Este año 2020, la pandemia de la Covid-19 ha azotado nuestra sociedad y nuestras vidas. Esta crisis sanitaria y social sin precedentes ha golpeado especialmente la vida de muchas mujeres, que además de la precariedad y la desigualdad, han sufrido los maltratos cotidianos y las agresiones sexuales que el terrorismo machista ha multiplicado con el confinamiento.
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sumamos al clamor feminista internacional de las concentraciones, acciones y manifestaciones, por una vida libre de violencias machistas en cualquier parte del mundo. La visibilización de la rebeldía feminista en las calles, reivindicando un cambio social en las políticas públicas, es en estos momentos fundamental para erradicar las violencias machistas, junto con el compromiso y corresponsabilidad de toda la sociedad.
✊🏽 EXIGIMOS cambios estructurales claves para la prevención, la atención, la recuperación y la eliminación de todo tipo de violencias machistas.
✊🏽 EXIGIMOS incorporar en el currículum de todas las etapas educativas la educación afectiva-sexual como forma de abordaje de las violencias machistas.
✊🏽 EXIGIMOS políticas públicas que pongan la vida y los cuidados en el centro, luchando contra la violencia que suponen la pobreza y la exclusión social, con una asignación presupuestaria que garantice una vida digna para las mujeres.
✊🏽 EXIGIMOS la derogación de la Ley de Extranjería, que ejerce violencia sobre las mujeres migradas y subordina sus vidas al patriarcado, así como el cierre definitivo de los CIES.
✊🏽 EXIGIMOS la regularización de las personas migrantes, en especial de las mujeres migradas, como única vía para revertir los procesos de violencias machistas.
#JuntasSomosMásFuertes
⭐ SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS
⭐ QUEREMOS CAMINAR TRANQUILAS DE NOCHE Y DE DÍA
⭐ NUESTRA COMPLICIDAD, LA MEJOR ESTRATEGIA: FEMINISMO INTERNACIONALISTA
⭐ NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA
⭐ FUERA LA VIOLENCIA MACHISTA DE NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS
Damos difusión al video publicado por la Red EU-LAT, donde se ponen de relieve las violencias contra las mujeres, el feminicidio y la criminalización de las defensoras como problema global en Europa y América Latina, y se alienta a que su erradicación sea incluida como prioridad dentro de la cooperación bilateral y regional, las relaciones económicas y el diálogo político. Así mismo, insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género en el marco de la crisis sanitaria, combatiendo el impacto diferenciado de la crisis por la Covid-19: https://www.youtube.com/watch?v=Pwnyq1Ai35E
Desde Entrepueblos, expresamos nuestra gran preocupación por la crisis política y social que se vive en Perú, suscribimos los comunicados emitidos por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional COEECI y la Plataforma Europa Perú PEP, Red EU-LAT y CIDSE, y expresamos nuestra profunda indignación por la represión ejercida en las marchas ciudadanas en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, haciendo un uso de la fuerza desmedida por parte de la Policía Nacional, que a fecha de hoy ya se ha cobrado 2 muertos, 112 heridos y 7 desaparecidos.
Hoy, justo hace una semana, el hasta entonces presidente del gobierno, Martín Vizcarra, fue destituido de su cargo, por elección del Congreso de Perú, tras dos años y ocho meses en el cargo. La moción de censura alentada por el Congreso de la República bajo alegato de “incapacidad moral permanente”, se basa en el argumento de la lucha contra la corrupción, a pesar de que algunos de los principales impulsores de la vacancia se encuentran investigados por casos de corrupción y otros delitos.
Este duro varapalo a la política peruana, ha desatado una grave crisis que se suma a la pandemia por la COVID-19, y desencadenado movilizaciones por todo el país que reclaman elecciones para una nueva Constitución y una regeneración total del sistema político corrupto, una ola de protestas a favor de la democracia y en contra de la arbitrariedad del gobierno, que ya se ha saldado con 112 heridos, 7 desaparecidos y 2 muertos, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, a manos de la Policía Nacional, a pesar de que el derecho fundamental a la protesta fue recientemente reconocido por el Tribunal Constitucional peruano.
Exigimos por tanto a las autoridades que cumplan con su deber y lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos relacionados con las muertes, a fin de identificar a los responsables y aplicar las sanciones pertinentes, así como el cese de la violencia contra lxs manifestantes, y el regreso de las personas desaparecidas por las Fuerzas de “Seguridad” de Perú.
Asimismo, nos sumamos al llamado de las organizaciones COEECI y PEP, para que las autoridades velen por la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución pacífica que garantice el estado de derecho.
Del mismo modo suscribimos todos y cada uno de los puntos expresados en la carta emitida también por la Plataforma Europa Perú, en este caso junto con EU-LAT y CIDSE, dirigida esta vez a la Unión Europea y al conjunto de sus estados, a quienes instan a expresar su disconformidad con la violación de los DDHH por parte del Estado peruano, usar todos los canales existentes para que las diferentes instituciones del país garanticen el orden constitucional, una exhaustiva investigación de todos los acontecimientos, y vigilar que el proceso en torno a las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021, sea transparente y acorde con los estándares internacionales.
