Espinar: la lucha por la vida del pueblo K´ana

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Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas en este municipio a 4.000 metros de altura y con una mina explotada por la compañía anglosuiza Glencore.

Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie se “volteó” a ver que estaba pasando en esta ciudad a casi 4.000 metros de altura en la región del Cusco en el Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.

Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que escucho de fondo que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.

Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.

Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore

El paisaje, los orígenes

Espinar es una ciudad joven, con poco más de 100 años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías, no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore, y sus trabajadores.

Pero Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura K´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación Kána. En un país donde los derechos colectivos solo son parcial y muy deficitariamente reconocidos a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios por el Estado, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.

Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.

Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros

Los impactos en las vidas y territorios

En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme, una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore, y la minera Antapaccay, cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona: paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.

En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligado a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, allí donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.

José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la Empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.

A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Las que ponen el cuerpo

Melchora Surco nos cuenta su historia, al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor, y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), vivía a 200 metros de la relavera de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora, es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siente años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad. Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto de la actividad minera es el último clavo al que se aferra la empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”.

A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay que el 2016 realizó ventas anuales por 878.666,942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema, que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Adicionalmente a esto, sólo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.

Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación a la empresa, en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia

Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo, y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.

Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación (…)”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.

Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino, nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y física y psicológicamente agredidas; también en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras, fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar, se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.

Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares, que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba (…) Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.”

Los policías se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, y un medio de comunicación publicó que el 22 de julio rociaron con gasolina a activistas, además de reducirles con balas al aire y golpes

En un país asolado por más de 20 años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuum de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad, sigue siendo, lamentablemente, una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanos/as “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.

Estado maltratador y ausente

El pasado 3 de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso, aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú””. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de estos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social, se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el COVID19 es solo la punta del iceberg.

A este respecto, Roció Silva, congresistas por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: Yo esperaba que Ud, Premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se ha prioriza la reactivación económica y caminando hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El Presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante.

El premier, duró 20 días en el cargo, en redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.

Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de resolución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y dialogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de 1000 soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del COVID19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.

Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas “el sol no se puede tapar con un dedo” y resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica que, a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de dialogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos, lamentablemente, irreversibles.

La posibilidad

Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú, no es un país minero, Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía que llega a ocupar el 60% del territorio nacional, el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos, y 55 culturas originarias, entre tantos otros.

Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura K´ana, se convierte entonces en las raíces sobre las que soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.

 

Agustina Daguerre García, Entrepueblos

 

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En cuarentena, sigue la resistencia al sistema

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Fue viernes y 13 el día que se reportó en Guatemala el primer caso de COVID-19. Ese segundo fin de semana de marzo y primero después de la noticia, la dinámica transcurrió con normalidad, la gente se dio, sin dimensionarlo, los últimos besos y abrazos de saludo y despedida, los comercios funcionaron como cualquier otro sábado o domingo, y la gente pues salió a la calle, probablemente sin considerar lo qué estaba por venir.

El 15 en la noche se conoció el fallecimiento de la primera persona por coronavirus en el país, un hombre de más de 80 años, y el presidente Alejandro Giammattei, anunció una serie de medidas de contención que, como en el resto del mundo, han tenido un impacto irreversible en la vida de las personas y en la economía del país. Esa semana se cancelaron todas las actividades educativas, religiosas, labores no esenciales y el transporte público. Siete días después se impuso un toque de queda con el cual quedó prohibida la circulación de personas y vehículos durante 12 horas diariamente.

Desde entonces el miedo cobró otra dimensión, existe incertidumbre por no saber qué pasará más adelante, cientos de personas están en las calles buscando solidaridad porque cada vez, hay más estómagos vacíos en diferentes partes del país. Mucha gente perdió el trabajo o se vio obligada a aceptar un recorte salarial, un significativo número de pequeños negocios y comercios cerró; por las medidas decretadas el comercio informal en gran medida se paralizó y en el campo muchos de los productos no se pudieron transportar.

Al cierre de esta edición se reportan 2,512 casos en Guatemala, y según Edwin Asturias, médico y experto en epidemiología las últimas semanas de mayo y primera de junio el virus estará en su pico más alto; alarmante situación en un país donde existen 45 hospitales y 8,453 camas, según el Ministerio de Salud.

Un monstruo insaciable que no descansa

El sistema. Ese en realidad es el virus que envenena y contamina porque explota territorios y extrae sus bienes naturales. El despojo ha sido una constante en el país, por años los pueblos lo han denunciado y resisten frente a ese monstruo que no da tregua ni en época de pandemia.

Lesbia Villagrán es de San Rafael Las Flores, un municipio del departamento de Santa Rosa, en donde hace más de tres años comunidades organizadas y en resistencia decidieron instalar, las 24 horas, un plantón en la localidad de Casillas para impedir los trabajos de la empresa minera San Rafael S.A.

En el municipio, la población acata las normas de confinamiento pese a que conlleva días de hambre para muchas personas, “es lamentable la situación porque no se puede trabajar y muchos se ven obligados a pasar de casa en casa para pedir comida”, agrega Lesbia al mismo tiempo que denuncia como la empresa minera sigue funcionando. Por las medidas decretadas, “la resistencia que se está haciendo se levantó en Casillas porque no otorgaron el permiso para permanecer en el plantón y desde ese momento entran y salen los camiones de la empresa, nosotros mandamos a hacer vallas y las dejamos puestas, pero ese mismo día, a la hora del toque de queda, las quitaron. Para uno es penalizado estar en la calle, pero para los empresarios de aquí no ha habido cambio”, señala.

Ésta es una de las tantas las realidades de cara al COVID-19, que quedan fuera de las coberturas informativas. Durante más de dos meses los medios de comunicación y las redes sociales, están saturadas con información del número de contagios, de muertes, del impacto en la economía, del aumento en los índices de pobreza y de las carencias del sistema de salud. Es necesario dar cabida a las voces de quienes se enfrentan a ese monstruo insaciable que vende la idea de un desarrollo que pagan muy caro las mayorías y la naturaleza, porque contribuye a evidenciar que esta es una crisis global y social, ecológica y económica, producto de los impactos ambientales acumulados provocados al planeta. Muy poco se ha dicho de cómo la destrucción masiva de ecosistemas, la depredación y el saqueo de bienes naturales reduce los espacios para la vida silvestre y expone a los seres humanos a nuevas formas de contacto con microbios; de cómo la industrialización de la producción de alimentos animales es la principal fuente de contagio al provocar mutaciones de los virus que afectan a la especie humana.

Insistir en ello es fundamental para generar conciencia de la urgente necesidad de defender los bosques, el agua y la tierra, sobre todo en las áreas urbanas. María Caal, concejala de la Corporación Municipal de Cahabón y parte de la resistencia por la defensa de uno de los ríos más grandes del país, el río Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, asegura que resguardar estos caudales de agua es vital para proteger la vida. La tarea nunca ha sido fácil pero, al igual que en San Rafael Las Flores, estos últimos meses se ha complicado aún más por la pandemia y por la orden gubernamental de permanecer en las casas. “Se han suspendido muchas actividades, la resistencia no ha parado porque seguimos firmes en la lucha por defender el agua, y hemos estado informando a las comunidades, pero ha sido más difícil todo”. De este municipio es también Bernardo Caal, líder q’eqchi’ sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por enfrentarse a las garras del monstruo, e impedir que los proyectos hidroeléctricos de la empresa Oxec S.A. acaben con el río Cahabón. “El proceso que iniciamos para su pronta liberación, con esta situación del coronavirus, se ha estancado, y mi hermano sigue estando preso injustamente y con el riesgo al contagio por la falta de medidas de salud que hay en la cárcel, pero nosotros seguimos luchando por él y por el río”, afirma María.

