🛑 ÚLTIMA HORA: La Taula Catalana denuncia la criminalización de líderes comunitarios por defender el derecho a la vivienda y alerta de irregularidades en el proceso judicial

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🔴 ÚLTIMA HORA | 30 MAY 2025 – 11:30 UTC / 13:30 CEST

Nueva alerta urgente sobre criminalización de defensores en El Salvador:

La Taula Catalana denuncia la criminalización de líderes comunitarios por defender el derecho a la vivienda y alerta de irregularidades en el proceso judicial.

Publicamos el comunicado urgente emitido por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Centreamèrica ante la audiencia judicial clave de este viernes 30 de mayo contra José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, defensores salvadoreños criminalizados tras la protesta pacífica de la comunidad El Bosque por el derecho a la vivienda.

El comunicado denuncia que ambos defensores fueron detenidos de forma violenta y sin haber cometido delito alguno, y alerta de que la demora procesal —15 días sin audiencia— viola los plazos legales y utiliza el Régimen de Excepción para perseguir y castigar la defensa comunitaria de derechos.

📎Comunicado completo aquí:

Comunicado urgente Audiencia clave en El Salvador (PDF en castellano)

Comunicat urgent: Audiència clau a El Salvador (PDF en català)

Desde Entrepueblos reafirmamos nuestra solidaridad con los defensores y comunidades salvadoreñas y exigimos garantías judiciales, fin a la persecución y respeto al derecho a defender derechos.

Seguimos actualizando esta noticia: https://www.entrepueblos.org/news/alerta-amenaza-nueva-ley-de-agentes-extranjeros-el-salvador/

🛑 ACTUALIZACIÓN | 21 MAY 2025 – 17:00 UTC / 19:00 CEST

La Red EU-LAT urge a la Unión Europea a rechazar la ley, denuncia la criminalización de la defensora Ruth López y alerta del deterioro acelerado del Estado de derecho en El Salvador.

Tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, desde Entrepueblos reafirmamos nuestro apoyo al comunicado del FOCIS del 16 de mayo, que alertaba del grave riesgo de criminalización de la cooperación y del tejido organizativo salvadoreño, y nos sumamos al pronunciamiento emitido por la Coordinadora de ONGD, que llama a la comunidad internacional —en particular al Gobierno español— a actuar con urgencia ante este grave retroceso democrático.

La Coordinadora solicita gestiones diplomáticas para frenar la aplicación de la ley e incluso la suspensión de cooperación bilateral directa al gobierno salvadoreño. También exige garantías procesales para las personas defensoras judicializadas, como el abogado Alejandro Henríquez, el líder comunitario José Ángel Pérez o la jurista Ruth López, y el respeto pleno a los derechos de asociación, expresión y protesta pacífica.

EU-LAT urge a la Unión Europea a rechazar la ley

Asimismo, destacamos el nuevo comunicado público de la Red EU-LAT (21 de mayo), que urge a la Unión Europea a rechazar esta ley, a exigir garantías de integridad física, debido proceso y presunción de inocencia para Ruth Eleonora López, y a poner fin a la represión contra la sociedad civil y la prensa independiente en El Salvador.

La Red EU-LAT denuncia que la ley —similar a otras legislaciones autoritarias en América Latina— abre la puerta a la criminalización arbitraria de las organizaciones sociales, impone un impuesto del 30% sobre toda transferencia internacional, y establece sanciones económicas desproporcionadas. Señala también que la detención de Ruth López, reconocida defensora y abogada anticorrupción de Cristosal, es un caso emblemático del uso discrecional del poder judicial con fines políticos.

Desde Entrepueblos reafirmamos nuestro compromiso con las organizaciones salvadoreñas que defienden la vida y los derechos colectivos. Frente a la criminalización, respondemos con solidaridad pueblo a pueblo.