Llamada a la solidaridad pueblo a pueblo ante la catástrofe climática en Centroamérica ¡Justicia climática!
Este año 2020 no solamente pasará a la historia por la pandemia del COVID-19. Además, a estas horas ya ha batido el récord de huracanes en el Océano Atlántico y Caribe. Una vez agotado el alfabeto latino seguimos avanzando en la octava letra del alfabeto griego, sumando un total de 29, y todavía no hemos terminado.
No nos cansaremos de repetir que la emergencia climática no es un fenómeno del futuro, sino que millones de personas sufren ya sus consecuencias de forma dramática, como está sucediendo ahora en Centroamérica con la devastación del huracán número 28: el Eta.
Será porque la opinión publicada quedó absorta con las elecciones en los EE.UU., será porque hay regiones del globo mediáticamente desechables y una de ellas es Centroamérica, nos da la impresión de que el mundo no se ha enterado de la enorme magnitud de la catástrofe humanitaria que ha supuesto en estos días el paso de este huracán por la región, solamente comparable al impacto del Mitch, que la asoló en 1998.
La emergencia climática acentúa la frecuencia y la violencia de los fenómenos como las largas épocas de sequía, que sufría hasta hace poco Centroamérica, a la que siguen huracanes como el Eta. Los huracanes, a su vez encuentran territorios y poblaciones extremadamente vulnerables, debido a la gran deforestación por la tala de áreas boscosas y selváticas, el avance de los monocultivos, la erosión de los suelos y el acaparamiento de ríos por parte de las grandes empresas, que provocan la erosión y saturación de los suelos y en consecuencia derrumbes como los que en estos días se producen en diferentes puntos, enterrando gran cantidad de viviendas, comunidades, infraestructuras y cultivos.
Pero aún hay otro factor grave de vulnerabilidad: los estados fallidos, cooptados por la corrupción institucionalizada, la ausencia de políticas y servicios públicos.
Según análisis muy preliminares se habla de más de 3.000.000 de personas afectadas en sus viviendas y formas de vida. En cuanto al número de personas fallecidas, nadie se atreve a aventurar aún una aproximación, dado que las fuentes gubernamentales siguen sumidas en el silencio al respecto. Hay centenares de comunidades a las que aún no se ha podido llegar.
Entrepueblos no es una organización especializada en ayuda de emergencia y no acostumbramos a hacer este tipo de convocatorias, pero, ante los llamados que nos llegan de organizaciones sociales y populares aliadas, y ante la plena confianza de que nuestro apoyo llegará directamente para los objetivos y para las comunidades que lo requieren, os convocamos a un gesto solidario en un doble sentido:
– A difundir la gravedad de la situación climática, causada por la suma de vulnerabilidades en Centroamérica, para lograr que los medios de comunicación y las instituciones se hagan cargo de la misma y respondan con la agilidad y los medios que se requieren. El bajo tono de la información mediática es un factor más que desincentiva esta necesaria reacción. Especialmente, nos dirigimos a sumar fuerzas en este sentido a las organizaciones de cooperación y a las coordinadoras, a concertar acciones y hacer la urgente incidencia hacia las instituciones públicas para una ayuda humanitaria de calidad, que no alimente los circuitos de la corrupción política y económica.
– A que las personas y entidades que tengan capacidad de hacerlo, contribuyan con donaciones a alimentar la cadena de solidaridad “pueblo a pueblo”, con las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, grupos de mujeres, etc., a través de las organizaciones populares y los movimientos sociales de Guatemala y Honduras. Porque en este contexto es más cierta que nunca la afirmación de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Para ello ponemos a vuestra disposición la cuenta:
Triodos Bank ES05 1491 0001 21 3000079938
Guatemala es un país con 17 millones de habitantes, de los cuales más del 50% viven en situación de pobreza, porcentaje que supera el 80% en el caso de la población indígena. A una situación de extrema exclusión y violencia estructural contra las comunidades campesinas indígenas, sumidas en una situación sin precedentes debido a los efectos de la pandemia, se suman ahora los efectos del Huracán Eta, que ha dejado incuantificables daños y pérdidas (humanas y materiales) en toda la región norte del país.
Las comunidades reportan que las pérdidas son totales (viviendas, ropa, utensilios de primera necesidad, ganado, la producción tanto almacenada como recién sembrada, etc.), lo que deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Grandes áreas se encuentran sin suministro de agua potable y electricidad. Un gran número de familias y comunidades han tenido que abandonar sus hogares y están temporalmente reubicadas en albergues provisionales totalmente precarios y en otros casos sin posibilidad de refugio. Otras comunidades siguen aisladas, sin posibilidad de acceso terrestre y sin suministro de servicios básicos, situación que nos preocupa gravemente.