Guatemala cuenta con condiciones naturales favorables para disponer de agua suficiente, pero la realidad para la mayoría de la población es otra. Por ejemplo, sólo en el municipio de Guatemala de 250 mil hogares atendidos por la Empresa Municipal de Agua, 50 mil no cuentan con el servicio. Los datos cobran mayor relevancia de cara al COVID-19, sobre todo porque lavarse las manos, todas las veces posibles, resulta ser indispensable para enfrentar y salvarse de la enfermedad.

“Nosotros defendemos los ríos porque las empresas los están destruyendo, los desvían y los contaminan, y eso nos afecta a todos, con qué agua nos vamos a limpiar del virus si los ríos están secos” cuestiona María quien al igual que Lesbia coinciden al enfatizar que “no más se levante el toque de queda volvemos con más fuerza a la resistencia”. Su convicción es genuina, sobre porque han enfrentado firmemente, como cientos de mujeres y hombres en los diferentes territorios, a un sistema voraz que las persigue, criminaliza y violenta, y hoy a un virus que agudiza las condiciones de pobreza y hambre en las comunidades.

Fotografía Alianza por la Solidaridad

En San Rafael Las Flores, “es tremendo lo que se vive y se mira, la vida es dura, la canasta básica aumentó, la libra de tomate por ejemplo llegó a costar 9 quetzales -poco más de un euro- y la ayuda prometida por el gobierno no ha llegado”. Lesbia perdió el trabajo, los dueños de la casa a la que diariamente iba a cocinar y limpiar le dijeron que por seguridad ya no llegara, hace algunos meses se quedó sin el apoyo de su familia por estar en la resistencia, hay días que los ha pasado sin tener algo para comer, “pero yo sé que de esta salgo, y volveré al plantón a hacerle frente a la empresa”.

Los ingresos en la población se han reducido, la disminución de horas para la movilización de las personas ha impedido la generación de una entrada de dinero. De los apoyos prometidos por el gobierno, “no se ha visto nada aquí”, comenta María, y aunque reconoce que el virus ha afectado la economía de la población, “en las comunidades hacemos resistencia porque cortamos un poco de hierba y vamos a la milpa, es de esa tierra que tanto defendemos y por la que estamos dispuestos a dar la vida, que sacamos algo de comida. Aunque el gobierno y las empresas nos persigan, nosotros vamos a seguir luchando por los ríos, los bosques y la tierra porque es ahí donde está la vida y porque es lo único pienso yo, que nos hará más fuertes para enfrentar el virus”, concluye.

Colectivo MadreSelva

[Fotografía de portada de Simone Dalmasso]

Manifiesto ante la represión contra personas defensoras de derechos en Espinar, Cusco, Perú

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29 de julio de 2020

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo. Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 

  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.

 

 

PEP EXPRESSES CONCERN FOR REPRESSION AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN ESPINAR, CUSCO, PERÚ

28 July 2020

The Perú Europe Platform (PEP) expresses concern for the recent events taking place in the province of Espinar, Cusco, as a result of protests by communities living near the Antapaccay mining project. These communities have been suffering from the negative effects of mining extraction in the area for almost 40 years, and are currently experiencing an exceptional crisis because of the Covid-19 pandemic.

On 15 July, community leaders from Espinar reportedly called for an indefinite strike due to the Anglo-swiss mining company Glencore’s refusal to provide a sum of 1,000 soles to each member of the population. They are in dire need of economic assistance as a result of the pandemic. The population is entitled to this amount as part of the commitments Glencore made under the Convenio Marco, a framework agreement signed in 2003 by the mine (at that time owned by BHP Billiton) and the communities in the province of Espinar.

According to information received, the police and military forces have used tear gas and pellets to stop the protests, which led to pastures and a fire station being set on fire in the Camaccmayo area. On 24 July, there were also reports of confrontations between the police and a group of young people in the district of Yauri. The troops used buckshot, firearms and tear gas, injuring five protesters who were taken to the hospital in Espinar. Two of them were 17 and 16 years old respectively. Doctor Gloria Cárdenas Alarcón, who works at the hospital, reported that three of the protesters suffered injuries caused by firearms. She also stated that she has been judicially harassed for denouncing the events; according to  reports, she has been called to the prosecutor’s office to testify and has been visited by the police at her place of work.

In this context, the situation of women human rights defenders is of particular concern. Mining activities in the area have had severe adverse effects on the communities living near the mine, who suffer the consequences of heavy metal contamination in their blood and also in the water that they consume and use for agriculture activities. Women in particular have suffered from the negative effects of mining, in terms of health, food, work and economic issues. Accordingly, women are the ones who have gone out to protest in large numbers and they are the ones who have been most affected by abuses by the police forces, with local and social media reports of physical assaults and sexual violence.

As institutions and networks that promote and defend human rights, we reject all acts of harassment and the criminalisation of social protests. On 6 July, the Constitutional Tribunal of Peru published an historical ruling recognising the right to protest as a fundamental principle and a right on its own merit. PEP warmly welcomes this ruling and calls on the Peruvian authorities to refrain from using the justice system for economic purposes, as this is currently the case against community leaders in Espinar: we have learned of investigative measures taken by the prosecutor’s office for crimes that have not been committed, without investigating the causes of the social protest and the demands of the people of Espinar. It should be
remembered that judicial investigations have been repeatedly used in Espinar and other parts of the country with the intention of preventing community leaders and others from defending their human rights.

We are also concerned about a recent campaign to stigmatise community leaders from Espinar and about the fact that the mining company has recently started a strong media campaign to promote “Reactivate Peru”. Rather than facilitating dialogue, this generates mistrust amidst the indefinite strike.

Peruvian human rights organisations Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción and the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, have called for dialogue through various channels and have asked the authorities to guarantee the protection of human rights for the people of Espinar. Likewise, PEP welcomes the efforts of the national government to reinitiate a dialogue through the formation of a high-level delegation formed to discuss fundamental issues for the people of Espinar. It is important to stress that there is a pending historical agenda that is yet to be resolved in Espinar, such as the revision and reformulation of a new framework agreement, to deal with the health and environmental issues caused by mining activities, and to remedy the lack of consultation so far for the Antapaccay mine and the Coroccohuayco mine that is due to commence operations. We therefore hope that this dialogue takes into account all pending issues and that it meets the requirements for a successful dialogue, including guarantees for a participatory and horizontal dialogue.

In the light of the above, and to comply with the recommendations of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders following his visit to Peru in January, we ask the Peruvian authorities:

– To stop all acts of criminalisation of social protest and harassment against human rights defenders and ensure that human rights violations committed by public forces are properly investigated, and to guarantee that the legitimate activities of  human rights defenders are protected, including their constitutional right to protest.

– To create a special team of prosecutors in charge of promptly investigating all acts of physical and sexual violence against women human rights defenders that are carried out by security forces, including the police, the army, private security personnel or mine employees, within the context of carrying out stop and search activities to vehicles and all other measures adopted by the State in order to mitigate the protests.

– To strengthen their efforts to resolve the conflict in a peaceful manner, in a region where the right to health and life and the right to a clean and safe environment have been systematically violated by the Antapaccay mine, owned by Glencore.

– Finally, to ensure that the recent commitment to begin a dialogue between the government and the population takes place promptly and effectively, without further delay, as was the case last Monday, when the dialogue was cancelled at the last minute by national government authorities, which only serves to increase the local population’s lack of trust.

 

Plataforma Europa Perú / Plataforma Europa Perú

– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru – Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)

¿Dónde están los 4 activistas garífunas desaparecidos en Honduras?

/ /por

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¡NO A LA PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE LOS LÍDERES GARÍFUNA!

¡APARICIÓN CON VIDA YA! 

La comunidad Garífuna de Honduras, que vivimos fuera del país, reclamamos el cese de los actos de persecución que en los últimos años se han ido agudizando en nuestra contra. Exigimos explicaciones sobre las muertes y desapariciones de nuestros líderes y repudiamos las negociaciones gubernamentales relacionadas con nuestros territorios, que no respetan la Consulta Libre, Previa e Informada. Así mismo, demandamos que se esclarezcan los actos en contra de nuestro ecosistema y rechazamos la persecución y campaña de terror dirigida a toda la comunidad Garífuna.

