Pastora Filigrana 

Los debates dentro de la izquierda plantean si es más importante empezar por la lucha de clase, la lucha contra el racismo, contra el patriarcado o contra el desarrollismo. Muchos de estos debates buscan una respuesta unívoca del tipo: «la clase en el centro» o «lo racial es lo determinante». La polarización en los debates obvia algo esencial y es que estas son realidades entrecruzadas, indisolubles que se encarnan en los cuerpos de trabajadores, y que se manifiesta con mayor violencia dependiendo del género y el origen.

Cuando decimos que el neoliberalismo se basa en la explotación del trabajo, asalariado o no, y que esta explotación se realiza entrecruzando diferentes ejes de opresión, como son el género y la raza, no estamos diciendo algo abstracto e intangible. Esta evidencia de la alianza opresiva entre clase-raza-género puede verse, olerse y tocarse a escasos kilómetros de la Sevilla natal de esta publicación: en la macro explotación del fruto rojo de Huelva. Además, esta acumulación de riquezas no solo necesita la explotación del trabajo vivo, sino que necesita también la sobre-explotación de la tierra y los recursos naturales. La agricultura intensiva del fruto rojo en Huelva es un claro ejemplo de todo esto.

La explotación laboral de la fresa

En Huelva se dedican once mil hectáreas al cultivo del fruto rojo, aunque popularmente se conoce como la fresa. Huelva produce el 100% de la frambuesa española, el 96% de los arándanos y el 97% de la fresa. Durante los meses de marzo a mayo se lleva a cabo la recolección de la fruta, una tarea que, se calcula, necesita más de ochenta mil personas trabajando. Los beneficios que supone el cultivo de este fruto para la comarca onubense ascienden a cuatrocientos millones de euros.

Las empresas que conforman la patronal fresera, al igual que cualquier patronal, tienen dos recursos disponibles para aumentar sus beneficios: la innovación tecnológica y el abaratamiento del salario. La innovación tecnológica en un proyecto empresarial como este es muy limitada. Cultivar bajo los invernaderos, los famosos plásticos, supuso en su día una de estas innovaciones tecnológica que disparó los beneficios porque permitió producir fresas fuera de sus ciclos naturales. Sin embargo, la innovación tecnológica toca techo y, máxime en la recolección y por la propia delicadeza del fruto, no permite usar máquinas. El único recurso que tiene la patronal para aumentar beneficios es por tanto el salario, es decir, pagar lo menos posible por el mayor trabajo posible. Veamos las estrategias utilizadas para este abaratamiento salarial que revierte directamente en las ganancias de la empresa:

1. El Convenio del campo de Huelva es el que establece el salario más bajo para esta labor en el Estado español. En la actualidad el salario día para una jornada de trabajo es de cuarenta y dos euros, un precio por debajo del nuevo salario mínimo interprofesional. Para que pudiera pactarse un salario mayor sería necesario que los sindicatos negociaran con presión frente a la patronal. La realidad es que los sindicatos mayoritarios firmantes del Convenio huyen de esta confrontación y temen romper la paz social de la industria más importante de la provincia. Los sindicatos minoritarios, con una tradición más combativa, tienen poca representación en la comarca principalmente porque la población jornalera es inmigrante con mucha movilidad y difícilmente se quedan a construir sindicatos.

2. Otro de los recursos para abaratar el salario lo puso en bandeja la propia ley de extranjería. Esta ley permite la contratación de personas trabajadoras en su país de origen que vendrán directamente para la campaña de recogida de la fruta y se volverán cuando esta acabe. Este año vinieron más de 19 000 mujeres marroquíes a través de esta posibilidad que otorga la ley de extranjería. Las jornaleras desconocen el Convenio y gran parte de sus derechos, viven en situaciones de aislamiento en las fincas y se les ocultan los mecanismos que deben activar en el caso de que sufran algún abuso empresarial. En teoría deben cobrar el salario que establece en el Convenio del campo en la provincia, pero según sus testimonios rara vez lo cobran y sus posibilidades de reclamar judicialmente son escasas porque entre otros motivos serán devueltas en cuanto acabe la campaña. En la parte del salario legal que la patronal no paga a estas trabajadoras está la ganancia empresarial.

La explotación racial de la fresa

Como viene exponiéndose, uno de los recursos del capital para obtener mayores beneficios es abaratar salarios y esto será más fácil cuanto más extremas sean las condiciones vitales de las personas trabajadoras. Según el orden económico mundial, las personas hijas de la colonia, es decir, no occidentales, siempre estarán en una desventaja económica respecto a occidente.