🛑 Seguimiento continuo. Esta entrada se actualizará con nuevas declaraciones y posicionamientos de redes internacionales ⏩ https://www.entrepueblos.org/news/alerta-amenaza-nueva-ley-de-agentes-extranjeros-el-salvador/

🛑 ACTUALIZACIÓN | 21 MAY 2025 – 15:00 UTC / 17:00 CEST

Entrepueblos respalda el comunicado del FOCIS y la Coordinadora de ONGD tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

Tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, desde Entrepueblos reafirmamos nuestro apoyo al comunicado del FOCIS del 16 de mayo, que alertaba del grave riesgo de criminalización de la cooperación y del tejido organizativo salvadoreño, y nos sumamos al pronunciamiento emitido por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que alerta del grave retroceso democrático que esta ley supone y llama a la comunidad internacional —en particular al Gobierno español— a actuar con urgencia.

La Coordinadora solicita que las misiones diplomáticas acreditadas en El Salvador realicen gestiones ante el Estado salvadoreño para detener la aplicación de la ley, incluso considerando la suspensión de cualquier apoyo financiero o cooperación bilateral canalizada directamente al gobierno.

Asimismo, exige garantías procesales y de protección para las personas defensoras que han sido judicializadas en las últimas semanas, como el abogado Alejandro Henríquez, el líder comunitario José Ángel Pérez o la jurista Ruth López, y reclama que se asegure el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a la asociación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, conforme a los principios democráticos y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Mantenemos nuestra adhesión al comunicado del FOCIS del 16 de mayo y, en los próximos días, actualizaremos esta información con las declaraciones conjuntas que están elaborando otras redes internacionales como EULAT y diversas coordinadoras territoriales.

🛑 21 MAY 2025 | El FOCIS alerta sobre la amenaza que supone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

El FOCIS alerta sobre una nueva ley en El Salvador que amenaza con criminalizar a organizaciones sociales y castigar la cooperación solidaria internacional.

Desde Entrepueblos compartimos la comunicación urgente del Foro de Organizaciones de la Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), dirigida a redes internacionales como EULAT y a todas sus organizaciones aliadas, ante la inminente aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador. Esta normativa, de prosperar, impondría un impuesto del 30% a las donaciones de ONG y abriría la puerta a la criminalización de las organizaciones sociales y solidarias que actúan en el país.

Contexto actual: una ofensiva sin precedentes

La propuesta de ley fue anunciada por el presidente Nayib Bukele apenas un día después de la represión militar contra la comunidad campesina El Bosque, que protestaba pacíficamente frente a su residencia. La detención de líderes comunitarios y del activista Alejandro Enríquez, del Foro del Agua, marca un nuevo punto de inflexión en la persecución al movimiento social salvadoreño.

Un llamamiento urgente de la sociedad civil

En la carta dirigida a espacios internacionales, el FOCIS expresa su más alta preocupación por las consecuencias políticas y sociales de esta ley, señalando su carácter discrecional, su potencial de criminalización de organizaciones nacionales e internacionales, y la amenaza directa que supone para los principios democráticos, los derechos humanos y la cooperación solidaria.

“Los diversos actores de la cooperación internacional al desarrollo estamos comprometidos con los criterios de eficacia, incluyendo la rendición de cuentas, y recurrimos a la Agenda 2030 como punto de encuentro con el Gobierno e instituciones del Estado.”

La cooperación internacional a través de la sociedad civil continúa aportando a la población en mayor situación de vulnerabilidad, cubriendo parte de los deberes que el Estado salvadoreño no está asumiendo.

Preocupaciones del FOCIS

  • No ha existido un debido proceso de consultas con los actores sociales involucrados; el contenido del proyecto de ley se desconoce y su aprobación por dispensa de trámite ha sido una práctica recurrente desde 2021.
  • Se está haciendo un uso malicioso ante la opinión pública de esta propuesta, que busca el control social más allá de una finalidad recaudatoria.
  • La ley implicaría inseguridad jurídica, al no definir claramente la figura de “agente extranjero” y permitir la criminalización de actividades con fines “políticos u otros”.
  • Cualquier organización, nacional o internacional, podría ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones, como ha sucedido en otros países.
  • Dejaría espacio abierto a la persecución de organizaciones sociales y medios críticos, vulnerando libertades fundamentales.
  • Aunque en teoría la cooperación bilateral podría quedar excluida, los proyectos financiados por agencias oficiales, cooperación descentralizada o solidaria también se verían afectados.
  • El impuesto del 30% sería inviable: ningún agente donante podría asumirlo ni sería elegible en contratos de cooperación.
  • Esta ley vulnera acuerdos internacionales y atenta contra derechos esenciales para la democracia: libertad de pensamiento, expresión, prensa, asociación y participación ciudadana.