El pasado 18 de julio se registraron las desapariciones de Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, miembros de la OFRANEH, y una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guervara Rosas, ha explicado que “de comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune”.

La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras asegura que hubo habitantes de la zona que detectaron la presencia de cuatro hombres sin identificar vertiendo sustancias químicas en una laguna de la zona la noche anterior. Señalan al Estado hondureño como responsable de un atentado contra la biodiversidad garífuna y “también contra la vida de las comunidades que escasean de alimentos y fuentes de agua en medio de la crisis humanitaria generada por la COVID-19”.

«Tenemos mucho miedo que este caso termine siendo como el de Berta Cáceres -dice Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en una entrevista a Radio Mundo Real-, en el sentido de presentar a presuntas personas que hayan podido participar en este hecho, y cerrar el caso rápidamente».

«No permitamos que pase lo mismo: que solo juzguen a presuntos autores materiales; queremos saber quién dio la orden para estos secuestros y desapariciones en una comunidad como Triunfo de la Cruz, que cuenta desde 2015 con medida cutelares de la CIDH y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

En Sambo Creek ha habido represión policial contra los manifestantes. Las autoridades han cargado con gas lacrimógeno. Por otro lado, las movilizaciones están siendo constantes en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

#SusVidasSonNuestrasVidas #LasVidasGarífunasImportan

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¡NO A LA PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE LOS LÍDERES GARÍFUNA!

¡APARICIÓN CON VIDA YA! 

Ni la pandemia ni el estado de sitio frenaron a los pueblos en movimiento

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El año previo a la pandemia, fue uno de los más ricos y prometedores protagonizados por los pueblos en movimiento en América Latina

Son bien conocidos los grandes hechos, como el levantamiento indígena y popular en Ecuador en octubre, el estallido en Chile desde noviembre, la oleada de movilizaciones en Colombia como no se conocían desde hacía mucho tiempo, además del protagonismo popular en Haití y Nicaragua, precedidos por las Jornadas de Junio de 2013 en Brasil y las de diciembre de 2017 en Argentina.

En agosto de 2019 el zapatismo anunció su tercera expansión. Pese a que las comunidades, municipios autónomos y juntas de buen gobierno están rodeadas por la mitad del ejército mexicano, las bases de apoyo zapatistas han conseguido romper el cerco ampliando sus territorios y multiplicando espacios de resistencia. En un comunicado librado el 17 de agosto y firmado por el subcomandante Moisés, indígena convertido en vocero del movimiento, anuncia la creación de siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, que se denominan en adelante “centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista”.

Lo más importante es que varios de esos centros se encuentran más allá de la zona de control tradicional del zapatismo, mientras otros son linderos y refuerzan la presencia que tienen en la región histórica desde el alzamiento de 1994, cuando recuperaron cientos de miles de hectáreas de los grandes terratenientes. Ahora ya suman 43 centros zapatistas.

Entre las acciones menos visibles pero no menos profundas, quisiera destacar que en 2019 se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina. Desde 2015 funciona el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, que abarca 22 comunidades y más de un millón de hectáreas con 15 mil habitantes. El mismo camino comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos.

La lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), les permitió recuperar 22 haciendas y miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes (Fernandes, 2013). El pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores (Zibechi, 2020a).

A estas experiencias podemos sumar cientos y quizá miles de comunidades autogestionadas en toda América Latina. Los estudios más afinados muestran que aproximadamente la mitad del territorio latinoamericano está en disputa entre el capital transnacional y los pueblos, como enseñan los trabajos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Una verdadera guerra por la tierra y el territorio que atraviesa cinco siglos y se ha intensificado en las últimas décadas al calor de la acumulación por desposesión.

Lo cierto es que a fines de 2019 los pueblos estaban a la ofensiva, en toda la región En primer lugar, es necesario destacar el nuevo papel de las mujeres y, muy en particular, de las mujeres de los sectores populares, mestizas, negras, pobres. En segundo lugar, es notable el crecimiento del activismo popular, rural y urbano, campesino, negro, indígena y de las periferias urbanas.

Desde que la pandemia de coronavirus impuso un corte a los procesos y a los movimientos latinoamericanos, éstos continúan por otros canales, de otros modos y maneras de actuar. Quisiera abordar brevemente las cinco características más destacadas que observo en la acción colectiva entre marzo y mayo, luego de intercambiar con movimientos de casi todos los países sudamericanos, de México y El Salvador.

El primer aspecto es que se produce un viraje hacia adentro. Quizá el movimiento que mejor lo exprese sea el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con su lema de Una Minga hacia Adentro. Mientras la Guardia Indígena efectúa el control territorial, cerrando el paso a las personas y vehículos no autorizados por los cabildos, la minga hacia adentro coloca en primer plano la medicina tradicional y la armonización de las personas en el territorio.

Las emisoras indígenas se han vuelto estratégicas y claves de este proceso, ya que siguen las instrucciones de las autoridades territoriales. La ritualidad indígena permite enfrentar la pandemia al combinar los cuidados con sus plantas medicinales y armonizar a las personas con la tierra y el territorio. Se acude a los lugares sagrados, las lagunas y los páramos para revitalizar los sahumerios, recoger las plantas ceremoniales y hacer los fogones en las comunidades.

A la vez, se trabaja para fortalecer la comunidad, las autoridades propias y las asambleas, entendiendo que el cuidado de la salud  en los pueblos originarios tiene un fuerte carácter colectivo, no individual como en las ciudades. Caminos similares a los del CRIC se pueden constatar entre las bases de apoyo del EZLN en Chiapas, entre pueblos amazónicos como el Gobierno Autónomo de la Nación Wampis, entre muchos otros.

En las ciudades se funciona de forma diferente, anteponiendo el barrio a la vivienda familiar. En particular en las villas de Buenos Aires y en las favelas de Rio de Janeiro, la consiga de “Quédate en casa” no puede funcionar, por la precariedad y el hacinamiento, y porque los sectores populares sobreviven en base a la venta ambulante y otras formas de informalidad o economía popular, algo que no pueden hacer si permanecen encerrados en sus casas. Por eso se impuso la propuesta de “Quédate en el barrio”, haciendo del espacio colectivo el centro de la sociabilidad popular.

La segunda tendencia de los movimientos es la profundización de la autonomía alimentaria. En todas las experiencias registradas, se constata un retorno a la tierra, un intento por construir huertas colectivas autogestionadas de carácter orgánico, en particular en las periferias urbanas. Puede decirse que constituye, a la vez, un intento por superar las consecuencias económicas de la pandemia, pero también un deseo de hacerlo en colectivo, rompiendo el asilamiento individual-familiar impuesto por el Estado.

Aún es pronto para saber si estas iniciativas perdurarán más allá de la emergencia, pero parecen formar parte de un deseo de amplios sectores por abandonar la gran ciudad para “vivir mejor”, como están haciendo con miles de migrantes andinos en Lima (Zibechi, 2020c). Algunos movimientos –como zapatistas y nasa- recomiendan a sus bases no sólo la intensificación de la producción de alimentos, sino también la diversificación, como forma de asegurar mínimos niveles de autonomía.

La tercera es la creciente territorialización de las resistencias. Lo más novedoso, es la aparición de una multiplicidad de iniciativas urbanas, como las 200 asambleas territoriales formadas al calor del estallido en Chile. Durante la pandemia y el estado de sitio, unas cuantas asambleas optaron por poner en pie redes de abastecimiento por fuera del mercado, contactando directamente con los productores. Más sintomático aún, es la formación ya antes de la pandemia pero profundizada ahora, de una red de abastecimiento feminista, con lo que puede decirse que el movimiento de mujeres también tiende, lentamente, hacia el arraigo territorial. En las periferias urbanas, como sucede en Temuco (Chile) y en Montevideo (Uruguay), miles de personas ocuparon tierras para construir viviendas, en lo que supone un desafío frontal a la propiedad privada y al Estado.

