La verdad sobre el cambio climático

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Aunque con retraso, los medios de nuestro país se han acabado haciendo eco de uno de los fenómenos de los últimos meses: Greta Thunberg, la niña de 16 años que, con la sensibilidad especial del síndrome de Asperger -en este caso un valor- inició una lucha en solitario denunciando la inacción de los gobiernos y las élites mundiales frente al “cambio climático”.

El gesto de Greta es importante, porque es una propuesta clarividente para la nueva generación de cómo ubicarse en este mundo que se han encontrado. Pero, al mismo tiempo, también reúne todo lo que los medios comerciales fagocitan para crear iconos de consumo mediático. Por eso lo mejor que podríamos hacer para respetar la dignidad de Greta Thunberg es dejar de hablar tanto de ella. Porque, si Greta es el dedo que señala la luna, haríamos mal de quedarnos mirando el dedo.

Nace un nuevo movimiento

El pasado mes de noviembre la City de Londres veía como 5 puentes del Támesis quedaban bloqueados en una acción coordinada de más de 6.000 activistas de un nuevo movimiento: Extinction Rebellion. La acción terminó con 50 detenciones. Pocos meses después ya encontramos núcleos de Extinction Rebellion –aquí Rebelión o Extinción- por los cinco continentes.

Más o menos al mismo tiempo se constituía By 2020 We Rise UP (“En 2020 nos alzamos”), una coalición europea de movimientos y organizaciones ecologistas, algunos con larga trayectoria en la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y grandes infraestructuras, como Ende Gelände de Alemania u otros de Austria, Suiza, Francia, la República Checa, Polonia, Portugal y el Estado español. El principal objetivo es organizar una gran acción de desobediencia civil por la emergencia climática y ecológica el próximo año.

Y en las últimas semanas, inspirados en el gesto y el mensaje de Greta Thunberg, se han ido extendiendo rápidamente de instituto en instituto y de ciudad a ciudad a partir del centro de Europa por todo el continente los Fridays For Future movilizando decenas de miles de estudiantes.

No entraremos a analizar una por una estas nuevas iniciativas. Lo que nos interesa ahora es el mensaje común, que nos permite hablar de un nuevo movimiento. En realidad no es un mensaje nuevo, nada que no venga diciendo una parte de la comunidad científica y el ecologismo social desde hace décadas. Pero ahora el mensaje emerge con una nueva fuerza y ​​énfasis. Lo podemos resumir con un párrafo del manifiesto firmado por un centenar de científicos y científicas británicas el pasado octubre:

“La evidencia científica es clara, los hechos son irrefutables y para nosotros es intolerable que nuestros hijos y nietos tengan que sufrir las terribles consecuencias de un desastre sin precedentes que hemos creado nosotros mismos. […] Cuando un gobierno evade intencionadamente su responsabilidad de proteger a la ciudadanía contra cualquier daño y asegurar el futuro de las próximas generaciones, incumple su deber. El “contrato social” se ha roto y por eso no sólo es nuestro derecho, sino también nuestro deber moral eludir la inacción del gobierno y rebelarnos para defender la vida.

Es por ello que declaramos nuestro apoyo a Extinction Rebellion que comienza el día 31 de octubre de 2018. Apoyamos plenamente a las exigencias al gobierno para que explique la dura verdad a la ciudadanía. Reclamamos la creación de una Asamblea Ciudadana para que trabaje con la comunidad científica basándose en las evidencias existentes y de acuerdo con el principio de precaución para desarrollar urgentemente un plan viable para la descarbonización rápida y total de la economía”.

  • Un primer mensaje es, pues, que ya no podemos seguir hablando de cambio climático, sino de emergencia climática y ecológica. Porque el horizonte de eventos incontrolables e irreversibles, no es sólo muy grave, sino inminente. Por citar una de las proyecciones más reconocidas, la del IPCC, tenemos hasta el 2030 para reducir un 45% el nivel de las emisiones de 2010, y hasta el 2050 para detenerlas completamente, si se quiere tener posibilidades de limitar aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados, incremento que por sí mismo ya conllevará consecuencias graves. Y porque a todo ello hay que sumar también la gravedad y aceleración de la pérdida de biodiversidad y ecosistemas.
  • Por lo tanto es evidente que estos objetivos imprescindibles e improrrogables de reducción de emisiones conllevan una gigantesca transición energética, económica, social, tecnológica y cultural sin precedentes. Transformaciones que normalmente en la historia se han producido a través de generaciones, deben ser acometidas en un periodo muy corto de tiempo, con todas las implicaciones que ello conlleva.
  • En tercer lugar nos dicen que no podemos albergar ninguna esperanza en que los gobiernos y las élites mundiales encaren por sí mismas esta transición imprescindible mirando por el bien común, ni en milagros tecnológicos que permitan mantener la quimera del crecimiento productivo. Desde el Informe del Club de Roma de 1972 estas élites han sabido hacia dónde íbamos cada hora, de cada día, de cada año, en cada cuenta de resultados de estas casi 5 décadas. Dejar la gestión de esta crisis en sus manos equivale a prepararnos para el fascismo, es decir por gobiernos altamente autoritarios y un elevado grado de violencia estructural y física.

“Donde muere la esperanza, empieza la acción”

En todos los movimientos emergentes, la tendencia de pensarse como el inicio y el centro de todo es casi inevitable. Pero la historia está hecha sobre una estela de rebeliones, casi nunca victoriosas, pero casi nunca derrotadas por completo. El coraje que convocan estos nuevos movimientos no está reñido con la humildad de pensarse como parte de esta saga.

Sería muy poco “científico”, por ejemplo, un relato de la historia de la energía fósil y del extractivismo capitalista sin hablar de patriarcado o de colonialismo, no sólo como hechos históricos, sino como realidades que siguen operando hoy como a poderosas losas sobre los cambios necesarios. Porque el punto clave y el reto más complicado para la transición que urge no radica tanto en los cambios tecnológicos, como en los culturales, sociales y políticos.

Pero, a la vez, con todas las luces y sombras que le podamos encontrar, este nuevo movimiento lleva un mensaje que lo trasciende, un grito de la conciencia humana que ha llegado para quedarse. Porque, como tituló Naomi Klein, “esto lo cambia todo”.

Y es aquí donde hay que abordar la parte emocional del mensaje. Estamos hablando de una de las realidades más duras que puede asumir, individual y colectivamente, la conciencia humana: la amenaza cierta sobre el futuro de la humanidad en un horizonte temporal cercano. Y también de la necesidad de deshacerse de la seguridad y comodidad que de alguna manera tenemos, en que hay una élite que se encarga de organizarnos racionalmente el mundo, por muy críticas que seamos sobre su racionalidad.

