¡Suma tu nombre a esta iniciativa europea! ➡️ Formulario de firmas

Las transnacionales tienen cada vez más poder para poner precio y condiciones abusivas a nuestro trabajo, vivienda, transporte, servicios públicos, alimentos, salud, agua, tierras, clima, … incluso a nuestros conocimientos, relaciones y deseos. Sus lobbys gobiernan cada vez más las instituciones políticas, con más facilidad cuanto más alejadas están de la ciudadanía. Pero no les basta…

En el sistema internacional de hoy las multinacionales se benefician de derechos especiales de gran alcance y tienen acceso a tribunales especiales para hacerlas cumplir. El arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) les permite atacar a los Estados fuera de los tribunales nacionales siempre que estos Estados adopten una legislación que pueda perjudicar sus ganancias. Este mecanismo amenaza la toma de decisiones democráticas, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos, y los derechos laborales y de los consumidores.

Mientras tanto, todavía no hay obligaciones internacionales vinculantes para hacer que las empresas transnacionales (ETN) rindan cuentas por sus actos y, a su vez, garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales. A menudo, las personas y comunidades afectadas se encuentran ante una denegación flagrante de la justicia cuando las multinacionales violan sus derechos. Ésta es una espantosa asimetría.

En Europa, los movimientos contra el TTIP y CETA pusieron el mecanismo ISDS en el foco de atención y expusieron su ilegitimidad. Queremos terminar con este sistema injusto de una vez por todas, detener su expansión en cualquier forma y terminar con los tratados existentes que contienen ISDS.

¿Quiénes somos?

Somos una alianza europea conformada por más de 18 países, con plataformas de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que trabajamos para poner fin a la impunidad corporativa de las multinacionales y en contra del ISDS – el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema de justicia paralelo, unilateral y a favor de las empresas transnacionales. Queremos poner en primer lugar a las personas y al planeta.

¿Por qué esta campaña?

La toxicidad política del ISDS ha cogido fuerza en el último año con un número creciente de casos llamativos que han visibilizado el peligro del sistema. La empresa Vatenfall demanda a Alemania por querer salir de la energía nuclear, la empresa minera canadiense que demanda al Estado español por una decisión de la Xunta de Galicia de atender a las demandas de la población de no dejar explotar la mina de Corcoesto por daños ambientales y sociales. Y muchos más casos que empiezan a surgir en el Estado Español con demandas millonarias. Estos casos se seguirán multiplicando mientras siga existiendo este peligroso sistema. Incluso la Comisión Europea ha recibido serios toques de atención desde sus propias instituciones.

Mientras la UE y los Estados miembro están haciendo todo lo posible para asegurar privilegios a los inversores, dejan desprotegidas a las víctimas de abusos corporativos. El reciente caso de Chevron-Texaco es un ejemplo de total impunidad, pues la empresa petrolera acusada de verter al menos 1.500 millones de galones de agua tóxica a los ríos de la Amazonía, envenenando el medio ambiente y afectando a las comunidades y pueblos indígenas – no sólo no está pagando por los daños causados, sino que ha demandado al gobierno de Ecuador por no permitirles seguir con su actividad y podría salir impune al haber recurrido la sentencia ante un tribunal privado de arbitraje.

¿Cómo puedes ayudar?

Lo que une a todas las campañas europeas y lo que es su herramienta principal es una petición masiva de firmas en línea. Es un instrumento para involucrar a millones de personas en toda Europa y tener el apoyo masivo para conseguir nuestros objetivos.

¡Firma la petición ahora!

¿Quieres más información? ➡ https://stopisds.org/es/

➡️ Comunicado de las organizaciones sociales ante la crisis institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

De un lado, están las fuerzas conservadoras que recurren por todos los medios a mantener las fuentes de financiamiento ilícito y exacerbar las posturas reaccionarias que violentan derechos democráticos conquistados; y por otro, diversidad de grupos que demandan continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como defender la laicidad y la función del bien común que corresponde al Estado.

Esta confrontación de posiciones toma forma en un contexto en el que altos funcionarios públicos y privados cuestionan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos dictámenes deben ser acatados ya que es la máxima institución del ordenamiento jurídico guatemalteco; proliferan las descalificaciones y la criminalización de voces opositoras; se engavetan iniciativas de ley progresistas, reactivan controles militaristas y reprimen al movimiento indígena y campesino, principalmente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CORTE EVANGÉLICO

A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece la libertad de creencias y ha suscrito convenios internacionales que reconocen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, el mandatario Morales y dirigentes de su partido reivindican sus convicciones religiosas mientras actúan en su función pública.

A toda costa pretenden descalificar las posiciones emancipadoras en un país donde se registra la tasa más alta de natalidad en América Latina, el empobrecimiento de las personas crece al igual que las migraciones y van en aumento los embarazos en niñas (11 y 14 años) y las denuncias por violencias machistas.