Ante un estado totalmente ausente y un sistema de salud precario y desabastecido incapaz de atender a la población, la solidaridad de los pueblos y la organización comunitaria es fundamental. Desde Entrepueblos hace años que venimos acompañando el trabajo de las organizaciones amigas, como el Colectivo MadreSelva o el Comité de Unidad Campesina. Ambas tienen una amplia trayectoria de trabajo comunitario apoyando a las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus derechos, del territorio y el cuidado de los bienes naturales. En conjunto, hace años trabajamos con las comunidades de Alta Verapaz, hoy las principales afectadas por los efectos del huracán. Desde ambas organizaciones hacen un llamado a la solidaridad para poder acompañar a las comunidades y contribuir para dotar a las familias de atención de emergencia de primera necesidad priorizando el apoyo para reubicar a las familias en albergues y/o espacios seguros, adquisición de alimentos, medicinas, kits de higiene, alimentación y ropa. Se solicita apoyo para atender concretamente a las comunidades del Valle del Polochic y de Cahabón en el departamento de Alta Verapaz, en las que cientos de compañeros, compañeras, ya gravemente afectadas por los desalojos ilegales, la criminalización y las agresiones por parte de las grandes empresas, el estado y los sectores militares, han perdido no solo sus hogares sino también sus medios de vida. Honduras un país con aproximadamente 11 millones de habitantes, donde más del 60% de su población está bajo la línea de pobreza. Durante el año 1998 se calcula que hubieron cerca de 9 mil muertes a causa del huracán Mitch, dejando al país en extrema vulnerabilidad. 22 años después y con consecuencias visibles por los efectos del cambio climático en Honduras, la llegada del huracán Eta, posteriormente convertido en tormenta tropical está provocando daños incuantificables, siendo la zona norte del país la más afectada por ese fenómeno natural que ya reporta cientos de personas desaparecidas, pérdida de vidas humanas y miles de familias que han perdido sus casas y bienes personales y muchas comunidades y ciudades enteras están incomunicadas por la destrucción de puentes y carreteras. Sumado a todo ese panorama desolador, está la situación de emergencia por la COVID-19, lo que agrava aún más la situación del país, debido a los múltiples contactos entre personas, las dificultades logísticas en los centros de acopio y refugios para las víctimas, así como el colapso de los hospitales y centros de salud, la falta de insumos y bienes de primera necesidad, así como insumos de bioseguridad. Además, los efectos posteriores aún son incuantificables: pérdida de siembras, negocios y medios de subsistencia de comunidades enteras.
Ante todo este panorama, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) nos urgen a convocar la solidaridad y la asistencia internacional para el pueblo hondureño, para aportar recursos y que estos lleguen directamente a las personas afectadas por la tormenta.
El COPINH es una organización social y política, de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas lencas y de Honduras.
OFRANEH es una organización garífuna (población afrodescendiente) de base comunitaria con más de 40 años de trabajo y con reconocido prestigio nacional e internacional y altos niveles de transparencia en el manejo de fondos.
El MADJ es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente
Los fondos serán utilizados para labores de rescate, compra y donación de alimentos, ropa y productos de primera necesidad, así como medicamentos e insumos de bioseguridad.
¿Cuáles son los impactos económicos, ambientales y de género del tratado comercial UE-Mercosur?
Para resolver estas incógnitas, Entrepueblos, junto con la Articulación Feminista Marcosur y con el apoyo de la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, ha organizado, dentro del marco de las jornadas internacionales Diálogos Feministas y Ecologistas, un debate virtual en formato webinar: El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado.
En este debate virtual internacional tendrás la oportunidad de descubrir todas las claves, coyunturas y dinámicas del acuerdo comercial UE-Mercosur a través de las voces de nuestras ponentes, mujeres del Sur y Norte Global:
Natalia Quiroga Díaz, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Economía Social y Solidaria (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina). Investigadora docente y coordinadora académica de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía Feminista Emancipatoria”. Asesora del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina).
Nidia Rincón Velásquez, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA, Universidad Nacional de Colombia). Experta en el desarrollo de investigaciones en el campo de la energía y medio ambiente. Tiene más de 15 años de experiencia en la negociación de gas natural, análisis regulatorio y políticas en el sector energético.
