Campaña europea: Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS

¡Suma tu nombre a esta iniciativa europea! ➡️ Formulario de firmas

Las transnacionales tienen cada vez más poder para poner precio y condiciones abusivas a nuestro trabajo, vivienda, transporte, servicios públicos, alimentos, salud, agua, tierras, clima, … incluso a nuestros conocimientos, relaciones y deseos. Sus lobbys gobiernan cada vez más las instituciones políticas, con más facilidad cuanto más alejadas están de la ciudadanía. Pero no les basta…

En el sistema internacional de hoy las multinacionales se benefician de derechos especiales de gran alcance y tienen acceso a tribunales especiales para hacerlas cumplir. El arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) les permite atacar a los Estados fuera de los tribunales nacionales siempre que estos Estados adopten una legislación que pueda perjudicar sus ganancias. Este mecanismo amenaza la toma de decisiones democráticas, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos, y los derechos laborales y de los consumidores.

Mientras tanto, todavía no hay obligaciones internacionales vinculantes para hacer que las empresas transnacionales (ETN) rindan cuentas por sus actos y, a su vez, garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales. A menudo, las personas y comunidades afectadas se encuentran ante una denegación flagrante de la justicia cuando las multinacionales violan sus derechos. Ésta es una espantosa asimetría.

En Europa, los movimientos contra el TTIP y CETA pusieron el mecanismo ISDS en el foco de atención y expusieron su ilegitimidad. Queremos terminar con este sistema injusto de una vez por todas, detener su expansión en cualquier forma y terminar con los tratados existentes que contienen ISDS.

¿Quiénes somos?

Somos una alianza europea conformada por más de 18 países, con plataformas de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que trabajamos para poner fin a la impunidad corporativa de las multinacionales y en contra del ISDS – el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema de justicia paralelo, unilateral y a favor de las empresas transnacionales. Queremos poner en primer lugar a las personas y al planeta.

¿Por qué esta campaña?

La toxicidad política del ISDS ha cogido fuerza en el último año con un número creciente de casos llamativos que han visibilizado el peligro del sistema. La empresa Vatenfall demanda a Alemania por querer salir de la energía nuclear, la empresa minera canadiense que demanda al Estado español por una decisión de la Xunta de Galicia de atender a las demandas de la población de no dejar explotar la mina de Corcoesto por daños ambientales y sociales. Y muchos más casos que empiezan a surgir en el Estado Español con demandas millonarias. Estos casos se seguirán multiplicando mientras siga existiendo este peligroso sistema. Incluso la Comisión Europea ha recibido serios toques de atención desde sus propias instituciones.

Mientras la UE y los Estados miembro están haciendo todo lo posible para asegurar privilegios a los inversores, dejan desprotegidas a las víctimas de abusos corporativos. El reciente caso de Chevron-Texaco es un ejemplo de total impunidad, pues la empresa petrolera acusada de verter al menos 1.500 millones de galones de agua tóxica a los ríos de la Amazonía, envenenando el medio ambiente y afectando a las comunidades y pueblos indígenas – no sólo no está pagando por los daños causados, sino que ha demandado al gobierno de Ecuador por no permitirles seguir con su actividad y podría salir impune al haber recurrido la sentencia ante un tribunal privado de arbitraje.

¿Cómo puedes ayudar?

Lo que une a todas las campañas europeas y lo que es su herramienta principal es una petición masiva de firmas en línea. Es un instrumento para involucrar a millones de personas en toda Europa y tener el apoyo masivo para conseguir nuestros objetivos.

¡Firma la petición ahora!


¿Quieres más información? ➡ https://stopisds.org/es/

Defender los derechos humanos en América Latina: acceso a mecanismos de protección internacional frente a la criminalización

Curso para defensores y defensoras para exigir sus derechos mediante el acceso al sistema universal y al sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Formación | Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

 

Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Universal y otros sistemas regionales han reconocido la existencia del derecho de los defensores y defensoras a defender lo derechos humanos (DDH) , así como la obligación de los estados de favorecer un entorno favorable para el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, tal y como refleja la Comisión Interamericana (CIDH), las personas defensoras aún enfrentan no pocos obstáculos para el ejercicio de sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos en varios países de la región.

Objetivos del Curso

El objetivo  de este curso, organizado por la Asociación Entrepobles y el IDHC, es  fortalecer los conocimientos y las herramientas de los defensores y defensoras para afrontar y prepararse ante las amenazas existentes en su trabajo a través de los siguientes objetivos específicos:

  1. Analizar en profundidad las amenazas y peligros existentes , especialmente los mecanismos y herramientas más utilizadas para su criminalización.
  2. Mejorar el conocimiento sobre los fundamentos de los derechos humanos y los sistemas de protección universal e interamericano, así como ampliar las capacidades de acceso a estos mecanismos por parte de DDH y sus organizaciones.
  3. Introducir las herramientas básicas para elaborar estrategias incidencia generales en el ámbito internacional mediante el acceso a los mecanismos existentes para la protección y exigibilidad de sus derechos y trabajarlas en un caso práctico.

Este curso se imparte en castellano

Destinatarios

El curso está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos que lleven a cabo su labor en América Latina, así como a miembros de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y otros agentes de cambio que apoyen a las personas defensoras y/o tengan entre sus objetivos el fortalecimiento de sus derechos.

Profesorado

Mirtha Vasquez

Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Magister en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente universitaria en pre grado y Post grado en la Universidad Nacional de Cajamarca- Perú. Miembro directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Asesora legal de la ONG. GRUFIDES dedicada a la defensa de derechos de comunidades afectadas por actividades extractivas.

Karlos Castilla 

Doctor en derecho por la Universitat Pompeu Fabra, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, responsable de investigación en el IDHC, especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Migraciones.