Morales defiende como la pareja única permitida, la que integra un hombre y una mujer; que la mal llamada “ideología de género” atenta contra la armonía familiar; que la educación sexual únicamente corresponde a padres y quienes propugnan por postulados distintos a los suyos son “enemigos internos” (concepto utilizado durante la guerra para reprimir), ya que fomentan la polarización social.

Además de sus sesgos pentecostales, en los que la palabra de dios sobresale, altos funcionarios de la presidencia de la República han externado su oposición a obedecer la resolución de la CC que ordena dejar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, quien ha sido ratificado como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrario a una orden presidencial que lo prohibió porque supuestamente atenta contra la soberanía nacional.

Asimismo, han manifestado su rechazo hacia otro dictamen de la CC, que ordena la realización de una consulta comunitaria previo a que la Mina San Rafael reanude sus funciones (explotación de plata, cobre, zinc, y en menor medida oro). En esta oposición, además de funcionarios de gobierno de alto nivel, figuran cámaras empresariales y ex magistrados conservadores que coinciden en imponer los proyectos “de desarrollo” a pesar de que son rechazados por la población de los territorios donde se ejecutan, porque destruyen bienes naturales, benefician principalmente a inversionistas extranjeros y es escasa su oferta laboral.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON MAYORÍA REACCIONARIA

La legislatura actual ha concertado un “pacto de corruptos”, integrado por diputados que intentan legislar en función de las exigencias evangélicas, califican de “enfermos” a la población LGTBI y como un atentado a la familia y el derecho a la vida los postulados feministas.

Otra de sus características es favorecer los intereses empresariales que han acumulado capitales a través del modelo extractivista. Los integrantes del “pacto de corruptos” defienden las fuentes de financiamiento ilícito como son: la construcción de infraestructura, la compra de medicamentos, la contratación de servicios, entre otras. Aspiran a cooptar el Sistema de Justicia.

Este grupo de parlamentarios también pretende la reelección ininterrumpida y el cambio de bancada sin restricción alguna, así como restar poder de decisión al Organismo Judicial en casos de desafuero de funcionarios públicos, inculpados en hechos de corrupción, tarea que quieren sea exclusiva al Congreso de la República.

Las demandas sociales, como la ley que buscaba una reparación digna para niñas violentadas sexualmente y apoyos económicos para mujeres rurales, son ignoradas. La agrupación Justicia Ya denunció que 129 (del total de 158) diputados intentan cambiar las reglas del manejo de financiamiento electoral para salvar a financistas y secretarios generales de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

La función pública ha estado impregnada por hechos de corrupción en este país centroamericano, en los que se ha simulado hacer actividades comerciales a fin de apoderarse de recursos del Estado, práctica que –a partir de 2015– se demostró mediante la actuación conjunta del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, y de CICIG, dirigida por el comisionado Velázquez.

A pesar del litigio malicioso ejercido por ex funcionarios gubernamentales y sus abogados, existen varias sentencias que demuestran plenamente cómo éstos se apoderaron bajo el amparo de sus cargos de importantes sumas de dinero; por ejemplo: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ex titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estos dos últimos pertenecieron a la cúpula militar.

En los procesos judiciales que se siguen figuran como presuntos inculpados además: el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina; varios ex magistrados y ex ministros, entre ellos, Williams Mancilla, ex titular de la cartera de la Defensa Nacional, así como dos familiares de mandatario, Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo.

Todos estos casos han sido presentados por MP y CICIP, en los que también figuran grandes empresarios, cuyos resultados son los que motivaron a Jimmy Morales a cerrarle el ingreso a Guatemala al comisionado Velázquez y oponerse a la extensión del mandato de dicha comisión de Naciones Unidas.

En sentido contrario, movimientos ciudadanos departamentales y en la capital, donde resalta la participación estudiantil y de población urbana, demandan intensificar la persecución penal contra las personas corruptas. Exigen la renuncia del presidente de la República y de los diputados, respetar el ordenamiento constitucional, reencauzar la acción legislativa y defender el Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mujeres indígenas y mestizas, quienes participan en diferentes espacios, se han constituido en una asamblea permanente para rechazar enérgicamente el Golpe de Estado que se está implantando, ante la desobediencia de las resoluciones de la CC y la militarización, que se observa con el fortalecimiento del ejército, su mayor injerencia en decisiones nacionales y presencia constante en las calles y comunidades donde hay movimientos de resistencia.

Para la denominada asamblea de mujeres, la impunidad “afecta de manera importante porque se nos niega el acceso a servicios públicos, impone peores condiciones de trabajo y alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos de nuestra vida, además suprime oportunidades en comunidades rurales y barrios urbanos”.

