25 de noviembre: un grito global para erradicar las violencias machistas 

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Compromiso feminista y  internacionalista desde Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte

Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, las organizaciones feministas y las organizaciones aliadas llenamos las calles del mundo para clamar con fuerza: no queremos más violencias. 

Reivindicamos nuestro derecho a una vida libre de violencias, conscientes de que estas constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, sistémica y estructural, hacia más de la mitad de la población. Afectan a todas las sociedades, aunque permanezcan invisibilizadas o minimizadas.

Se habla poco de las violencias machistas; solo se muestra la punta del iceberg cuando ocurren feminicidios o casos graves de agresiones físicas. Sin embargo, las violencias que sufrimos las mujeres atraviesan nuestras vidas de manera profunda y multidimensional: violencias sexuales, discriminaciones laborales, prejuicios de género, violencia económica y patrimonial, violencia institucional, violencia vicaria, violencia digital…

Las violencias machistas son el engranaje que ordena y estructura nuestra sociedad. Sin embargo, socialmente no se reconocen como tales. Según algunos estudios, las noticias que niegan las violencias machistas multiplican su impacto en redes sociales. Por su parte, el sensacionalismo y la justificación de las agresiones obtienen una cobertura mediática mucho mayor que las informaciones con contexto y perspectiva de género.

Denunciamos que las violencias machistas no son hechos aislados, sino parte de una estructura patriarcal interconectada que afecta a todas las mujeres y a las identidades disidentes, aunque con intensidades diversas.

En el Estado español, exigimos visibilizar aquellas violencias machistas olvidadas y silenciadas: 

  • Las que sufren las mujeres mayores debido a la falta de cuidados dignos y los abusos en residencias.
  • Las agresiones a trabajadoras del hogar y de los cuidados, muchas veces migrantes y precarizadas.
  • Las ejercidas contra mujeres e identidades disidentes que desafían los roles de género impuestos.
  • Las violencias obstétricas que menosprecian la salud de las mujeres.

Denunciamos también acciones institucionales que perpetúan estas violencias, como la reciente apertura en Alicante de una «oficina de apoyo a la maternidad», financiada con fondos públicos. Esta oficina antiabortista incumple las legislaciones que regulan los derechos sexuales y reproductivos y constituye un acto de violencia institucional y de género.

Un panorama global de violencia estructural

Las violencias machistas no se limitan a nuestras fronteras.
En Mesoamérica, entre 2012 y 2023, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó:

  • Más de 35.000 agresiones contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
  • Durante este periodo, 200 defensoras fueron asesinadas y 228 sobrevivieron a intentos de asesinato.

Estas agresiones, perpetradas en muchos casos por autoridades estatales, evidencian cómo el patriarcado busca silenciar las voces de las mujeres y las disidencias sexuales que luchan por un mundo más justo. Frente a ello, las redes de protección integral feminista han demostrado ser esenciales. Desde 2010, IM-Defensoras ha protegido a más de 18.000 defensoras en riesgo mediante más de 19.000 acciones de acompañamiento, construyendo esperanza frente a las violencias.

Exigimos un cambio estructural

Reivindicamos una vida libre de violencias para todas las mujeres, niñas e identidades disidentes.
Somos supervivientes, no víctimas, y no aceptamos más silencio ni complicidad.
Exigimos compromisos reales de gobiernos e instituciones para combatir la precariedad, la desigualdad y las violencias.

Nos solidarizamos con:

  • Las mujeres migrantes y racializadas, víctimas de las violencias de fronteras, leyes de extranjería y guerras que perpetúan el colonialismo y el militarismo patriarcal.
  • El pueblo palestino, condenando su genocidio.

Denunciamos también las consecuencias de la reciente DANA, que ha devastado comunidades enteras, particularmente en el País Valencià, donde la gestión irresponsable e inhumana resultó en muertes evitables. Exigimos en cada territorio un sistema de emergencias eficaz e integral que incorpore un enfoque feminista y de género. Nos sentimos identificadas con las organizaciones feministas valencianas, que expresan: “Desde el dolor y la rabia, las feministas nos organizamos, trabajando en una respuesta colectiva, no solo ante esta catástrofe, sino también frente a la crisis permanente a la que nos aboca el capital”.

Llamado feminista y global

Nos alzamos como feministas internacionalistas, tejiendo redes y construyendo un frente común que transforme este sistema que perpetúa opresiones patriarcales, racistas y coloniales.
Es hora de construir una sociedad donde podamos vivir con libertad, dignidad y sin violencias machistas. Juntas y diversas lo haremos posible.

Nuestras consignas:

• ¡Por un futuro de apoyo mutuo y esperanza!  
• ¡Basta de violencias machistas, se acabó! 
• ¡Ni una menos! ¡vivas nos queremos!
• ¡Que el miedo y la vergüenza sean para los agresores! 
• ¡Que los gobiernos y los Estados asuman sus responsabilidades! 
• ¡No más violencia ni impunidad: feminismos diversos, antirracistas y decoloniales! 
• ¡Paremos el genocidio sobre el pueblo palestino!  ¡feminismo antimilitarista !
• ¡Juntas, diversas y rebeldes, derribemos el patriarcado global! 
• ¡Ni un solo retroceso:  Dignidad y feminismos en las calles !