Ambas son autoras del estudio «Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea. Impactos económicos, ambientales y de género», que evidencia la importancia del enfoque de la economía feminista para comprender que toda política económica tiene un impacto diferencial sobre las mujeres. Una perspectiva que ha permitido poner en el centro del análisis la reproducción de la vida humana y no humana. Puedes descargarte la publicación en este link: https://www.mujeresdelsur-afm.org/publicacion-acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-impactos-economicos-ambientales-genero/
Rosa Ortiz: colaboradora de la Campanya Catalunya No als TCI, investigadora y autora del estudio «¿A quién benefician los tratados de comercio e inversión? Un análisis con perspectiva feminista», dónde se explica las consecuencias negativas de las políticas económicas de los tratados para las mujeres y cómo impactan en sus vidas cotidianas: las privatizaciones de bienes del Estado, la reducción del gasto público y la precarización de las condiciones laborales, constatando que los trabajos reproductivos no remunerados continúan recayendo sobre todo en las mujeres. El estudio está disponible en catalán en el siguiente enlace: https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2018/12/Llibre-Estudi-TCI-Dones_web_ok.pdf
Bettina Müller: es parte de la organización alemana PowerShift, y co-coordinadora de la Campaña Europea contra el Acuerdo UE-Mercosur. PowerShift editó y co-organizó el informe “El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: Estudio integral de sus cláusulas y efectos”, dirigido por Luciana Ghiotto y Javier Echaide. Este informe, publicado en español en diciembre de 2019, concluye que este Acuerdo solo contribuirá a “importar mayores emisiones, deforestación, contaminación del suelo y abusos de los derechos humanos”, mientras se pone en peligro los medios de vida de los agricultores locales y el medio ambiente. Puedes acceder al PDF del mismo en el siguiente link: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Mercosur_UE_2020.pdf .
Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte inaugura la exposición «Activistas por la vida» del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos y sociales en Guatemala y Honduras, se podrá visitar en Arts Santa Mónica (La Rambla, 7. Barcelona) del 4 de noviembre al 14 de marzo de 2021.
A través de fotografías, texto y vídeo-entrevistas, «Activistas por la vida» recoge la historia de 40 hombres y mujeres que, a pesar de estar amenazadas de muerte, luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus tierras y sus ríos-, por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Y es que esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, grandes empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas -sobre todo minería, hidroeléctricas y monocultivos- de Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo, para venderlas en el mercado mundial.
Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de su ciudadanía. Esta situación, unida a la persecución y las constantes amenazas de muerte, al elevado índice de violencia y de la corrupción policial, política y jurídica, hace que miles de familias hayan tenido que huir. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan ante estos poderosos intereses, y consiguen proteger sus tierras.
«Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal lleno de sicarios que matan sin pensarlo dos veces», explica Sánchez. Unas palabras que cobran más valor e importancia venidas de una persona que ha retratado los conflictos bélicos más duros de las últimas décadas, más allá de Latinoamérica (la Guerra de Golfo, la Guerra de Bosnia y demás conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia, así como varios conflictos en África y Asia), que además cuenta en su haber con el premio Nacional de Fotografía en 2009, y con más de una docena de libros publicados.
«La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus comunidades, personas que luchan como defensores de la tierra, contra las grandes empresas extractivista, que luchan por la naturaleza y riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que pasa en Guatemala y Honduras», señala Sánchez, que trabajó cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición que ahora ve la luz.
La muestra cuenta con un Área Virtual con material pedagógico para alumnos de secundaria creada por Entrepueblos en colaboración con expertos en el campo de la docencia de la Universidad de Barcelona y con expertos en defensores y defensoras de Latinoamérica. El material didáctico, que estará disponible a través de la web de Entrepueblos a finales de año, será totalmente gratuito.
Además, la editorial Blume ha publicado «Activistas por la vida», una doble edición en castellano y catalán de 148 páginas, que recoge todos los testigos de la exposición. El libro ya está disponible en todas las librerías.
«Activistas por la vida», una iniciativa de Entrepueblos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, viajará a 2021 en Vilafranca del Penedès, Tarragona y Valencia, y en 2022 lo hará por el resto del Estado español.
#28S (2020): ¡Grito y Acción Global por el derecho a decidir!
Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ni muertas, ni presas, ni clandestinas, ¡nos queremos vivas y libres!
Por eso, un año más, desde Entrepueblos nos sumamos este 28 de septiembre al Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Una fecha que posibilita las confluencias y las sinergias de organizaciones de mujeres y movimientos feministas para reivindicar el acceso al aborto legal y seguro como un derecho, una causa pendiente en la mitad del planeta. En ese año, 67 países permitieron el aborto a petición de la mujer. No obstante, la interrupción del embarazo continúa estando totalmente prohibida en 26 países del mundo.
De modo paralelo a la pandemia global de la COVID-19 y a la consecuente crisis económica que ha provocado, estamos siendo testigos de los impactos específicos que gradualmente se están ocasionando sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. Las ya existentes barreras de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva se están multiplicando, y los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados y/o han visto reducida su actividad, en la mayoría de los países.
Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas, es lo justo.
Como cada año en esta fecha, queremos recordar que en la mayoría de los países de África y América Latina, el aborto está totalmente prohibido. En algunos de Asia está severamente restringido, e incluso cuando es legal, las mujeres tienen que sufrir costes elevados y la inaccesibilidad de la atención adecuada al aborto. En Europa y EEUU, nos enfrentamos cada vez más a feroces ataques de grupos fundamentalistas que desean reducir la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, imponiendo restricciones legales y financieras que obstaculizan aún más el acceso al aborto.
En el Estado español, estamos viendo renovados intentos por defender barreras tales como los períodos de espera obligatorios, los requisitos de consentimiento de los tutores, las desigualdades territoriales, la estigmatización de la intervención y las profesionales, la objeción de conciencia y los servicios limitados en las zonas rurales y remotas. A pesar de que se considere un tema “medianamente superado”, la situación es particularmente grave para aquellas mujeres migradas que desean abortar, pues se vulnera o se niega su derecho a la atención sanitaria universal que en muchos casos queda a libre interpretación.