El mundo funciona por la sustracción sistemática de recursos materiales y humanos de dos terceras partes de la población mundial hacia una primera parte. Esta ordenación económica, que comienza en el siglo XV con la expansión del capitalismo, situó en la jerarquía de la pirámide social a la población europea blanca y las poblaciones del resto del mundo quedaron convertidas en colonias productoras de materias primas y cuerpos trabajadores baratos en pos del desarrollo de la Europa blanca. Es por esto que el racismo es un factor de ordenación de la riqueza en el mundo y no solo una actitud de intolerancia de los diferentes como suele usarse coloquialmente. Por eso siempre es más barato contratar a personas migrantes: porque son más pobres.

El contrato en origen de personas trabajadoras inmigrantes se empezó a utilizar con población de Europa del Este y las jornaleras eran polacas, lituanas o ucranianas. En el año 2006 se decidió cambiar por población marroquí y el acuerdo se hace desde entonces con el Reino de Marruecos. Esta decisión no fue casual. Las trabajadoras de Europa del Este eran problemáticas, exigían derechos, salían de noche, querían quedarse después de la campaña y hasta se echaban novios onubenses. Las marroquíes se presentaban como una opción más dócil: son musulmanas, salen menos, deben respeto a sus familias y maridos, no se han criado en el comunismo y están naturalmente acostumbradas a servir sin rechistar. Esto es el racismo y el colonialismo como estrategia de explotación a favor de los intereses del capital.

La explotación de género en la fresa

La patronal fresera solo quiere mujeres. Como decíamos al principio, durante la recogida de la fresa se requieren varios miles de personas trabajando. Muchas de ellas son mujeres y hombres autóctonos, pero para los puestos que no se llegan a cubrir con la población autóctona se requiere la contratación de personas inmigrantes. Para esto es para lo que se utiliza la contratación en origen.

Al Gobierno marroquí se le hacen llegar las necesidades de mano de obra de cada empresa y se encargarán de una preselección en origen. Hay una cualidad en la que coinciden al 100% todas las empresas: que sean mujeres. Además, se requiere que tengan familia a su cargo en su país de origen, al menos un hijo menor de 12 años. Los empresarios justifican la decisión por la delicadeza que requiere el trabajo de la recogida de la fresa. La realidad que se oculta detrás es que en el imaginario machista se considera que una mujer será menos conflictiva sindicalmente que un hombre a la hora de reclamar sus derechos. Si a esto además se le suma que es una mujer pobre, que por el mismo trabajo de recolección en su país cobra un jornal de siete euros, que tiene hijos a su cargo y una familia musulmana, su docilidad será mayor.

La infantilización en el trato es muy común: incluso en declaraciones públicas, los empresarios hablan de castigos a las trabajadoras en lugar de sanciones laborales. La mujer pobre, musulmana, inmigrante y con hijo a su cargo, se convierte en el sujeto perfecto para abaratar salarios y condiciones laborales, en general, sin temor a una respuesta sindical organizada. Cuando hablamos de la alianza entre el capital y el patriarcado no es solo una consigna, es esto. 

La sobrexplotación de la tierra en la fresa

La producción fresera está regada con las aguas subterráneas que nutren las lagunas y los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía reconoce que el 15% de estos riegos son ilegales pero las asociaciones ecologistas que trabajan en la zona mantienen que el 30% de las plantaciones de fresa se nutren de acuíferos ilegales que afectan directamente al Parque Natural. Esto supone que una de cada tres hectáreas de plantaciones de fruto rojo se riega ilegalmente a costa de las aguas subterráneas del Parque. En la actualidad, España se enfrenta a una sanción por incumplir la normativa europea sobre aguas. Sin embargo, la Junta de Andalucía se niega a declarar la zona con acuíferos sobrexplotados en una clara connivencia con los intereses de la patronal fresera.

Este agotamiento de los acuíferos repercute directamente en la pérdida de biodiversidad. La supervivencia de varias especies autóctonas de aves, mamíferos, plantas e insectos está en peligro. Esto no va de salvar pajaritos desmontando la economía local y la renta de muchas familias. Esto va de que la pérdida de biodiversidad repercute en la desaparición del ecosistema que nos procura el alimento, el agua y la salud. Estamos cortando la rama del árbol sobre la que estamos sentadas.

De lo aquí contado se puede concluir que la ganancia de la patronal fresera pasa por el abaratamiento de las condiciones de trabajo de las jornaleras y jornaleros. Y que, para que este ataque a los derechos de personas trabajadoras genere la menor protesta posible, se escogen a las personas en una situación de vulnerabilidad mayor. En un sistema-mundo patriarcal y racista las personas en una situación de mayor vulnerabilidad son las personas no-blancas que no habitan en Occidente, la migración y, de entre estas gentes, las mujeres. Pobreza, machismo, racismo e insostenibilidad de la tierra al servicio de la ganancia del capital.