Peticiones urgentes del FOCIS a la comunidad internacional

Ante este escenario, el FOCIS hace un llamamiento firme a la comunidad internacional:

  1. Rechazar públicamente la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, y comunicarlo a Estados, Ministerios, Parlamentos, Ayuntamientos, Agencias de Cooperación y otros actores clave.

  2. Realizar gestiones de incidencia ante el cuerpo diplomático salvadoreño acreditado en cada país para frenar su tramitación.

  3. Destacar el valor de la cooperación internacional y del tejido asociativo como contribución esencial a la democracia, los derechos humanos y la construcción colectiva de un Estado de Derecho en El Salvador.

Desde Entrepueblos

Reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad civil salvadoreña, con nuestras contrapartes históricas y con todas las comunidades que defienden el derecho a una vida digna.

Compartimos este comunicado como parte del esfuerzo colectivo por visibilizar lo que está en juego: la defensa de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos frente al autoritarismo y la impunidad.

🔁 Tal como advertimos ya en 2020, esta deriva autoritaria no es nueva:
📂 Comunicado FOCIS ante la grave crisis política generada en El Salvador (2020)

Para más información: comunicacion@entrepueblos.org

📰 Enlaces a actualidad y última hora

Informe Global Witness 2023: Honduras es el país del mundo con más homicidios de personas defensoras

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Honduras es el país del mundo con más homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18, según el Informe Global Witness 2023, que señala que, en todo el mundo, el año pasado, fueron asesinadas al menos 196 personas por intentar defender el planeta. Más de 2.100 activistas de la tierra y el medioambiente han sido asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023.

Con el título ‘Voces silenciadas’, la publicación indica que Centroamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras. Además de los 18 asesinatos en Honduras, se recogen 10 víctimas en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.

En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes son víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales, el 49%. Además , Latinoamérica registra el mayor número de homicidios de todo el planeta, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica, y 112 en América del Sur.

Juan López, asesinado por su posición contraría a la minería

El informe se ha dado a conocer en medio de la conmoción por un nuevo asesinato, el de Juan López, defensor del medioambiente y concejal de Tocoa, en el Caribe hondureño. Durante años, López había liderado luchas en su región contra la minería a cielo abierto y compartió causa con Berta Cáceres en la defensa del Río Guapinol. López recibía amenazas de muerte y desde 2023 estaba acogido a medidas de protección cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, fue asesinado por desconocidos.

Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato. También se exige al gobierno que se garantice la protección debida a los activistas ambientalistas y sus familias.

«Juan fue asesinado por su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales. Juan fue asesinado días después de pedir la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por sus vinculaciones con el narcotráfico. El Estado y gobierno de Xiomara Castro son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan quien contaba con medidas cautelares de la CIDH. Juan será recordado como un líder auténtico y destacado del pueblo hondureño, como un pensador profundo y un guía espiritual. Su palabra certera y oportuna nos acompañará por siempre», señaló la COPINH, organización del pueblo indígena Lenca en Honduras, co-fundada por Berta Cáceres.

Juan López luchaba contra un  ‘monstruo de siete cabezas’: dos minas, una termoeléctrica, una peletizadora y tres pozos, construidos en el espacio protegido del Parque Nacional Montaña Botaderos.

Foto: Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

 

IM-Defensoras documenta 35.077 agresiones a activistas mesoamericanas entre 2012 y 2023

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  • Alertan de como la pandemia del COVID marcó un punto de inflexión en la violencia a las mujeres activistas, ya que se implementaron estrategias de control que se mantienen y se han consolidado.

  • El 45% de los agresores son actores vinculados a los Estados, incluyendo cuerpos policiales, militares o autoridades que están cooptadas o protegen  a las élites económicas nacionales y transnacionales.

  • El informe ‘Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan’ se presentó en Basauri, Madrid, Barcelona y Alicante, en estas tres últimas ciudades con el apoyo de Entrepueblos.