El mundo, tal como lo hemos conocido, se acaba. Y el mundo que viene apunta de entrada un mal pronóstico. Sentir este duelo es importante en la medida que nos indica que hemos entendido bien la situación, pues a veces las verdades más enormes son las cuestan más de ver. Pero este ejercicio no tiene como objetivo el abatimiento, sino que es un paso para poder asumir en toda su dimensión el empoderamiento social necesario para rebelarnos organizadamente contra este mal pronóstico.

El logo de Extinction Rebellion, un reloj de arena, nos planta en la cara que el factor tiempo es clave. Que ya no estamos ante la “verdad incómoda” de que nos hablaba Al Gore a principios de siglo. Más allá de los debates sobre fechas y plazos exactos, más profético y mediático que científico, la cuestión es que estamos en el tiempo de descuento, en el tiempo de la verdad desnuda, sin adjetivos, donde las palabras y los hechos ya no pueden ir por diferentes caminos. El tiempo de poner en juego lo mejor que la humanidad ha cultivado para el bien común. Tiempo de convocar lo mejor de todas y todos. Porque, como dice uno de los lemas que se gritaban en los puentes de Londres el pasado noviembre, “donde muere la esperanza, empieza la acción”.

Àlex Guillamón (coordinador de Entrepueblos)

Fuente: elcritic.cat

XXXI Asamblea General de Entrepueblos. Zamora, 11 y 12 de mayo

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Lugar: Museo Etnográfico

Además de los habituales espacios para hacer balance de nuestra actividad en 2018, tendremos dos actividades de formación y debate:

  • Un nuevo momento para el feminismo, con Justa Montero, Asamblea Feminista de Madrid
  • Cambio climático o emergencia climática, con Carlos de Castro, profesor Física Aplicada Universidad de Valladolid

Y tres talleres:

  • Feminismos
  • Cambio Climático
  • Cuidados en nuestra organización

Y, como hemos hecho en los últimos años, habrá el espacio de la Peque-asamblea.

¡¡Reservarte la fecha!!

Entrepueblos con la huelga feminista 8M

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Aunque existen varias versiones sobre el origen del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, las primeras reivindicaciones de las que tenemos constancia surgen en torno a la lucha salarial de las mujeres, el trabajo digno y la lucha sindical, a finales del siglo XIX principios del XX, aunque fue a partir de la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, en 1910, celebrada en Copenhague, Dinamarca, donde Clara Zetkin, feminista y dirigente comunista alemana, propuso instituir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. En esta segunda conferencia se reiteró también el Sufragio Universal para todas las mujeres, y por esta época además se empiezan a reclamar en algunos países el derecho de las mujeres a estudios superiores.

Fue en 1975, Año Internacional de la Mujer, cuando las Naciones Unidas celebran por primera vez el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, institucionalizándolo.

Hoy, más de un siglo después de aquellas reivindicaciones, seguimos en esta lucha desigual, defendiendo nuestros derechos, por la igualdad de oportunidades, por el reconocimiento social, por la erradicación de todas las manifestaciones de violencias machistas, en prácticamente todos los ámbitos de la vida: familiar, educativo, laboral, institucional,… Seguimos luchando y resistiendo las opresiones impuestas por modelos sociales heteronormativos patriarcales, que nos afectan a todas las personas, y de forma muy particular a las mujeres, a las personas con identidades y expresiones de género diversas y a las minorías sociales. Opresiones que invisibilizan, entre otros, al trabajo reproductivo, la economía del cuidado, o a los derechos sexuales y reproductivos.

Vivimos en un mundo machista que nos oprime, que nos silencia, que nos mata. Queremos una vida libre de violencias.

Hacemos un llamado a nuestros compañeros los hombres, para que se sumen a nuestras reivindicaciones y asuman que luchar por los derechos humanos es luchar por los derechos de todas las personas, para que no haya unas personas con más “privilegios” que otras, para que no haya personas que vivan “supeditadas” a otras. Sabemos que estos cambios culturales son lentos, pues precisan avances hacia nuevos modelos de economía y pedagogía feminista popular, también desde la desobediencia y la insubordinación antisexista y antirracista.

Hoy nos llegan nuevas formas de opresión, las impuestas por el sistema capitalista hegemónico, que de forma “silenciada” nos avoca a una violencia sistémica por parte de las grandes multinacionales y las empresas extractivistas, fomentando la indiferencia y la tolerancia social ante el trabajo precario, la contaminación, el ecocidio y el feminicidio, que atentan a nuestros cuerpos-territorio, que provocan la expulsión de personas y comunidades de sus territorios de vida, que fuerza a las migraciones masivas o que impiden el derecho a migrar, que provocan comportamientos racistas y xenófobos.

En todo el planeta existen personas que son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender los derechos humanos, por defender sus territorios, sus pueblos originarios, comunidades, tierras, montañas, ríos, animales, plantas y hasta el aire que respiran. Defensoras de la vida, de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos y de la naturaleza, que se enfrentan a todo tipo de opresiones machistas desde el ámbito familiar, comunitario, organizacional, institucional y judicial por defender la vida, su vida, nuestra vida.

Un año más, este 8 de marzo, desde cada rincón del planeta reivindicaremos por la igualdad de derechos y oportunidades, alzando las voces con nuestras prioridades territoriales y nuestros procesos locales, unidas ante la lucha global y avanzando hacia un feminismo internacionalista con el que cuidarnos y hacer frente a la contraofensiva también global.

La nueva ola feminista que viene desde el Sur: irrupción, memoria y esperanza

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Ante la pasividad, desorientación e inmovilismo de las élites políticas tradicionales, eran las Mulheres Unidas Contra Bolsonaro quienes se ponían al frente de las manifestaciones y lideraban la defensa de los derechos humanos y las conquistas sociales. Conseguían, así, remecer a la sociedad brasileña y enviar un mensaje de advertencia al mundo entero frente al peligroso avance y fortalecimiento del neofascismo.

La imagen de las mujeres apoderándose de las calles también se había hecho visible meses antes en Argentina y Chile. Entre junio y agosto las redes sociales se inundaron de pañuelos verdes en apoyo a las mujeres argentinas que salieron a la calle para exigir su derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las manifestaciones de solidaridad, que se sucedieron en distintas ciudades del mundo, y el emotivo mensaje de apoyo de las milicianas de las Unidades de Autodefensas Femeninas Kurdas (YPJ) ponían de relieve, una vez más, la enorme capacidad de los feminismos del Sur para romper fronteras y construir alianzas internacionalistas frente al patriarcado.