Desde la comisión de feminismos de Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sentimos comprometidas con las movilizaciones feministas convocadas para este 8 de Marzo 2020.

“Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo! nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal (Berta Cáceres) ”
¡4º Aniversario de la siembra de Berta !
¡Berta Vive! La lucha sigue y sigue #JusticiaParaBerta

El 8 de marzo es una jornada de acciones feministas en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro.

(Ver movilizaciones en: http://feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2020-dia.html)

En este 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, en todo el mundo, las feministas desde hace más de un siglo, seguimos saliendo a la calle para exigir y defender nuestros derechos, pero sobre todo para la construcción de transformaciones sociales que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida de las personas y del planeta. Nos sentimos vinculadas a movimientos feministas transfronterizos y transculturales que hacen frente al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador del medio ambiente.

Las feministas de Entrepueblos queremos visibilizar nuestra rabia e indignación, queremos denunciar internacionalmente los asesinatos, la persecución y la violencia ejercida hacia miles y miles de defensoras de la vida, del medio ambiente, en países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, a menudo en connivencia con los poderes políticos y económicos de los propios países. Muchas de estas defensoras son amigas, compañeras de sueños y hermanas de esperanzas:

Ellas han apostado valientemente por una vida digna y por la defensa de los bienes comunes. Como muchas defensoras, han arriesgado su vida, han sufrido violencia, algunas violencia sexual, intimidaciones, desestabilización de su entorno afectivo y familiar más íntimo. También deben hacer frente a procesos judiciales abusivos, por defender una vida digna y soberana, basada en la sostenibilidad, alejada de este sistema capitalista y patriarcal globalizado y dominante, que otorga cada vez más poder a empresas transnacionales y extractivistas.

Este sistema debilita también la función garantista de derechos de los Estados, desarrollando legislaciones y procedimientos de control social y limitación de la libertad de expresión y reivindicación, que conllevan una creciente tendencia de represión y violencia, con fuertes vulneraciones de derechos. De este modo se crean situaciones que impiden el análisis crítico y la denuncia de los impactos sobre las mujeres: desplazamientos, criminalización, desapariciones, empobrecimiento, marginación y violencia.

El sistema también blinda esa violencia a través de las fronteras y el racismo institucional. La violencia hacia los cuerpos y las vidas de las mujeres es exponencialmente más dura. Vemos como los Estados incumplen los derechos humanos y actúan de manera ilegal, causando las violaciones y las muertes y desapariciones a quienes se les impide la movilidad humana, y muy especialmente a quienes huyen de sus territorios por el expolio y conflictos medioambientales y armados. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo ahora mismo en Grecia, o lo que sucede en nuestra propia Frontera Sur.

En muchos países del Sur Global y particularmente en América Latina han aumentado las agresiones, las amenazas y la criminalización de las defensoras de DDHH, de todos los movimientos sociales, también de los movimientos feministas.

En realidad se vive en un escenario de confrontación entre la acumulación de riqueza y el cuidado de la vida, que tiene fuertes implicaciones de género, pues los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, las políticas de libre comercio, etc., provocan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como «conflicto entre el capital y la vida» que implica un conjunto de dimensiones: ecológica, de reproducción social, de cuidados, de salud, de representación política.

Frente a todo esto, nos solidarizamos con las luchas de las compañeras que arriesguen su vida para defender el agua, el territorio, los ecosistemas y sobreviven a los expolios y a las fronteras. Junto a ellas, continuamos exigiendo que se ponga freno a la impunidad de las transnacionales, que se asegure el acceso a la justicia para todas las mujeres agredidas por defender los derechos humanos. Seguimos compartiendo y apoyando su exigencia firme de ser protagonistas en el proceso de diálogo y construcción de la paz.

EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista:

• Que ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y de todas las compañeras y compañeros que han luchado por la justicia social y el medio ambiente.
• Que se suspendan todos los proyectos denunciados por las defensoras de derechos humanos.
• La suspensión de las inversiones y del financiamiento proporcionados por las empresas y las Instituciones Financieras Internacionales, en los proyectos donde se denuncian violaciones de los DDHH.
• El cumplimiento de los derechos humanos y el cuestionamiento del actual sistema de fronteras.

Por ello, mantenemos nuestro compromiso con las redes feministas, tejiendo vínculos para mantener la lucha de resistencia, para abordar los cambios sociales que fortalezcan la solidaridad, y para hacer del cuidado entre nosotras y las compañeras en otros movimientos sociales un principio fundamental, referente de valores éticos y acción política por la libertad, la vida, la equidad, la paz y la sostenibilidad.