Los movimientos indígenas son los que con mayor vigor encararon la delimitación y defensa de sus territorios. El EZLN en sus 43 espacios en Chiapas, cerró los caracoles dejando a las comunidades el manejo de las decisiones concretas. La Guardia Indígena del Cauca, por su parte, controla setenta puntos de entrada y salida de sus territorios con alrededor de siete mil guardias que se rotan en la tarea. Muchos campesinos bloquearon en toda América Latina el ingreso y salida de sus pueblos, para asegurarse que el virus no ingresa en las comunidades.

El cuarto aspecto a destacar es la profundización de los vínculos abajo-abajo. El apoyo de los sindicatos uruguayos a las ollas populares en los barrios periféricos, las donaciones de alimentos de productores rurales a los pobladores urbanos, son apenas una muestra de cómo durante la pandemia se están estrechando vínculos entre pobres rurales y urbanos. Quizá la acción más llamativa, por la explicitación de la solidaridad, sea la de los Bañados de Asunción. Decenas de ollas populares funcionan bajo el lema “El Estado no nos cuida. Los pobres nos cuidamos entre pobres”, en un amplio trabajo solidario que conecta estudiantes y profesionales con pobladores organizados que viven en la mayor pobreza.

Por último, se puede constatar el retorno y la potenciación de prácticas ancestrales por fuera del mercado capitalista. Entre las poblaciones campesinas e indígenas de Bolivia, Colombia y México, se constata la generalización de prácticas de trueque. Se realizan ferias de trueque en puntos y días previamente acordados, sin moneda, pero no se intercambian equivalencias sino que cada quien lo hace en base a la necesidad. Estamos ante prácticas que se realizan desde hace mucho tiempo, pero que en medio de la emergencia sanitaria cobran un doble sentido de resistencia colectiva y de alternativa al capitalismo.

Raul Zibechi. Escritor y pensador – activista (Uruguay)

 

Con la democracia en cuarentena. Anticipando la post-pandemia

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Se movió el piso. Las certezas se desvanecen. Las incertidumbres nos envuelven. El futuro aparece más difuso que antes. Lo cierto es que pandemias de todo tipo, no solo la sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19), acosan a la sociedad humana. La pregunta es si sabremos transformar tanta amenaza y riesgo en oportunidades para una gran transformación.

Preocupante resulta ver que a medida que se desarma lo existente, comienza a organizarse un nuevo régimen, que, por lo pronto, parece que recupera lo peor del viejo… y en esta recuperación del pasado, causante de tantas pandemias, la tentación autoritaria está cada vez más presente. Y es probable que, pasado lo peor de la pandemia, se siga persiguiendo perversamente la promesa -de imposible cumplimiento- del desarrollo y del generalizado bienestar, sacrificando a millones de seres humanos y por cierto a la Madre Tierra… hasta que nos enfrentemos con la próxima pandemia.

“En estos momentos de crispación, hace falta serenidad, reflexión y sopesar razones.
De cómo salgamos del hoy, va a ser el mañana”
Julio Anguita, 4 de mayo del 2020

Los sacudones de la democracia antes del coronavirus

En América Latina, si se me permite poner la lupa en esta región, hasta hace poco registrábamos sociedades en movimiento que copaban calles y plazas con sus múltiples revueltas y resistencias, declinando el verbo democracia en todos sus tiempos.

El fin del año 2019 pasará a la historia por sus múltiples rebeliones populares en contra de diversas y crecientes desigualdades, y de la imparable destrucción de la Naturaleza. El peso de las estructuras clasistas, patriarcales, xenófobas y racistas acompañó y desató las frustraciones de amplios grupos -en especial de la juventud- movilizados sin nada que perder, pues hasta el futuro se les ha robado…

A esta lectura cabría agregar los problemas nacidos de las propias contradicciones del capitalismo periférico, bajo las cuales los países latinoamericanos son constantemente empujados a perpetuar su carácter de economías primarias exportadoras, siempre vulnerables y dependientes. Violencias, corrupción y autoritarismo -en gobiernos neoliberales y “progresistas”, no confundirlo como de izquierda- acosan a la democracia. Tanta brutalidad no es una mera consecuencia de los extractivismos, sino una condición necesaria para su cristalización. Y todo enmarcado en acciones propias de los imperialismos, a los que pocas veces se incorpora en los análisis.

Entender tal complejidad no es fácil. La fuerza de las movilizaciones de fines del 2019 fue enorme, pero no necesariamente presentaron claras opciones de cambio, aunque quizás abrían horizontes nuevos para la disputa del sentido histórico, sobre todo en el caso chileno. Además, las amenazas que ya envolvían a estos procesos eran mayúsculas. Basta constatar las sombras de la militarización de la política que ya entonces asomaron como constante en varios rincones de Nuestra América. Con las cuarentenas se han vaciado las calles y se ha puesto, por lo pronto, en cuarentena a la democracia.

La democracia jaqueada por los efectos del coronavirus

El coronavirus nos confronta con una realidad que se ha venido acumulando desde hace décadas y sobretodo en el último tiempo. Y esa realidad responde, más allá de lecturas inspiradas en el complot y de una avalancha de interpretaciones sobre la pandemia, a un proceso de destrucciones múltiples fraguado por los seres humanos en el marco del “capitaloceno”, responsable del colapso climático en marcha. Además, la misma recesión económica, que ya nos presionaba antes del coronavirus, resulta de esa lógica infernal de acumulación incesante del capital. Y así, esta convergencia de pandemias agudiza los problemas y nos enfrenta a una crisis multifacética en extremo compleja que nos convoca a pensar y actuar.

Protestas contra el paquetazo. (Cuenca, Ecuador). Fuente: portaldiverso.com

Puntualicemos algunos elementos clave. El coranavirus desnuda varios temas, muchos de ellos ya conocidos. El Covid-19 demuestra la profundidad de las desigualdades: a más de los graves problemas sanitarios, explotan agravados muchos otros problemas sociales: el hambre, la miseria, la inequidad, la marginalidad. El coronavirus, al demostrar la lógica del poder, sirve para exacerbar los temores y las aberraciones: se ha organizado un plan de guerra para vencer a un “enemigo invisible”, en clave de “chivos expiatorios”: migración y coronavirus caminan de la mano exacerbando la xenofobia.

En ese crispado escenario, el Estado retorna. A primera vista, esto resulta hasta deseable. Crece el reclamo para que el Estado asuma tareas sociales, pues en muchos países se las había dejado librados a lógicas mercantiles, la salud sobretodo. Lo grave es que, simultáneamente se consolida un Estado autoritario: hay que disciplinar a la sociedad para controlar la pandemia, es el mensaje. La cuarentena, más allá de su utilidad para frenar el contagio, implica una restricción de derechos. También asoma un Estado que, una vez más, luego de un largo interregno neoliberal, asume su papel como empresa de reparaciones del sistema, apuntalando a las grandes empresas, para que a la postre todo siga igual. Este retorno del Estado implica, entonces, la búsqueda de seguridad para mantener el statu quo, sobre todo cuando lo que se pretende es atravesar este complejo momento y retomar a la a-normalidad anterior.

La tentación del autoritarismo tecnológico chino es enorme. “El gran hermano” de George Orwell, transformado en “el estado tecnototalitario perfecto”, de Franco Berardi Bifo, asoma como una realidad cada vez más aterradora. Estados con rasgos fascistas y de exacerbados nacionalismos pueden consolidarse en muchos países. A la par, en América Latina y en otras latitudes, contando con el concurso estatal, se perfilan más neoliberalismo, más extractivismos, es decir más flexibilización laboral y ambiental para ser competitivos y recuperar el tiempo perdido. Al finalizar la pandemia habrá más ricos: las farmacéuticas, las grandes empresas que suministran y comercializan los alimentos, por ejemplo. También habrá más pobres. Y es muy probable que, dependiendo de como salgamos de ella, haya menos democracia…

La democracia de la Tierra, un paso imprescindible

Un par de reflexiones adicionales. Ojalá se entienda que la cuestión ambiental ha sido núcleo fundamental en los crecientes conflictos en el mundo entero. Esta pandemia del Covid-19 no surge de la nada, no es el producto de un simple complot. La pandemia nos confronta con una realidad socioecológica que se ha venido deteriorando aceleradamente desde hace unas siete décadas por lo menos, pero aún con más ferocidad en el último tiempo. Y en este complejo escenario, como lo hemos anotado, a la democracia se le enfría… dirán inclusive, sin sonrojarse, que para protegerla.