Este 28 de septiembre nos sentimos comprometidas con las ACCIONESQUE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS, en formas muy diversas, impulsan en todo el planeta:
Aborto libre, gratuito, accesible y seguro para todas las mujeres, sin excepciones.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, gratuito, accesible y seguro para no morir, al alcance de todas las mujeres y cuerpos gestantes, sin excepciones.
No necesitamos plazos, supuestos ni tutelas, sino apoyo y acompañamiento!
No toleraremos ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos.
Nuestro especial apoyo a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, que impulsarán el primer Festival Virtual por el Aborto Libre en América Latina y el Caribe, “que busca intensificar la llama de la alegría que habita la lucha feminista y organizar la rabia(…)”. Del 28 de septiembre al 2 de octubre,se podrá talleriar, cantar, escribir, leer, ver cine, pintar, conocer a otras y seguir conversando sobre el lugar político del aborto en las acciones de los movimientos feministas.
“No deseamos que ninguna mujer tenga que verse obligada a continuar con un embarazo no deseado ni a poner en riesgo su salud, su vida o su libertad. Queremos una sociedad que enseñe a los hombres a no violar y a las mujeres a ser dueñas de sus cuerpos y decisiones. La maternidad debe ser voluntaria, gozosa y elegida. Ese es nuestro derecho a decidir”.
En El Salvador, “Las mujeres que están encarceladas injustamente deben ser liberadas ante la pandemia por COVID-19”.Destaca el caso de Cindy Erazo, que tras dar a luz a un bebé muerto, fue condenada en 2014 por homicidio agravado. Ante esta medida, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, pidió la libertad condicional anticipada, que felizmente fue aprobada, aunque aún se sigue luchando por la libertad total de la joven. Como ella, aún quedan 18 mujeres encarceladas en El Salvador como consecuencia de sus leyes antiaborto, consideradas entre las más estrictas del mundo.
En Perú, se ha vuelto fundamental el implementar una educación sexual integral para que las mujeres en su diversidad puedan iniciar su vida sexual con consentimiento y sin riesgo de ETS (enfermedades de transmisión sexual) ni embarazos indeseados. #EducaciónSexualIntegral para#VivirSinMiedo, es una campaña iniciada por DEMUS y Asociación Kallpaen los momentos más críticos de la pandemia, que a través de las etiquetas #DecidirSinCulpa y #PrevenciónDelEmbarazoAdolescenteNoDeseado, defienden que “nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. La decisión es solo tuya ¡Sin mi consentimiento es violencia!”
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), reivindican el derecho de las defensoras a interceder y acompañar a otras mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Exigen al Gobierno de México, a los gobiernos de las entidades federativas y municipales garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Por su parte, desde laArticulación Feminista Marcosur(AFM), que coordina organizaciones feministas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay, dan a conocer el sistemadealertasregional.org sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas en este municipio a 4.000 metros de altura y con una mina explotada por la compañía anglosuiza Glencore.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie se “volteó” a ver que estaba pasando en esta ciudad a casi 4.000 metros de altura en la región del Cusco en el Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.
Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que escucho de fondo que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.
Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.
Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore
El paisaje, los orígenes
Espinar es una ciudad joven, con poco más de 100 años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías, no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore, y sus trabajadores.
Pero Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura K´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación Kána. En un país donde los derechos colectivos solo son parcial y muy deficitariamente reconocidos a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios por el Estado, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros
Los impactos en las vidas y territorios
En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme, una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore, y la minera Antapaccay, cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona: paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.
En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligado a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, allí donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.
José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la Empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.
A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT
Las que ponen el cuerpo
Melchora Surco nos cuenta su historia, al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor, y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), vivía a 200 metros de la relavera de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora, es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siente años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad. Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto de la actividad minera es el último clavo al que se aferra la empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”.
A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay que el 2016 realizó ventas anuales por 878.666,942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema, que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Adicionalmente a esto, sólo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación a la empresa, en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo, y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.
Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación (…)”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.
Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino, nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y física y psicológicamente agredidas; también en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras, fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar, se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.
Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares, que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba (…) Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.”
Los policías se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, y un medio de comunicación publicó que el 22 de julio rociaron con gasolina a activistas, además de reducirles con balas al aire y golpes
En un país asolado por más de 20 años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuum de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad, sigue siendo, lamentablemente, una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanos/as “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.
Estado maltratador y ausente
El pasado 3 de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso, aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú””. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de estos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social, se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el COVID19 es solo la punta del iceberg.
A este respecto, Roció Silva, congresistas por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: Yo esperaba que Ud, Premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se ha prioriza la reactivación económica y caminando hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El Presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante.
El premier, duró 20 días en el cargo, en redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.
Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de resolución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y dialogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de 1000 soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del COVID19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.
Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas “el sol no se puede tapar con un dedo” y resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica que, a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de dialogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos, lamentablemente, irreversibles.
La posibilidad
Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú, no es un país minero, Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía que llega a ocupar el 60% del territorio nacional, el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos, y 55 culturas originarias, entre tantos otros.
Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura K´ana, se convierte entonces en las raíces sobre las que soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.
Fue viernes y 13 el día que se reportó en Guatemala el primer caso de COVID-19. Ese segundo fin de semana de marzo y primero después de la noticia, la dinámica transcurrió con normalidad, la gente se dio, sin dimensionarlo, los últimos besos y abrazos de saludo y despedida, los comercios funcionaron como cualquier otro sábado o domingo, y la gente pues salió a la calle, probablemente sin considerar lo qué estaba por venir.
El 15 en la noche se conoció el fallecimiento de la primera persona por coronavirus en el país, un hombre de más de 80 años, y el presidente Alejandro Giammattei, anunció una serie de medidas de contención que, como en el resto del mundo, han tenido un impacto irreversible en la vida de las personas y en la economía del país. Esa semana se cancelaron todas las actividades educativas, religiosas, labores no esenciales y el transporte público. Siete días después se impuso un toque de queda con el cual quedó prohibida la circulación de personas y vehículos durante 12 horas diariamente.
Desde entonces el miedo cobró otra dimensión, existe incertidumbre por no saber qué pasará más adelante, cientos de personas están en las calles buscando solidaridad porque cada vez, hay más estómagos vacíos en diferentes partes del país. Mucha gente perdió el trabajo o se vio obligada a aceptar un recorte salarial, un significativo número de pequeños negocios y comercios cerró; por las medidas decretadas el comercio informal en gran medida se paralizó y en el campo muchos de los productos no se pudieron transportar.
Al cierre de esta edición se reportan 2,512 casos en Guatemala, y según Edwin Asturias, médico y experto en epidemiología las últimas semanas de mayo y primera de junio el virus estará en su pico más alto; alarmante situación en un país donde existen 45 hospitales y 8,453 camas, según el Ministerio de Salud.
Un monstruo insaciable que no descansa
El sistema. Ese en realidad es el virus que envenena y contamina porque explota territorios y extrae sus bienes naturales. El despojo ha sido una constante en el país, por años los pueblos lo han denunciado y resisten frente a ese monstruo que no da tregua ni en época de pandemia.
Lesbia Villagrán es de San Rafael Las Flores, un municipio del departamento de Santa Rosa, en donde hace más de tres años comunidades organizadas y en resistencia decidieron instalar, las 24 horas, un plantón en la localidad de Casillas para impedir los trabajos de la empresa minera San Rafael S.A.
En el municipio, la población acata las normas de confinamiento pese a que conlleva días de hambre para muchas personas, “es lamentable la situación porque no se puede trabajar y muchos se ven obligados a pasar de casa en casa para pedir comida”, agrega Lesbia al mismo tiempo que denuncia como la empresa minera sigue funcionando. Por las medidas decretadas, “la resistencia que se está haciendo se levantó en Casillas porque no otorgaron el permiso para permanecer en el plantón y desde ese momento entran y salen los camiones de la empresa, nosotros mandamos a hacer vallas y las dejamos puestas, pero ese mismo día, a la hora del toque de queda, las quitaron. Para uno es penalizado estar en la calle, pero para los empresarios de aquí no ha habido cambio”, señala.
Ésta es una de las tantas las realidades de cara al COVID-19, que quedan fuera de las coberturas informativas. Durante más de dos meses los medios de comunicación y las redes sociales, están saturadas con información del número de contagios, de muertes, del impacto en la economía, del aumento en los índices de pobreza y de las carencias del sistema de salud. Es necesario dar cabida a las voces de quienes se enfrentan a ese monstruo insaciable que vende la idea de un desarrollo que pagan muy caro las mayorías y la naturaleza, porque contribuye a evidenciar que esta es una crisis global y social, ecológica y económica, producto de los impactos ambientales acumulados provocados al planeta. Muy poco se ha dicho de cómo la destrucción masiva de ecosistemas, la depredación y el saqueo de bienes naturales reduce los espacios para la vida silvestre y expone a los seres humanos a nuevas formas de contacto con microbios; de cómo la industrialización de la producción de alimentos animales es la principal fuente de contagio al provocar mutaciones de los virus que afectan a la especie humana.