COMISIÓN FEMINISMOS DE ENTREPUEBLOS-ENTREPOBLES-ENTREPOBOS-HERRIARTE

Delegación Política de la Plataforma de Solidaridad con Honduras – Madrid

Han pasado ya diez años desde el golpe de estado en Honduras. Diez años en los que las comunidades campesinas y pueblos originarios han visto vulnerados sus derechos por la defensa del territorio, por señalar a las grandes empresas energéticas y a los pactos que éstas establecen con el Estado y las instituciones. Diez años de injusticias, corrupción y crimen organizado, en los que la lucha de los pueblos crece, así como crece también la solidaridad internacional.

Movidas por la solidaridad y con el objetivo de conocer de cerca esta realidad, un grupo de compañeras del Estado español recorrerán las comunidades hondureñas afectadas. Conectando resistencias, acuerpándose y apoyando desde este norte privilegiado y saqueador lo que es una obligación y un mandato, la defensa de la tierra y de nuestras hermanas y hermanos de Honduras.

Fuente: PoderPopular.info

Crónicas de integrantes de la delegación de solidaridad con Honduras, organizada por la Plataforma por Honduras en Madrid

➡ Garífunas: el coco y la yuca frente al imperio de la palma. Vallecito Honduras

➡ Vallecito Honduras : La Tierra Prometida

➡ Una lengua en resistencia

➡ La Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) y el conflicto del bajo Aguán

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➡ Garífunas: el coco y la yuca frente al imperio de la palma. Vallecito Honduras.

Esto es Vallecito, referente ancestral del pueblo garífuna y en proceso de recuperación territorial desde hace diez años y que progresivamente se amplía espacialmente recuperando girones de tierra que tenían secuestrada las pistas clandestinas del narcotráfico y de las grandes plantaciones invasivas y abrasivas de la palma africana propiedad de la familia Facussé. Si efectivamente, cuyo referente recibió en Madrid un premio como empresario latinoamericano.

Nos hablan en Vallecito de esta dificultosa y heroica lucha por sus territorios ancestrales y de la resistencia que ante los embates de los citados narcos y de los oligarcas de la palma y “otros negocios” les permiten recuperar su lengua, cosmovisión, gastronomías, la música cada vez más tamizada por lo maintream y fortalecer su orgullo nunca perdido como pueblo, si, como pueblo Garífuna con mayúsculas. Relatan sobre pasados que se remontan a mucho tiempo atrás con Satuye y Marama y a referentes algunos recientes como San Francisco Bulnes, garífuna que luchó junto a Morazan en pos de la independencia centroamericana.

Nos remarcan su identidad compartida con otros pueblos de la costa atlántica de Centroamérica pero a la vez y de manera muy optimista y decidida nos hablan del presente.

De ese presente que ya apunta a un futuro Garífuna libre en una Honduras soberana y en una Centroamérica unida y que se incardina en un proyecto colectivo que tiene un nombre para recordar ahora y siempre OFRANEH Organización Fraternal Negra Hondureña.

En el ámbito de esta organización de base y articulada asambleariamente se articulan no sólo colectividades territoriales sino además lo hacen sectores sociales y políticos en lucha como campesinado, organización de mujeres, colectivo LGTBI etc parece innecesario reflejar la fuerza que la unidad de todos estos sectores en el marco de OFRANEH genera de cara a avanzar común y colectivamente que confronta abierta y alternativamente con un sistema capitalista que también en Honduras tiene en la usurpación , explotación, exclusión y acumulación permanente en pocas y corruptas manos su esencia y su accionar cotidiano. Y cuando se habla de futuro no es de un tiempo que mira la lejanía sino al mañana. Mejor dicho a mañana mismo así es, el pueblo garífuna esta en marcha levantando alternativas muy poderosas en todos sus territorios a través de estrategias de recuperación de todo aquello que les fue usurpado o liquidado y que afortunadamente no pudieron hacerlo de una manera definitiva y que hoy renueva la esencia de su ancestralidad. Y así van contraponiendo paso a paso una cultura colectiva, frente a la de la insolidaridad y en individualismo que machaca a la generalidad de la población hondureña y la expulsa obligándola a recorrer las grandes distancias centroamericanas en pos de un futuro con poco futuro en tierras del norte.

