Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones. 

Foro de ONGDs Españolas

Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

Han pasado casi 30 años desde que una movilización de gente activa de base, entre las que estábamos Entrepueblos, saliera a las calles en las históricas acampadas por el 0,7 de los años 90, pidiendo al gobierno de turno, al grito ¡No es caridad, es justicia! que incluyese en los presupuestos generales, la cesión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) como ayuda al desarrollo de los países empobrecidos.

Y ahí seguimos…

Ahora, el actual Gobierno da un paso con el anteproyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, para que con suerte para el 2030 se destine por ley este ansiado 0,7% de su renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Como indica La Coordinadora en su análisis este anteproyecto puede ser “una buena oportunidad para concretar la propuesta y garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales”, pero exige compromisos más amplios para llegar a ser una ley “realmente transformadora”  que atienda a la diversidad de miradas feministas y ecologistas, y esté a la altura de los desafíos globales.

La pandemia: revela una crisis sistémica a nivel global. Alternativas desde los movimientos sociales en America Latina.

Estamos frente a la primera pandemia realmente global, que deja al desnudo las enormes carencias, supremacías, desigualdades de un mundo globalizado con hegemonía capitalista, patriarcal y colonial.

Es casi un consenso el asumir que estamos frente a una crisis paradigmática, más exactamente, crisis de un Marco Civilizatorio, con prioridad del paradigma del mercado, la especulación, el avance invasivo sobre cuerpos, tierras, territorios, sustentada en una cultura de individualismo creciente, que marca los horizontes y alternativas de una sociedad. La pandemia ha acentuado la encrucijada civilizatoria que enfrentamos, dejando al desnudo la tremenda disputa entre un modelo económico depredador y nada menos que la sostenibilidad de la vida. Lo que nos coloca en un momento de “interregno”, del que hablaba Gramsci^[1]:  cuando lo antiguo está en crisis, ya no convence, ya no responde a las preguntas, necesidades y deseos vitales… y lo nuevo aún no se posiciona, aún está en proceso de encontrar sus cauces de acción y sus coordenadas de reflexión.   Por lo mismo, es también una crisis epistémica, de desorientación cognitiva, que pone la necesidad de avanzar hacia un nuevo horizonte de sentido histórico que construya condiciones para vidas que merezcan ser vividas.

Esta crisis también arrastra a la institucionalidad global, regional y nacional. Las Naciones Unidas están tremendamente debilitadas, el multilateralismo, tan importante en experiencias como la pandemia, está profundamente resquebrajado, con la pérdida creciente de hegemonía norteamericana.   En América Latina, el sistema interamericano, incluyendo la OEA, ha perdido su relevancia, instancias más democráticas como UNASUR han dado paso a nuevos arreglos geopolíticos, como ProSur, mucho más conservadores e inefectivos. Todo esto acompañado de una creciente debilidad de la democracia, cooptada por los poderes económicos (que han aumentado exponencialmente sus ganancias en pandemia, a costa de la vida de millones de personas). Y el surgimiento de tendencias no solo conservadoras sino claramente fascistas. La desigualdad, el autoritarismo, el desprecio por la vida de otrxs, además del fuerte racismo preexistente, vemos el surgimiento de un racismo ambiental– que define quienes son los más infectados, quienes son los que más mueren. Brasil es el caso más escandaloso: el exterminio viral de indígenas y negros. Esta experiencia pone al fascismo y al racismo en el centro de nuestra reflexión

Por lo mismo, es una era de redefiniciones urgentes. Es un momento, como dice Maristella Svampa (2020),^[2] de liberación cognitiva, que nos lleva a superar el desconcierto y la inamovilidad, para audazmente pensar que aquello que deseábamos, pero veíamos aún lejano, o inviable, o simplemente inimaginable, y hoy comienza a tener visos de realidad… al abrirse otras dimensiones para la acción y otros horizontes de transformación. Y las posibilidades no son muchas: O volvemos a la “normalidad” que ha producido estos desastres en el mundo, o apostamos por profundizar un cambio de paradigma – desde una nueva matriz ecosocial, anticapitalista, antipatriarcal, de justicia ambiental, social, sexual, étnico racial—   Esta es la alternativa a la que aspiran y apuestan los movimientos sociales y las resistencias del Sur global.