Insistir en ello es fundamental para generar conciencia de la urgente necesidad de defender los bosques, el agua y la tierra, sobre todo en las áreas urbanas. María Caal, concejala de la Corporación Municipal de Cahabón y parte de la resistencia por la defensa de uno de los ríos más grandes del país, el río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, asegura que resguardar estos caudales de agua es vital para proteger la vida. La tarea nunca ha sido fácil pero, al igual que en San Rafael Las Flores, estos últimos meses se ha complicado aún más por la pandemia y por la orden gubernamental de permanecer en las casas. “Se han suspendido muchas actividades, la resistencia no ha parado porque seguimos firmes en la lucha por defender el agua, y hemos estado informando a las comunidades, pero ha sido más difícil todo”. De este municipio es también Bernardo Caal, líder q’eqchi’ sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por enfrentarse a las garras del monstruo, e impedir que los proyectos hidroeléctricos de la empresa Oxec S.A. acaben con el río Cahabón. “El proceso que iniciamos para su pronta liberación, con esta situación del coronavirus, se ha estancado, y mi hermano sigue estando preso injustamente y con el riesgo al contagio por la falta de medidas de salud que hay en la cárcel, pero nosotros seguimos luchando por él y por el río”, afirma María.
Guatemala cuenta con condiciones naturales favorables para disponer de agua suficiente, pero la realidad para la mayoría de la población es otra. Por ejemplo, sólo en el municipio de Guatemala de 250 mil hogares atendidos por la Empresa Municipal de Agua, 50 mil no cuentan con el servicio. Los datos cobran mayor relevancia de cara al COVID-19, sobre todo porque lavarse las manos, todas las veces posibles, resulta ser indispensable para enfrentar y salvarse de la enfermedad.
“Nosotros defendemos los ríos porque las empresas los están destruyendo, los desvían y los contaminan, y eso nos afecta a todos, con qué agua nos vamos a limpiar del virus si los ríos están secos” cuestiona María quien al igual que Lesbia coinciden al enfatizar que “no más se levante el toque de queda volvemos con más fuerza a la resistencia”. Su convicción es genuina, sobre porque han enfrentado firmemente, como cientos de mujeres y hombres en los diferentes territorios, a un sistema voraz que las persigue, criminaliza y violenta, y hoy a un virus que agudiza las condiciones de pobreza y hambre en las comunidades.
Fotografía Alianza por la Solidaridad
En San Rafael Las Flores, “es tremendo lo que se vive y se mira, la vida es dura, la canasta básica aumentó, la libra de tomate por ejemplo llegó a costar 9 quetzales -poco más de un euro- y la ayuda prometida por el gobierno no ha llegado”. Lesbia perdió el trabajo, los dueños de la casa a la que diariamente iba a cocinar y limpiar le dijeron que por seguridad ya no llegara, hace algunos meses se quedó sin el apoyo de su familia por estar en la resistencia, hay días que los ha pasado sin tener algo para comer, “pero yo sé que de esta salgo, y volveré al plantón a hacerle frente a la empresa”.
Los ingresos en la población se han reducido, la disminución de horas para la movilización de las personas ha impedido la generación de una entrada de dinero. De los apoyos prometidos por el gobierno, “no se ha visto nada aquí”, comenta María, y aunque reconoce que el virus ha afectado la economía de la población, “en las comunidades hacemos resistencia porque cortamos un poco de hierba y vamos a la milpa, es de esa tierra que tanto defendemos y por la que estamos dispuestos a dar la vida, que sacamos algo de comida. Aunque el gobierno y las empresas nos persigan, nosotros vamos a seguir luchando por los ríos, los bosques y la tierra porque es ahí donde está la vida y porque es lo único pienso yo, que nos hará más fuertes para enfrentar el virus”, concluye.
La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19
Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.
De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.
En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.
Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.
Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo. Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:
– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.
– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.
– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.
– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.
La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.
PEP EXPRESSES CONCERN FOR REPRESSION AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN ESPINAR, CUSCO, PERÚ
28 July 2020
The Perú Europe Platform (PEP) expresses concern for the recent events taking place in the province of Espinar, Cusco, as a result of protests by communities living near the Antapaccay mining project. These communities have been suffering from the negative effects of mining extraction in the area for almost 40 years, and are currently experiencing an exceptional crisis because of the Covid-19 pandemic.
On 15 July, community leaders from Espinar reportedly called for an indefinite strike due to the Anglo-swiss mining company Glencore’s refusal to provide a sum of 1,000 soles to each member of the population. They are in dire need of economic assistance as a result of the pandemic. The population is entitled to this amount as part of the commitments Glencore made under the Convenio Marco, a framework agreement signed in 2003 by the mine (at that time owned by BHP Billiton) and the communities in the province of Espinar.
According to information received, the police and military forces have used tear gas and pellets to stop the protests, which led to pastures and a fire station being set on fire in the Camaccmayo area. On 24 July, there were also reports of confrontations between the police and a group of young people in the district of Yauri. The troops used buckshot, firearms and tear gas, injuring five protesters who were taken to the hospital in Espinar. Two of them were 17 and 16 years old respectively. Doctor Gloria Cárdenas Alarcón, who works at the hospital, reported that three of the protesters suffered injuries caused by firearms. She also stated that she has been judicially harassed for denouncing the events; according to reports, she has been called to the prosecutor’s office to testify and has been visited by the police at her place of work.