Y así, poco a poco. van generando alternativas productivas que no son sólo eso. Así ante el imperio de la palma africana que está asolando los suelos y por tanto los espacios medioambientales de una parte notable de América Latina y que fortalece así mismo las economías del oligopolio y el aplastamiento de las producciones más pequeñas, autóctonas y con trabajo y gestión colectivas. Frente a ello, el pueblo Garífuna con OFRANEH a la cabeza construye una alternativa de soberanía alimentaria basada en el cultivo del coco y de la yuca con una amalgama interseccionada de implicaciones. Tras las recuperaciones del territorio garífuna aparece de inmediato un proyecto agrícola y por tanto productivo en su totalidad. Y así, donde había una pista clandestina del narco o un palmar o cualquier elemento ajeno a la territorialidad garífuna se construyen espacios para el coco, la yuca, etc. y de ahí resurgen las formas económicas alternativas y las culturales ancestrales y sus derivaciones gastronómicas como el casabe y otras tantas formas de derivar estos cultivos autóctonos. Vallecito y otros tantos lugares garífunas se convierten en referencias de luchas, resistencias y alternativas. Tomamos nota de ello y de las palabras de Miriam Miranda recientemente reconocida con un premio internacional e históricamente amenazada por poderosos que nos interpela de la siguiente manera: “Sentir el pueblo garífuna esta solidaridad y poder visibilizar la situación que vivimos va a ser sumamente importante”.

➡ Vallecito Honduras : La Tierra Prometida

En los movimientos sociales españoles es fácil encontrar personas que por mucho que se identifican como revolucionarias caen tanto en sus discursos como en su práctica política en la trampa de la reforma.

Aquí en Vallecito la “tierra prometida” del pueblo garífuna sólo cabe una respuesta: Revolución. Su forma de ejecutarla: las recuperaciones. La recuperación de las tierras que tienen claro que les pertenecen. El paradigma de esta estrategia es Vallecito, lugar que huele a resistencia. Vallecito es la lucha por la supervivencia de una forma de ser y estar en el mundo, es creación de contrapoder basado en la comunidad. En instituciones paralelas que a través de cubrir las necesidades del pueblo por el pueblo se erigen como las legítimas. Es un desafío frente a un capitalismo que las quiere muertas o esclavas. Un ejercicio de empoderamiento colectivo que pasa por algo tan radical y básico a la vez como su derecho a ser. Es poner en jaque al sistema desde el replanteamiento comunitario de las relaciones hegemónicas formando comunidades que colectivizan los cuidados, que siembran lo que comen, que enseñan a sus hijas para ser comunidad, que no dejan a nadie fuera.

La recuperación de la tierra es la recuperación de la soberanía para decidir su destino como pueblo, enraizado en su pasado pero creciendo hacia el futuro.

➡ Una lengua en resistencia

Suenan los “siricias” como se dicen las maracas en garífuna. La música invade vallecito y a las niñas y los niños que aquí viven. Estas niñas y niños estudias en las escuelas que hay en su comunidad. El crear y sostener escuelas propias donde se estudia exclusivamente es garífuna es una estrategia más de lucha por la recuperación de su lengua y con ella la recuperación de su identidad tan perseguida por chocar de manera frontal con el sistema capitalista, por su forma de organización, sus estructuras sociales, sus formas de consumo y su forma de entender lo que supone ser y vivir desde lo común.

La lengua garífuna vertebra y es elemento trasversal de la lucha que este pueblo está llevando a cabo.

Supone un elemento cohesionador de las más de 40 comunidades garífunas que existen en Honduras.

Luchar por recuperar tu lengua es luchar por recuperar tu forma de pensarte, de pensar el entorno, de sentir la espiritualidad.

La lengua es el prisma desde el que miramos el mundo.

Y la comunidad garífuna no se somete a la mirada colonial impuesta.

Resiste y lucha por sus cuerpos, su territorio, su cosmovisión, y cómo no por su independencia cultural y lingüística.

Cuando en Vallecito se escucha hablar en garífuna en todos los ámbitos cotidianos de la vida, desde el juego, al trabajo a la charla, se oye una comunidad de pie ante la opresión.

➡ La Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) y el conflicto del bajo Aguán