La histórica vigilia que congregó a más de un millón de personas en las puertas del Congreso Argentino, mientras se debatía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue la expresión culmine de la fuerza de un movimiento que había ido en aumento con el paso del tiempo. Las feministas argentinas recuerdan que en 1986 cerca de 1.000 mujeres acudieron al primer Encuentro Nacional de Mujeres; mientras que el último, realizado en Trelew-Patagonia, congregó a más de 65.000. Sin duda, el movimiento feminista está en auge, pero tras él hay una genealogía de mujeres y décadas de luchas. Porque en Argentina, es imposible entender el poderío actual del activismo sin regresar a las grandes movilizaciones del año 2015, que tras la consigna “Ni Una Menos” exigían el fin de la violencia de género y los feminicidios; o sin recordar a ese grupo de madres que en 1977, en plena dictadura militar, se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y acudieron a la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos/as desaparecidos/as.

Un poco antes de las movilizaciones argentinas, en el mes de mayo, era la imagen de un grupo de mujeres chilenas danzando encapuchadas y con los pechos al descubierto la que daba la vuelta al mundo. Era la expresión más llamativa de una masiva manifestación callejera contra la violencia sexual y de decenas de acciones que mantenían paralizados centros educativos y facultades de diversas universidades del país. Las protestas habían comenzado en el mes de abril en la universidad Austral después de una denuncia de acoso sexual, que se sumaba a decenas de casos similares, en otras universidades, que permanecían en total impunidad. Y se agudizaron, tras la violación y asesinato de una niña de 2 años y la violación múltiple de una joven por parte de un grupo de hinchas de un popular equipo de fútbol, en un caso que se conoció como “la manada chilena”.

“Nos matan, nos violan y nadie hace nada” gritaban las chilenas en las calles, al mismo tiempo que en las asambleas estudiaban y debatían sobre feminismo. De esta manera, y en un hecho sin precedentes, el “mayo feminista” chileno lograba romper el cerco moral y el silencio cómplice de las élites conservadoras consiguiendo que la educación no sexista y la violencia sexual se convirtieran en el principal tema de debate mediático, político y académico durante semanas. Además, forzaban a las autoridades universitarias a dejar de encubrir la cultura de la violación obligándolas a comprometerse en la creación de protocolos para sancionar y prevenir el abuso sexual. Una vez más el importantísimo movimiento de estudiantes de Chile, el único actor social que había conseguido remecer las bases del modelo neoliberal chileno desde el retorno de la democracia, hacía tambalear los cimientos del país pero, esta vez, la transformación estaba liderada por mujeres con demandas claramente feministas y anticapitalistas, capaces de interpelar al conjunto de la sociedad. Sin embargo, la efervescencia de las luchas feministas no es lo único que tienen en común estos 3 países. Además de su herencia colonial Argentina, Brasil y Chile, el ABC de América latina, comparten estados desmantelados por las reformas neoliberales, enormes desigualdades en la distribución de los ingresos y una desgarradora historia de dictaduras militares. A lo que, últimamente, se suma el auge de influyentes fundamentalismos religiosos y poderosas campañas de desinformación y manipulación de la verdad al servicio de la extrema derecha. El panorama es desolador porque al igual que en Europa en los tres países existe una creciente incapacidad de las élites políticas y de los actores sociales tradicionales de canalizar la frustración de millones de personas frente a las consecuencias del capitalismo extractivista, interpretar sus demandas y construir alternativas capaces de disputar la hegemonía de los sectores conservadores, cada vez más autoritarios, intolerantes y peligrosos. En este complejo contexto muchas miradas se dirigen hacia el movimiento feminista reconociendo en él una fuerza capaz de disputar el relato hegemónico, tensionar el neoliberalismo, enfrentar el neofascismo y cambiar el escenario político de América latina. Efectivamente, las experiencias de Argentina, Brasil y Chile permiten vislumbrar la irrupción de una nueva y vigorosa ola feminista, nacida en el Sur y capaz de poner en evidencia las estrechas relaciones entre capitalismo, patriarcado y fascismo. Elementos constitutivos de las dictaduras cívico-militares que ya tuvieron que enfrentar las feministas de finales del siglo pasado. Porque esta nueva ola feminista es, también, continuidad de una historia de resistencia, desobediencia y luchas compartidas. Y es fruto del riguroso y arduo trabajo llevado a cabo por activistas y organizaciones feministas, en tiempos donde ser feminista era un estigma y no estaba en absoluto de moda. Quizá por ello, las jóvenes que hoy salen a la calle gritan que son hijas y nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar y reconocen, con el gesto político y simbólico de llevar un pañuelo, la memoria histórica feminista.

Las últimas movilizaciones han demostrado una gran capacidad para aglutinar, movilizar y politizar a mujeres y hombres. Se ha roto el silencio frente a las agresiones sexuales gracias a un modelo de acción colectiva exitoso, basado en alianzas transversales e inclusivas entre mujeres de diferentes edades, procedencias, orígenes y clases sociales. La fuerza conseguida es esperanzadora, pero uno de los grandes riesgos que enfrenta el movimiento es que este triunfo mainstream del feminismo y su éxito en redes sociales, termine por simplificar el mensaje y despolitizadar las demandas, transformándolas en objetos de consumo o consignas vacías alejadas de la raíz radical y crítica que las originó, hasta convertirlas en una tecnocracia de género a la usanza del feminismo liberal.

A su favor, el feminismo latinoamericano tiene como sello su conexión con los problemas y necesidades reales de las mujeres y su lejanía con las retóricas posmodernas y esencialistas que abundan en el feminismo eurocéntrico. También se nutre de las experiencias de opresión, racismo e invisibilización que sufren, a diario, las miles de mujeres que han debido migrar a países del norte. Por ello, en línea con el manifiesto: “Un feminismo para el 99%” que firmaron activistas e intelectuales como Angela Davis, Zillah Eisenstein o Nancy Fraser para la Huelga del 8 de Marzo en Estados Unidos, las chilenas Luna Follegati y Daniela López plantean que un feminismo que pretenda constituirse en movimiento social y alternativa al feminismo liberal debe ser de fundamentalmente de clase, popular, antirracista, inclusivo y diverso.