 

El último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documenta que, entre 2012 y 2023, se produjeron  35.077 agresiones a defensoras de Centroamérica y México. En el mismo período, 200 defensoras fueron asesinadas y otras 228 sobrevivieron a intentos de asesinato.

Este análisis, que puedes consultar íntegramente en su web, visibiliza y analiza, desde una perspectiva feminista e interseccional, las violencias que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua a partir de lo documentado durante más de 10 años a través del sistema de Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras. «Se trata de un análisis histórico que pone de relieve la existencia de una violencia sistemática que intenta silenciar las voces y debilitar las luchas de las mujeres y las disidencias sexuales que trabajamos por una Mesoamérica sin explotación ni desigualdades», señala IM-Defensoras.

El informe se presentó en el mes de junio en el estado español, en concreto en Basauri (Euskadi), Barcelona, Madrid y Petrer (Alicante). En estas tres últimas ciudades, IM-Defensoras contó con el apoyo de Entrepueblos y, en Barcelona, de la recién constituida Taula pels Drets Humans i la Pau a l’América Central. En las presentaciones, participaron activistas que forman parte de las redes de defensoras de El Salvador y Honduras, como la salvadoreña Morena Herrera o la activista garífuna Yéssica Trinidad, junto a la defensora de crímenes en la Frontera Sur Helena Maleno, colectivo Iridia y las activistas de Entrepueblos Virginia Francisco, Montse Benito y Conxa Martínez. Uno de los ejes fundamentales del trabajo de Entrepueblos es el acompañamiento de defensoras de DDHH y el territorio, tanto a través de la incidencia política y social, como de la cooperación y la educación transformadorra.

En sus intervenciones, Morena Herrera y Yéssica Trinidad señalaron la importancia de estas redes de protección feminista para saber que no están solas y poder unir fuerzas desde el ámbito regional. Trinidad señaló también las violencias múltiples que afectan a las mujeres de sus comunidades, tanto externas (de los Estados, las empresas, grupos antiderechos…) como en la propia comunidad por el hecho de ser mujeres. Todas ellas hicieron hincapié en problemas comunes de sus territorios como la impunidad de las empresas extractivas, el intento de retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres, los ataques a la libertad de prensa y de información, las violencias digitales o la criminalización de entidades medioambientales. También en la fortaleza de los movimientos feministas e indígenas, como se pudo ver recientemente en El Salvador y Guatemala, tras las elecciones presidenciales en ambos países.

Tanto la presencia de Helena Maleno como del colectivo Iridia permitieron poner en común luchas comunes en el Norte y Sur global, ya que en el estado español las leyes de Extranjería y la llamada ley Mordaza son ejemplos de impunidad del Estado ante la violación de derechos humanos.

¿Quiénes son los agresores?

El 45% de los agresores, recoge el Informe ‘Datos que nos duelen, redes que nos salvan’, son actores vinculados a los Estados, incluyendo cuerpos policiales, militares o autoridades que están cooptadas o protegen  a las élites económicas nacionales y transnacionales y otros poderes fácticos, como el crimen organizado o grupos fundamentalistas y anti-derechos, entre otros. Además, la pandemia del COVID marcó un punto de inflexión en la violencia a las mujeres activistas, ya que se implementaron estrategias de control y limitación a la movilidad que se mantienen y en algunos casos se han consolidado.

«En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción», señala el Informe.

 

Por otro lado, en 2023 se identifican 1.222 agresiones digitales contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, un 20% del total documentado. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.

IM-Defensoras nace en 2010 para dar respuesta a las violencias que las defensoras enfrentan por defender derechos y ser mujeres o personas con identidades sexo-genéricas que desafían la norma. Hoy articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Sólo entre 2018 y 2023, realizó 19,045 acciones de acompañamiento, contribuyendo a la protección y el cuidado de 18,058 defensoras en riesgo.

  • Lee el RESUMEN EJECUTIVO del Informe y las demandas o conclusiones para que las activistas puedan ejercer su derecho a defender derechos en mejores condiciones de seguridad y bienestar.
  • Más información sobre Protección Integral Feminista (PIF).