El valle del Aguán se ubica rodeando el río Aguán en el norte de Honduras. Es una zona marcada por décadas de resistencia de campesinos y campesinas que no se resignan a las cadenas de un sistema capitalista que les roba la dignidad. Es 23 de febrero y como delegación internacionalista del Estado español, nos reunimos con Leonel, Haydé, y Esly, integrantes de la dirección de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA), en Tocoa. Nos cuentan que está conformada por 24 organizaciones del pueblo hondureño. Nace en 1997 con el objetivo de luchar contra la injusticia. Su primer coordinador, fué Carlos Alfonso Escalera, cuyo rostro impreso en grandes carteles adornan la sala en la que nos encontramos. Carlos fué asesinado el 18 de octubre de ese mismo año por su labor en la lucha por la defensa del río Guapinol frente al plan del empresario de muerte Facussé, de instalar en él una planta extractora. Tras vivir en un primer momento un ambiente de derrota en las organizaciones, la indignación sembró a Carlos en los corazones de sus integrantes, y la COPA cobró un nuevo impulso incorporando entre sus objetivos centrales, además de la lucha contra la injusticia, la lucha por el acceso a la tierra. Y en ese renovado impulso, también se logró que el Estado fuera declarado culpable del asesinato de Carlos. Hoy, un busto en su memoria, preside la plaza Carlos Escalera en Tocoa, popularmente conocida como plaza de los Mártires.

El contexto en el que inicia la lucha de la COPA, se perfila cuando el quinceavo batallón del ejército de Honduras, desplazó su base militar de la zona en la que había sido entrenada La Contra durante la guerra de El Salvador en la década de los 80′, con el apoyo y el financiamiento de los EE.UU., a Río Claro, en Trujillo. Una vez aquí, han tratado de expoliar de sus zonas de agua a las comunidades. La situación no dejaba opciones, y el movimiento campesino del bajo Aguán, se empezó a organizar en el Centro Nacional de entrenamiento del que se había desplazado el décimo quinto batallón. Sí, exactamente donde los EE.UU. entrenaron a La Contra en la década de los 80′, y es desde ahí, desde donde se ha venido dando un acompañamiento del proceso agrario.

Ya en el 2000 resurgió la reforma agraria que perjudicaba los intereses de las y los campesinos, y de la COPA, al incorporar un dictamen que permitió la venta de tierras de forma ilegal a empresarios, entre ellos la familia Facussé. Frente a semejante estafa legitimada por el Estado, la COPA logró que se creara un decreto para que al menos se retribuyeran indemnizaciones por las mejoras fruto del trabajo campesino, en las tierras expoliadas. En respuesta a esta contrapartida, el gobierno movilizó a militares y policías contra las y los campesinos, que fue incrementando la violencia en la zona durante la primera década del comienzo de siglo. Tras el golpe de Estado de 2009, la espiral de violencia desembocó en auténticas masacres y violaciones de DD.HH. hacia el campesinado. En la zona del bajo Aguán, la represión fue particularmente dura, con toques de queda en ocasiones, de hasta 24 horas.

En este nuevo contexto, la COPA siguió buscando alternativas al problema agrario, y en esa búsqueda se conformó el MUCA (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán). Desde ahí replantean la ley de la reforma agraria de 1992, que venía favoreciendo al empresariado, pues les había permitido la acaparación de 32000 hectáreas de tierra. Los primeros asesinatos en respuesta a este nuevo foco de resistencia, se dan en febrero de 2010, y ya en abril de ese mismo año, se militarizó toda la zona desde diferentes partes del país, en el marco de la negociación del MUCA con el gobierno. En estas condiciones de represión y violencia sobre las y los campesinos, el MUCA acabó firmando un convenio por el cual se entregaron 4000 hectáreas de tierra al campesinado, acordando la entrega de 7000 hectáreas más, a lo largo de 1 año.

Las condiciones abusivas que se plantearon para esta venta fueron evidentes. Mientras que el precio de la hectárea en el mercado era de 6 lempiras (lmp.), bajo este convenio ascendía a 135000 lmp. la hectárea. Si bien, el convenio incluía infraestructura comunitaria como escuelas, centros de salud, etc. esta parte del acuerdo nunca se ha cumplido.