Ello supone asumir enormes desafíos. Por una parte, es necesario ampliar el marco de debate a todas las violencias machistas (física, psíquica, sexual, económica, estructural, social, cultural y/o simbólica) e incorporar otras problemáticas que define la economía feminista como la crisis de los cuidados, la explotación, la precariedad, la subordinación, la división sexual del trabajo o el saqueo de la naturaleza. Y, por otra parte, es preciso contextualizar temas como la violencia sexual y el aborto, en el marco de las dinámicas capitalistas y coloniales que crean las condiciones para existan las opresiones de género, raza, clase y orientación sexual. En esta línea debatir, por ejemplo, sobre las relaciones entre aborto, racismo y clase social en el espacio público puede contribuir a la ruptura de los paradigmas culturales y económicos en los que se sustenta la desigualdad. Todo ello sin perder la pluralidad del movimiento, evitando su fragmentación y sin renunciar a las particularidades de cada contexto.

El escenario actual es peligroso, las narrativas de odio antifeministas que propaga la ultraderecha por el mundo exigen a gritos construir redes internacionalistas, enfrentar las disputas que atomizan el feminismo, expandir la ética de la sororidad y practicar el cuidado. Lo que me hace recordar a Alain Touraine, que hace un par de años en un encuentro organizado por chilenos/as en Barcelona, nos decía refiriéndose al feminismo: “sólo los movimientos sociales radicalmente éticos y democráticos tendrán trascendencia”. Entonces, en tiempos oscuros toca mirar, escuchar, acompañar, aprender de los feminismos del Sur y no perder la esperanza.

Artículo de Judith Muñoz Saavedra. Activista, investigadora y docente chilena

Fotografía de Nico Avelluto

A 3 años de la siembra de Berta Cáceres “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS”

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➡️ Caso Berta Cáceres: Hubo sentencia, pero no justicia

Este 2 de marzo se cumplen ya tres años de la siembra de Berta Cáceres. Son ya más de mil días desde que en algún despacho alguien ordenara su asesinato mientras dormía, es decir, mientras soñaba. Los sueños de Berta Cáceres eran los de su gente, los mismos de tantas comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo: vivir en paz con la tierra, los ríos y los bosques que les dan sentido y subsistencia como pueblo y que, a la vez, protegen el clima y el futuro de toda la humanidad.

Berta fue asesinada por ser la portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la resistencia de su pueblo, porque hay empresas que incluyen la violencia y el homicidio en su estrategia de inversión. Fue asesinada como las otras 1.238 defensoras y defensores ambientales que también lo han sido en los últimos 10 años y como los centenares y miles de personas que, sin llegar a ser asesinadas han sufrido extorsiones, amenazas, desplazamientos forzosos, agresiones sexuales, judicialización, campañas de desprestigio mediático, etc., por cruzarse en el camino de empresas y gobiernos sin escrúpulos.

Empresas como la nacional Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la costarricense Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca), la alemana Voith Hydro Holding (participada por Siemens) y las entidades financieras Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) participaban en el proyecto cuando fue asesinada Berta Cáceres. No fue sino tras una gran presión internacional, que las empresas europeas implicadas se fueron retirando a regañadientes del proyecto.

Tras un juicio plagado de irregularidades el 19 de octubre de 2018 el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió un veredicto de condena contra los acusados como autores materiales del asesinato, pero, tanto la familia de Berta, como el COPINH, denunciaron la impunidad en que siguen quedando los autores intelectuales e inductores del asesinato. Como se dijo en esos días, “Hubo sentencia, pero no hubo justicia”.

Esa impunidad forma parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista multinacional, que saquea comunidades de los cinco continentes, destruyendo los medios de vida de millones de personas y agotando los ciclos naturales de la vida. Al mismo tiempo se persigue, hostiga y criminaliza a quienes los defienden.

Desde el crimen de Berta el movimiento de solidaridad ha conseguido que gran cantidad de entidades sociales, instituciones públicas, ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, incluido el español y la Comisión Europea, se pronunciaran en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia para Berta Cáceres, así como para las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinados o criminalizadas con total impunidad.

A pesar de todo esto, y a pesar de lo que se ha dado a entender, hoy el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sigue vigente. Este pasado mes de enero el pueblo lenca, a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ i el COPINH, todavía ha tenido que presentar una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se cancele la concesión del proyecto.

Las personas y comunidades afectadas per las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidos por las transnacionales en todo el mundo no consiguen acceder a la justicia. En cambio, éstas, amparándose en los Tratados de Comercio e Inversión, pueden demandar a los gobiernos por cualquier decisión que consideren que perjudica sus “legítimas expectativas” de beneficios a través de los llamados Tribunales de arbitraje entre empresas y estados (ISDS).

Ya es hora de acabar con esta impunidad. Necesitamos un sistema de justicia global que ponga en el centro a las personas y al planeta, garantizando los derechos humanos universales. Por eso, desde la Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión (TCI), estamos impulsando la campaña europea “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS”, que se articula en base a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos objetivos:

•Exigir la eliminación de los “tribunales corporativos” ISDS en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo similar, y no firmar nuevos tratados de este tipo en el futuro.

• Promover el establecimiento de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas capaz de exigir responsabilidades a las multinacionales por la violación de los DDHH, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.

¡Justicia para Berta y para todas las defensoras asesinadas y criminalizadas!

¡Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales-Stop ISDS!

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala #3AñosSinJusticia #StopISDS #ParemosMultinacionales

Marzo, 2019

 

Caso Berta Cáceres: Hubo sentencia, pero no justicia

 Gustavo Castro Soto. Otros Mundos AC · Chiapas, México

Los dueños de DESA, la familia Atala, cuentan con bancos y otras grandes empresas así como estrechos vínculos con la clase política que se impuso en el golpe de Estado del 2009. Habría entonces que eliminar al COPINH empezando por la líder indígena. Pero cometieron un error. Hubo un sobreviviente, un testigo.

No se había dado una movilización social, mediática y política en todo el mundo como el que se generó con el asesinato de Berta. Inmediatamente el Poder Judicial, Ministerio Público, jueces, magistrados y todo su arsenal intentaron blindar a la empresa DESA como a sus dueños, para deslindarlos del asesinato que conmovió al mundo entero. Pero al parecer también a sí mismos, ya que muchos políticos están involucrados de una u otra manera. Por ello, desde un principio manipularon pruebas y evidencias, falsearon testimonios, me impidieron salir del país de manera ilegal, lo que considero un secuestro de Estado, prohibieron ilegalmente a mi abogada ejercer la profesión para dejarme en indefensión, intentaron criminalizar a la propia organización de Berta. Hubo más hostigamiento y represión contra su organización, entre tantas anomalías e ilegalidades.