Representantes de los diferentes movimientos sociales denuncian de manera constante los ataques contra defensoras y defensores de derechos que luchan por sus recursos naturales y territorios. El más reciente hecho ocurrido en octubre, fue en la comunidad de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), donde se ha puesto de manifiesto la existencia de un plan para promover una nueva ola de criminalización contra pueblos que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala se está violando el libre acceso a la información, así como la libertad de expresión y de creencias, mediante la difusión de discursos de odio, campañas de desprestigio y manipulación de informaciones públicas. Lo que importa resaltar es que en este país, al igual que en otros del continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), la difusión de consignas religiosas fundamentalistas tiene el objetivo de controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación, mientras que la militarización busca reprimir el descontento social y fomentar el miedo en la ciudadanía. Todo ello, contrario a las exigencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “La nueva ola feminista”

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres

Como era de prever el veredicto pronunciado por el Tribunal de Sentencia hondureño, continúa sin condenar a las estructuras y a las personas que pagaron a los criminales que asesinaron a Berta Cáceres e intentaron asesinar a Gustavo Castro.

La familia de Berta Cáceres y el COPINH denuncian que, a pesar de las innumerables pruebas incriminatorias que el Tribunal recibió, los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, siguen gozando de la libertad, porque se ha negado sistemáticamente esta línea de investigación. Con este fallo se condena unicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA.

¿Qué intereses están en juego y motivan que el Estado y sus instituciones protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

Desde el asesinato de Berta Cáceres gran cantidad de instituciones públicas, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, el Congreso, el Gobierno español y el Parlamento y la Comisión Europea, se han pronunciado en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres, del intento de asesinato a Gustavo Castro, así como a las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinadas o criminalizadas con toda impunidad.

Si, a pesar de la financiación recibida durante estos años por la cooperación internacional para mejorar el aparato judicial hondureño –especialmente por parte de la cooperación estatal española- los tribunales hondureños muestran esta clamorosa incapacidad de actuar de acuerdo al debido proceso, llega la hora de que la comunidad internacional se pronuncie sobre si estos asesinatos deben quedar impunes.

Desde las organizaciones y plataformas de solidaridad con el pueblos hondureño hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las organizaciones y movimientos sociales, para seguir presionando a nuestros respectivos gobiernos para que se hagan responsables de que se haga justicia en unos hechos, en la raíz de los cuales no podemos olvidar que están implicados fondos de inversión públicos europeos.

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte. (Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.)

[Noticia previa]

Hoy jueves 29 de noviembre, a las 4 PM en Honduras, el Tribunal de Sentencia dictará fallo en el juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos, lideresa lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.

El 2 de marzo del 2016 personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres Flores, ubicada en La Esperanza, Intibucá y la asesinaron. En los hechos también resultó herido el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana.

En el marco de este juicio, hemos observado las múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso que se han producido hasta la fecha en dicho juicio. Durante la etapa de investigación de los hechos, la representación privada de la familia enfrentó constantes obstáculos para acceder a la prueba recabada por parte del Ministerio Público; siendo así que en por lo menos treinta y cinco ocasiones se realizaron solicitudes expresas sin obtener ninguna respuesta.

Posteriormente en agosto del presente año, a más de dos años de haberse realizado los allanamientos, el Ministerio Público había informado que la mayoría de los elementos incautados no habían sido analizados. Entre ellos, había equipos electrónicos como computadoras, celulares e incluso, el arma de uno de los imputados. Incluso, el Tribunal realizó cuatro órdenes en las que dispuso su entrega, las cuales se incumplieron.

En la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó dos solicitudes de transmisión vía digital y de grabación en video y audio que se hicieran para garantizar la publicidad del proceso, además, denegó sistemáticamente la incorporación de prueba elemental para demostrar la culpabilidad de empleados y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se considera la principal responsable del asesinato.

El máximo acto de parcialidad del Tribunal consistió en dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, negando la posibilidad a las víctimas de participar en el proceso y obligándoles a aceptar la representación del Ministerio Público, quien como ya se señaló, ha obstaculizado y ocultado información a las víctimas.

El antecedente de dicha decisión ilegal del Tribunal se basa en que, en vista de que se estaban consolidando las condiciones de un proceso irregular y arbitrario, se interpusieron varios recursos, entre ellos uno de recusación que fue denegado y que habilitó la interposición de una serie de recursos de amparo que a la fecha no ha sido resuelto y mantiene vigente la recusación en contra del Tribunal. Esta acción implica que la convocatoria a juicio realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia, señalándole estos aspectos al Tribunal mediante una comunicación previa.

Consideramos que los autores materiales deben ser debidamente juzgados y sancionados, sin embargo, no se alcanzará justicia y no se esclarecerá la verdad respecto del asesinato, hasta que pueda desmantelarse la estructura criminal que está detrás del mismo.

El Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial, así como garantizar una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Hay condenas, pero no hay justicia.
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