El reto no se resuelve de la noche a la mañana. Defender y fomentar la democracia en todos los ámbitos de acción estratégica -desde lo local a lo global-, con un proceso de permanente radicalización, sigue siendo el camino para sociedades respetuosas de la diversidad, de la igualdad y la libertad. Es más, no podrá haber paz entre los humanos si simultáneamente no transitamos hacia la paz con la Naturaleza. Y eso nos invita a sintonizarnos con la democracia de la Tierra para construir sociedades basadas en la justicia social, la democracia radical descentralizada y la sustentabilidad ambiental.

Las mujeres exigen justicia (Chiapas) Foto: Andrea Murcia. Fuente: cuartoscuro.com

Los elementos básicos de dicha democracia radican en la relación armoniosa con la Madre Tierra, reconociendo que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, independientemente de si tienen o no alguna utilidad para los seres humanos. La diversidad biológica y cultural es la base de esa forma de democracia raizal, que no puede más apuntar hacia la uniformización productiva, cultural e incluso política. La sustentabilidad pensada en clave de las futuras generaciones obliga a priorizar los bienes de subsistencia básica, asegurando salud, alimentación y vivienda como derechos, no más como mercancías. Otra economía es un reto imperioso a partir de la diversidad, la sostenibilidad y la pluralidad, potenciando lo local a partir de las nacesidades, demandas y decisiones locales: desde barrios y comunidades en primer lugar. Los saberes ancestrales en estrecho diàlogo con los conocimientos científicos deben hacer realidad la convivialidad de relaciones sociales, económicas y políticas, inclusive tecnológicas.

Eso demanda generar transiciones desde miles y miles de prácticas alternativas existentes en todo el mundo, orientadas por horizontes utópicos que propugnan una vida en armonía entre los miembros de la Humanidad y de estos con la Naturaleza, aprendiendo de formas de vida indígenas, plasmadas en los buenos convivires, y de todas esas otras opciones de existencias dignas que van configurando el Pluriverso.

Sin minimizar las acciones a nivel estatal, todo indica que el gran impulso surgirá con acciones desde abajo, desde barrios y comunidades. Una faena que no puede ser en ningún caso romantizada en tanto emerge desde la misma brutalidad del mundo capitalista. Se trata de una construcción y reconstrucción paciente y decidida, que empieza por desmontar varios fetiches -particularmente económicos, empezando por el imposible crecimiento en un mundo finito y por los destructores extractivismos- y en propiciar cambios radicales, desde experiencias existentes o desde imaginarios a ser transformados en realidades. Y eso nos conmina a desbaratar las bases patriarcales y coloniales del capitalismo, con lo cual inexorablemente se desmoronará esta civilización de la desigualdad y la violencia.

Esa tarea demanda conjugar la democracia en todas sus formas. Subvertir la institucionalidad dominante es el primer paso para construir redes de resistencia y re-existencia con las que -sin pedir permiso- se potencie y se radicalice la democracia en la vida de los pueblos. En la medida que la pandemia deviene en pandemonio, ¿cuál es el potencial real de cabio de rumbo? ¿Volverán las masas a llenar las calles hoy vacías por la pandemia? El momento, a pesar de todas las amenazas que se ciernen, aparece como inmejorable para disputar el sentido histórico de una gran transformación socioecológica.-

Alberto Acosta

Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Compañero de lucha de los movimientos sociales.

18 de mayo del 2020

Fotografía de portada de Jonatan Rosas

Después de la pandemia ¿Podremos construir nuevos paradigmas para la sostenibilidad de la vida?

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El 8 de marzo del 2020 enormes manifestaciones muestran la potencia del movimiento feminista. La coreografía del colectivo Las Tesis de Chile recorre el mundo dando voz a un saber colectivo: “el patriarcado es un juez que te juzga por nacer”. Sin embargo una semana después el Cononavirus impuso el distanciamiento social obligatorio en algunos países, voluntario en otros, las voces colectivas en la calle se silenciaron momentáneamente.

Esta no es la única pandemia que ha vivido la humanidad, pero si es la primera que paraliza y encierra a millones de personas en sus casas con terribles consecuencias para los sectores más desprotegidos de las sociedades. La pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales generadas por el capitalismo pero también ha impactado de forma generalizada los empleos de millones de personas creando situaciones dramáticas.

Como dice Maristella Svampa:

Hoy leemos en numerosos artículos, corroborados por diferentes estudios científicos, que los virus que vienen azotando a la humanidad en los últimos tiempos están directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación y al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Sin embargo, pareciera que la atención sobre la pandemia en sí misma y las estrategias de control que se están desarrollando no han incorporado este núcleo central en sus discursos. Todo eso es muy preocupante. (Nueva Sociedad abril 2020).

La disputa simbólica se instala en el escenario político y según cómo analicemos las causas, podremos imaginar las salidas pos pandemia. Para las feministas argentinas Veronica Gago y Luci Caballero, es necesario poner en acción las claves de lectura que produjo el feminismo, ya que permite comprender el futuro que se está haciendo ahora mismo. 

“¿O alguien se imagina qué sería esta pandemia sin la previa politización de los cuidados, sin la militancia por el reconocimiento de las tareas de reproducción y la valorización de las infraestructuras de trabajos invisibilizados, sin la denuncia del endeudamiento público y privado, sin la contundencia de las luchas anti-extractivistas para defender los territorios del saqueo de las corporaciones?” Revista Anfibia 2020

Es una politización que surge de miles de prácticas, situadas, parciales, que se nutren de campos teóricos a veces contradictorios y sujetos a revisión, pero que han abierto interpelaciones sustanciales. Por ello las autoras alertan sobre lo que no nos ayuda a pensar y a posicionar las prácticas colectivas; “hay dos lugares de enunciación que no nos resultan eficaces. Una rápida partida de defunción para el capitalismo (que incluye desde un editorial del Washington Post pasando por teóricos consagrados) o, en contrapunto, una insistencia en que la pandemia confirma el control capitalista totalitario sobre la vida”. Ibem.

Desde el pensamiento feminista y en particular desde el eco feminista se construye la articulación con el pensamiento ecologista para imaginar nuevas formas de producir, consumir y habitar.

QUEDATE EN CASA ha sido el lema para enfrentar la pandemia en la mayoría de los países, una “casa” que cuando existe es una prisión para muchas mujeres, niñas y niños. Los impactos serían aun peor si no fuera por la desobediencia al “QUEDATE EN CASA” que practican las personas solidarias con el dolor ajeno, organizando ollas populares, armando canastas de alimentos y construyendo con sus acciones, entramados desde abajo de solidaridad y cuidado.