Entonces decretaron “secretividad” del expediente para no hacer patentes tantas irregularidades procesales y el gobierno se negó a la creación de una Comisión Independiente que investigara la verdad del crimen. Y ante la fuerte presión para liberar el expediente y que las víctimas tuviéramos acceso a los documentos, seis meses después la magistrada del caso decide llevarse el expediente a su casa, y se lo roban en el camino.

Dos meses después del asesinato, el gobierno no tuvo opción y se vio obligado a avanzar la investigación sobre los autores materiales y retiene en prisión preventiva a los primeros sospechosos de haber participado en el crimen. Durante 2016 y principios de 2017 se llevaron a cabo el resto de las detenciones y el calvario de anomalías y bloqueos por parte del gobierno para avanzar en las investigaciones. Durante las audiencias que se suspendieron continuamente, el Ministerio Público y la Fiscalía se negaron sistemáticamente a presentar información y los peritajes necesarios permitiendo que la fecha final de los dos años y medio para dar fin a la prisión preventiva se acercara: el 5 de noviembre de 2018.

Pese a todas las demandas y recursos interpuestos, el Tribunal convocó al Juicio en junio de 2018, que fue suspendido, luego en septiembre y luego en octubre, de forma ilegal, sin haber terminado el debido proceso, sin haber solucionado los amparos interpuestos y la recusación del Tribunal. Así reza el comunicado firmado por muchas organizaciones internacionales: “Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala”.

Los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima; tampoco se ha admitido la solicitud de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen; niegan la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio y se encierran con cadenas rodeando el Tribunal de policías para impedir incluso el acceso a las familias y miembros del COPINH al “Juicio Oral y Público”.

Así, el Juicio no sólo se convoca de manera ilegal en tres ocasiones, sino que además es ilegítimo. No tiene credibilidad procesal, jurídica, legal, ni de las víctimas ni de la opinión pública nacional e internacional. Se ha caído en responsabilidades penales. Ha actuado el Tribunal violando el debido proceso y sus propias leyes. El Juzgado, el Tribunal de Sentencia, la Corte de Apelación, la Sala de lo Constitucional y el pleno de la Corte Suprema de Justicia, todas las instancias del Poder Judicial han cerrado filas a la ilegalidad y la impunidad. Ya nadie les cree.

A pesar de estar recusado por el COPINH y la familia de Berta, el Tribunal fue convocado desconociendo la representación legal de las víctimas. Así, sin documentos suficientes, sin peritajes adecuados, sin todos los testigos, sin abogados de las víctimas, encerrados bajo candado, rodeados de policías, sin dejar de entrar a familiares de Berta y miembros del COPINH para escuchar el proceso, han llevado a cabo el juicio más vergonzoso para la historia de Honduras. Este es el marco de la sentencia de los imputados.

El 2 de marzo de 2016, a las 11:40 de la noche asesinaron a Berta. Pero no murió, porque se multiplicó y regresó en miles y miles que claman justicia. El COPINH seguirá su lucha valiente en defensa de la vida y a favor del hermoso pueblo hondureño. Y pese a todo, se ha derrotado al sistema judicial de Honduras porque no se cayó en sus trampas para justificar y avalar la impunidad. Bien dijo Berta: “Vos tenes la bala… yo la palabra. La bala muere al detonarse…. la palabra vive al replicarse”.

Este 21 de febrero nos sumamos al Paro en Catalunya

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Desde la oficina técnica de Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte os comunicamos que este jueves 21 de febrero nos sumamos al paro y a las movilizaciones convocadas en Catalunya en protesta por el conocido como juicio al “procés”, en el que representantes políticos y dirigentes de la sociedad civil catalana se sientan en el banquillo de los acusados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y donde se acusa a los representantes de las entidades sociales ANC i Ómnium Cultural de incitar a la violencia por la concentración ante la Conselleria d’Economia i Hisenda del día 20 de septiembre.

En palabras del reciente comunicado de Lafede.cat (Federación catalana de ONG de cooperación, paz y DD.HH.) consideramos que “este juicio no se tendría que haber realizado nunca, ya que lo que hay es un conflicto político que necesita de soluciones políticas y no judiciales. Así lo ha defendido la LaFede.cat desde el inicio del “procés” donde siempre ha reclamado diálogo por parte de las dos partes y respeto a los derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación, y a la libertad de expresión, de manifestación y de información”.

Diferentes organizaciones e instancias internacionales han señalado graves irregularidades en la instrucción del proceso como la tergiversación de las figuras delictivas de rebelión y sedición (ya señaladas repetidamente por los tribunales de todos los países europeos que han tenido que intervenir hasta ahora en el caso); la prisión preventiva injustificada; la falta de tiempo y recursos para la preparación de la defensa; el acceso a la información de los casos; las condiciones de los desplazamientos de los y las presas, etc.

Independientemente de nuestras ideas políticas sobre la mejor salida al conflicto planteado por la demanda de soberanía para Catalunya, nos reafirmamos en la defensa del derecho a la autodeterminación, y la defensa de los derechos y libertades (de expresión, de protesta, de decisión, de manifestación, de información…) para todos los pueblos del Estado español.

Barcelona 19 de febrero de 2019

Carta abierta a los y las eurodiputadas sobre la ratificación de los Acuerdos de pesca UE-Marruecos

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Desde unas 250 organizaciones vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos (incluyendo observatorios, organizaciones ecologistas, organizaciones de la sociedad civil y personas individuales, entre las que figuran profesores de derecho internacional) enviamos una  carta abierta a los y las europarlamentarias, para pedirles que voten en contra de la ratificación del Acuerdo de Colaboración UE- Marruecos en el sector pesquero.

  • El acuerdo afecta a aguas adyacentes al Sáhara Occidental, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre acuerdos anteriores concluyendo que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que, por tanto, sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia. Por ende, los acuerdos firmados con Marruecos no son extensibles al Sáhara Occidental.
  • El Acuerdo incumple el requisito de consulta previa a la población saharaui.
  • Falta de transparencia y opacidad del proceso de negociación.
  • La propuesta a votar menciona de forma repetida la sostenibilidad pero no establece ningún tipo de garantía de la misma.
  • El Acuerdo pone en grave riesgo el desarrollo económico de la región norteafricana occidental y su aprobación tendría consecuencias nefastas sobre los recursos naturales del Sahara Occidental.
  • El Acuerdo legaliza un derecho extractivo postcolonial de empresas europeas habilitadas para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental.
  • Se trata de un acuerdo con efectos extraterritoriales a las partes que lo concluyen y que abre las puertas a una sistemática vulneración de derechos sociales y económicos, a partir de idénticas praxis con las que se ha devastado el sector marítimo y las pesquerías mediterráneas.