 Expresiones prefigurativas que auguran otros horizontes de justicia y democracia

Las dos décadas transcurridas en el nuevo milenio, especialmente la segunda, han contenido una ola global de movimientos y revueltas    Las dinámicas actuales que han estado impulsando los movimientos ecológicos, indígenas, urbano populares, afrolatinos, LGBTTI, jóvenes, estudiantes, así como los feminismos en su enorme diversidad, nos ofrecen otros aprendizajes, abriendo un horizonte de posibilidades, sustentados en las resistencias cotidianas y la incidencia públicas.

Los movimientos en América Latina trajeron no solo la novedad de incidir en la transformación de espacios y dimensiones antes no colocadas, como la vida cotidiana, el racismo, la diversidad sexual en todas complejidades.  Se han desplegado también formas de organización y articulación diversas y novedosas. Como afirma Jeffrey Pleyers^[3], resistiendo las jerarquías, impulsando horizontalidad,  liderazgos diluidos, no aferrados,  estructuras más bien laxas, formas de organización coyuntural, en red, ofreciendo  nuevos flujos de información,  facilitando contacto directo entre activistas, en el país, la región y a nivel global. Han surgido otras formas de estar en movimiento, facilitando e inaugurando intercambios entre las redes, las organizaciones urbanas y rurales, las académicas, los diálogos interculturales, a nivel de los países, de las regiones y a nivel global.  En algunos países ha habido logros importantes, como en Perú donde en plena pandemia se ha logrado la firma del Convenio 189, sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes perdieron masivamente sus empleos. Y se ha conseguido también la aprobación de la ley de paridad y alternancia en las listas parlamentarias y en las instancias electorales en general.  Varias de estas dinámicas tienen historia de resistencia de las mujeres en muchos de los países de la región, pero eran impensadas inicialmente en pandemia, en un momento de cuasi inmovilismo, han profundizado y/o provocado la generación de un tejido colectivo comunitario que articula formas de solidaridad y resistencia en y desde los territorios, especialmente en aquellos espacios donde generalmente el Estado no llega, o llega mal.

En estos procesos, algunos autores^[4] señalan la importancia que adquiere la defensa de la autonomía, tanto en relación  a la  independencia de los partidos políticos y gobiernos, preservando espacios de decisión propios, como también para reproducir sus propias condiciones de vida y avanzar luchas y resistencias hacia la transformación más allá de lo estatal.  Hay una reivindicación de lo plebeyo, de la cultura popular, de las identidades indígenas, de los feminismos plurales, de Abya Yala, desplegando una crítica tenaz a la cultura dominante y recuperando y afirmando las propias culturas y cosmovisiones.  Son luchas múltiples, algunas de ellas, como las feministas, con una masividad no tenida antes; con experiencias de comunicación horizontal, de liderazgos compartidos y generalizados, no únicos. Y, más y más, asumiendo la urgencia de la interconexión.

Todo ello está teniendo claros impactos en las subjetividades, también en formas nuevas de articulación.  Hasta antes de la pandemia, la calle era el lugar privilegiado de la protesta. Con el encierro que ha traído la cuarentena, muchas de las articulaciones anteriores han perdido fuerza, algunas organizaciones han reducido sus acciones, Se han cerrado muchas de las dinámicas de lucha y organización previas, pero otras alimentan procesos de apertura y formas otras de organización, desde un sinfín de iniciativas.  Se han extendido acciones concretas en cada uno de los barrios a través de ollas comunes, comedores populares o distribución de alimentos, atención a las personas mayores. Son actividades de cuidado solidario, generando un espacio de contención emocional, de creatividad, de resistencia y de desobediencia. Han surgido también iniciativas amplias de solidaridad entre movimientos. Por ejemplo, en Brasil el Movimiento Sin Tierra, con una fuerte organización feminista a su interior, hace recojo de toneladas de alimentos y los distribuye para las ollas comunes. Se despliegan también ferias itinerantes con aquellos productos que no tienen salida a los mercados.  Pero también la calle ha seguido siendo escenario, de más y más experiencias de lucha, por la democracia, contra el racismo, por los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, por la violencia hacia las mujeres, por la democracia en los países, contra la criminalización de las protestas, por la democratización urgente de los sistemas de salud, educación, etc. Todo ello acompañado e impulsando otra subjetividad: la indignación por la tremenda injusticia social, económica, política, física, virtual, que ha evidenciado la pandemia, la cual ha dejado al descubierto la forma escandalosa en que se ha producido la tremenda desigualdad.   Si bien todas estas dimensiones han sido parte de las agendas de lucha previas, en la pandemia se han visto atacadas o debilitadas o mostrándose en toda su escandalosa desigualdad.

Una característica importante es la territorialidad de las luchas, que aparece hoy como elemento constitutivo de la acción de los movimientos sociales. El territorio se convierte en espacio de resistencia, en ámbito de creación de nuevas relaciones sociales y de reconocimiento de nuevas presencias y realidades pluriculturales y, multiétnicas.  Y si bien estos giros expresan el énfasis en lo local-nacional, es importante considerar que lo global y lo local no son mutuamente excluyentes.  Lo territorial es el espacio de raigambre cotidiana, donde se despliegan prácticas sociales, de amor, de resistencias, donde se recrean experiencias innovadoras o históricas de organizar la vida y la solidaridad.

Es claro que acercarnos a estas complejas realidades nos obliga a revisar nuestras mismas categorías de análisis y estrategias de acción, porque justamente el reto hacia un futuro diferente requiere recuperar todos estos espacios concatenados, intersectados, en un mundo cada vez más diverso, pero también más amenazante. Las características pluriculturales y multiétnicas de nuestras sociedades, la existencia de formas otras de conocimiento y de interrelación, la búsqueda de intercambios interculturales democráticos, etc. nos obliga a des- hegemonizar pensamientos únicos, recuperar otros saberes y cosmovisiones, que sustenten y expandan las agendas de resistencia y búsqueda de alternativas.

Este rol preponderante que ha asumido el Estado en la pandemia, ha evidenciado su responsabilidad para intervenir, negociar y administrar las tareas y los recursos necesarios para lograr la superación de la crisis. Ha hecho visible la perversidad de la privatización de estos servicios y derechos ciudadanos que han dejado en el despojo más absoluto a la mayoría de la población de los países.  Ha cuestionado profundamente la aspiración neoliberal de un Estado pequeño, que le da el poder a los grandes capitales y descuida totalmente su función hacia el bienestar de la población. Y ha mostrado la enorme limitación de los estados-nación en América Latina para hacerse cargo de las poblaciones más distantes de los centros de poder. y servicios, y de la diversidad de nacionalidades, culturas, etnias, idiomas que existen en su territorio. Y que también son los más vulnerables.

Todo esto no significa que ya se esté dando el gran cambio, pero si abre pistas que enriquecen nuevas subjetividades, acentuadas incluso más en pandemia: la indignación por tremenda inequidad en recursos, económicos, emocionales, de salud, de educación, de perspectivas de vida. La certeza de necesitarnos, de solidarizarnos para sobrevivir mejor, es comenzar también a vislumbrar un   nuevo paradigma, recuperando dimensiones de interconexión que habían quedado arrinconadas con el discurso del individualismo como central a la lógica de competitividad y egoísmo propia del capitalismo patriarcal, racista y colonial que pretende neutralizarnos. Este es el sentido del Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural^[5] para América Latina, que invita a  construir imaginarios colectivos, articular formas múltiples de luchas de los más diversos ámbitos de la sociedad.

Virginia (Gina) Vargas

^[1] Gramsci, Antonio 1988, Notas sobre Macchiavello: El Estado y la Política. Análisis de Situación y Relaciones de Fuerza. Juan Pablos Ed. México.

^[2]  Svampa Maristella 2020.  Reflexiones para un mundo post-coronavirus. Revista Nueva Sociedad. Abril 2020

^[3] Pleyers, Geoffrey Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas. (2018).  CLACSO.

– Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

^[4]   Massimo Modonesi y Mónica Iglesias 2016. Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida? De Raíz Diversa vol. 3, núm. 5, enero-junio. UNAM, México

^[5] Esta iniciativa impulsada por un grupo de personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos, asume  “ … la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder a y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno

[Imagen de portada Revista Bravas]

Entrepueblos, AIETI, Enraiza Derechos, Demus Perú y la Asociación Kallpa hemos impulsado una campaña para sensibilizar sobre la violencia sexual en el ámbito digital a mujeres y hombres de entre 17 y 22 años.

Ante la alerta del incremento de problemas relacionados con nuevas formas de violencia sexual en el entorno digital como la sextorsión y el sexpreading en Internet.

Esta campaña busca generar debate y sensibilizar a la ciudadanía dotándola de herramientas para que identifique y desmonte la cultura patriarcal que sustenta la violencia machista a través de una pieza audiovisual y contenidos en redes sociales.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, Entrepueblos, AIETI, Enraiza Derechos, Demus Perú y la Fundación Kallpa ponemos en marcha una de sensibilización sobre violencias machistas digitales  en redes sociales a través de Tiktok y Instagram.

El auge de las nuevas tecnologías ha amplificado el campo donde se ejercen las violencias machistas, siendo las TIC el ámbito más usado por la población joven. Según un estudio realizado por DonesTech en 2019, el 30% de las  mujeres que sufren violencias en las TIC, son violencias sexuales. Violencias que  ejercen principalmente exparejas (45%), amigos (21%) o  parejas (15%).

Las violencias machistas online tienen la particularidad que pueden ejercerse en cualquier momento y lugar, siendo fácilmente viralizables lo que provoca graves daños en las mujeres y niñas que las sufren. Según el mismo estudio, el 76% de las personas que la sufren viven con miedo, depresión o ansiedad.

La pieza central de la campaña es este videoclip que nos narra la historia de una relación sexo afectiva heterosexual entre dos jóvenes y que refleja violencias machistas que viven las mujeres con el objetivo de concienciar a la población juvenil de evitar la creciente amenaza de violencia sexual generada en el entorno digital tanto a adolescentes como a mujeres adultas.

También, nos narra expresiones de masculinidad tóxica lanzando un mensaje a chicos y a chicas de que la violencia machista no es una cosa privada sino que todas y todos podemos contribuir a su reproducción o todo lo contrario, a su erradicación.

Esta pieza audiovisual pretende ser una muestra de la capacidad resiliente y el poder colectivo de las mujeres y el necesario cuestionamiento por parte de los hombres en el ejercicio de su masculinidad más tóxica.

La campaña se difunde en redes sociales a través de los influencers AnaIn y Mauro Cyan, especialmente en Tik Tok y Instagram, las redes que principalmente usan la generación Z.

Influencers: Tik Tok: @maurocyan y @laanaintw   Instagram: @maurocyan y @laanain

Los precios del petróleo han experimentado una caída sin precedente en el año 2020, lo que ha conmocionado al sector de los combustibles fósiles.

El impacto ha sido brutal en las compañías petroleras, especialmente en el sector del petróleo de esquisto estadounidense, cuya extracción tiene un alto coste. También ha aumentado la presión económica de los países petroleros africanos, como Angola, Argelia, Libia y Nigeria, que han visto crecer su déficit presupuestario y han sentido la hemorragia en sus reservas de moneda extranjera. En este contexto, algunos analistas se han apresurado a especular que la pandemia podría acabar con la industria del petróleo y contribuir a salvar el medio ambiente. No obstante, es preciso ser precavidos ante tales afirmaciones eufóricas y tal optimismo.

En tiempos de crisis, si hablamos en serio sobre trascender el petróleo, resulta crucial examinar con detenimiento los vínculos entre los combustibles fósiles y la economía en general y abordar las relaciones de poder y las jerarquías del sistema energético internacional. Estas relaciones tienen sus raíces en los legados coloniales y neocoloniales, así como en prácticas de desposesión, saqueo de recursos y apropiación de tierras, especialmente en el Sur Global.

En el imaginario popular, cuando hablamos de energía hablamos de carbón, petróleo y gas. La mayor parte de estos recursos (especialmente los dos últimos) proceden del Sur. Al modo de controlar y saquear estos recursos se le llama “extractivismo”. Se puso en marcha en 1942 con la conquista de las Américas y ha sido estructurado mediante el colonialismo, la esclavitud, la explotación y la violencia pura y dura. En la actualidad continúa con la creación de “zonas de sacrificio” y en forma de guerras imperialistas y gobierno militarista del mundo.

Las economías del Sur ocupan una posición subordinada dentro de la división profundamente injusta del trabajo global: por una parte son proveedoras de recursos naturales baratos y de una reserva de mano de obra barata y por otra proporcionan un mercado a las economías industrializadas. Esta situación fue impuesta y configurada por el colonialismo, y los intentos para superarla han sido hasta ahora derrotados por las nuevas herramientas de dominación imperial: la deuda paralizante, la religión del “libre comercio” y los programas de ajuste estructural entre otras. Buena parte de ello ha contado con el respaldo de las élites nacionales parasitarias.

Estas herramientas de dominación no solo condenan a los países del Sur global a un modelo económico orientado hacia el exterior –dirigido por la necesidad de responder a las demandas de los países ricos– sino que también limitan el espacio político para una toma de decisiones soberana, como el abandono de los combustibles fósiles. Un ejemplo contundente es el Tratado de la Carta de la Energía, un peligroso acuerdo de inversiones que permite a la industria de los combustibles fósiles mantener el control de los recursos y seguir dañando el planeta.

La agroindustria es otra de las formas en que se entrelazan la dominación imperialista y el cambio climático. Es una de las principales causas de este último y además mantiene a muchos países del Sur global prisioneros de un modelo agrario insostenible y destructivo. Este modelo se basa en la exportación de cultivos comerciales y el agotamiento del suelo y de los escasos recursos hídricos de regiones áridas y semiáridas como Egipto y Marruecos.

Levantamiento anti-fracking en Ain Salah, Argelia

Aunque algunos gobiernos occidentales presuman de proteger el medio ambiente por prohibir el fracking dentro de sus fronteras y plantear objetivos de reducción de emisiones de carbono, ello no les impide apoyar decididamente a las multinacionales que explotan yacimientos de gas de esquisto en sus antiguas colonias, como hizo Francia con Total en Argelia. Desplazar los costes de una industria tan destructiva del Norte al Sur es una estrategia del capital imperialista en la que el racismo medioambiental se une al colonialismo energético.

La transición a las energías renovables puede ser de carácter extractivista. Dos ejemplos del norte de África muestran la manera en que el colonialismo energético se reproduce en forma de “acaparamiento verde”. La planta solar de Uarzazat (Marruecos) empezó a funcionar en 2016 y se publicitó como la mayor del mundo. Pero si escarbamos bajo la superficie obtendremos un panorama más sombrío. En primer lugar, la planta se instaló en tierras de comunidades agropastoriles bereberes sin su aprobación ni consentimiento. En segundo lugar, este megaproyecto está bajo control de intereses privados y ha sido financiado mediante una deuda que asciende a 9.000 millones de dólares. En tercer lugar, el proyecto no es tan “verde” como afirman sus promotores, pues requiere un uso exhaustivo de agua para el enfriamiento y limpieza de los paneles solares. En una región semiárida como Uarzazat, desviar el agua de su uso doméstico y agrícola puede ser fatal para la población local.

Lo mismo ocurre con el Proyecto Solar Tunur, en Túnez, que produce energía barata para Europa Occidental y priva a los tunecinos de ella. Planes coloniales del mismo estilo se están desplegando ante nuestros ojos mediante un flujo sin restricciones de recursos naturales baratos (incluyendo la energía solar) del Sur al Norte, mientras Europa Occidental se fortifica para evitar que otros seres humanos alcancen sus costas.

Una transición verde y justa debe transformar y descolonizar de manera radical nuestro sistema económico global, inadecuado desde el punto de vista social, ecológico e incluso biológico. También requiere una revisión de las pautas de producción y consumo intensivas en energía y profundamente derrochadoras, especialmente en el Norte global. Tenemos que superar la lógica imperial y racializada de la externalización de los costes que, si no cambia, solo generará colonialismo verde y un mayor extractivismo y explotación (de la naturaleza y la mano de obra), con el fin de lograr unos objetivos supuestamente verdes.

La lucha por la justicia climática y una transición justa precisa reconocer las diferentes responsabilidades y vulnerabilidades del Norte y del Sur. Deben pagarse reparaciones ecológicas y climatológicas a los países del Sur que son los más castigados por el cambio climático y han sido condenados a un extractivismo predador por el capitalismo global.

En un contexto global de lucha imperial por la influencia y los recursos energéticos, el discurso sobre la sostenibilidad y una transición verde no debe servir para embellecer prácticas neocoloniales de saqueo y dominación.

Hamza Hamouchene, Transtational Institute

Publicación original en Africa is a country. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

[Imagen de portada: Capitalismo verde:megaplanta solar de Ouarzazate, en Marruecos, la más grande del mundo que suministra energía a Europa]