Cuando salgamos del encierro, sin duda el mundo no será el mismo. La pandemia muestra la desigualdad capitalista de forma brutal y dolorosa, a pesar de los paliativos estatales, siempre escasos para la devastación que se produce. Los efectos aún no lo evidencian pero ya se perciben transformaciones laborales (tele-trabajo) que anulan los límites de la jornada laboral en aras de la libertad de elección y habilita pérdidas de derechos sociales y reducción del numero global de ocupados en el mercado de trabajo. Hay coordenadas de los debates sociales que cambiaron radicalmente volviendo más urgente y perentorios los cambios de nuestras prioridades. Suely Rolnik en diálogo con Negri y Hart, Deleuze y Guattari señala que

“la fuerza vital de la cual se alimenta el capitalismo ya no se reduce a su expresión como fuerza de trabajo , lo que implica una metamorfosis radical de la propia noción de trabajo. Eso se acompaña de una paulatina dilución de la forma del Estado democrático de derecho, de la cual dependían leyes laborales propias del régimen en su versión anterior” Rolnik 2019: 27

Aparece con descarnada perentoriedad la necesidad de reestructurar el campo del deseo con prácticas que desestabilicen las formas dominantes de la subjetivación. Rolnik hace una cartografía de las esferas de la insurrección a recorrer para descolonizar el inconsciente y dar espacio a los “embriones de mundos que habitan los cuerpos”. Esos “embriones de mundo” se expresan en los modos de producir y consumir, en las formas de relacionarnos, en las esferas de la micropolítica de territorios que producen sinergias colectivas que acogen y cuidan.

¿Como construir una agenda que ponga en jaque al capitalismo?  Como pocas veces, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales. A la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, debemos repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos. Svampa, Viale 2020

Territorios feministas

En el pos pandemia aparece como urgente desplegar espacios colectivos autónomos, re-inventando resistencias a la cultura capitalista en todas sus manifestaciones consumistas, individualistas, violentas, racistas, colonialistas, y patriarcales y explorar el espacio de la invención política creativa escapando también al juego político del estado y de la representación. Ello no implica desatender la crítica, o el cuestionamiento a las formas tradicionales de la política y los Estados, pero solo reconstruyendo acción política desde la comunidad, podremos construir formas de vivir más cercanas a un imaginario transformador. Transformar las formas de producir y consumir es una manera de territorializar el feminismo para producir otras formas de habitar y fortalecer esas esferas de la insurrección desde lo micro. Las nuevas expresiones feministas crean “mercadas virtuales”, ferias, permacultura, huertas urbanas, mercados de trueque, experiencias de gestión sostenible en materia política y ambiental que fortalecen esferas de economías alternativas y autogestión. Extender y profundizar esas experiencias es una alternativa para enfrentar la crisis que deja el coronavirus. con economías desarrolladas desde los territorios que pueden contribuir a una democratización desde abajo, modificando prácticas de consumo para desarrollar una nueva relación con la naturaleza.

El cuidado para la sostenibilidad de la vida

Las necesidades cotidianas básicas, como alimentarnos, vestirnos, cuidar a los niños o a los enfermos, darnos afecto, reconocimiento y solidaridad, son el centro de la vida cotidiana de las personas. La reproducción de la vida es realizada mayoritariamente por mujeres, que son quienes han garantizado los cuidados y afectos necesarios. La teoría feminista ha colocado el foco en esta relación, abriendo la posibilidad de analizar íntegramente la sociedad. La despatriarcalización de la vida pasa por asumir el cuidado como un eje central del sostenimiento de la vida humana y no humana. Carrasco señala que:

“centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida humana ofrece, sin duda, una nueva perspectiva sobre la organización social y permite hacer visible toda aquella parte del proceso que tiende a estar implícito y que habitualmente no se nombra” (2003:12).

En la propuesta de “Nuevo pacto social verde” que plantean Svampa y Viele1 para la pospandemia se señala como uno de los 5 ejes del pacto social la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado. Este paradigma se basa en el reconocimiento de la interdependencia entre las personas y la ecodependencia con la naturaleza. Priorizar como política el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y los sistemas de salud públicas son urgencias tanto a nivel nacional como global. Se trata de llevar los cuidados y la reproducción de la vida a amplios sectores de las comunidades y de la sociedad. Incorporar estas dimensiones en las organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas y todo tipo de organización social al mismo tiempo que impulsar la demanda de un Sistema de Cuidados como política pública. Las prácticas sociales deben expandirse mas allá del estado, para hacer posible campos relacionales guiados por por principios éticos para la construcción del “común”. La economista feminista Natalia Quiroga señala que la interacción entre la economía social y popular pospatriarcal y la economía feminista deben centrar sus prácticas en una economía para la vida. Una economía que nos cuide. (Quiroga 2019). Por otra parte Yayo Herrero convoca a resignificar el concepto de sostenibilidad incorporando relación armónica entre humanidad y naturaleza. Existen propuestas y directrices para comenzar a ensayar transiciones socioecológicas hacia otro modelo de economía y organización social.

Hay que desear hacerlo.

Lilian Celiberti – Cotidiano Mujer (Uruguay)

BIBLIOGRAFIA

CARRASCO, Cristina. La sostenibilidad de la vida humana ¿un asunto de mujeres? Icaria Editorial: Barcelona, 2001 a.

CARRASCO BENGOA, Cristina; DÍAZ CORRAL, Carmen. Editoras. Economía feminista: desafíos. Propuestas, alianzas. Entrepueblos: Barlenona, 2017.

GAGO, Verónica, CABALLERO Luci, Deuda, vivienda y trabajo: una agenda para la pospandemia- Revista Anfibia. Marzo 2020

HERRERO, Yayo Economía ecológica y Economía Feminista: un diálogo necesario.en Economía feminista: desafíos, propuestas, alianzas. Entrepueblos: Barcelona, 2017. 121

PEREZ OROZCO, Amaia. ¿Espacios económicos de subversión feminista? en Economía feminista: desafíos, propuestas, alianzas. Entrepueblos: Barcelona, 2017. 132

QUIROGA; Natalia, Economía Pospatriarcal. Lavaca, bueno Aires, 2019

ROLNIK Suely, Esferas de la insurrección. Apintes para descolonizar el inconsciente. Tinta Limón, Colección Naciones Comunes. Buenos Aires 2019

SVAMPA, Maristella, VIALE, Enrique, Nuestro Green New Deal. Revista Anfibia. Argentina Mayo 2020

1 Nuestro Green New Deal- Revista Anfibia. abril 2020

Más de 200 organizaciones rechazamos el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

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Más de 200 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Entrepueblos, Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras, hemos firmado una petición dirigida a los gobiernos de los Estados miembros, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que rechacen el Acuerdo de Asociación entre la UE y los países integrados en el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Aunque la idoneidad del tratado ha sido puesta en duda desde su conclusión en junio de 2019 por diferentes gobiernos, parlamentos nacionales y regionales en la UE y, recientemente, por el Gobierno argentino de Alberto Fernández, la presidencia alemana de la UE parece dispuesta a continuar con el proceso de firma y ratificación.

Para las organizaciones firmantes, este acuerdo comercial supondrá la aceleración de la destrucción medioambiental y la crisis climática, el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, y un impulso al modelo agropecuario orientado a la exportación que perjudica campesinado tanto en la UE como en el Mercosur.

La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado una carta firmada por más de 200 organizaciones de toda Europa a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a todos los europarlamentarios y europarlamentarias españoles. Demandan que rechacen el tratado comercial entre la UE y Mercosur en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo respectivamente.

La conclusión de este tratado comercial, las negociaciones se prolongaron durante 20 años, fue anunciada en junio de 2019. Desde entonces se han sucedido las críticas al texto del acuerdo por parte de gobiernos como los de Francia o Irlanda, especialmente después de la ola de incendios en la Amazonia en agosto del pasado año y la gestión política de la crisis por parte del Gobierno brasileño. En los últimos meses los parlamentos de Austria, Países Bajos y la región belga de Valonia han aprobado mociones de rechazo al tratado.

Sin embargo, el Gobierno alemán, que presidirá la UE en el segundo semestre de 2020, parece decidido a ignorar este creciente malestar en torno al acuerdo con Mercosur y continúa con el calendario previsto para su firma y ratificación. El Gobierno español se ha mostrado hasta ahora también claramente favorable al tratado.