 

 

📤 Texto de la carta abierta a los y las eurodiputadas en PDF

 

 

Carta abierta a los y las eurodiputadas sobre la ratificación de los Acuerdos de pesca UE-Marruecos

Estimado/a Sr./ Sra.,

Desde diferentes observatorios vinculados con la defensa de los Derechos Humanos y organizaciones ecologistas nos ponemos en contacto con usted, ya que en los próximos días se tomarán importantes decisiones en el Parlamento Europeo que afectarán de manera directa a la población del Sáhara Occidental en relación con el futuro y sostenibilidad de los recursos naturales de este territorio.

El 13 de febrero en Estrasburgo, está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación la renovación del Acuerdo de Colaboración con Marruecos en el sector pesquero, Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morroco, y que afecta a aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estos acuerdos (1), concluyendo que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que, por tanto, sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia. Por ende, los acuerdos firmados con Marruecos no son extensibles al Sáhara Occidental.

Igualmente, es importante llamar la atención sobre el pre-requisito obligatorio de consulta previa a los y las saharauis, señalado en su momento como indispensable por el TJUE (2) y que no ha sido respetado.

La opinión desfavorable a la firma de los Acuerdos de pesca del Frente Polisario, representante saharaui reconocido por parte de las Naciones Unidas e interlocutor legítimo con las instituciones comunitarias, ha sido ignorada de manera deliberada. En su lugar, tal y como denuncian varias organizaciones de la sociedad civil saharaui, en procesos de consulta recientes, como la ampliación del acuerdo de asociación, se han consultado a empresas y organizaciones sospechosas de connivencia con el Reino de Marruecos y con la ocupación del Sáhara Occidental (3).

Por otro lado, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos, resulta preocupante que en el texto se afirme que el Reino de Marruecos es “la única entidad con la que puede celebrarse un acuerdo de este tipo, habida cuenta de que ninguna otra entidad podría garantizar el carácter sostenible de la explotación de dichos recursos”, puesto que Marruecos es quien impide que los propios habitantes del Sáhara Occidental, los mayores interesados en la sostenibilidad de sus recursos, puedan ser quienes así lo garanticen.

La propuesta a votar menciona de forma repetida la sostenibilidad pero no establece ningún tipo de garantía de la misma: los caladeros más al sur, los pertenecientes al Sáhara Occidental, son los más expuestos a la pesca industrial ya que son los más alejados de las costas europeas, mientras que las embarcaciones que en el acuerdo se denominan “artesanales” quedan reducidas a los caladeros del norte, en aguas marroquíes. En el reglamento no figura ningún límite de pesca para la mayoría de los barcos beneficiarios de este acuerdo: únicamente quedan fijadas las posibilidades de pesca de la flota industrial pelágica, lo cual abre la puerta a la sobreexplotación de los recursos.

Este Acuerdo, que avanza en la destrucción de empleos fruto de la expansión de la pesca industrial y de gran potencia, pone en grave riesgo no sólo el desarrollo económico de la región norteafricana occidental sino que además legaliza un derecho extractivo postcolonial de empresas europeas habilitadas para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Se trata de un acuerdo con efectos extraterritoriales a las partes que lo concluyen y que abre las puertas a una sistemática vulneración de derechos sociales y económicos, a partir de idénticas praxis con las que se ha devastado el sector marítimo y las pesquerías mediterráneas.

Exportamos un modelo extractivo insostenible y antisocial, con el que no se fomentará un modelo económico respetuoso con los derechos humanos: ¿La UE y los Estados de la Unión están dispuestos a aplicar la misma política en el Sáhara Occidental que la que nos llevó al riesgo de desaparición del preciado atún rojo, el chanquete o la sardina, entre otras? ¿Hasta dónde se pretende seguir promoviendo la gran captura de tipo industrial, de competencia desleal y claramente desigual, con efectos insostenibles a medio plazo? ¿Cuánto habrá que esperar para que la Unión Europea lidere la recuperación de la pesca selectiva de artes menores?

Por todo ello, frente al flagrante incumplimiento de la jurisprudencia comunitaria referida a la situación del Sáhara Occidental, y por la necesidad de evitar sus graves efectos sociales y ambientales, instamos a su señoría a votar en contra de la ratificación del Acuerdo de pesca entre UE y Marruecos, hasta que excluya explícitamente la explotación de los recursos provenientes del territorio de Sáhara Occidental y, en todo caso, asegure un desarrollo bajo criterios democráticos, sociales y culturales. .

ORGANIZACIONES FIRMANTES (Por orden alfabético):

  • CEAS (Coordinadora estatal de Asociaciones amigas del Sàhara) – 16 asociaciones
  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC) es la plataforma que reúne casi cien entidades juveniles de Cataluña y consejos locales de juventud.
  • Ecologistas en Acción
  • Entrepobles
  • Federació ACAPS (Federació Catalana d’Associacions Amigues del Poble sahrauí)
  • Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valencià.- 20 entitats federades
  • Lafede.cat, federación formada por 117 organizaciones por la justicia global
  • Mundubat
  • NOVACT
  • Observatori del Deute en la Globalització
  • Observatori DESC
  • ODHE – Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània
  • La Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui- aglutina a cerca de 40 personas individuales, que incluyen a profesores de derecho internacional de la universidad de Valencia, y entre otros a Javier de Lucas, Director del Instituto de DDHH.
  • SUDS
  • _________________________________________________

(1) Sentencia del TJUE C-104/16 P del 21 de diciembre de 2016 y sentencia en el asunto C-266/16 de 27 de febrero de 2018 y Acto en el asunto T -180/14, de 19 de julio de 2018)

(2) Según la organización Western Sahara Resource Watch, el proceso de consulta de la ampliación del acuerdo de asociación, recientemente aprobado, sólo ha conseguido el apoyo de 18 personas y empresas, sin poder demostrar de qué manera estas entidades consultadas son relevantes para el pueblo del Sahara Occidental. Como explica la organización, “Las 18 son empresas estatales marroquíes, institutos de investigación marroquíes, parlamentarios pro marroquíes elegidos en elecciones ilegales en los territorios ocupados, ONG marroquíes y grupos de empresas marroquíes.