In this context, the situation of women human rights defenders is of particular concern. Mining activities in the area have had severe adverse effects on the communities living near the mine, who suffer the consequences of heavy metal contamination in their blood and also in the water that they consume and use for agriculture activities. Women in particular have suffered from the negative effects of mining, in terms of health, food, work and economic issues. Accordingly, women are the ones who have gone out to protest in large numbers and they are the ones who have been most affected by abuses by the police forces, with local and social media reports of physical assaults and sexual violence.
As institutions and networks that promote and defend human rights, we reject all acts of harassment and the criminalisation of social protests. On 6 July, the Constitutional Tribunal of Peru published an historical ruling recognising the right to protest as a fundamental principle and a right on its own merit. PEP warmly welcomes this ruling and calls on the Peruvian authorities to refrain from using the justice system for economic purposes, as this is currently the case against community leaders in Espinar: we have learned of investigative measures taken by the prosecutor’s office for crimes that have not been committed, without investigating the causes of the social protest and the demands of the people of Espinar. It should be
remembered that judicial investigations have been repeatedly used in Espinar and other parts of the country with the intention of preventing community leaders and others from defending their human rights.
We are also concerned about a recent campaign to stigmatise community leaders from Espinar and about the fact that the mining company has recently started a strong media campaign to promote “Reactivate Peru”. Rather than facilitating dialogue, this generates mistrust amidst the indefinite strike.
Peruvian human rights organisations Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción and the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, have called for dialogue through various channels and have asked the authorities to guarantee the protection of human rights for the people of Espinar. Likewise, PEP welcomes the efforts of the national government to reinitiate a dialogue through the formation of a high-level delegation formed to discuss fundamental issues for the people of Espinar. It is important to stress that there is a pending historical agenda that is yet to be resolved in Espinar, such as the revision and reformulation of a new framework agreement, to deal with the health and environmental issues caused by mining activities, and to remedy the lack of consultation so far for the Antapaccay mine and the Coroccohuayco mine that is due to commence operations. We therefore hope that this dialogue takes into account all pending issues and that it meets the requirements for a successful dialogue, including guarantees for a participatory and horizontal dialogue.
In the light of the above, and to comply with the recommendations of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders following his visit to Peru in January, we ask the Peruvian authorities:
– To stop all acts of criminalisation of social protest and harassment against human rights defenders and ensure that human rights violations committed by public forces are properly investigated, and to guarantee that the legitimate activities of human rights defenders are protected, including their constitutional right to protest.
– To create a special team of prosecutors in charge of promptly investigating all acts of physical and sexual violence against women human rights defenders that are carried out by security forces, including the police, the army, private security personnel or mine employees, within the context of carrying out stop and search activities to vehicles and all other measures adopted by the State in order to mitigate the protests.
– To strengthen their efforts to resolve the conflict in a peaceful manner, in a region where the right to health and life and the right to a clean and safe environment have been systematically violated by the Antapaccay mine, owned by Glencore.
– Finally, to ensure that the recent commitment to begin a dialogue between the government and the population takes place promptly and effectively, without further delay, as was the case last Monday, when the dialogue was cancelled at the last minute by national government authorities, which only serves to increase the local population’s lack of trust.
Plataforma Europa Perú / Plataforma Europa Perú
– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru – Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)
¡NO A LA PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE LOS LÍDERES GARÍFUNA!
¡APARICIÓN CON VIDA YA!
La comunidad Garífuna de Honduras, que vivimos fuera del país, reclamamos el cese de los actos de persecución que en los últimos años se han ido agudizando en nuestra contra. Exigimos explicaciones sobre las muertes y desapariciones de nuestros líderes y repudiamos las negociaciones gubernamentales relacionadas con nuestros territorios, que no respetan la Consulta Libre, Previa e Informada. Así mismo, demandamos que se esclarezcan los actos en contra de nuestro ecosistema y rechazamos la persecución y campaña de terror dirigida a toda la comunidad Garífuna.
El pasado 18 de julio se registraron las desapariciones de Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, miembros de la OFRANEH, y una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guervara Rosas, ha explicado que “de comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune”.
La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras asegura que hubo habitantes de la zona que detectaron la presencia de cuatro hombres sin identificar vertiendo sustancias químicas en una laguna de la zona la noche anterior. Señalan al Estado hondureño como responsable de un atentado contra la biodiversidad garífuna y “también contra la vida de las comunidades que escasean de alimentos y fuentes de agua en medio de la crisis humanitaria generada por la COVID-19”.
«Tenemos mucho miedo que este caso termine siendo como el de Berta Cáceres -dice Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en una entrevista a Radio Mundo Real-, en el sentido de presentar a presuntas personas que hayan podido participar en este hecho, y cerrar el caso rápidamente».
«No permitamos que pase lo mismo: que solo juzguen a presuntos autores materiales; queremos saber quién dio la orden para estos secuestros y desapariciones en una comunidad como Triunfo de la Cruz, que cuenta desde 2015 con medida cutelares de la CIDH y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
En Sambo Creek ha habido represión policial contra los manifestantes. Las autoridades han cargado con gas lacrimógeno. Por otro lado, las movilizaciones están siendo constantes en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.