Las organizaciones firmantes de la petición consideramos que este tratado comercial tendrá consecuencias negativas para el medio ambiente y la ciudadanía:

1. Acelerará la destrucción del medio ambiente y la crisis climática en promover las exportaciones de automóviles, la expansión de los monocultivos y los pastos dedicadas a la ganadería. El acuerdo impulsará sectores como la carne o la soja (entre otros) en los países de Mercosur, responsables de la destrucción de la Amazonia y otros ecosistemas.

2. Aumentará las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, incluyendo violencia física contra pueblos indígenas y comunidades campesinas así como la expulsión de sus tierras. La firma del acuerdo implicaría la legitimación de las políticas anti-indígenas y antisociales de Jair Bolsonaro.

3. Reforzará el modelo agropecuario orientado a la exportación, que tendrá efectos perniciosos sobre los precios en origen de los que dependen la agricultura en la UE y Mercosur. También supondrá más sufrimiento animal y afectará a la producción local de alimentos.

La petición de abandonar el tratado por parte de la sociedad civil se produce justo cuando se cumple un año del anuncio de la conclusión del acuerdo. Las organizaciones sociales y ambientales que firman la carta alertan que, como ha demostrado la crisis de la Covidien-19, la destrucción de la biodiversidad y la persecución de una globalización y crecimiento económicos y • limitados exponen a la humanidad a enormes amenazas.

Asimismo, insisten en que el rechazo al acuerdo UE-Mercosur no debe mal interpretarse como una negativa a la cooperación constructiva en la región. Esta cooperación debe promover la lucha contra el hambre, la pobreza y el cambio climático, y fomentar el cumplimiento de los convenios laborales de la OIT, el respeto de los derechos humanos, de los derechos del campesinado y otras personas que trabajan en el medio rural así como la adopción de normativas de bienestar animal.

29 de junio de 2020

CARTA: Es el momento de paralizar y repensar el acuerdo comercial UE-Mercosur

LLAMAMIENTO: A la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea: es el momento de paralizar y repensar el acuerdo comercial UE-Mercosur

 

Descarga el suplemento informativo de El Salto

Por qué cada vez más países rechazan el tratado UE-Mercosur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más info: Golpe de mercado: Un tratado contra las personas y el clima

 

 

 

 

A dos ritmos: Una mirada interseccional de la Covid-19 y un hurra por los futuros

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Ana Rodarte es mexicana internacionalista, artista y escritora en ciernes. Sus textos han sido publicados en The Mexican Times y Escritoras Mexicanas, así como en la Revista Digital del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente estudia el Máster en Políticas Públicas de Género de la Universitat de Barcelona.

Ante la realización del Webinar Economía Feminista para no volver a la “normalidad”, organizado por Entrepueblos, transmitido el día 9 de abril del presente año, y en el marco de la materia Mujeres, Tiempos y Vida Cotidiana, Ana Rodarte ha escrito el siguiente artículo. 

A dos ritmos: Una mirada interseccional de la Covid-19 y un hurra por los futuros

¿Por qué añoramos las vidas antes de la pandemia?

Yo miro hacia atrás, hacia la época en la que aún trabajaba en uno de los gobiernos estatales de México, y rezumo estrés y enojo en mi día a día. Estaba presente físicamente, pero no tenía una relación con el resto de la gente. Me absorbían los deberes del trabajo y del hogar, y cuando tenía tiempo para mí, iba a eventos que me interesaban como si fueran una obligación más a cumplir. Lo peor es que, además de ahora saber que yo no soy la única que ha vivido este estilo de vida tan “particular”, he reparado que dentro de mi posición de privilegios, estaba cegada a las realidades de otras mujeres latinoamericanas. Las dobles jornadas laborales –entre el trabajo remunerado y los trabajos de cuidados–, con sueldos míseros y en donde se pone en jaque la salud mental y física es solamente un ejemplo de las miles de vivencias que podemos encontrar a lo largo de América Latina. Y ante el desempleo, el hambre, el mayor riesgo de contagio, es a ellas a quienes la Covid-19 ha precarizado aún más.

Sí, el Covid nos trastocó la vida a todes, pero, como siempre,bajo este sistema capitalista y patriarcal, a unes más que otres.

Cuando “todo pase”, ¿realmente queremos volver a estas dinámicas? ¿Por qué no buscamos repensar, en conjunto, en qué sentidos podríamos cambiar las vidas después del Covid? Este es el planteamiento con el que parte el Encuentro Virtual Economía Feminista para no volver a la “normalidad”: ¡Todas tenemos derecho a vivir dignamente!, en donde cuatro mujeres latinas y una mujer catalana se unieron para interpretar desde una perspectiva feminista las crisis en las que nos encontramos en la actualidad, con un énfasis en las diversos contextos latinoamericanos, y las posibilidades que se abren –y que podemos alcanzar- para el futuro pos-Covid.

En un primer momento, se establecieron las líneas teóricas sobre las que iban a versar los diálogos desde la voz de Cristina Carrasco, economista chilena, quien destacó la urgencia de reconocer la vulnerabilidad de todas las vidas, para darle la relevancia que merecen los trabajos de cuidados realizados por las mujeres, y que continúan sosteniendo este sistema en crisis. En el mejor de los casos, la doble presencia femenina (Torns, 2008) se ha visto reducida a un único espacio, en donde las responsabilidades socialmente impuestas sobre las mujeres impiden ahora por completo que incluso cuenten con un lugar físico para ellas mismas fuera de la dicotomía productiva/reproductiva.

Posteriormente, la economista colombiana Natalia Quiroga brindó un recorrido del abordaje de distintos gobiernos latinoamericanos hacia la crisis del Covid, en donde el denominador común es el aprovechamiento de esta coyuntura mundial para implantar lógicas de guerra y represión social generalizadas. Lo anterior lo ejemplificó con los recortes dados a los derechos sociales; el asesinato de líderes comunitarios; los discursos oficiales que refuerzan los roles de género sobre las mujeres –específicamente aquellos referentes a los cuidados–, además de enfatizar el alza existente en la violencia contra las mujeres en la actual etapa de confinamiento.

Asimismo, Verónica Gago, periodista y académica argentina, remarcó tres puntos de reflexión que continúan en diálogo ante las realidades actuales. Con ello, denunció la propagación de las deudas y la precariedad a la que nos hemos tenido que enfrentar todes; la necesidad de no olvidar con vistas al futuro que lo doméstico es imprescindible, y los desiguales estilos de vida entre clases socioeconómicas, los cuales han sido visibilizados con crudeza en estos últimos tiempos.

Enseguida se dio paso a escuchar la voz de Carmen Juárez, co-fundadora hondureña de la Organización Mujeres Migrantes Diversas en Barcelona, quien a través de una mirada divergente a las anteriores intervenciones, aterrizó el panorama de una de las realidades que encajan con la última afirmación de Gago: aquel de las mujeres racializadas que realizan trabajos precarizados ahora esenciales. Es aquí donde Juárez demostró que la teoría verdaderamente se encarna en los cuerpos de las empleadas de servicios domésticos que “cuidan de la vida en situación de explotación”, la cual ahora es notoriamente exacerbada.

Finalmente fue Trinidad Cuesta, activista catalana en el sector de la salud, quien cerró el encuentro. Así como lo hizo Juárez, Cuesta habló desde un plano vivencial. Puso énfasis en los recortes realizados en los últimos años al sistema sanitario catalán. Como consecuencia de ello, únicamente se ha precarizado aún más la situación de sus trabajadores, que como sabemos, es un sector altamente feminizado, y de las personas migrantes sin acceso a los servicios públicos de sanidad. Cuesta reflexionó sobre cómo “cada persona tiene la vida que puede pagar” ante el decaimiento del Estado de Bienestar español.

