EU-LAT Network, red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, observa con mucha preocupación el retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y su consecuente aceleración del ya reducido espacio para la sociedad civil. América Latina sigue ostentando los índices más altos de violencia contra personas defensoras -el 75% de los ataques en el mundo

Por ello hacemos un llamado  a la Unión Europea a:

1) mantener su  papel como observador internacional en derechos humanos, crucial en estos momentos,

2)  incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y

3) aumentar los fondos de cooperación con la región.

En Colombia, las protestas de la ciudadanía ante la reforma tributaria ha sido reprimida violentamente, desatando un caos sin precedente y el debilitamiento de las instituciones democráticas. De acuerdo con la defensoría del pueblo, organizaciones internacionales de DDHH y medios, el trágico saldo a 7 de mayo es de 31 personas muertas en hechos que involucran abuso de la fuerza y armas de fuego contra civiles. Así mismo, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de 272 excombatientes en lo que pareciera ser una eliminación sistemática de los firmantes de la paz. Las negativas del gobierno colombiano a establecer un diálogo incluyente, y atender de forma efectiva las necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes, líderes y defensores de derechos humanos, hacen que hoy veamos una crisis acumulada y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta año.

A su vez, queremos llamar la atención sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región centroamericana, en particular en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, poniendo en peligro también la independencia judicial. Por ejemplo, en El Salvador, el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho.

Queremos mencionar específicamente Nicaragua, país que arrastra una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde 2018. En Marzo de este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4, condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas” ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis.

En este contexto, nos preocupa las reciente reforma electoral reciente, que amenaza con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, lo que negaría la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que ya vive Nicaragua y mantendría en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.

Sin olvidar que en México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos públicos contribuyen a una polarización social y a una fuerte estigmatización de la sociedad civil mexicana. Han provocado también ataques masivos en redes sociales contra las organizaciones señaladas y preocupa que funcionarios públicos de menor nivel repliquen estas prácticas e incluso escalen a ataques más graves contra la integridad física y psicológica de las personas defensoras. Al mismo tiempo, la militarización de la seguridad pública continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

Toda esta situación ha sido agravada por la actual pandemia, que ha acelerado las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a las vacunas. El virus no nos afecta a todos los colectivos por igual. Ha quedado en evidencia la falta de políticas públicas de calidad, como en el área sanitaria, y la necesidad de contar con un sistema de protección social universal. Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta fundamental para la salida de la crisis.

Sin embargo, según la Organización de Estados Americanos, el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a vacunas en 2021. Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas.” Para ello, “los regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas”5.

Las desigualdades y los impactos diferenciados se han exacerbado especialmente sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. “Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con puestos de salud”6. La formalización del trabajo informal debe ser una prioridad para el continente, dado los beneficios que pueden aportar en la reducción de la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas fundamentales de la OIT)

En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues estas actividades son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. El Perú,  está actualmente considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida. Esta situación se ve agravada por la crisis política que se mantiene a pesar de la primera ronda de elecciones, donde la agenda de derechos humanos supone un reto en la posible composición del poder legislativo La ratificación del Acuerdo de Escazú por los países de América Latina es fundamental. A su vez, recordamos la importancia del actual proceso legislativo europeo para una Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, y hacemos un llamado a la UE para que la nueva ley sea lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y para reparar a las víctimas.

El papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial en estos momentos. Es necesario adaptarse a la situación y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías

Comunicado de EU-LAT Network de la que Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte forma parte

1 Temblores &Indepaz, organizaciones de sociedad civil, reportan 47 muertes a Fuentes de sociedad civil indican a fecha 10 de Mayo.

(3) FIDH, El Salvador: Ad portas del autoritarismo, el Estado de Derecho y la independencia judicial en peligro, 05/2

(4) Ver Resolució de Consell de Drets humans a Nicaragua

(5) Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf 

(6) Fuente: Informe Oxfam 2020, «Evitar el etnocidio».