(3) En ocasión a la firma del Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, las organizaciones de la sociedad civil saharaui enviaron un comunicado al Comisario Moscovici, con fecha 9 de enero de 2019 expresando su total disconformidad con el desarrollo del proceso de consulta. https://www.wsrw.org/files/dated/2019-01-11/20190111-saharawi_ngos-moscovici.pdf

Campaña europea: Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS

/ /por

¡Suma tu nombre a esta iniciativa europea! ➡️ Formulario de firmas

Las transnacionales tienen cada vez más poder para poner precio y condiciones abusivas a nuestro trabajo, vivienda, transporte, servicios públicos, alimentos, salud, agua, tierras, clima, … incluso a nuestros conocimientos, relaciones y deseos. Sus lobbys gobiernan cada vez más las instituciones políticas, con más facilidad cuanto más alejadas están de la ciudadanía. Pero no les basta…

En el sistema internacional de hoy las multinacionales se benefician de derechos especiales de gran alcance y tienen acceso a tribunales especiales para hacerlas cumplir. El arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) les permite atacar a los Estados fuera de los tribunales nacionales siempre que estos Estados adopten una legislación que pueda perjudicar sus ganancias. Este mecanismo amenaza la toma de decisiones democráticas, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos, y los derechos laborales y de los consumidores.

Mientras tanto, todavía no hay obligaciones internacionales vinculantes para hacer que las empresas transnacionales (ETN) rindan cuentas por sus actos y, a su vez, garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales. A menudo, las personas y comunidades afectadas se encuentran ante una denegación flagrante de la justicia cuando las multinacionales violan sus derechos. Ésta es una espantosa asimetría.

En Europa, los movimientos contra el TTIP y CETA pusieron el mecanismo ISDS en el foco de atención y expusieron su ilegitimidad. Queremos terminar con este sistema injusto de una vez por todas, detener su expansión en cualquier forma y terminar con los tratados existentes que contienen ISDS.

¿Quiénes somos?

Somos una alianza europea conformada por más de 18 países, con plataformas de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que trabajamos para poner fin a la impunidad corporativa de las multinacionales y en contra del ISDS – el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema de justicia paralelo, unilateral y a favor de las empresas transnacionales. Queremos poner en primer lugar a las personas y al planeta.

¿Por qué esta campaña?

La toxicidad política del ISDS ha cogido fuerza en el último año con un número creciente de casos llamativos que han visibilizado el peligro del sistema. La empresa Vatenfall demanda a Alemania por querer salir de la energía nuclear, la empresa minera canadiense que demanda al Estado español por una decisión de la Xunta de Galicia de atender a las demandas de la población de no dejar explotar la mina de Corcoesto por daños ambientales y sociales. Y muchos más casos que empiezan a surgir en el Estado Español con demandas millonarias. Estos casos se seguirán multiplicando mientras siga existiendo este peligroso sistema. Incluso la Comisión Europea ha recibido serios toques de atención desde sus propias instituciones.

Mientras la UE y los Estados miembro están haciendo todo lo posible para asegurar privilegios a los inversores, dejan desprotegidas a las víctimas de abusos corporativos. El reciente caso de Chevron-Texaco es un ejemplo de total impunidad, pues la empresa petrolera acusada de verter al menos 1.500 millones de galones de agua tóxica a los ríos de la Amazonía, envenenando el medio ambiente y afectando a las comunidades y pueblos indígenas – no sólo no está pagando por los daños causados, sino que ha demandado al gobierno de Ecuador por no permitirles seguir con su actividad y podría salir impune al haber recurrido la sentencia ante un tribunal privado de arbitraje.

¿Cómo puedes ayudar?

Lo que une a todas las campañas europeas y lo que es su herramienta principal es una petición masiva de firmas en línea. Es un instrumento para involucrar a millones de personas en toda Europa y tener el apoyo masivo para conseguir nuestros objetivos.

¡Firma la petición ahora!


¿Quieres más información? ➡ https://stopisds.org/es/

Defender los derechos humanos en América Latina: acceso a mecanismos de protección internacional frente a la criminalización

/ /por

Curso para defensores y defensoras para exigir sus derechos mediante el acceso al sistema universal y al sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Formación | Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

 

Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Universal y otros sistemas regionales han reconocido la existencia del derecho de los defensores y defensoras a defender lo derechos humanos (DDH) , así como la obligación de los estados de favorecer un entorno favorable para el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, tal y como refleja la Comisión Interamericana (CIDH), las personas defensoras aún enfrentan no pocos obstáculos para el ejercicio de sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos en varios países de la región.

Objetivos del Curso

El objetivo  de este curso, organizado por la Asociación Entrepobles y el IDHC, es  fortalecer los conocimientos y las herramientas de los defensores y defensoras para afrontar y prepararse ante las amenazas existentes en su trabajo a través de los siguientes objetivos específicos:

  1. Analizar en profundidad las amenazas y peligros existentes , especialmente los mecanismos y herramientas más utilizadas para su criminalización.
  2. Mejorar el conocimiento sobre los fundamentos de los derechos humanos y los sistemas de protección universal e interamericano, así como ampliar las capacidades de acceso a estos mecanismos por parte de DDH y sus organizaciones.
  3. Introducir las herramientas básicas para elaborar estrategias incidencia generales en el ámbito internacional mediante el acceso a los mecanismos existentes para la protección y exigibilidad de sus derechos y trabajarlas en un caso práctico.

Este curso se imparte en castellano

Destinatarios

El curso está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos que lleven a cabo su labor en América Latina, así como a miembros de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y otros agentes de cambio que apoyen a las personas defensoras y/o tengan entre sus objetivos el fortalecimiento de sus derechos.

Profesorado

Mirtha Vasquez

Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Magister en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente universitaria en pre grado y Post grado en la Universidad Nacional de Cajamarca- Perú. Miembro directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asesora legal de la ONG. GRUFIDES dedicada a la defensa de derechos de comunidades afectadas por actividades extractivas.

Karlos Castilla 

Doctor en derecho por la Universitat Pompeu Fabra, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, responsable de investigación en el IDHC, especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Migraciones.

June Orenga

Responsable de formación del Institut de Drets Humans de Catalunya. Licenciada en Psicología social, máster en Cooperación Internacional y máster en Derechos Humanos. Ha trabajado en estos ámbitos, tanto desde ONG como desde el sistema de Naciones Unidas en Américal Latina y en Europa.​

 

Datos prácticos

Fecha
Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

Tipo
Formación virtual

Inscripción – https://bit.ly/2srUafF 🖊

Lugar
aulaIDHC.org

Precio
Precio general: 45€
Precio reducido (socios y socias -entidades y personas- de Entrepobles y el IDHC): 35€

Plazas limitadas a 30 personas.

Opciones de descarga

Guatemala: anhelos democráticos y ruido de sables

/ /por

➡️ Comunicado de las organizaciones sociales ante la crisis institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

De un lado, están las fuerzas conservadoras que recurren por todos los medios a mantener las fuentes de financiamiento ilícito y exacerbar las posturas reaccionarias que violentan derechos democráticos conquistados; y por otro, diversidad de grupos que demandan continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como defender la laicidad y la función del bien común que corresponde al Estado.

