el riesgo de ser asesinadas en las cárceles, como sucedió con el defensor Víctor Guaillas, detenido durante las protestas sociales de octubre 2019 por delito de “sabotaje” y asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en noviembre de 2021.

Estas circunstancias se configuran como el detonante del paro nacional que se está desarrollando en Ecuador desde el 13 de junio. El movimiento indígena, que se constituye como el actor con mayor poder de convocatoria y de organización en las protestas sociales en el país, y reivindica no sólo los derechos de los pueblos indígenas sino también de los sectores populares, campesinos y empobrecidos, ha concretado sus demandas y solicitudes en 10 puntos prioritarios en materia económica y de derechos.

Las demandas incluyen aspectos como la congelación del precio de los combustibles; el establecimiento de precios justos en los productos del campo y no firmas de TLC que destruyen la producción nacional; la mejora del empleo y derechos laborales; la no ampliación de la frontera extractiva minera / petrolera, y reparación integral por los impactos socioambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos de pueblos indígenas; y el aumento de presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.

Estas demandas han sido reivindicadas durante más de un año por la CONAIE, sin respuesta por parte del gobierno nacional. De hecho, la CONAIE reclama las burlas, engaños, deslegitimación y narrativa racista y colonial, que se ha instalado en el país como respuesta a sus legítimas reivindicaciones, razón por la que han puesto en marcha la medida de hecho del Paro Nacional.

La respuesta del gobierno nacional del Ecuador a la protesta social ha sido la represión y criminalización, mediante detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, incluida la de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, que mantuvo en vilo a gran parte del país hasta su liberación; el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía nacional y fuerzas armadas, amparado en un Estado de Excepción decretado de forma ilegítima por el presidente Guillermo Lasso, con la práctica sistemática de torturas y el empleo de bombas lacrimógenas y balas de perdigones directas al cuerpo de las y los manifestantes; el ataque con bombas lacrimógenas a universidades que han sido establecidas como centros humanitarios y de acogida; así como la campaña de estigmatización, racismo y odio en contra de los y las manifestantes indígenas, tachados de vándalos, salvajes y terroristas por parte de los discursos oficiales y medios de comunicación mayoritarios. Esta escalada de violencia tuvo su culmen el 24 de junio, cuando el Ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunciaba el paso por parte de policía y fuerzas armadas de repeler las protestas a su represión, incluyendo el uso de carabinas con munición múltiple (perdigones).

De esta forma, según los últimos datos que ofrece la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a fecha 24 de junio se registran 68 reportes que suponen violaciones de derechos humanos, 5 muertos, 6 desaparecidos, al menos 166 heridos y 123 detenciones. En este contexto de represión, se considera especialmente preocupante el proceso judicial que enfrentará a partir del 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, que se encuentra en libertad preventiva con cargos por paralización de servicio público, ya que en la actualidad ingresar en el sistema carcelario ecuatoriano constituye un serio riesgo de muerte.

En el momento de cierre de este artículo, la Asamblea Nacional de Ecuador está debatiendo la destitución del presidente Gobierno Lasso, tras la solicitud de la bancada correísta de UNES, para la aplicación del artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que incluye la posibilidad de destitución del presidente de la República en caso de “grave crisis conmoción interna”. Desde el 27 de junio el movimiento indígena ha empezado un diálogo con el gobierno.

Ante la impunidad de la vulneración de derechos, se ha puesto en marcha una campaña de contribución solidaria de personas y organizaciones a la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi, para el apoyo de víctimas y familiares de la represión estatal ejercida por el Gobierno ecuatoriano. Para más información entra en este enlace.