Por otro lado, el precio de la tonelada de fruta, se estipuló en 3000 lmp.,ascendiendo posteriormente a 3500 lmp. En semejante planteamiento, cubrir la deuda que habían adquirido por la compra de tierras bajo este convenio, se planteaba muy difícil en un escenario marcado por una asimetría de poder en la que son las corporaciones quienes manejan el mercado, y se benefician de una impunidad rampante, con la convivencia del Estado. En este escenario se ha venido operando bajo la lógica del terror y la criminalización de forma sistemática, frente a cualquier intento de resistencia campesina. Bajo esa lógica se produjo el asesinato de muchos compañeros y compañeras, y se puso en marcha una campaña, por la que se acusaba a las cooperativas agrarias en manos del campesinado de tener en sus tierras cementerios clandestinos, y de no ser capaces de administrar sus cuentas. Cuando hace unos 3 años se vino abajo el mercado, el precio de la tonelada de fruta cayó a 1400 lmp.,lo cual agudizó la problemática del conflicto. Ante la situación, el empresario Facussé, y el presidente Porfirio Lobo, marcaron como línea estratégica, dividir el margen izquierdo y derecho del río. De esta forma, en el margen derecho quedaron 4 asentamientos que fueron bombardeados, introdujeron infiltrados, y se cometieron asesinatos. Este patrón de muerte que sigue el Estado y las corporaciones alcanzó su climax con el asesinato de Berta Cáceres la madrugada del 3 de marzo de 2016. El 18 de octubre de ese mismo año, un coronel de la inteligencia del Estado asesinó al presidente del MUCA Jose Andrés Flores, y a otro compañero, ambos garantes de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de DD.HH. A los 12 días de estos hechos Esly nos cuenta con ojos llorosos y tristeza en la mirada, pero con la entereza de quien sabe que el único camino para parar la barbarie es seguir luchando, que asesinaron a su hijo mayor, también con medidas cautelares desde 2014. A partir de aquí se aplicaron medidas cautelares a toda la directiva de la COPA, y se ampliaron las medidas a sus familiares, lo que no impidió que el 7 de diciembre de 2016, el padre del hijo de Esly, también fuera asesinado. Poder palpar en aquella sala la rabia y la tristeza a la vez, que irradiaban los ojos de gente hermosa como Esly, es algo que no cabe en un escrito, y que concreta en el nudo de nuestras gargantas, la razón de ser de aquello por lo que luchamos desde todas las partes del mundo.

Desde la COPA, se sigue trabajando para que el Estado asuma su responsabilidad por no proteger la vida de las personas, por no cumplir acuerdos, y por llevar a cabo estrategias de eliminación. En esta línea, se ha solicitado una mesa de alto nivel para que se aborde la problemática poniendo sobre la mesa la raíz del conflicto, que también pasa por cancelar concesiones mineras, y porque se lleven a cabo investigaciones con actores internacionales bajo mecanismos de protección.

En el último año se han sumado más conflictos por la minería, y por la defensa del agua, que se han traducido en caravanas migrantes masivas, ocasionando un vaciamiento de las comunidades acuciante. Esta migración, lejos de suponer un problema para las oligarquías y los intereses extractivos Norte-Sur, resulta funcional a un sistema capitalista globalizado atado y bien atado, que ante la inminencia de su colapso, arroja lógicas malthusianas, cuanta menos gente, a más tocan los que ostenta el poder. Sin embargo, choca frontalmente con nuestro compromiso como poblaciones por la defensa de la vida digna, planteando un conflicto de intereses, marcado por una oposición contundente de las comunidades en contra de las hidroeléctricas y otros megaproyectos financiados desde EE.UU, o la UE bajo la cínica denominación de «energía limpia». Como bien dicen las consignas populares «Represa y Minería, son la misma porquería».

En la actualidad, sólo en Tocoa, se han dado más de 30 concesiones mineras en las que está involucrada la familia Facussé, responsable directa de la persecución, y criminalización de las organizaciones campesinas, así como de la judicialización de campesinos por defender sus tierras. Todo este proceso ha situado la línea de acción de la COPA, centrada en los objetivos de: formar líderes y lideresas de organizaciones de base coordinadas, de organizaciones sindicales de base, y de patronatos y juntas de agua; la defensa de los DD.HH, el medio ambiente, y los bienes comunes; apoyar las movilizaciones populares; y ampliar la estrategia comunicativa con programas propios en radios comunitarias. Además, la COPA está trabajando en un proyecto de radio comunitaria propia que recupera frecuencias bajo las mismas lógicas que guían las recuperaciones de tierra. De esta forma, se saltan protocolos ocupando las ondas de radio, hasta que tratan de montar otras radios sobre las ondas recuperadas, o más bien liberadas de la contaminación mediática funcional al expolio de la tierra, y el agua, y por tanto de la vida. Se trata de una estrategia comunicativa, que también forma parte de la lucha territorial.

A su vez, tiene articulación con otras organizaciones a nivel local, nacional, e internacional. Estas redes son clave, pues en cada lucha concreta por la defensa de la vida digna, el saberse parte de algo más grande, ofrece un impulso que alienta la esperanza, y nos da fuerza para seguir frente a la barbarie y el abuso de un poder con tentáculos también en esos 3 niveles, local, nacional, e internacional. Y en ese tejer redes pueblo a pueblo construimos contrapoder frente a un sistema global que nos expulsa y ataca la vida, solidaridad internacionalista o barbarie es la clave y la ternura de los pueblos que nos permite avanzar.