Esta confrontación de posiciones toma forma en un contexto en el que altos funcionarios públicos y privados cuestionan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos dictámenes deben ser acatados ya que es la máxima institución del ordenamiento jurídico guatemalteco; proliferan las descalificaciones y la criminalización de voces opositoras; se engavetan iniciativas de ley progresistas, reactivan controles militaristas y reprimen al movimiento indígena y campesino, principalmente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CORTE EVANGÉLICO

A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece la libertad de creencias y ha suscrito convenios internacionales que reconocen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, el mandatario Morales y dirigentes de su partido reivindican sus convicciones religiosas mientras actúan en su función pública.

A toda costa pretenden descalificar las posiciones emancipadoras en un país donde se registra la tasa más alta de natalidad en América Latina, el empobrecimiento de las personas crece al igual que las migraciones y van en aumento los embarazos en niñas (11 y 14 años) y las denuncias por violencias machistas.

Morales defiende como la pareja única permitida, la que integra un hombre y una mujer; que la mal llamada “ideología de género” atenta contra la armonía familiar; que la educación sexual únicamente corresponde a padres y quienes propugnan por postulados distintos a los suyos son “enemigos internos” (concepto utilizado durante la guerra para reprimir), ya que fomentan la polarización social.

Además de sus sesgos pentecostales, en los que la palabra de dios sobresale, altos funcionarios de la presidencia de la República han externado su oposición a obedecer la resolución de la CC que ordena dejar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, quien ha sido ratificado como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrario a una orden presidencial que lo prohibió porque supuestamente atenta contra la soberanía nacional.

Asimismo, han manifestado su rechazo hacia otro dictamen de la CC, que ordena la realización de una consulta comunitaria previo a que la Mina San Rafael reanude sus funciones (explotación de plata, cobre, zinc, y en menor medida oro). En esta oposición, además de funcionarios de gobierno de alto nivel, figuran cámaras empresariales y ex magistrados conservadores que coinciden en imponer los proyectos “de desarrollo” a pesar de que son rechazados por la población de los territorios donde se ejecutan, porque destruyen bienes naturales, benefician principalmente a inversionistas extranjeros y es escasa su oferta laboral.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON MAYORÍA REACCIONARIA

La legislatura actual ha concertado un “pacto de corruptos”, integrado por diputados que intentan legislar en función de las exigencias evangélicas, califican de “enfermos” a la población LGTBI y como un atentado a la familia y el derecho a la vida los postulados feministas.

Otra de sus características es favorecer los intereses empresariales que han acumulado capitales a través del modelo extractivista. Los integrantes del “pacto de corruptos” defienden las fuentes de financiamiento ilícito como son: la construcción de infraestructura, la compra de medicamentos, la contratación de servicios, entre otras. Aspiran a cooptar el Sistema de Justicia.

Este grupo de parlamentarios también pretende la reelección ininterrumpida y el cambio de bancada sin restricción alguna, así como restar poder de decisión al Organismo Judicial en casos de desafuero de funcionarios públicos, inculpados en hechos de corrupción, tarea que quieren sea exclusiva al Congreso de la República.

Las demandas sociales, como la ley que buscaba una reparación digna para niñas violentadas sexualmente y apoyos económicos para mujeres rurales, son ignoradas. La agrupación Justicia Ya denunció que 129 (del total de 158) diputados intentan cambiar las reglas del manejo de financiamiento electoral para salvar a financistas y secretarios generales de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

La función pública ha estado impregnada por hechos de corrupción en este país centroamericano, en los que se ha simulado hacer actividades comerciales a fin de apoderarse de recursos del Estado, práctica que –a partir de 2015– se demostró mediante la actuación conjunta del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, y de CICIG, dirigida por el comisionado Velázquez.

A pesar del litigio malicioso ejercido por ex funcionarios gubernamentales y sus abogados, existen varias sentencias que demuestran plenamente cómo éstos se apoderaron bajo el amparo de sus cargos de importantes sumas de dinero; por ejemplo: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ex titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estos dos últimos pertenecieron a la cúpula militar.

En los procesos judiciales que se siguen figuran como presuntos inculpados además: el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina; varios ex magistrados y ex ministros, entre ellos, Williams Mancilla, ex titular de la cartera de la Defensa Nacional, así como dos familiares de mandatario, Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo.

Todos estos casos han sido presentados por MP y CICIP, en los que también figuran grandes empresarios, cuyos resultados son los que motivaron a Jimmy Morales a cerrarle el ingreso a Guatemala al comisionado Velázquez y oponerse a la extensión del mandato de dicha comisión de Naciones Unidas.

En sentido contrario, movimientos ciudadanos departamentales y en la capital, donde resalta la participación estudiantil y de población urbana, demandan intensificar la persecución penal contra las personas corruptas. Exigen la renuncia del presidente de la República y de los diputados, respetar el ordenamiento constitucional, reencauzar la acción legislativa y defender el Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mujeres indígenas y mestizas, quienes participan en diferentes espacios, se han constituido en una asamblea permanente para rechazar enérgicamente el Golpe de Estado que se está implantando, ante la desobediencia de las resoluciones de la CC y la militarización, que se observa con el fortalecimiento del ejército, su mayor injerencia en decisiones nacionales y presencia constante en las calles y comunidades donde hay movimientos de resistencia.

Para la denominada asamblea de mujeres, la impunidad “afecta de manera importante porque se nos niega el acceso a servicios públicos, impone peores condiciones de trabajo y alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos de nuestra vida, además suprime oportunidades en comunidades rurales y barrios urbanos”.

Representantes de los diferentes movimientos sociales denuncian de manera constante los ataques contra defensoras y defensores de derechos que luchan por sus recursos naturales y territorios. El más reciente hecho ocurrido en octubre, fue en la comunidad de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), donde se ha puesto de manifiesto la existencia de un plan para promover una nueva ola de criminalización contra pueblos que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala se está violando el libre acceso a la información, así como la libertad de expresión y de creencias, mediante la difusión de discursos de odio, campañas de desprestigio y manipulación de informaciones públicas. Lo que importa resaltar es que en este país, al igual que en otros del continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), la difusión de consignas religiosas fundamentalistas tiene el objetivo de controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación, mientras que la militarización busca reprimir el descontento social y fomentar el miedo en la ciudadanía. Todo ello, contrario a las exigencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “La nueva ola feminista”

 

 

 

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres