Por el respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano

Pedimos a la Unión Europea que se manifieste y actúe ante las campañas mediáticas de odio que tensionan el clima social interno y representan una amenaza para personalidades públicas y activistas sociales en el Perú.

[Foto: Oficina Nacional de Procesos Electorales]

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COMUNICADO: EU-LAT NETWORK, LA PLATAFORMA EUROPA-PERÚ y COEECI
EXHORTAN A LA UNIÓN EUROPEA A APOYAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL PERÚ

Bruselas, Lima, 16 de junio de 2021

 

El martes 15 de junio de 2021, la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) emitió el resultado al 100% de la segunda vuelta electoral para la presidencia del Perú. Pedro Castillo, del partido político Perú Libre, fue el ganador con el 50.125% de los votos.

EU-LAT Network, red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, la Plataforma Europa-Perú (PEP), red de 15 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el Perú, y la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional –COEECI, gremio que cuenta con 48 asociadas, observan con preocupación la actual situación post electoral en Perú, ante los mensajes que señalan la existencia de un supuesto fraude, a pesar de que las distintas misiones electorales señalan que la segunda vuelta fue llevada a cabo de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. De hecho, la misión de observación electoral de la OEA felicitó al Perú por una jornada electoral pacífica y democrática.

En estos momentos, es necesario respetar el Estado de Derecho, dar por finalizado el proceso electoral y tomar medidas para terminar con las campañas mediáticas de odio que tensionan el clima social interno y representan una amenaza para personalidades públicas y activistas sociales.

Es por ello que, ante los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso electoral, exhortamos a la Unión Europea a:

  • Mostrar públicamente su respaldo a los resultados electorales ratificados por las autoridades electorales peruanas, contribuyendo así a estabilizar la situación en el país, fortalecer la institucionalidad democrática y generar un pacífico relevo del poder ejecutivo en Perú.
  • Mantener en el país la misión de observación electoral y seguir vigilantes a los procesos legales emprendidos ante las autoridades electorales hasta su efectiva resolución.
  • Denunciar cualquier intento malicioso de usar el mecanismo de la impugnación de actas sin que existan fundamentos suficientemente sólidos que lo justifiquen, lo que genera un clima de incertidumbre generalizada que aumenta la inestabilidad política del país y fragiliza la institucionalidad democrática.
  • Hacer un llamado público a cerrar el proceso electoral de manera que el gobierno electo pueda concentrarse en los desafíos urgentes de este momento, particularmente en la pandemia que ha provocado una crisis sanitaria, socioeconómica y alimentaria sin precedentes

¿Quién mató a Berta Cáceres?

En colaboración con la editorial Icaria, Entrepueblos ha promovido la edición en castellano del libro de la periodista del The Guardian Nina Lakhani “Who killed Berta Caceres?”, cuya edición en inglés se publicó en junio de 2020. Lakhani acompañó a Berta Cáceres durante años de luchas y amenazas, y fue la única periodista extranjera presente en el juicio de 2018. De acuerdo con el movimiento de solidaridad con Honduras vimos el interés de dar a conocer este libro al público de habla castellana. Os presentamos un resumen de la reseña que hizo Julia Zulver en Open Democracy.

“En 2015, la activista hondureña Berta Cáceres ganó el Premio Goldman, el más alto honor internacional que se puede otorgar a un defensor del medio ambiente. Cuando un investigador del comité del premio la visitó en Tegucigalpa, Berta le preguntó qué pasaría si ella muriera antes de recibir el dinero del premio, una pregunta que ningún galardonado había hecho antes.

¿Quién mató a Berta Cáceres? sigue la vida y la muerte de una defensora del medio ambiente que contribuyó a la reactivación de los movimientos sociales de Honduras. La investigación documenta la participación de Cáceres en el FMLN en El Salvador, su resistencia contra las reformas neoliberales y su protesta por el golpe de Estado de 2009 contra el ex presidente Zelaya.

El libro de Lakhani desata meticulosamente un nudo gordiano de corrupción. Detalla la participación de las élites económicas hondureñas, instituciones internacionales como el Grupo del Banco Mundial, políticos de alto rango, violentos traficantes de drogas y sicarios, y el ejército de los Estados Unidos, en tratos turbios que consolidan el poder y el dinero en manos de unos pocos.

La lucha de Cáceres por el territorio de su comunidad implicaba necesariamente luchar contra estos poderosos actores. De hecho, como un entrevistado le dijo a Lakhani: «Berta era inaceptable para las élites cuyo poder desafiaba.»

El libro está escrito con esmero; el reportaje de Lakhani incluye las voces de un largo elenco de personajes, desde una campesina viuda hasta el presidente derrocado Manuel Zelaya, pasando por los amigos y colegas activistas de Berta, y los hombres acusados de su asesinato.

Es importante destacar que el libro no se centra en Cáceres en cuanto a su singular identidad como defensora del medio ambiente. Más bien, Lakhani tiene claro que su posición como mujer y como indígena fue un factor importante en su asesinato. A pesar de las amenazas de muerte y el acoso sexual, Cáceres se negó a guardar silencio. En un país gobernado por las reglas del machismo, esta no es una manera aceptable de comportarse para una mujer, llevando a una de sus amigas más cercanas a categorizar su asesinato como un «feminicidio político».

Al subir al estrado después del juicio, las hijas de Berta Cáceres destacan cómo sigue la lucha de su madre y cómo nos corresponde a todas continuar la lucha de Berta por un mundo más verdadero, justo y digno. Al escribir este libro, Lakhani ha contribuido significativamente a este objetivo.



Presentación online del libro

¿Quién mató a Berta Cáceres?        →

18 junio, 2021 a las 18:00

 

→ https://us02web.zoom.us/j/86329226019

#JusticiaParaBerta

Verdad, memoria y justicia para el pueblo peruano

Entrepueblos como parte de la PEP nos reafirmamos en el compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos. Mostramos preocupación ante la garantía de la defensa de la verdad, la memoria y la justicia, a lo largo del proceso electoral, por parte del gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación.

[Imagen de portada Somos 2074 y muchas más]


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LA PEP EXHORTA A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES IMPARCIALES Y  NEUTRALES EN EL PERÚ

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por el reciente clima de polarización y crispación que el Perú está viviendo en torno a la segunda vuelta electoral presidencial. A solo unos días de celebrarse las elecciones, la PEP exhorta a la candidata y al candidato a la presidencia, a los medios de comunicación y a todas las partes a evitar utilizar un lenguaje difamatorio y politizar cualquier hecho sucedido que afecte a la población peruana con el fin de obtener un beneficio electoral. Solicitamos también a los medios de comunicación garantizar una cobertura electoral imparcial y que no se difunda información parcializada que no haya sido expuesta a escrutinio e investigaciones debidas.

A las organizaciones que integramos la PEP nos parecen de suma gravedad las declaraciones públicas que apuntan a minimizar violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, como las que han demeritado la lucha por justicia y reparación de las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tal como lo dijo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la cobertura electoral, con información parcializada, ha provocado un clima de miedo con el fin de beneficiar a la candidata Fujimori. El Tribunal a su vez advirtió sobre la necesidad de “diferenciar claramente la opinión de la información y a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”.

Lamentamos también el uso político que se viene haciendo del trágico suceso del 23 de mayo, el atentado en el VRAEM donde murieron 16 peruanas y peruanos. Las personas responsables de estas muertes tienen que ser identificadas y sancionadas tomando en consideración la gravedad de sus actos; así mismo, esa tragedia no puede ser instrumentalizada con fines electorales. Coincidimos con declaraciones de la sociedad civil peruana que añade que las “estrategias ‘políticas’ de esta naturaleza cuestionan los fundamentos democráticos y ponen en riesgo el actual proceso electoral”.

La PEP reafirma su compromiso al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos los peruanos y exhorta al gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación a  que se garantice la defensa de la verdad, la memoria y la justicia a lo largo del proceso electoral. Esperamos que cesen los cuestionamientos indebidos a los organismos electorales y que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y con plena garantía del sistema democrático y el estado de derecho. Demandamos a las misiones electorales internacionales presentes en el Perú que tengan bajo consideración los graves hechos antes señalados, y que estén vigilantes a irregularidades antes y durante el día de las elecciones.

 

Plataforma Europa Perú 

  • Action Solidarité Tiers-Monde – ASTM (Luxemburgo)
  • Asociación Pro Derecho Humanos de España (España)
  • Broederlijk Delen (Bélgica)
  • Catapa (Bélgica)
  • Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
  • Commission Justice et Paix (Bélgica)
  • Entraide et Fraternité (Francia)
  • Entrepueblos (España)
  • FOS (Bélgica)
  • Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
  • Kampagne “Bergwerk Peru-Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
  • Peru Support Group (Reino Unido)
  • Peru Kommiten för MR (Suecia)
  • Secours Catholique (Francia)
  • 11.11.11 (Bélgica)

Entrepueblos presenta la web “Activistas por la Vida”

De la exposición fotográfica de Gervasio Sánchez nace la web sobre activistas de derechos humanos y ambientales que viven bajo amenaza de muerte en Centroamérica, específicamente en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo.

¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Por qué Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica? ¿Por qué desaparece la memoria histórica en países como Guatemala? ¿Quién es Rosalina Tuyuc? ¿Y Rosalina Dominguez? ¿Qué papel tenemos las personas del Norte Global en la vulneración de derechos humanos en el Sur Global? Son algunas de las preguntas que intentamos responder con la web de Activistas por la Vida.

La web de Activistas por la Vida, disponible en castellano → www.activistasporlavida.org y en catalán → www.activistesperlavida.cat, hace un repaso por la historia de Centroamérica, de  Honduras y Guatemala, denuncia el papel de las grandes empresas (hidroeléctricas, mineras, cementeras etc.) europeas y estadounidenses en la vulneración de derechos humanos en los países del Sur Global, resalta la importancia de los colectivos, movimientos sociales y entidades locales que se dejan la vida para defender el territorio, los ríos, el cuerpo o la memoria histórica, y nos acerca a la vida de las defensoras y los defensores y les pone nombre y apellido.

En tiempos de emergencia climática y ecológica, sus rostros y sus voces nos plantean la necesidad de cuestionar el crecimiento ilimitado del consumo material como base del bienestar. Nos advierten, de que agotando los bienes naturales y la biodiversidad, estamos socavando las bases de nuestra propia existencia.

El proyecto “Activistas por la Vida” es una herramienta más dentro del trabajo que Entrepueblos lleva años realizando en apoyo a las organizaciones defensoras de DD.HH., ambientales, feministas, indígenas en América Latina. Con  él queremos remarcar especialmente la situación crítica en la que desarrollan su activismo las defensoras y defensores en Honduras y Guatemala en contextos marcados por todo tipo de violencias impunes, una presión asfixiante sobre el territorio y las comunidades por parte del extractivismo, y estados capturados por las corporaciones y el crimen organizado.

Los materiales de “Activistas por la Vida”, desplegados en formatos audiovisuales, comunicativos y didácticos se articulan entre sí para tender un puente de solidaridad con las personas defensoras y sus comunidades.

Este proyecto ha sido posible gracias a nuestro amigo y fotoperiodista Gervasio Sánchez, a las personas protagonistas de esta historia, a las que aparecen y a las que han preferido no aparecer, a las queridas organizaciones y comunidades de Guatemala y Honduras que nos han brindado su confianza y su colaboración para que este proyecto fuera posible. Al Institut de Drets Humans de Catalunya que nos acompaña en el proyecto. Y a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament por financiar la propuesta.

Protección internacional para las personas migrantes climáticas

[FOTO: AFP]

Reclamamos a nuestros responsables políticos y gubernamentales, el compromiso de avanzar y dar respuesta a las personas que huyen del cambio climático. 


Manifiesto:

Entendemos por migración climática aquella en la que el deterioro irreversible del hábitat, provocado por el cambio climático, es la causa más destacada de la migración, aunque no sea la única.

Se trata de un tipo de migración que ya está dándose en las áreas tropicales del planeta. Hay zonas en las que los cultivos agrícolas y los pastos pierden productividad, porque las temperaturas ya no son las idóneas, o incluso desaparecen, transformándose en desierto; otros hábitats se deterioran porque ha aumentado la frecuencia de los ciclones, las lluvias torrenciales y las inundaciones; también la subida del nivel del mar está haciendo desaparecer hábitats costeros. Las personas que huyen de esos impactos climáticos van, en su mayoría, a las ciudades de su propio país, se convierten en desplazadas internas; pero una parte de ellas emigra a otros países, convirtiéndose en migrantes climáticas. Estas, generalmente, se quedan en los países vecinos, y solo una pequeña parte hace una migración de larga distancia (al igual que ocurre con otras migraciones forzadas, como son las provocadas por conflictos bélicos).

¿Qué respuesta deben dar los gobiernos a esas personas que llegan a sus territorios huyendo de los impactos climáticos? ¿Deberían estar obligados a darles una protección similar a la que se da a las personas refugiadas? Ahora no lo están: la obligación de dar acogida y protección a las personas refugiadas se deriva de un tratado internacional, la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, que no incluye la causa climática, y no hay ningún tratado internacional que obligue a dar entrada y acogida a las personas migrantes (salvo por acuerdos suscritos entre países). Sin embargo, los migrantes climáticos tienen en común con los refugiados el ser víctimas de una acción política.

El derecho a la protección internacional se les otorga a aquellas personas que son víctimas de alguna acción política reprobable que las ha obligado a salir de su país; una acción política que ponía en peligro su vida o su integridad física, sea una persecución (étnica, religiosa, por opiniones políticas, etc.) o un conflicto bélico. Ser víctimas políticas es lo que las vincula con la idea que tenemos sobre lo que son las personas refugiadas. Pues bien, quienes huyen de sus países por los impactos climáticos también son víctimas de una acción política reprobable, la de los gobiernos que han vulnerado los tratados internacionales sobre el clima que han suscrito.

El cambio climático que ahora estamos viviendo no es un fenómeno natural, está provocado por los gases de efecto invernadero que venimos emitiendo desde el inicio de la industrialización. Esto es algo que sabemos desde hace bastantes décadas, pero, además, en las tres últimas se han ido sucediendo los tratados internacionales dirigidos a reducir las emisiones. El primero de ellos fue la Convención Marco sobre Cambio Climático de 1992 (después vendría el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París…). Estos tratados han sido sistemáticamente vulnerados, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero no han hecho más que crecer. Hay una responsabilidad política de los gobiernos que no puede ser eludida, y eso es lo que convierte a las víctimas del cambio climático en merecedoras de protección internacional. Si renunciamos a incluir las migraciones climáticas en el derecho a la protección internacional, estamos dejando un margen muy amplio a los gobiernos para que eludan esa responsabilidad, estamos favoreciendo que las identifiquen como migraciones económicas y que no se sientan interpelados por la obligación de otorgarles acogida y protección.

En las últimas décadas hemos considerado de facto como refugiadas a las personas que huyen de los conflictos bélicos, pese a que no fueron mencionadas en la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 (como tampoco lo fueron en el desarrollo que se le hizo con el Protocolo de Nueva York de 1967). Ese ha sido un paso muy importante de ampliación del derecho a la protección internacional.

Hemos de avanzar por ese camino para dar respuesta a las personas que huyen del cambio climático. Debe abrirse el debate político sobre el marco jurídico del que hemos de dotarnos para hacer efectiva su protección. Reclamamos ese compromiso a nuestros responsables políticos y gubernamentales, y nos prestamos a ser parte activa de ese debate.

 

Suscriben* este manifiesto:
Àlex Guillamón (Entrepueblos), Ana María López Sala (Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC), Ángeles Solanes (catedrática de Filosofía del Derecho, Universitat de València), Aurelia Álvarez (Derecho Internacional Privado, Universidad de León), Beatriz Felipe (CEDAT, Universitat Rovira i Virgili), Blanca Garcés (coordinadora de investigación del CIDOB), Cecilia Carballo (directora de Programas de GREENPEACE), Cristina Blanco (presidenta del Foro para la Integración Social de los inmigrantes), Cristina Monge (Sociología, Universidad de Zaragoza), Daniel Ibarz (presidente de Red Acoge), Estrella Galán (directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR), Fernando Mudarra (director general de Ayuda en Acción), Ferran Camas (director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía, Universitat de Girona), Francisco Checa (catedrático de Antropología Social, Universidad de Almería), Javier de Lucas (catedrático de Filosofía del Derecho, Instituto de Derechos Humanos, Universitat de València), Jesús Marcos Gamero (Grupo de Investigación en Cambio Climático, Universidad Carlos III), José Antonio Oleaga (Fundación Begirune. Analítica en torno a las migraciones), José Larios (presidente de la Fundación Transición Verde), José Luis Rodríguez Candela (Derecho, Universidad de Málaga), Julia Fernández Quintanilla (presidenta
de ACCEM), Julia Shershneva (directora de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración), Liliana Suárez-Navaz (directora del Instituto Universitario de Migración, Etnicidad y Desarrollo Social, Universidad Autónoma de Madrid), Macarena Vallejo (Antropología Social, Universidad de Málaga), Miguel Pajares (GRECS, Universitat de Barcelona, presidente de la CCAR), Nuria Blázquez (responsable de Internacional de Ecologistas en Acción), Olga Jubany (directora de la European Social Research Unit, Universitat de Barcelona), Ramón Almansa (director ejecutivo de la Fundación Entreculturas), Ricard Zapata-Barrero (catedrático GRITIM, Universitat Pompeu Fabra), Rosa Aparicio (investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset – G. M.) Sergio de Otto (Proyecto Migraciones Climáticas de ECODES), Sònia Parella (coordinadora de CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona), Susana Borrás (CEDAT, coordinadora del Máster en Derecho Ambiental, Universitat Rovira i Virgili), Victoria Columba (portavoz del Movimiento #RegularizaciónYa), Verónica Barroso (responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional), Xabier Aierdi (Fundación Begirune. Analítica en torno a las migraciones).
(*) Aunque figura la entidad a la que pertenece cada cual, las firmas son a título individual.

Diálogos Feministas y Ecologistas

Diálogos Feministas y Ecologistas

Diálogos feministas y ecologistas nace como un encuentro de  intercambios de experiencias y propuestas de alternativas desde los feminismos diversos, incorporando, entre otros muchos elementos, el ecologismo social tan necesario para la transición ecosocial a la que debemos dirigirnos, juntas, de manera colectiva para superar y desbordar la tan asentada práctica capitalista, heteropatriarcal, racista, y que opera contra la base de la vida y el derecho a los cuidados colectivos que garanticen vidas dignas para todas las personas y el planeta.


Caminando hacia las II Jornadas Diálogos Feministas y Ecologistas que celebraremos el próximo mes de diciembre de este año 2021.

Estos diálogos feministas y ecologistas permiten que nuestras luchas tengan inferencia real, se realimenten de esperanza, de sueños y voces que interpelen nuevas formas de conducta humana, capaces de transformarnos hacía un porvenir lleno de desafíos diarios.

 I Diálogos feministas y ecologistas: justicia social y ambiental para (re)conocer saberes, acciones y experiencias que garanticen vidas dignas

A lo largo de estas jornadas de puesta en común y construcción de paradigmas emancipatorios pudimos compartir nuestras experiencias más significativas y nuestras capacidades reflexivas para articular discursos y prácticas, rodeadas de una vitalidad feminista repleta de energía y pasión, rebeldía y dignidad.

Intercambio de experiencias de resistencia, pero también de prácticas y agencias feministas

Tenemos la posibilidad de poner estas prácticas comunitarias al servicio, no solamente de las comunidades, sino de la globalidad, del mundo. Construcción de espacios que nos permitan seguir intercambiando experiencias de resistencia, pero también de prácticas y agencias feministas.

Una de las propuestas de aprendizaje más interesante [entre muchas otras] fue la de imaginarnos frente a la crisis capital-vida nuevas formas de organizar la sociedad. Porque los conflictos por los bienes comunes no son hechos aislados, responden a un modelo capitalista neoliberal extractivista, que se repite y se retroalimenta entre el norte, el sur, el centro y la periferia.

Cómo la usurpación, el despojo y la mercantilización de los bienes comunes ponen en evidencia profundas violaciones a los derechos humanos, donde incluso hay mujeres, en los respectivos territorios, que están exponiendo su vida para la defensa de algo que es comunitario y del bien de todo el planeta.

Las diferentes ponencias de las mujeres que nos acompañaron nos han servido para mostrar, una vez más, la capacidad autosuficiente del feminismo y su interacción a diversas escalas globales. De ahí la importancia de las relaciones internacionales, de las alianzas para poder enfrentar la defensa de lo común y la intolerancia reiterada de las violaciones constantes de los derechos humanos. 

 

 

Nuestro horizonte se vislumbra en la lejanía. Es algo común a todas las mujeres. Se trata de un horizonte de transformación emancipadora. Algunas de las estrategias que nos planteaban nuestras compañeras provienen de una lucha activa y militante del sur. De un sur global donde el despojo y la extorsión se perciben en el orden del día junto con la desobediencia, la rebeldía y la resistencia.

