Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de derechos humanos…
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.
Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.
Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?
Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.
Atentamente,
Fuente: Nota informativa de Otros Mundos A.C.
Hoy, 17 de septiembre 2018, estaba por iniciar el juicio oral de las ocho personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, quien coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta que le fuera arrebatada la vida el 2 de marzo 2016. Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
El juicio se iba a llevar a cabo hasta el 19 de octubre en la primera sala de juicios orales de este tribunal, pero el COPINH exigió un cambio de tribunal y el proceso solo podrá reiniciar hasta que el Ministerio Público resuelva el recurso. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen.
“Significa que rechazamos su accionar y su actitud para conocer de este caso y solicitamos que sea reemplazado por un tribunal que garantiza las condiciones para encontrar justicia en este proceso“, anunció esta mañana la organización en una conferencia de prensa en frente de las Salas de Juicios Orales (ver foto). “Exigimos que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y no de cualquier manera”, insistió el COPINH, que percibe en el proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres “la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad” y “de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho”. (ver el video de la conferencia de prensa aquí)
DESA Culpable
Como bien lo dice el COPINH, la causa de Berta, asesinada por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la construcción de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”, no es solo la de sus familiares y de la organización, sino la de las más de 200 personas asesinadas cada año en el mundo por defender sus territorios ante el avance del modelo extractivo y de organizaciones que trabajan por los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres a nivel internacional. Es un ejemplo claro de la impunidad con la cual empresas criminalizan y asesinan a los y las que se oponen a su visión del “desarrollo” en complicidad con los gobiernos y las fuerzas armadas. Por ello, el COPINH lanzó en paralelo al seguimiento del juicio la campaña “DESA Culpable”, destinada a visibilizar la responsabilidad en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dueña del proyecto “Agua Zarca”.
A pesar de las evidencias que existen sobre la responsabilidad de DESA en el asesinato de Berta, las cuales han sido documentadas en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) “Represa de la violencia” publicado en noviembre 2017, el Tribunal de Sentencias ha obstaculizado el camino hacia la condena de los autores intelectuales del crimen. El pasado 4 de septiembre, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, rechazó la solucitud del COPINH de llamar a testificar en el juicio a los miembros de la familia Atala Zablah, dueños de DESA, bajo el argumento que sus testimonios no iban a tener que ver con los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016. “La justiciahondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa”, denunció el COPINH en un comunicado tras dicha decisión. El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y políticopropuesta por el COPINH, la cual hubiera permitido evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino que fue motivado por intereses políticos y económicos amenazados por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Además, se negó a considerar a los integrantes del COPINH como víctimas del crimen.
“Un tribunal que emite resoluciones pero no las hace cumplir, y así conduce a la indefensión, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza, en perspectiva de las víctimas, de esa condición de imparcialidad e independencia que tiene que tener un tribunal”, explicó el abogado del COPINH Victor Fernández durante la conferencia de prensa de esta mañana. Como muestra de la falta de respeto del Tribunal hacia el COPINH y los familiares de Berta, a las 11 horas de este 17 de septiembre aún no había empezado el juicio previsto a las 9 horas, mientras había iniciado la audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, denunció el COPINH en Twitter.
Solidaridad feminista y popular
El COPINH instaló el campamento “Justicia para Berta Cáceres” afuera del Tribunal y desde ayer empezaron las muestras de solidaridad, con una acción de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Esta denunció a través de un comunicado “la importancia de denunciar públicamente los mecanismos y maneras en que actúa el poder patriarcal y racista de Honduras en los entramados de su poder criminal para intentar someter a las comunidades a través del asesinato de sus líderes como Berta”.
Esta mañana, a las comunidades que conforman el COPINH y están exigiendo justicia por su ex-coordinadora frente a la Corte Suprema, se sumaron compañeras afrodescendientes en el marco de Movilización de Mujeres indígenas y negras. Esta cuenta conla participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la cual denunció en Twitter que “después de más de 30 meses del crimen se inicia juicio contra autores materiales de asesinato Berta Cáceres mientras el Estado aparentemente protege autores intelectuales, lo que ha desatado una campaña de revictimización”.
Poco a poco, se conformó un importante plantón afuera del Tribunal, pero a las 12h30, la empresa DESA envió un grupo de choque a confrontarse con integrantes del COPINH y OFRANEH. “Responsabilizamos a la empresa DESA y sus directivos de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras”, alertó el COPINH en sus redes sociales. (ver los videos de la denuncia aquí y aquí)
Una carrera contra el tiempo
Ahora que el juicio fue suspendido, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para resolver el recurso e iniciar un nuevo proceso en otro tribunal, ya que el 5 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los 8 acusados que iban a ser juzgados a partir de hoy. Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.
El día de hoy nos presentamos la familia de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización, el COPINH, junto al equipo legal del MADJ a plantear nuestra postura frente al inicio del primer del juicio oral y público por el vil asesinato del 2 de marzo de 2016.
Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte.
Una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH con la incorporación del bufete Amsterdam & Partners mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.
Nosotros y nosotras queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquiermanera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos pero el Estado ha fallado en brindar las garantías deun debido proceso.
En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
Por lo tanto, en este momento, a través de nuestros representantes legales del MADJ hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.
Asumimos la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad. Como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho.
Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de septiembre de 2018
VIDEO de la CONFERENCIA de PRENSA
Fuente https://copinh.org/2018/09/nota-de-prensa-del-copinh-17-de-septiembre-2018-espanol-english/
Comunicado de la Misión internacional de observación
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 13 de septiembre de 2018.- Quince organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Canadá: Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
Afirmando el fundamento en el derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: “[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables”.
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armasy casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentenciacon Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá, Common Frontiers – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa – Guatemala, MISEREOR – Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala – Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice – Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.
Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.
Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.
¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras
Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.
Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
Ante lo anterior, exigimos:
Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.
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