Como mexicana migrante en Barcelona, las palabras de cada una de estas mujeres resonaron ampliamente en mí a dos ritmos: el de “acá”, aquel que corresponde a mi entorno próximo físico y emocional, y el de “allá”, en donde se encuentra gran parte de mi red de apoyo. Viví la ansiedad de “acá” al reconocer la fragilidad de mi cuerpo en las calles, en mi propio barrio, y al tener acceso restringido al sistema sanitario público catalán. Y la de “allá” a veces me sobrepasa: veo con impotencia cómo el presidente de México sigue perpetuando el rol de las mujeres como únicas cuidadoras en sus discursos; cómo desestima el alza de llamadas de emergencia por violencia doméstica (García y Rojas en El Economista, 2020), y su nulo interés por plantear una estrategia que permita hacerle frente a los 10 feminicidios diarios nacionales (González en Contralínea, 2020).

Pero justamente este encuentro virtual me ha asegurado que somos muchas, de distintos países, edades y contextos, las que estamos buscando vías alternativas a esta normalidad impuesta, y que podremos instaurar en el mainstream de la academia, las instituciones, y las comunidades.

Las propuestas presentadas por las ponentes discurrieron de la reflexión social, pasando por exigencias a los gobiernos, hasta acciones comunitarias a emprender. En el primer sentido, se cuestionó cómo será posible mantener el reconocimiento del espacio doméstico y sus dinámicas, hasta ahora invisibilizadas. Para ello, se ha recalcado que dentro de esta generalización en el imaginario colectivo, se coloquen a los cuidados como una responsabilidad de todes en todos los ámbitos, llevando incluso a que se reconfigure lo que es y no es trabajo. De esta manera se ha hecho poco a poco notorio que el trabajo realizado en el hogar realmente es un trabajo al que también se le dedica horas, esfuerzo y carga mental, aunque este no sea remunerado ni cuente con el mismo estatus social (Freixa, 2011). Bajo esta nueva percepción, se podrían gestionar incentivos desde instituciones públicas y/o la iniciativa privada para que los hombres se involucren activamente en los trabajos no remunerados y se permee su valorización en las sociedades (Moraleda, 2006).

En el segundo nivel de alternativas, mencionaron la necesidad del aumento del gasto social más allá de las excepcionalidades, empujando el establecimiento de un Estado de Bienestar funcional que garantice la subsistencia de toda la población, en específico otorgando la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio y/o regularización administrativa. De igual forma, se expuso que dentro de ello se desmercantilizaran las infraestructuras del cuidado, iniciativa que es posible de enmarcar en las políticas sobre los tiempos de la ciudad. Estas políticas buscan que los servicios públicos y las variadas actividades correspondientes a ocio, trabajos, entre otros, se adapten y se puedan conciliar a los tiempos de las personas, sobre todo a los de las mujeres, al ellas contar actualmente con una doble jornada incapaz de adecuarse a los horarios establecidos en varios espacios (Lousada, 2007). Esto significaría que las ciudades pusieran a disposición guarderías, residencias geriátricas, y otros centros de cuidado en mayor número, de calidad, y con coste cero o reducido, liberando así mayor tiempo cotidiano a las mujeres para su disfrute.

Finalmente, desde las lógicas comunitarias, se instó a que se enraizaran los tejidos de cuidados en la auto-gestión, como lo son las redes de abastecimiento y los cuidados vecinales. Es en estos últimos que se tiene la posibilidad de desarrollar los bancos de tiempo comunitarios, los cuales agrupan a personas de un mismo barrio o comunidad, y se utiliza el tiempo como moneda de intercambio de servicios ofrecidos y recibidos en este círculo próximo, logrando que “su propósito sea social y su enfoque, local” (Simon, 2010). Dentro de estos se le da idéntico valor a las actividades a intercambiar, y se da la apertura para distribuir comunitariamente ciertos servicios de cuidados, propiciando el desarrollo de vínculos y una identidad en comunidad (Torns, 2001).

Igualmente señalizaron la importancia de que pasadas las restricciones de reunión masiva generadas por la posibilidad de contagio de Covid, se regrese a las calles a continuar las protestas emergidas en distintos países latinoamericanos en los últimos tiempos, pero sin olvidar la reflexión de fondo de la crisis sanitaria. Por ejemplo, haciendo eco para rechazar las medidas que seguramente negociarán los organismos financieros internacionales con los gobiernos latinoamericanos.

Ante este panorama, noto que cuento con una motivación personal proveniente desde mi país: las mujeres de los movimientos feministas mexicanos actuales. Siendo reflejo de la consolidación de lógicas comunitarias, ellas me motivan. A pesar de la situación atravesada colectivamente, la movilización observada en el 8M de este año no ha hecho más que aumentar, al trasladarse a una presencia online y denunciar desde dicho espacio las violencias contra las diversas mujeres mexicanas en este confinamiento.

Desde aquí hago el llamado a que continuemos con ese impulso, en México y el resto de Latinoamérica, logrando visionar en conjunto un presente y un futuro donde dialoguemos y extendamos nuestras redes de comunidad, tanto para exigir que dejen de matarnos como para buscar un cambio sociocultural, alcanzando así un reparto equitativo de los tiempos y recursos entre mujeres y hombres. Es posible. Reinventemos.

Referencias bibliográficas

Comisión Feminismos Entrepueblos [Entrepueblos Entrepobles Entrepovos Herriarte]. (2020, abril 10). Economía feminista, para no volver a la “normalidad” [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/g3C9MC4rAzY
Freixa, Carme (2011). Políticas públicas de los usos sociales del tiempo. Cambiar el tiempo. Educación Social, 41-53.
García, Ana Karen, y Rojas, Valeria (24 de mayo de 2020). La violencia sí incrementó en la cuarentena: más llamadas de auxilio y más búsquedas en Google. El Economista.
González, Jordana (18 de mayo de 2020). En plena emergencia sanitaria, más de 350 víctimas de feminicidio en México. Contralínea.
Lousada, José Fernando (2007). Las políticas públicas sobre los tiempos de la ciudad, en especial las normas gallegas. Derecho Español, 16-21.
Moraleda, Imma (2006). Necesidad de Políticas Públicas de Usos Sociales del Tiempo. Comparecencia de Imma Moraleda, Concejala de los Nuevos Usos Sociales del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona, ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados que analiza la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, (págs. 1-25). Barcelona.
Simon, Martin (2010). Your Money or Your Life: Time for Both. Gloucestershire : Freedom Favours.
Torns, Teresa (2001). ¿Para qué un Banco de Tiempo? Mientras Tanto, 117-125.
Torns, Teresa (2008). Tiempos de trabajo, tiempos de vida. Gaceta sindical: reflexión y debate , 253-274.

Cultopías, un espacio web de Entrepueblos

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Os presentamos Cultopías, un espacio web de Entrepueblos que nació hace seis años, que hemos remodelado y actualizado. Este proyecto se creó a modo de mochila-zurrón donde recoger experiencias artísticas o eventos culturales, nacionales e internacionales, que acompañan y ponen voz a las luchas de los movimientos por la justicia social.

En estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir se ha hecho más palpable la necesidad de iniciativas artísticas y culturales. Queremos dar cabida en él a todos esos colectivos y activistas que trabajan para la transformación social, antes y después del COVID-19. Potenciar la voz de colectivos y personas preocupadas por los problemas sociales acuciantes, modelo y ritmo de vida que hemos llevado hasta ahora, tremendamente injusto y frágil. Por eso creemos que ahora más que nunca, es necesario estimular la creatividad y la comunicación colectiva mediante la palabra, cuerpo e interacción a través de los medios a su alcance, con el objetivo de generar conciencia social y exigir compromisos a quienes nos gobiernan.

Y en este transitar hemos llegado a ti. Deseamos compartir contigo este proyecto que tenemos entre manos, al que te invitamos a participar. Te hacemos este  llamamiento porque queremos que nos acompañes, para poder acercar tus conocimientos y saberes.

También estamos buscando personas y colectivos que trabajan en los sectores artísticos, culturales y sociales, conocer experiencias y proyectos.

Nos encantará que nos acompañes para poder conocer y compartir tus conocimientos y saberes, y quizás crear algo juntas. Si estás interesada en participar, ponte en contacto con nosotras a través del correo cultopias@entrepueblos.org

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