Manifiesto #28S: Defendemos el Derecho al Aborto Libre y Gratuito. ¡Ni un paso atrás ante la ofensiva de la extrema derecha global!

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Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, hacemos un llamado a unirnos a la convocatoria internacional del próximo 28 de septiembre de 2024, Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

Apoyamos las reivindicaciones de las organizaciones feministas y plataformas unitarias en defensa del derecho al aborto libre y gratuito, que buscan frenar la ofensiva de grupos de extrema derecha, religiosos, antielección y antigénero, así como de gobiernos conservadores y partidos políticos que legislan para restringir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la vida que deseamos vivir.

  • El derecho al aborto en el mundo

El 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, organizaciones feministas de todo el mundo desean destacar los esfuerzos colectivos de comunidades diversas, intergeneracionales y transfronterizas para promover el acceso al aborto seguro y la justicia reproductiva. A pesar de las amenazas persistentes, hacen un llamado a la  #SolidaridadConElAborto (#AbortionSolidarity) para defender estas libertades fundamentales. Es esencial movilizarnos para garantizar que todas las personas tengan acceso a apoyo, información, servicios y recursos que les permitan tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas.

El derecho al aborto está bajo ataque y requiere una defensa urgente basada en la solidaridad. En muchos países, incluidos varios de Abya Yala donde apoyamos a organizaciones feministas aliadas, se penaliza a quienes buscan o practican abortos seguros, y algunos gobiernos amenazan con retroceder en el acceso a estos servicios. Mientras tanto, los grupos antiderechos han creado redes transnacionales bien coordinadas. Por ello, necesitamos estrategias innovadoras y una solidaridad global entre los movimientos feministas.

Cuando miramos atrás, vemos que hemos sobrevivido a estos ataques gracias a la movilización y organización constante, convirtiéndonos en una fuerza imparable. Nuestra capacidad para incorporar a jóvenes activistas y nuevas generaciones ha sido clave. Un ejemplo de ello es cómo el símbolo de la marea verde en América Latina ha llegado a otras regiones como África, Asia y Estados Unidos.

Campañas de Demus Perú y plataforma ‘Justicia para Beatriz’ en El Salvador.

Campaña para el 28S de Demus Perú, y Justa Libertad, de varias colectivas de Ecuador.

 

  • El derecho al aborto en el Estado español

 En marzo de 2023 entró en vigor la Reforma de la Ley del Aborto (Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero). Esta ley introduce importantes modificaciones, como la restitución del derecho a abortar para las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento parental, así como la garantía de gratuidad, accesibilidad y proximidad por parte de las administraciones sanitarias, con recursos humanos y mecanismos suficientes para asegurar este derecho en todo el territorio, bajo condiciones de equidad.

Sin embargo, las organizaciones feministas recuerdan que aún existen reivindicaciones pendientes. Los gobiernos y las instituciones públicas de todo el territorio español tienen una deuda con las organizaciones feministas. Los principales desafíos son:

  1. Registro de objetores de conciencia: La ley garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en todos los servicios públicos; si no es posible, se gestionará en centros acreditados. Para ello, se establece un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma. A un año y medio de su implementación, seis comunidades autónomas aún no cuentan con este registro. Además, sigue siendo una práctica estigmatizada y poco normalizada, de la que no se habla ni se forma adecuadamente a los profesionales.
  2. Desvío a la sanidad privada: Aunque hay excepciones, la derivación a clínicas privadas es la norma, lo que genera múltiples inconvenientes, como desplazamientos a otras provincias o comunidades, la pérdida del derecho a recibir atención en el hospital de referencia y una mayor vulnerabilidad ante posibles complicaciones.
  3. Mujeres migrantes: No se garantiza el derecho al aborto para las mujeres migrantes que no tienen acceso a la sanidad pública.
  4. Despenalización en casos de malformaciones fetales: La ley permite el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la semana 21 por causas médicas. Sin embargo, las organizaciones feministas continúan exigiendo la despenalización a partir de la semana 22 en casos de malformaciones fetales.
  5. Intentos de retroceso en derechos en algunas comunidades: Algunas regiones presentan obstáculos y falta de transparencia en la implementación de la ley.
  6. Educación sexual integral y acceso a anticonceptivos: No se ha implementado de manera efectiva la educación sexual integral ni el acceso universal a anticonceptivos.

  • El derecho al aborto en Europa

El auge de la extrema derecha en Europa amenaza un derecho que no está garantizado en todos los países de la UE. El movimiento My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión) es una iniciativa que exige acceso seguro y gratuito al aborto para todas las mujeres de la Unión Europea. Esta campaña ofrece a la ciudadanía europea la oportunidad de mejorar la vida de las mujeres, haciéndola más segura y libre, independientemente de dónde vivan o su situación.

La falta de acceso al aborto pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. Tratar la atención reproductiva como un lujo no reduce los abortos, solo los hace más inseguros. Por eso, se pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para garantizar este derecho a todas las mujeres.