June Orenga

Responsable de formación del Institut de Drets Humans de Catalunya. Licenciada en Psicología social, máster en Cooperación Internacional y máster en Derechos Humanos. Ha trabajado en estos ámbitos, tanto desde ONG como desde el sistema de Naciones Unidas en Américal Latina y en Europa.​

 

Datos prácticos

Fecha
Del 25 de febrero al 26 de abril del 2019

Tipo
Formación virtual

Inscripción – https://bit.ly/2srUafF 🖊

Lugar
aulaIDHC.org

Precio
Precio general: 45€
Precio reducido (socios y socias -entidades y personas- de Entrepobles y el IDHC): 35€

Plazas limitadas a 30 personas.

Opciones de descarga

Guatemala: anhelos democráticos y ruido de sables

➡️ Comunicado de las organizaciones sociales ante la crisis institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

De un lado, están las fuerzas conservadoras que recurren por todos los medios a mantener las fuentes de financiamiento ilícito y exacerbar las posturas reaccionarias que violentan derechos democráticos conquistados; y por otro, diversidad de grupos que demandan continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como defender la laicidad y la función del bien común que corresponde al Estado.

Esta confrontación de posiciones toma forma en un contexto en el que altos funcionarios públicos y privados cuestionan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos dictámenes deben ser acatados ya que es la máxima institución del ordenamiento jurídico guatemalteco; proliferan las descalificaciones y la criminalización de voces opositoras; se engavetan iniciativas de ley progresistas, reactivan controles militaristas y reprimen al movimiento indígena y campesino, principalmente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CORTE EVANGÉLICO

A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece la libertad de creencias y ha suscrito convenios internacionales que reconocen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, el mandatario Morales y dirigentes de su partido reivindican sus convicciones religiosas mientras actúan en su función pública.

A toda costa pretenden descalificar las posiciones emancipadoras en un país donde se registra la tasa más alta de natalidad en América Latina, el empobrecimiento de las personas crece al igual que las migraciones y van en aumento los embarazos en niñas (11 y 14 años) y las denuncias por violencias machistas.

Morales defiende como la pareja única permitida, la que integra un hombre y una mujer; que la mal llamada “ideología de género” atenta contra la armonía familiar; que la educación sexual únicamente corresponde a padres y quienes propugnan por postulados distintos a los suyos son “enemigos internos” (concepto utilizado durante la guerra para reprimir), ya que fomentan la polarización social.

Además de sus sesgos pentecostales, en los que la palabra de dios sobresale, altos funcionarios de la presidencia de la República han externado su oposición a obedecer la resolución de la CC que ordena dejar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, quien ha sido ratificado como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrario a una orden presidencial que lo prohibió porque supuestamente atenta contra la soberanía nacional.

Asimismo, han manifestado su rechazo hacia otro dictamen de la CC, que ordena la realización de una consulta comunitaria previo a que la Mina San Rafael reanude sus funciones (explotación de plata, cobre, zinc, y en menor medida oro). En esta oposición, además de funcionarios de gobierno de alto nivel, figuran cámaras empresariales y ex magistrados conservadores que coinciden en imponer los proyectos “de desarrollo” a pesar de que son rechazados por la población de los territorios donde se ejecutan, porque destruyen bienes naturales, benefician principalmente a inversionistas extranjeros y es escasa su oferta laboral.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON MAYORÍA REACCIONARIA

La legislatura actual ha concertado un “pacto de corruptos”, integrado por diputados que intentan legislar en función de las exigencias evangélicas, califican de “enfermos” a la población LGTBI y como un atentado a la familia y el derecho a la vida los postulados feministas.

Otra de sus características es favorecer los intereses empresariales que han acumulado capitales a través del modelo extractivista. Los integrantes del “pacto de corruptos” defienden las fuentes de financiamiento ilícito como son: la construcción de infraestructura, la compra de medicamentos, la contratación de servicios, entre otras. Aspiran a cooptar el Sistema de Justicia.

Este grupo de parlamentarios también pretende la reelección ininterrumpida y el cambio de bancada sin restricción alguna, así como restar poder de decisión al Organismo Judicial en casos de desafuero de funcionarios públicos, inculpados en hechos de corrupción, tarea que quieren sea exclusiva al Congreso de la República.

Las demandas sociales, como la ley que buscaba una reparación digna para niñas violentadas sexualmente y apoyos económicos para mujeres rurales, son ignoradas. La agrupación Justicia Ya denunció que 129 (del total de 158) diputados intentan cambiar las reglas del manejo de financiamiento electoral para salvar a financistas y secretarios generales de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

La función pública ha estado impregnada por hechos de corrupción en este país centroamericano, en los que se ha simulado hacer actividades comerciales a fin de apoderarse de recursos del Estado, práctica que –a partir de 2015– se demostró mediante la actuación conjunta del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, y de CICIG, dirigida por el comisionado Velázquez.

A pesar del litigio malicioso ejercido por ex funcionarios gubernamentales y sus abogados, existen varias sentencias que demuestran plenamente cómo éstos se apoderaron bajo el amparo de sus cargos de importantes sumas de dinero; por ejemplo: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ex titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estos dos últimos pertenecieron a la cúpula militar.

En los procesos judiciales que se siguen figuran como presuntos inculpados además: el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina; varios ex magistrados y ex ministros, entre ellos, Williams Mancilla, ex titular de la cartera de la Defensa Nacional, así como dos familiares de mandatario, Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo.

Todos estos casos han sido presentados por MP y CICIP, en los que también figuran grandes empresarios, cuyos resultados son los que motivaron a Jimmy Morales a cerrarle el ingreso a Guatemala al comisionado Velázquez y oponerse a la extensión del mandato de dicha comisión de Naciones Unidas.

En sentido contrario, movimientos ciudadanos departamentales y en la capital, donde resalta la participación estudiantil y de población urbana, demandan intensificar la persecución penal contra las personas corruptas. Exigen la renuncia del presidente de la República y de los diputados, respetar el ordenamiento constitucional, reencauzar la acción legislativa y defender el Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mujeres indígenas y mestizas, quienes participan en diferentes espacios, se han constituido en una asamblea permanente para rechazar enérgicamente el Golpe de Estado que se está implantando, ante la desobediencia de las resoluciones de la CC y la militarización, que se observa con el fortalecimiento del ejército, su mayor injerencia en decisiones nacionales y presencia constante en las calles y comunidades donde hay movimientos de resistencia.

Para la denominada asamblea de mujeres, la impunidad “afecta de manera importante porque se nos niega el acceso a servicios públicos, impone peores condiciones de trabajo y alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos de nuestra vida, además suprime oportunidades en comunidades rurales y barrios urbanos”.

Representantes de los diferentes movimientos sociales denuncian de manera constante los ataques contra defensoras y defensores de derechos que luchan por sus recursos naturales y territorios. El más reciente hecho ocurrido en octubre, fue en la comunidad de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), donde se ha puesto de manifiesto la existencia de un plan para promover una nueva ola de criminalización contra pueblos que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala se está violando el libre acceso a la información, así como la libertad de expresión y de creencias, mediante la difusión de discursos de odio, campañas de desprestigio y manipulación de informaciones públicas. Lo que importa resaltar es que en este país, al igual que en otros del continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), la difusión de consignas religiosas fundamentalistas tiene el objetivo de controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación, mientras que la militarización busca reprimir el descontento social y fomentar el miedo en la ciudadanía. Todo ello, contrario a las exigencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “La nueva ola feminista”

 

 

 

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres

El plan económico y social del gobierno Bolsonaro

Por João Pedro Stedile, João Marcio *

El capitán Bolsonaro ya se comprometió con el “Mercado” a entregar todas las decisiones del área económica al gran Capital, bajo hegemonía del capital financiero y de las empresas extranjeras (personificado en Paulo Guedes y sus Chicago boys, que ponen a Lewy en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Por las declaraciones del presidente electo, será un gobierno comandado directamente por hombres de negocio comprometidos con la reducción del “costo Brasil”, o sea, con el aumento de la ganancia privada. Un gobierno con ese perfil no solo continuaría, sino que radicalizaría la agenda de Temer, a fin de implantar:

  1. La reducción brutal de los costos de remuneración de la fuerza de trabajo (esto es, la reducción del salario mínimo y el fin de diversos derechos laborales, combinados con el deterioro de las condiciones de trabajo, por medio de la generalización del trabajo intermitente, de la tercerización y del desmonte de la justicia laboral);
  2. Apropiación privada de todos los recursos naturales posibles (petróleo, minerales, tierra, agua y biodiversidad), eliminando cualquier traba burocrática o legal. Pasando por encima de las poblaciones tradicionales y preocupaciones ambientales. Vean las declaraciones sobre revisar la demarcación de la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol; hay 90(noventa) empresas que presentaron pedidos para explotar sus riquezas minerales. Vean la riqueza del Pré-sal, que la FUP (Federación Única de Petroleros), estimó en un trillón de dólares ya subastados y que irá en aumento. Para eliminar cualquier barrera ambiental colocó un ministro agresivo, sin experiencia y totalmente alineado con el agronegocio y los grandes capitalistas, que los financiaron.
  3. Privatización de todas las 149 empresas estatales. Dejarán solo una parte de Petrobras. Ellos estiman que puede recuperar para los cofres públicos cerca de 850 billones de reales, que van a ayudar a enmascarar el déficit público, sin embargo, representa apenas dos años de intereses que el gobierno paga a los bancos. Y en ese proceso entreguista, entra la aprobación de la entrega de EMBRAER a Boeing. Ya en proceso final de venta, pero aun sin aprobación final del gobierno por la cláusula de reserva.
  4. Privatización de la seguridad social. El problema no es el déficit ni los privilegios, sobre todo de jueces y militares que no serán modificados. Sino que los bancos quieren el derecho de implementar un sistema previsional privado, soñando con los grandes fondos de pensiones, como el ahorro nacional a ser accesado sin costos. Como ya ocurre ahora con el Banco de Brasil, con la previsión de la caja y de Petrobras. Que se convirtieron en grandes operadores en el mercado especulativo de inversiones.
  5. El desmonte y la privatización de la educación pública, mediante la reducción de recursos e inversiones crónicas en escuelas y universidades, la implantación masiva de la enseñanza a distancia a través de empresas privadas, la sustitución de concursos públicos para técnicos y profesores por la contratación por tercerización, la reducción de las becas de estudio, investigación y apoyo a la permanencia en las universidades, la imposición de rectores por el MEC (Ministerio de Educación) contra la elección democrática de comunidad académica y la persecución ideológica a la libertad de enseñanza e investigación;
  6. El desguace y la privatización de la salud pública (mediante el desfinanciamiento del SUS (Sistema Único de Salud), la mala regulación de las empresas privadas de salud, la generalización de las asociaciones público-privadas como modelo de gestión y la sustitución de concursos públicos por la contratación temporal por tercerización);
  7. Además de la privatización del sistema público financiero (Banco de Brasil, BNB, Caixa Federal), habrá un proceso de tercerización y privatización de los servicios públicos en general. Todo lo que puede dar ganancia, será transferido para ganancia de las empresas capitalistas.
  8. El favorecimiento de la industria armamentista (nacional y extranjera), mediante la liberación del porte de armas y la prioridad presupuestaria orientada a las demandas de las policías y las fuerzas armadas.
  9. Un modelo de seguridad publica todavía más belicoso, menos responsable frente a la sociedad y menos responsable jurídicamente; con liberación de venta de armas, disminución de la mayoría de edad penal has los 16 años, y un proceso punitivo que va a llenar los presidios, más de lo que están.
  10. El alineamiento externo de Brasil y su subordinación a los intereses económicos de los EEUU y también un alineamiento político con los gobiernos de derecha como Italia, Israel, Taiwan; colocando al país en una agenda militarista que contraria a su tradición diplomática, pone en riesgo la paz en la región.

Conclusión:

Para implantar una agenda de este tipo (el “libre mercado” para los de arriba y el “sálvese quien pueda” para los de abajo), solo es posible con intimidación, persecución y violencia.

Desde el punto de vista personal, el presidente es un imbécil, tosco, sin cultura, que nunca fue tomado en serio, ni en las fuerzas armadas. Solo es confiable para el “mercado” (la burguesía, como se decía) porque va a tercerizar todas las decisiones estratégicas de su eventual gobierno, dejando sólo pautas secundarias para soltar sus amenazas y lanzar factoides a la opinión pública. Esta es la lectura de los agentes económicos relevantes que están pagando la cuenta de su campaña. El problema (para ellos) es que Bolsonaro está poco preparado hasta para entenderlo, lo que coloca un horizonte de imprevisibilidad e incertidumbre para los “inversores” (los capitalistas). Además, el sujeto no tiene base social organizada y partidaria, capaz de darle sustentación de masas (el PSL es un fenómeno de ocasión, sin consistencia programática).

Por otro lado, Bolsonaro carga con un autoritarismo que es constitutivo de su figura pública, del cual no puede renunciar sin negarse a sí mismo. Y eso es lo que genera una reacción contraria a él que es socialmente plural e internacionalmente consensual hasta ahora.

En suma, el sujeto sólo convence de hecho a los fanáticos que lo siguen. Los capitalistas lo están utilizando ahora, pero ya fue preavisado, estableciendo como plazo de validez la ejecución de las reformas neoliberales (el paquete de maldades contra el pueblo y contra el patrimonio nacional, al estilo terapia de choque -uno o dos años, como máximo). Después de eso, el sujeto será dispensable.

También utilizará el combate “espectacular” y selectivo a la corrupción, a cargo del ministro Moro, reforzando el lava-jatismo, uso político y selectivo de las leyes, combinado con violación de garantías constitucionales, siempre calibrados según la coyuntura. ¡Vuelve a la ley Borges, a los amigos todo, para los enemigos la Ley!

La incerteza (para todos), consiste en que, después de abierta la caja de Pandora, los demonios no vuelven fácilmente y, como dice la ley de Murphy, nada esta tan malo que no pueda empeorar.

 

Traducción: Gerardo Gamarra

 

– João Marcio es professor em Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

– João Pedro Stédile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.

 

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/197244

Liberada Imelda Cortez, criminalizada por emergencia obstétrica en El Salvador

#HuboJusticiaParaImelda 

Tras 1 año y 7 meses en prisión a la espera de un juicio, ayer, 17 de diciembre, el Tribunal de Sentencia de Usulután absolvió a Imelda Cortez, acusada del delito de tentativa de homicidio agravado, supuestamente por tratar de abortar.

Finalmente, hubo justicia para Imelda gracias al apoyo de todas las voces que se sumaron a la petición de justicia de muchas organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones de mujeres y feministas alrededores del mundo en una sola voz.  #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda

El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.

Seguiremos pidiendo justicia para todas las mujeres encarceladas injustamente. Nos quedan 17 más LibertadAlas17 #Las17ymás

9 de noviembre de 2018

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista, solicitan medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo al Estado respuesta ante su situación de riesgo y urgencia de Imelda Cortez, y lanzan la campaña #SalvemosAImelda y #JusticiaParaImelda buscando “sensibilizar y amplificar apoyos ciudadanos para exigir al sistema judicial de El Salvador que se reconozca la inocencia de Imelda  criminalizada por emergencia obstétrica.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte nos sumamos a esta campaña.

Imelda, a sus 20 años, lleva un tercio de su vida sobreviviendo a la violencia sexual constante, y hoy carga con un delito que no cometió. El 17 de abril del 2017, Imelda fue acusada de homicidio tras un parto extrahospitalario. El 17 de diciembre se celebrará el juicio, tras suspenderse el 12 de noviembre por enfermedad de la Fiscal del caso. Es treméndamente injusto que Imelda tenga que esperar un mes más para saber si será condenada 20 años de cárcel o recuperará su libertad y se hará justicia.

Imelda deberá seguir en prisión por un delito que no cometió

➡Comunicado CEJIL: https://www.cejil.org/es/lanzan-campana-exigir-liberacion-imelda-cortez-criminalizada-emergencia-obstetrica-salvador

➡Link para firmar la petición: https://www.change.org/p/fgr-sv-liberen-a-imelda-justicia-para-las-mujeres-en-el-salvador

➡Súmate al Tuitazo (aquí a las 20h) pide #JusticiaParaImelda #SalvemosAImelda #ElSalvador

¡La vida y la libertad de las mujeres importan! ¡No más criminalización!

Entrepueblos en el 20 aniversario de la declaración sobre defensoras y defensores

Cada día, numerosas defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad.

Según datos de los informes de ONG internacionales especializadas en el tema como Global Witness o Front Line Defenders, el número de personas defensoras de derechos asesinadas no han parado de crecer en los últimos años. Desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y efensoras en 1998, más de 3.500 personas han sido asesinadas por su labor pacífica de defensa de sus derechos y de sus comunidades. El año 2017 fueron asesinadas más de 300 personas sólo en el ámbito de la defensa del medio ambiente, más de 1.200 en la última década, el 70% de las cuales en América Latina.

Además, constatamos que existe una estrategia internacional, apoyada y financiada por parte de las élites globales, para promover en todos los continentes corrientes políticas y religiosas ultra-derechistas, ultra-patriarcales, ultra-nacionalistas, anti-derechos, homofóbicas y racistas. En el marco de la crisis sistémica global, con una perspectiva de pugna creciente por recursos básicos cada vez más escasos, con las previsiones de proliferación de mayores crisis humanitarias y de una precarización de las condiciones de vida de cada vez mayores sectores sociales, se están recuperando en todas las latitudes, en diferentes grados, modelos políticos que tienen como referencia el militarismo y los regímenes fascistas surgidos en la primera mitad del siglo XX.

Estamos viendo la creciente emergencia de gobiernos y formaciones políticas autoritarias en el continente americano, pero también en Europa y en el mismo seno de la Unión Europea.

En diferentes latitudes observamos también la utilización de determinados sectores del poder judicial por parte de las élites políticas y económicas, como recurso para obtener fines políticos, cuando no lo pueden hacer a través de las instituciones electas.

Y es en este contexto donde también debemos situar los recortes de derechos y libertades fundamentales en nuestro país, inicialmente con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones, artículos, expresiones artísticas, manifestaciones pacíficas, etc.

Observamos cómo se reproducen en nuestro entorno los mismos patrones de criminalización de la defensa de derechos, que hemos conocido de primera mano en otros continentes, el hostigamiento mediático, parapolicial y judicial de activistas de derechos humanos, como el caso de Helena Maleno, o de sindicalistas imputados e imputadas en el ejercicio de sus derechos de huelga, expresión y manifestación, el de activistas por la independencia de Catalunya –como ocurrió durante años en el País Vasco-, activistas feministas o en el caso de las movilizaciones impulsadas por el SAT en Andalucía.

También hemos visto la creciente utilización al acoso judicial como recurso político, como en los casos de los presos y presas políticas del llamado “proceso catalán”, tanto miembros de organizaciones sociales, como cargos electos de las instituciones, o con los jóvenes de Altsasu.

Y cada vez se hace más patente el sesgo retrógrado, ultra-patriarcal y los prejuicios racistas de una parte importante del poder judicial y del aparato estatal. Al mismo tiempo que constatamos la lentitud y las enormes resistencias a  cualquier avance en los procesos de recuperación de la memoria histórica y reparación de las víctimas del franquismo.

Por todo esto, en este vigésimo aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras, como organización de solidaridad y cooperación internacional pueblo a pueblo, nos reafirmamos, tal como contempla nuestro documento de estrategia vigente, en que “las organizaciones y los movimientos de defensa de los DD.HH. son un campo de trabajo y una alianza importante para Entrepueblos, ya que apelan a la solidaridad nacional e internacional hacia los y las activistas sociales frente a la criminalización de la protesta, promueven la recuperación de la memoria histórica y la lucha contra la impunidad, cuestionan la agenda neoliberal priorizando los derechos por encima de las leyes del mercado, en algunos casos posicionan la agenda amplia de derechos de las mujeres frente a la violencia y las leyes heteropatriarcales. Por todo ello constituyen una forma de protección hacia el resto de movimientos”.

En esta perspectiva entendemos que esta situación nos demanda, en la medida de nuestras limitadas fuerzas:

– Colaborar en la creación de redes internacionales de denuncia, apoyo e incidencia para la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de sus derechos.

– Entender que una visión internacionalista de este trabajo requiere la asunción de la situación de privilegio en que vivimos una gran parte de la sociedad europea en el contexto internacional y, por tanto, nuestra responsabilidad en la presión ante los gobiernos y élites económicas de nuestros países implicadas en las vulneraciones de derechos fuera de nuestras fronteras.

– Entender también que existe un continuum entre las tendencias que se observan en el mundo y las que vivimos en nuestro propio entorno y que, por tanto, la solidaridad empieza por ser conscientes de hasta qué punto nuestro futuro está cada vez más ligado a los procesos de resistencia en condiciones muy duras, que tanta gente está soportando en otras latitudes. Del mismo modo que el suyo está cada vez más ligado a nuestra capacidad de hacer frente a las vulneraciones de derechos, al ascenso del fascismo, las políticas del miedo y la seguridad, y al poder corporativo en nuestros propios países.

– Finalmente que nada de esto es posible sin una estrategia de alianzas y cooperación, amplia e inclusiva, entre múltiples actores sociales y políticos, movimientos sociales, a nivel local y global. Y que el empeño de hacer frente a las políticas de criminalización, reducción de las libertades y derechos, y al fascismo cultural, social y político, implica en primer lugar la lucha activa por la emancipación social, anti-colonial, feminista, por la defensa de la vida y del planeta que la sostiene.

Diciembre 2018

Berta Cáceres: hay condenas, pero no hay justicia

Como era de prever el veredicto pronunciado por el Tribunal de Sentencia hondureño, continúa sin condenar a las estructuras y a las personas que pagaron a los criminales que asesinaron a Berta Cáceres e intentaron asesinar a Gustavo Castro.

La familia de Berta Cáceres y el COPINH denuncian que, a pesar de las innumerables pruebas incriminatorias que el Tribunal recibió, los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, siguen gozando de la libertad, porque se ha negado sistemáticamente esta línea de investigación. Con este fallo se condena unicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA.

¿Qué intereses están en juego y motivan que el Estado y sus instituciones protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

Desde el asesinato de Berta Cáceres gran cantidad de instituciones públicas, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, el Congreso, el Gobierno español y el Parlamento y la Comisión Europea, se han pronunciado en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres, del intento de asesinato a Gustavo Castro, así como a las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinadas o criminalizadas con toda impunidad.

Si, a pesar de la financiación recibida durante estos años por la cooperación internacional para mejorar el aparato judicial hondureño –especialmente por parte de la cooperación estatal española- los tribunales hondureños muestran esta clamorosa incapacidad de actuar de acuerdo al debido proceso, llega la hora de que la comunidad internacional se pronuncie sobre si estos asesinatos deben quedar impunes.

Desde las organizaciones y plataformas de solidaridad con el pueblos hondureño hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las organizaciones y movimientos sociales, para seguir presionando a nuestros respectivos gobiernos para que se hagan responsables de que se haga justicia en unos hechos, en la raíz de los cuales no podemos olvidar que están implicados fondos de inversión públicos europeos.

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte. (Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.)

[Noticia previa]

Hoy jueves 29 de noviembre, a las 4 PM en Honduras, el Tribunal de Sentencia dictará fallo en el juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos, lideresa lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.

El 2 de marzo del 2016 personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres Flores, ubicada en La Esperanza, Intibucá y la asesinaron. En los hechos también resultó herido el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana.

En el marco de este juicio, hemos observado las múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso que se han producido hasta la fecha en dicho juicio. Durante la etapa de investigación de los hechos, la representación privada de la familia enfrentó constantes obstáculos para acceder a la prueba recabada por parte del Ministerio Público; siendo así que en por lo menos treinta y cinco ocasiones se realizaron solicitudes expresas sin obtener ninguna respuesta.

Posteriormente en agosto del presente año, a más de dos años de haberse realizado los allanamientos, el Ministerio Público había informado que la mayoría de los elementos incautados no habían sido analizados. Entre ellos, había equipos electrónicos como computadoras, celulares e incluso, el arma de uno de los imputados. Incluso, el Tribunal realizó cuatro órdenes en las que dispuso su entrega, las cuales se incumplieron.

En la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó dos solicitudes de transmisión vía digital y de grabación en video y audio que se hicieran para garantizar la publicidad del proceso, además, denegó sistemáticamente la incorporación de prueba elemental para demostrar la culpabilidad de empleados y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se considera la principal responsable del asesinato.

El máximo acto de parcialidad del Tribunal consistió en dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, negando la posibilidad a las víctimas de participar en el proceso y obligándoles a aceptar la representación del Ministerio Público, quien como ya se señaló, ha obstaculizado y ocultado información a las víctimas.

El antecedente de dicha decisión ilegal del Tribunal se basa en que, en vista de que se estaban consolidando las condiciones de un proceso irregular y arbitrario, se interpusieron varios recursos, entre ellos uno de recusación que fue denegado y que habilitó la interposición de una serie de recursos de amparo que a la fecha no ha sido resuelto y mantiene vigente la recusación en contra del Tribunal. Esta acción implica que la convocatoria a juicio realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia, señalándole estos aspectos al Tribunal mediante una comunicación previa.

Consideramos que los autores materiales deben ser debidamente juzgados y sancionados, sin embargo, no se alcanzará justicia y no se esclarecerá la verdad respecto del asesinato, hasta que pueda desmantelarse la estructura criminal que está detrás del mismo.

El Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial, así como garantizar una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Hay condenas, pero no hay justicia.
#CapturaALosAutoresIntelectuales
#FaltanLosAtala
#JusticiaParaBerta

Movilizaciones 2018 #25Noviembre Dia Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres.

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate
➡ http://www.feministas.org/movilizaciones-2018-25noviembre.html

En esta jornada Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y Niñas desde 1981 en Latinoamerica, día en que se conmemora el violento asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 mientras iban a Puerto Plata a visitar sus maridos encarcelados, en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte hacemos presente toda nuestra sororidad con todas las mujeres del mundo que sufren la violencia extrema de las guerras, de las transnacionales, de los estados, de los conflictos ecoterritoriales………

Como organización comprometida con los procesos de transformación, decimos basta y hacemos frente al terrible problema estructural que supone la violencia machista y el feminicidio. De nuevo este #25Noviembre, salimos a las calles para enfrentarnos a este sistema patriarcal que permite someter, dañar y asesinar a mujeres, niñas y personas de identidades diversas y disidentes, que impide nuestro desarrollo humano integral y nuestra soberanía, es por eso que no cejamos en la lucha por nuestros derechos individuales y colectivos.

También al interno de las organizaciones debemos desenmascarar cualquier comportamiento machista, fomentando el buen trato y reprobando aquellos otros que pongan en riesgo el desarrollo de las libertades personales.

En Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte en coherencia con nuestro trabajo de luchas contra las injusticias y el trato discriminatorio y lesivo que la sociedad históricamente le ha conferido a las mujeres, hemos elaborado el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso.

Sabemos que este devenir hacia una justicia social, que erradique de una vez la violencia contra las mujeres y ponga fin a los asesinatos machistas, no se puede establecer sin atender a las peticiones que reclamamos desde los movimientos feministas, protagonistas desde la participación horizontal, en promover y consolidar políticas y estrategias de empoderamiento progresivo. Y para avanzar en este sentido se hace cada vez más necesaria la puesta en valor del fortalecimiento organizativo feminista, construir sinergias, alianzas y agendas comunes.

Que todas las mujeres organizadas avancemos por un feminismo que nos represente a todas, #NingunaMujerSinDerechos. #PonerLaVidaEnElCentro Por el Derecho a una #VidaLibreDeViolencias

La soberanía y defensa de nuestros cuerpos, la visibilidad de nuestros logros está en nuestras manos. Desde la coherencia, la solidaridad y el apoyo a los colectivos feministas que en diversos territorios, nos demandan apoyo por estar viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad, provocadas por gobiernos represivos y políticas corruptas y nefastas, que atienden más a los mercados, tratados comerciales y extractivismos, que a su pueblo y particularmente a las mujeres.

Por ello, pedimos una y otra vez a los gobiernos, y a las y los responsables de las políticas públicas locales, nacionales e internacionales que no supediten la vida y los valores humanos a los intereses del mercado, que acaben de una vez por todas, con todas las formas de violencia, que protejan a las mujeres, niñas y personas de identidades diversas y disidentes, que evolucionen en la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, en lugar de juzgarnos y encarcelarnos (no más niñas madres #NiñasNoMadres), que desarrollen estrategias para acabar con los abusos sexuales como herramienta de dominación, tanto en el espacio doméstico como en el espacio público, que no fomenten la división sexual del trabajo, que no permitan los abusos y situaciones de acoso e injusticia laboral, que protejan a las defensoras de derechos humanos, en lugar de criminalizarlas.

Las mujeres tejemos redes, juntas somos más fuertes. Decimos basta a las violencias machistas.
Los movimientos feministas de todo el mundo somos imprescindibles para una verdadera transformación social y cultural. Sin feminismo no hay revolución.
 

VIVAS NOS QUEREMOS, NI UNA MENOS, NI UNA MAS.
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, AUTODEFENSA FEMINISTA.
POR UNA VIDA LIBRE Y LIBRE DE VIOLENCIAS.

 

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate
➡ http://www.feministas.org/movilizaciones-2018-25noviembre.html

Libertad para Bernardo Caal y para el río Cahabón

(Ver carta de 15 organizaciones dirigida  al Ministro Borrell)

SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL GUARDIÁN DE LOS RÍOS

Texto, foto y vídeo: Gervasio Sánchez

El dirigente comunitario maya q’eqchi de 46 años Bernardo Caal Xol fue condenado el viernes 9 de noviembre de 2018 a 7 años y cuatro meses de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado durante unas protestas ocurridas hace tres años.

“Con esta sentencia se demuestra la corrupción que señala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El Ministerio Público se ha plegado a los intereses de las empresas que están despojando y quitando el agua en Alta Verapaz. No cometí ninguno de los delitos de los que se me acusa, pero hoy he sido sentenciado”, señaló Bernardo Caal minutos después de conocerse el auto del juez.

 

El 15 de octubre de 2015 se produjo una protesta. Empleados de Netzone S.A., empresa subcontratada que trabajaba en la construcción de la segunda planta de la hidroeléctrica Oxec, aseguraron haber sido retenidos y robados por un grupo de personas opuestas al proyecto, liderados por Bernardo Caal.

El líder indígena es la cabeza visible de los comunitarios de Santa María Cahabón (Alta Verapaz) que se oponen a la hidroeléctrica Oxec en los ríos Cahabón y Oxec desde 2015.

Bernando Caal fue capturado el 30 de enero de 2018 en Cobán y acusado de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales y, desde entonces, se encuentra recluido en una cárcel Cobán, capital del departamento de Alta Verapaz.

Durante los últimos años las comunidades opuestas a las hidroeléctricas han presentado varias demandas en contra de la empresa ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación y la Cicig. Caal ha ejercido como representante legal en las demandas.

El líder comunitario nació en 1972 en Sepos Semococh, la última de las 196 aldeas del municipio de Santa María Cahabón en dirección al Estor, Izabal. Tras concluir sus estudios, en 1995, regresó a su aldea como maestro.

Bernardo Caal conoció a su pareja Maria Isabel Matzir, de 36 años hace quince años. Tiene dos hijas: Ni´kte´ Ixch´umil Squijix, de 11 años, y Chahim Yaretzi Ketzali´, de 9 años. Los nombres de sus hijas mezclan los idiomas q´eqchí y kakchiquel, las comunidades lingüísticas a las que pertenece la pareja.

Residen en Chimaltenango, a 262 kilómetros por carretera. La familia tiene que desplazarse hasta la capital  y luego continuar hasta Cobán, unas ocho horas de trayecto.

Desde enero de 2018 Bernardo Caal está detenido en un centro de reclusión de Cobán. Los visitamos en el penal donde viven hacinados más de 350 presos. El régimen carcelario es estricto. A las 5.30 “truena” el timbre, la orden de formar para hacer el primer recuento. A las seis de la mañana se abren las puertas de las diferentes naves y los presos salen al patio. “Dedicamos el tiempo a ir al baño, a bañarnos en una pila grande con una cubeta o lavar ropa. Yo también suelo encender la radio y escuchar las noticias”, explica Bernardo Caal sentado alrededor de una de dos docenas de mesas que hay en el patio central.

De 7.30 a 8 es la hora del desayuno. “Repetitivo”, lo define el líder comunitario. Igual que la comida y la cena. “Nunca he visto la carne salvo un día que hubo pollo con caldo porque venía una comisión de Derechos Humanos”, asegura.

La rutina diaria es muy similar. A partir de las nueve lee los diarios. Después se ejercita durante un buen rato. Hasta la una que es la hora de comer. Las dos primeras horas de la tarde las dedica a dar clases a dos presos que no saben leer ni escribir. “Me sirve para reducir la pena en caso de ser condenado. Creo que me va a ayudar mucho”, dice temeroso semanas antes de conocer la sentencia.

A las cuatro de la tarde se cena  y a las cinco y media todos los presos son encerrados en sus celdas hasta el día siguiente.  En el sector donde reside Bernardo Caal hay 140 presos hacinados durmiendo en literas.

