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Las comunidades de Intag han vuelto a derrotar a la minería. La Corte Provincial de Imbabura aceptó el pasado 29 de marzo la acción de protección interpuesta por los pobladores de esta región del norte de Ecuador, una de las más ricas del Planeta en recursos biológicos y ambientales, en contra del proyecto minero Llurimagua operado por la minera chilena CODELCO y la estatal ecuatoriana ENAMI.

La sentencia emitida por la corte, según la información del Frente Nacional Antiminero, anula la licencia ambiental otorgada hace ya casi 10 años a la empresa estatal minera, por considerarse vulnerados los derechos a la consulta previa ambiental y los derechos de la naturaleza en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con la decisión de la corte provincial, ya son 6 las empresas mineras transnacionales que han debido abandonar la zona de Intag. Desde 1997, cuando la japonesa Bishimetals, subsidiaria del gigante Mitsubishi, fuera expulsada, otras 5 empresas, incluyendo ahora CODELCO, han tenido que retirarse de una zona donde su población, de manera firme, organizada y pacífica, se ha enfrentado a los proyectos mineros que amenazan la naturaleza y las comunidades.

Intag se encuentra en la región del Chocó y los Andes Tropicales, las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y es cuna de 21 ríos primigenios, más de 80 mil hectáreas de bosques, una importante producción agrícola y una rica cultura campesina. Esta sentencia, junto con la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, enfoque pionero en el mundo, ante la depredación que sufren nuestros pueblos en manos del capitalismo.

El extractivismo es la explotación masiva e intensiva de la naturaleza para su exportación como materia prima a un precio muy bajo que no compensa el coste medioambiental asociado y que perjudica y amenaza la forma de vida de las comunidades y las personas que viven y cuidan de sus pueblos. A diferencia de la minería artesanal, la megaminería requiere inversiones muy elevadas y tiene impactos nocivos sobre el entorno natural y social de los territorios: acapara millones de hectáreas, contamina ríos, mares y lagunas, produce millones de desechos sólidos y líquidos y genera ganancias de millones de dólares para las empresas transnacionales.