Crónica de Rocío S. de la Delegación de solidaridad con Honduras 2020

➡ CARTA DE LA RED EULAT

COMUNICADO LEY 5257

Las organizaciones miembros del Foro de ONG´s Internacionales en Guatemala (FONGI), en
representación de 28 organizaciones de las sociedades civiles, de Alemania, Bélgica, Canadá, los
Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, Españolas aglutinadas en la CODEG, y del
Collectif Guatemala de Francia, así como federaciones internacionales, manifestamos nuestra
profunda preocupación por la aprobación de la Ley 5257 por el Congreso de la República de
Guatemala, que contiene requisitos que afectan y limitan el ejercicio de derechos humanos, como
también controles administrativos que pueden ser utilizados de manera discrecional, lo cual, podría
limitar la labor de las entidades de la sociedad civil.

Las Organizaciones no Gubernamentales ONG´s, constituimos un puente entre la ciudadanía y el
Estado para fortalecer sus capacidades, constituyéndonos en actores clave para la promoción,
protección y defensa de los derechos humanos. Aportamos al fortalecimiento de la democracia y el
Estado de Derecho. Asimismo, jugamos un importante papel en la fiscalización, de manera objetiva
e independiente, alrededor de los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias
negativas para la plena vigencia de los derechos humanos, tal y como se establece en el documento
Estándares Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la iniciativa de ley 5257,
entregado por la OACNUDH al Congreso de la República.

En ese sentido, las ONGs aportamos al trabajo del Estado, con acciones de desarrollo social de
beneficio para la población en las áreas de salud, migración, educación, atención a la población en
situación de desnutrición, formación de capacidades y desarrollo de emprendimientos económicos,
así como en la realización de estudios para lanzar alertas sobre temas que permiten identificar
problemáticas de interés para el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otros. En situaciones
de calamidad y para brindar una mayor atención a los afectados, se ha apoyado con equipo
especializado en atención humanitaria, como un mecanismo que refuerce coordinadamente la
acción y respuesta del Gobierno.

Las ONGs hemos venido apoyando a las comunidades y a los procesos de construcción de
ciudadanía, y, hemos rendido cuentas del trabajo que realizamos ante los órganos de control
establecidos por el gobierno de Guatemala (Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación,
Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros). Por todo lo anterior, instamos al
Gobierno de Guatemala a tomar en cuenta la cooperación que hemos realizado, y seguiremos
realizando, para la construcción de una Guatemala donde todos los sectores tengan voz y ejerzan
una ciudadanía plena, tal y como corresponde a un Estado del siglo XXI.

CARTA DE LA RED EULAT

Sr. Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala

CC: Sr.Pedro Brolo, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala

CC: Embajador de Guatemala en Bruselas/ capitales de Estados Miembros

CC: Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala

Excelentísimo Sr. Presidente, 

Asunto: aprobación de la iniciativa de ley 5257 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el Desarrollo.

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta comunicación, nos dirigimos respetuosamente a Ud. preocupados por la situación sobre la aprobación de la Ley 5257 por el Congreso Guatemalteco en su tercera lectura durante la sesión legislativa del 11/02/2020, alterando el orden del día para aprobar la Ley sin un debate de fondo. 

Dicha propuesta de ley fue presentada por primera vez al Congreso el 21 de marzo de 2017 bajo pretexto de “incrementar la transparencia de las ONGs”, a pesar de que las Organizaciones No Gubernamentales, así como asociaciones, fundaciones y entidades debidamente registradas, ya se encuentran fiscalizadas por diversos mecanismos de control estatal.

Tanto el Parlamento Europeo en su Resolución  del 14 de marzo de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (2019/2618(RSP)), como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su Declaración del 09/05/2019, expresaron su preocupación ante la aprobación inminente de dicha propuesta de Ley. Retomamos asimismo la preocupación expresada por 30 europarlamentarios, el pasado 23 de octubre del 2019 en una carta dirigida a su antecesor, el Sr. ex presidente Jimmy Morales, así como también otra al Presidente del Congreso de Guatemala y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del mismo. 

La nueva ley deja en manos del poder ejecutivo la discrecionalidad de cancelar el registro a las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. Facilita la restricción de derechos y garantías constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, así como el derecho de petición, entre otros. Además  limitará la capacidad de la sociedad civil guatemalteca para fiscalizar al quehacer gubernamental y de cuestionar las acciones de corrupción dentro del Estado. Es sumamente preocupante que se reduzca el espacio de la sociedad civil estas leyes restrictivas, ya que las ONGs son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias.

En virtud del grave daño que dicha normativa presenta para las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (inter)nacionales en Guatemala, urgimos a Ud., excelentísimo Sr. Presidente de la República que en ejercicio del poder que le otorga la Constitución Política de la República, que vete la ley 5257 que atenta contra las libertades y derechos constitucionalmente garantizados.