El resto de la jornada la dedica a leer, escuchar música o simplemente estar tumbado en la cama. Tuvo que dormir quince días en el suelo al principio de su cautiverio hasta que se desocupó una de las literas. El toque de silencio es a la diez de la noche.

Le pregunto si se siente amenazado. “Aquí hay asesinos, delincuentes. No es necesario que haya un motivo especial para sentir amenazas. Aunque se me trata como un preso más. Todo lo que ha ocurrido fuera del penal no es conocido por el resto o no se tiene en cuenta”, contesta bajando la voz.

La falta de espacio es lo que peor lleva aunque admite “que acabas acostumbrándote a vivir apretado”. La cama es el único lugar privado. Tiene que negociar el resto del espacio. “Pedí permiso para que me dejaran tener un hornillo. Como es muy grande he tenido que negociar el lugar de colocación con un vecino de litera”, cuenta.

Las revisiones se producen a cualquier hora del día y la noche. Encuentran teléfonos, cuchillos. “Todo puede ser ilícito. Un cortaúñas. Un perfume porque lleva alcohol. Comemos con las manos o con cubiertos de plástico”, explica.

El cautiverio se vive con grandes altibajos. “Hay días que te sientes una pura mierda. No quieres ver a nadie. Te escondes hasta de las paredes. Todo te resulta detestable. Todos los presos te van a comentar  lo mismo”, se sincera.

Lo más traumático es la separación de la familia a la que sólo ve una vez al mes. Su pareja y sus dos hijas tienen que viajar desde Chimaltenango en un largo trayecto durante toda la noche para aprovechar todas las horas de visita en el penal.

“No les puedo presionar para que vengan más veces porque el viaje es muy caro. Que sean ellas las que tomen la decisión”, dice abatido. Es quizá el único momento en el que se le ve alicaído. Como si se temiera que esta situación puede durar años.

La cárcel acoge a aproximadamente 370 reos, divididos en cuatro sectores. Todos tienen que salir de esas salas en las que duermen hacinados, reciban o no visita. En el centro del patio hay 13 mesas con sus sillas.

Foto: Alianza por la Solidaridad

La “Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina” ante la situación de emergencia de personas defensoras

La “Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina” es un proceso fruto de un trabajo colectivo de un amplio y muy variado abanico de organizaciones catalanas de DDHH, cooperación y solidaridad con los diferentes países de América Latina, que hemos visto la necesidad de dar una respuesta coordinada y colectiva a los graves retos que nos plantea la creciente situación de criminalización de las defensoras y defensores de los DD.HH. y ambientales en todo el continente.

Consideramos que trabajar en red nos puede permitir entender y transmitir mejor a nuestra sociedad y en las instituciones políticas la gravedad de diversas situaciones que afectan de manera directa la labor que llevan a cabo estas personas. Hablamos, por ejemplo, del ascenso de los autoritarismos, de la impunidad en la que actúan empresas multinacionales, fuerzas policiales y para-policiales en conflictos sociales y ambientales, de las legislaciones restrictivas hacia los derechos y libertades políticas y el derecho al propio cuerpo de las mujeres, de la violencia patriarcal que viven las defensoras, de la persecución de determinados colectivos por razón de orientación sexual, etc.

Queremos que este trabajo en común nos permita coordinarnos, más allá de las temáticas concretas o geográficas que cada una trabajamos, y así:

  • Dar respuesta integral a la situación de emergencia que viven las personas defensoras en América Latina.
  • Construir un espacio de confluencia y fortalecer la capacidad de incidencia global, social, política y mediática de forma colectiva.
  • Realizar acciones puntuales y declaraciones con una mirada global sobre América Latina que aborde las causas de las vulneraciones de los DDHH.
  • Actuar como canal de comunicación entre las organizaciones de América Latina y las de aquí.

Y, en este marco hemos emprendido como primera acción pública la propuesta de una Declaración en el Parlamento de Cataluña en ocasión de la celebración del 20 aniversario de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, también conocida como declaración sobre defensores y defensoras de DD.HH.

Y hoy os presentamos esta propuesta de declaración aprovechando la visita de la activista Lolita Chávez Ixcaquic defensora de la vida, de la tierra y del territorio maya en Guatemala, feminista comunitaria y portavoz del Consejo de Pueblos K’iche’.

Esperamos que esta declaración de que sea aprobada en el Parlamento, y que además, establezca un marco de compromiso institucional a partir del cual podamos trabajar con las instituciones públicas catalanas y en nuestra sociedad por la protección de las personas y colectivos criminalizados por la defensa de los derechos y del planeta, que también son nuestros derechos y nuestro planeta. Del mismo modo, esperamos que se cumplan compromisos anteriormente adquiridos por este Parlamento como el observatorio del cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las empresas catalanas en el exterior.

Las entidades que han participado en el proceso de construcción de la “Xarxa Teixint Resistències per les defensores d’Amèrica Llatina” son:

Alerta Amazònica
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas
Acció Internacional per la Pau (IAP Catalunya)
Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
CALACA Catalunya (Coordinadora d’Activistes per Llatinoamèrica i el Carib)
Calala Fondo de Mujeres
Cooperacció
Dones x Dones
Enginyeria Sense Fronteres
Entrepobles
Farmacèutics Mundi (Farmamundi)
H.I.J.O.S. Barcelona Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)
Institut de Drets Humans de Catalunya
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Pa’lante
Novact — Institut Internacional por la Acción Noviolenta
Observatori DESC
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Oxfam Intermon
Plataforma Berta Vive de Catalunya
Plataforma de Solidaridad amb Guatemala – Barcelona
Red de Migración Género y Desarrollo
Suds
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Taula per Mèxic
Tierra Catracha

 

 

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