 

 

Poner la vida de las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás.

Es por ello, que debemos desarrollar estrategias de democratización del conocimiento y la comprensión crítica de nuestra realidad social: difundirla, comunicarla, transmitirla para inferir en nuevas políticas feministas —económicas, culturales, sociales, de los cuidados— que nos permitan desarrollar un cambio real en nuestros espacios de vida cotidiana, poner la vida de las personas y el planeta en el centro sin dejar a nadie atrás.

De ahí, tal vez, podamos crear nuevas alianzas insólitas. Nuestra capacidad de politizar a la ciudadanía debe observar más allá de su única realidad, en el caso de Occidente, y aprender nuevas formas de activismo nutriéndonos de las experiencias  de resistencia del sur.

Nuestras compañeras  feministas ya han lidiado con temas tan escépticos por la sociedad como la defensa del territorio  y bienes comunes por parte de mujeres y hombres que ponen en riesgo su vida y sus cuerpos, cambio climático, a través de diversas formas de activismo de conciencia, consiguiendo mostrar la fractura que vincula el desarrollo del modelo neoliberal al medioambiente. Dando evidencia a esta crisis mediante su activismo, han conseguido dotar de consciencia al movimiento por la vida, superponiendo el estrato individualista del sistema político y económico tradicional, hacia una nueva lógica en la que las relaciones humanas y el entorno se anteponen al mercado, y que paradójicamente tiene que ver también con el reconocimiento de la sabiduría y las cosmovisiones de los pueblos indígenas, en definitiva con la sostenibilidad de la vida de las personas y el planeta.

 

 

Y es que puede no resultar tan paradójico pensar y reconocer que desde los feminismos comunitarios y pueblos originarios hace muchos siglos que se habita en armonía con la naturaleza sin causar daños irreparables en su entorno. Esto debería servir para replantearnos:

¿Hacia dónde dirigimos nuestras lógicas productivas?

Caminos entrelazados que ya nos muestran las mujeres que participan en estos diálogos a través del intercambio de experiencias desde diferentes territorios, luchas y rebeldías, alternativas y acciones conectadas que podemos recuperar a través de la sistematización de las sesiones y las cápsulas audiovisuales de las Jornadas Internacionales Diálogos Feministas y Ecologistas que tuvieron lugar en diciembre de 2020 y que puedes visionar en este enlace

También puedes revisar las relatorías de las Jornadas de 2020 en estos enlaces:

«El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado»

«Construcción de nuevos paradigmas para la sostenibilidad de la vida, de las personas y el planeta»

«Juntas somos más fuertes: Imaginarios colectivos y prácticas comunitarias desde el buen vivir»

«Rescatar la esperanza: No dejemos el futuro en sus manos»

Uno de los objetivos de recuperar todo este intercambio de saberes y rebeldías es avanzar en estas articulaciones y alianzas feministas desde el ecologismo social que nos permitan continuar construyendo desde la diversidad y la inclusión. 

Seguiremos conectadas para poder encontrarnos de nuevo para esta puesta en común en el marco de las II Jornadas Diálogos Feministas y Ecologistas que celebraremos el próximo mes de diciembre de este año 2021.

Para más información puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico:

educacion@entrepueblos.org

Río Gualcarque

Comunicado a la UE ante graves retrocesos en América Latina

EU-LAT Network, red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, observa con mucha preocupación el retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y su consecuente aceleración del ya reducido espacio para la sociedad civil. América Latina sigue ostentando los índices más altos de violencia contra personas defensoras -el 75% de los ataques en el mundo

Por ello hacemos un llamado  a la Unión Europea a:

1) mantener su  papel como observador internacional en derechos humanos, crucial en estos momentos,

2)  incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y

3) aumentar los fondos de cooperación con la región.

En Colombia, las protestas de la ciudadanía ante la reforma tributaria ha sido reprimida violentamente, desatando un caos sin precedente y el debilitamiento de las instituciones democráticas. De acuerdo con la defensoría del pueblo, organizaciones internacionales de DDHH y medios, el trágico saldo a 7 de mayo es de 31 personas muertas en hechos que involucran abuso de la fuerza y armas de fuego contra civiles. Así mismo, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de 272 excombatientes en lo que pareciera ser una eliminación sistemática de los firmantes de la paz. Las negativas del gobierno colombiano a establecer un diálogo incluyente, y atender de forma efectiva las necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes, líderes y defensores de derechos humanos, hacen que hoy veamos una crisis acumulada y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta año.

A su vez, queremos llamar la atención sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región centroamericana, en particular en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, poniendo en peligro también la independencia judicial. Por ejemplo, en El Salvador, el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho.

Queremos mencionar específicamente Nicaragua, país que arrastra una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde 2018. En Marzo de este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4, condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas” ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis.

En este contexto, nos preocupa las reciente reforma electoral reciente, que amenaza con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, lo que negaría la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que ya vive Nicaragua y mantendría en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.

Sin olvidar que en México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos públicos contribuyen a una polarización social y a una fuerte estigmatización de la sociedad civil mexicana. Han provocado también ataques masivos en redes sociales contra las organizaciones señaladas y preocupa que funcionarios públicos de menor nivel repliquen estas prácticas e incluso escalen a ataques más graves contra la integridad física y psicológica de las personas defensoras. Al mismo tiempo, la militarización de la seguridad pública continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

Toda esta situación ha sido agravada por la actual pandemia, que ha acelerado las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a las vacunas. El virus no nos afecta a todos los colectivos por igual. Ha quedado en evidencia la falta de políticas públicas de calidad, como en el área sanitaria, y la necesidad de contar con un sistema de protección social universal. Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta fundamental para la salida de la crisis.

Sin embargo, según la Organización de Estados Americanos, el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a vacunas en 2021. Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas.” Para ello, “los regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas”5.

Las desigualdades y los impactos diferenciados se han exacerbado especialmente sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. “Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con puestos de salud”6. La formalización del trabajo informal debe ser una prioridad para el continente, dado los beneficios que pueden aportar en la reducción de la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas fundamentales de la OIT)

En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues estas actividades son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. El Perú,  está actualmente considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida. Esta situación se ve agravada por la crisis política que se mantiene a pesar de la primera ronda de elecciones, donde la agenda de derechos humanos supone un reto en la posible composición del poder legislativo La ratificación del Acuerdo de Escazú por los países de América Latina es fundamental. A su vez, recordamos la importancia del actual proceso legislativo europeo para una Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, y hacemos un llamado a la UE para que la nueva ley sea lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y para reparar a las víctimas.

El papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial en estos momentos. Es necesario adaptarse a la situación y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías

Comunicado de EU-LAT Network de la que Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte forma parte


1 Temblores &Indepaz, organizaciones de sociedad civil, reportan 47 muertes a Fuentes de sociedad civil indican a fecha 10 de Mayo.

(3) FIDH, El Salvador: Ad portas del autoritarismo, el Estado de Derecho y la independencia judicial en peligro, 05/2

(4) Ver Resolució de Consell de Drets humans a Nicaragua

(5) Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf 

(6) Fuente: Informe Oxfam 2020, «Evitar el etnocidio».

Emergencia Climática

Una ley del clima insuficiente, una oportunidad perdida

Debemos insistir en la lucha para corregir su falta de ambición

Un centenar de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales nos sumamos al manifiesto sobre la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Las organizaciones señalamos que el texto actual no permitirá al Estado español cumplir con sus compromisos climáticos en 2030 como reclama la comunidad científica. Por lo que siguen reclamando una ley a la altura de la emergencia climática

Hace más de dos años que se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante todo este tiempo las consecuencias de la emergencia climática avanzan, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, el año 2020 es nuevamente uno de los más cálidos jamás registrados.

Después de cinco años desde la firma del Acuerdo de París la ley climática falla nuevamente en atender las indicaciones científicas, lo que nos llevará a un incremento de la temperatura global muy por encima de 1.5C y 2 ºC. En 2019 la comunidad internacional y científica advirtió de la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en un orden superior al 7,6% anual. Un ritmo de reducciones que debería llevar al Estado español a una meta de reducción de emisiones GEI superior al 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, la ley recientemente firmada se limita a una escasa reducción del 23%, que se queda muy lejos incluso de lo que el mismo gobierno ha aprobado en las instituciones europeas. Este es un aspecto clave, que, por sí solo, hace que la ley nazca claramente obsoleta.

La responsabilidad ante la urgencia de la emergencia climática hace ser lo suficientemente prudente como para admitir la necesidad de aprobar una ley para hacerle frente, pero los contenidos con que se nos presenta llegan con más de una década de retraso. Existen avances como la prohibición de la minería de uranio y de las prospecciones de combustibles fósiles, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo 100% renovable, aunque solo para el sistema eléctrico y demasiado lejano. Sin embargo, la falta de concreción de algunas de las propuestas, el dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales o la falta de apuesta clara por auténticos mecanismos de participación ciudadana ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años.

A lo largo de estos más de dos años de tramitación numerosas personas se han movilizado en las calles exigiendo justicia climática, se han trasladado numerosas observaciones al texto, se han publicado numerosas notas de prensa y manifiestos reclamando medidas a la altura del reto que afrontamos.

El texto final no recoge estas peticiones. De hecho, el proyecto de ley se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, lo que es inadmisible. Tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y medidas necesarias para frenar el incremento de los viajes en avión o la creciente e insostenible industrialización de la agricultura y ganadería.

Con la aprobación de esta ley se cierra una ventana de oportunidad para enfrentar de forma real la emergencia climática. Un momento para responder a la falta de medidas capaces de frenar un modelo de producción y consumo que genera el cambio climático, y que además, se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población mundial; de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta.

En la ley se promete un proceso de revisión de sus objetivos, que ya hoy están totalmente desfasados, para 2023, reclamamos que se inicie ya un debate público y ciudadano sobre unos objetivos climáticos mucho más acordes. En este sentido seguiremos atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley, ya que, con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, consideramos importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad, independencia respecto a partidos y partes interesadas, transparencia, debate público y compromiso político con sus resultados, y no se limite a un simulacro.

La norma incurre además en las atractivas falsas soluciones del capitalismo verde, que nos hablan de los milagros imposibles y de los adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material ni los efectos sobre nuestras vidas. Por el contrario, es imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas, y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales.

Seguiremos luchando por el cambio necesario, un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y la Tierra, sin dejar a nadie atrás.

 

PLATAFORMAS FIRMANTES

Rebelión por el Clima

Xarxa per la Justícia Climàtica

 

ORGANIZACIONES QUE APOYAN:

Abrir Brecha
Abrir Fenda
Acció Ecofeminista
Acció Ecologista Muntanyera
Alianza por el Clima IBIZA
Almáciga
Alternativa Antimilitarista.MOC Las Palmas/ADNV
Amigos de la Tierra
Amycos.org
Arcó. Asociación Rural Cepeda Órbigo.
Asamblea Antimilitarista de Madrid
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
Asociación Ibiza Conciencia
Asociación Ibiza Ecologic
Asociación Libélula Verde
Asociación NOVACT Instituto Internacional para la Acción Noviolenta
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa (BCN)
Associació de veïns i veïnes barri Rei En Jaume d'Alboraia
Associació per la Solidaritat/Plataforma de Suport Pers. Refugiades (Santa Coloma de
Cervelló)
Associació Som del Barri
ATTAC España
Bosco Global
Bumerang Takeaway SL
Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris
CGT
CIDES
Climaccio
Col.lectiu Agudells
Colectivo Memoria Viva de los Pueblos
Colectivo Pensionistas de Avilés COSPA
Colectivo TURCÓN-Ecologistas en Acción
Consell de la Joventut de Barcelona
COODECyL Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo Castilla y León
Cooperaccio
Coordinadora Balear en Defensa per les Pensions Públiques
Coordinadora d'ONG Solidàries
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
Creatives For The Planet
DonesXDones
ECOAR))) Global
Ecologistas en Acción
Ecoresiliencia
Edualter
El Brote Rebelde
Energetix Poble-sec
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Eurosolar (seccions espanyola i catalana)
Extinction Rebellion Cádiz
Extinction Rebellion Cantabria
Extinction Rebellion Málaga
Extinction Rebellion Spain
Extinction Rebellion València
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Federación Gijonesa de AAVV
Feministas por el Clima
Fondo Verde
Fridays For Future Barcelona
Fridays For Future León
Fridays For Future Sevilla
Fridays For Future Vinaròs
Germanor Obrera d'Acció Catòlica
GOB Mallorca
Greenpeace España
Grupo de Consumo La Vida Buena
Hort Fortalesa
Ingeniería Sin Fronteras
Intersindical Región Murciana – Medioambiente
Intersindical Valenciana
Justicia Alimentaria
Justícia i Pau Barcelona
Juventud por el Clima/ Fridays For Future España
KEM–MOC Bilboko talde antimilitarista
La Transicionera
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
L'Animeta Associació per l’Agricultura Ecológica
La Villana de Vallekas
Loom Sustainable Experiences
Madres por el Clima
Marxa Mundial de Dones
Movimiento Ibérico Antinuclear
Mugarik Gabe
Mujeres de Negro contra la Guerra (Madrid)
Mujeres de Negro contra la guerra de Sevilla
Obrir Escletxa
Observatori DESC
ODG
Ongd AFRICANDO
Plataforma Antitérmica La Pereda
Plataforma Aprofitem els Aliments
Plataforma Aturem la C-32
Plataforma Emergència Climàtica Pla de L'Estany
ProuTransit
Rebel·lió o Extinció Barcelona
Rebel·lió o Extinció Girona (XRGirona)
Rebel·lió o Extinció Gramenet
Rebelión por el clima Málaga
Red canaria de entidades de promoción e inserción sociolaboral ANAGOS (REAS
Canarias)
Revo Prosperidad Sostenible
Salmorejo Rebelde
Secretariat diocesà de Pastoral Obrera de Barcelona

Servei Civil Internacional de Catalunya
SETEM Catalunya
Solidaridad Internacional Andalucía
Solidaritat i Comunicació
Som Energia, SCCL
Stop Ecocidio España
Te lo sirvo verde
TeachersForFutureSpain/ profes por el Futuro
Tenik, asociación canaria para el fomento de la bioconstrucción y la recuperación del
patrimonio arquitectónico
Verdegaia
Voluntaris Eivissa
Xarxa Economia Solidària
Xarxa Feminista (Catalunya)
XR Ibiza

Retroceso democrático y vulneración de derechos en El Salvador

[Foto de portada: EDH/ Jonatan Funes ]

Entrepueblos se solidariza con el pueblo de El Salvador ante la grave situación política que está viviendo el país, tras los hechos sucedidos el pasado 1 de mayo.

En la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, en un acto ilegal e inconstitucional, se aprobó la destitución de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador, con el nombramiento inmediato de nuevos titulares.

Estos hechos violentan la separación de poderes, el Estado de Derecho, los valores democráticos y los derechos humanos. En este sentido, nos adherimos al comunicado del Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria con El Salvador (FOCIS), del cual formamos parte.


San Salvador, 4 de mayo de 2021

El Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria con El Salvador (FOCIS) aglutina a una treintena de organizaciones internacionales que trabajamos junto a organizaciones sociales y comunitarias salvadoreñas, por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Humanos en El Salvador.

Ante los hechos sucedidos el pasado 1 de mayo, realizados en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, en la cual, en un acto ilegal e inconstitucional, se aprobó la destitución de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador, procedido por el nombramiento inmediato de nuevos titulares; estos hechos violentan la separación de poderes, el Estado de Derecho, los valores democráticos y los derechos humanos,

Por todo lo anterior:

  • Compartimos las preocupaciones manifestadas por las diversas expresiones de la sociedad civil salvadoreña, mostrando nuestra solidaridad, compromiso y acompañamiento.
  • Solicitamos a nuestros respectivos gobiernos y parlamentos estatales y territoriales, incluyendo la Unión Europea, que muestren su clara condena ante los hechos sucedidos y que insten a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de El Salvador a respetar los mecanismos y principios de la democracia; así como a mantenerse vigilantes ante cualquier otro indicio de retroceso democrático y de vulneración de derechos por parte de instituciones del Estado, dando seguimiento a los mecanismos internacionales de derechos humanos que se han activado.
  • Invitamos a la sociedad civil internacional a realizar acciones para la defensa solidaria del Estado de Derecho en El Salvador, condición básica para que el país avance en justicia social y desarrollo.
Concentración Madrid solidaridad pueblo colombiano

Grave violación de los derechos humanos en Colombia

Entrepueblos nos solidarizamos con la lucha del pueblo colombiano y con todas aquellas personas que en Colombia están saliendo a las calles, exponiendo su cuerpo para exigir una vida digna en condiciones de equidad y justicia social. Además denunciamos la grave violación de derechos humanos que están viviendo y junto con las organizaciones abajo firmantes enviamos la siguiente carta:

Carta a la Embajada Colombiana y al Ministerio de AAEE de España por la violación de derechos humanos en Colombia

A la atención de

Sr. Luis Guillermo Plata
Embajador de Colombia en España

Sra. Arancha González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

7 de mayo de 2021

Las organizaciones abajo firmantes les hacemos llegar la siguiente carta al Embajador de Colombia en España y a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en relación a la grave violación de los derechos humanos que se está cometiendo en Colombia.

Desde hace una semana se están produciendo amplias movilizaciones de la población en Colombia que siguen la convocatoria del paro nacional del 28 de abril. Las colombianas y los colombianos salieron a las calles en respuesta a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Éstas derivaron en una ola de protestas sociales a través de las cuales se demandan cambios estructurales relacionados con medidas eficaces contra la desigualdad y en favor de la protección y los derechos de los sectores de la población con mayor vulnerabilidad. Las protestas masivas han sido de carácter pacífico y, frente a ello, el gobierno ha respondido recurriendo al terrorismo de Estado.

El uso de la violencia en contra de la protesta social en Colombia no es un hecho aislado y hace poco más de un año, en el marco del Paro Nacional, el pueblo colombiano enfrentó graves hechos de violencia institucional. Las estrategias del Estado colombiano y su ejército, policía y ESMAD, que violan los derechos humanos, no sólo no remiten sino que se extienden en un país que, a ojos de la comunidad internacional, está en una situación de postconflicto y paz.

Estos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y sicarios han sido parte de acciones de extrema violencia y han llegado a disparar a sangre fría, para matar a las personas manifestantes. Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz a la fecha de 5 de mayo de 2020 (corte 10 a.m de la mañana) se han producido 34 homicidios presuntamente por parte de la Policía Nacional, ESMAD y por agentes sin identificar. Hasta el 4 de Mayo existe también registro de otras violencias de Estado entre las que destacamos: 87 personas dadas por desaparecidas, 1.220 personas heridas, 200 agresiones por parte de la policía, 18 víctimas de heridas en los ojos, 672 detenciones arbitrarias, 1.565 hechos violentos registrados y 9 víctimas de violencia sexual. «Hacemos un llamamiento al Estado colombiano a proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, y a facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión», ha afirmado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos.

En este contexto, las organizaciones firmantes exigimos:

1) La desmilitarización y el cese inmediato de la represión y la violencia contra la protesta social por parte del Estado colombiano.

2) El respeto de los derechos básicos como es el derecho a la protesta, en un país que pretende ser democrático.

3) La investigación, esclarecimiento y asunción de responsabilidades políticas y penales por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido.

4) Que el gobierno español realice una declaración pública de condena y se respalde las exigencias de protección de los derechos humanos realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

5) Que el gobierno español exija la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Asimismo, que paralice la venta de armamento y municiones al gobierno colombiano, y paralice los acuerdos en materia de defensa y militar, ante la fundada sospecha de que dicho gobierno los esté empleando en la represión de la protesta y violaciones de DDHH.

6) Que la comunidad diplomática y las Naciones Unidas pidan al Estado colombiano que brinde las garantías suficientes para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y promueva escenarios de diálogo para tomar acciones constructivas que permitan superar el actual estado de crisis de derechos humanos por el que atraviesa el país.

Igualmente queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas personas que en Colombia están saliendo a las calles, exponiendo su cuerpo para exigir una vida digna en condiciones de equidad y justicia social.

Organizaciones firmantes de la carta:

A.C.C.S. Córdoba Solidaria, Amigos de la Tierra, Asociación Colectivo Memoria Viva de los Pueblos, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos – AIETI, Asociación Paz con Dignidad, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Centro de Iniciativas para la Cooperación – Batá (CIC BATÁ), Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR Euskadi), Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca, Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Grupo Intercultural Almáciga, ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Humanos, Mundubat, Mugarik Gabe, Mujeres en Zona de Confllicto

Carta sobre la violación de derechos humanos en Colombia >>


[Foto de portada tomada en la Concentración realizada en Madrid el 6 de mayo en apoyo al pueblo de Colombia. Cortesía: Patricio Realpe/ChakanaNews]