  • #28S Acción Global por la Despenalización del Aborto

Denunciamos que miles de mujeres mueren en todo el mundo cada año por abortos clandestinos, ya sea dentro o fuera de la legalidad. Reivindicamos:

  • Aborto libre, gratuito, antirracista y dentro del sistema público de salud para todas, sin excepciones.
  • Educación sexual para decidir, anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y aborto seguro para no morir.
  • ¡NI UN PASO ATRÁS!, ni una sola medida de retroceso en el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y maternidad.

 

Foto principal: Proyecto Marea Verde de Perú. Cedida por Asociación Kallpa.

Compartimos la sentencia del II Tribunal Arcoíris, alianza que promueve la justicia LGTBIQ+ en Perú

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Desde hace 8 años, Asociación Entrepueblos colabora en Justicia Arcoíris, un proyecto liderado por nuestras aliadas DEMUS que promueve que jueces, juezas, fiscales y otros funcionarios y funcionarias encargadas de administrar justicia en Perú cumplan con la aplicación del enfoque de género y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las persones LGTBIQ+. El objetivo es garantizar los principios de igualdad, no discriminación y el acceso a la justicia.

En el marco de esta alianza, de la que nuestra organización forma parte gracias al apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat Valenciana, se acaba de editar la Sentencia del II Tribunal Arcoíris, que puedes leer completa en este enlace. Este Tribunal ‘simbólico’ es impulsado por la sociedad civil para visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos a persones LGTBIQ+ y, en marzo de 2024, se centró en 6 casos de discriminación y violencias:

«La sentencia ejemplifica cómo debería funcionar un verdadero sistema de justicia basado en derechos humanos«, señalan desde DEMUS.

  1. Casos Azul Rojas (tortura) y Crisssthian Olivera (discriminación por orientación sexual), que incluirían el incumplimiento por parte del Estado peruano de las medidas de reparación integral y no reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  2. Discriminación a mujeres trans por parte de la ciudadana antiderechos Olga Izquierdo, a través de una campaña de odio en redes sociales alentada por grupos ultras relacionada con el uso de los baños en el aeropuerto  Jorge Chávez.
  3. Tortura y transhomicidio de Rodrigo Ventosilla; y tortura y discriminación a su esposo, Sebastián Marallano, por parte de las autoridades policiales de Bali (Indonesia). Se destaca también «la falta de diligencia» de las autoridades consulares de Perú.
  4. Caso #TengoDosMamas, considerado lesbofobia ya que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se niega a registrar a Jenny Trujillo y Darling Delfín en el DNI de su hijo como sus madres pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.
  5. Crímenes de odio contra las mujeres trans trabajadoras sexuales Ruby y Priscila.
  6. Discriminación y violencia institucional contra mujeres lesbianas en Arequipa.

Recomendaciones y peticiones

Además de brindar contexto y marco legal a cada caso, la sentencia aporta recomendaciones detalladas a las instituciones implicada con el objeto de garantizar la reparación de las víctimas y prevenir posibles delitos y aporta las siguientes peticiones (extraídas del texto íntegro de la sentencia).

  • «Tutela jurisdiccional internacional ante la vulneración de derechos cometidos por el Estado peruano en perjuicio de Azul Rojas y Crisssthian Olivera«.
  • «El Tribunal declara que Olga Izquierdo desarrolló actos de discriminación que se encuadran en el tipo penal «discriminación e incitación a la discriminación, comprendido en el artículo 323 del Código Penal (peruano), cuyo bien jurídico protegido en la igualdad».
  • «Existen diversas vulneraciones en el caso que involucra la muerte de Rodrigo Ventocilla y las afectaciones a Sebastián Marallano. (…) Las autoridades no adoptaron las medidas cautelares necesarias para evitar la muerte de una persona trans y «se cometió una gravísima vulneración a los derechos humanos de los esposos peruanos que se encontraban fuera del territorio nacional en situación de vulnerabilidad, debido a la falta de protección jurídica de sus identidades en el país de origen».
  • Caso #TengodosMamas: «Se exhorta a la CIDH para que resuelva con celeridad la petición de Darling, Jenny y su hijo, en relación a que se cumplen los criterios de priorización señalados en la Resolución 4/23, en un contexto de lesbofobia agravada en el Estado y la sociedad».
  • «El Tribunal declara al Estado peruano responsable de los crímenes de odio cometidos contra mujeres trans trabajadoras sexuales por la vulneración a los derechos a la vida y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la vida libre de violencia, derecho a la integridad personal de Ruby, Priscila y sus familiares».
  • «Hubo actos de discriminación y violencia institucional cometidos en contra de mujeres lesbianas de Arequipa por parte de la Municipalidad Provincial».

Sobre el transhomicidio de Rodrigo Ventocilla en Bali, el Tribunal concluye que «la representación diplomática de Perú tiene responsabilidad directa a causa de la omisión de asistencia de personas en peligro, lo cual es un delito del sistema de justicia nacional (peruano). En este sentido se hace inminente la investigación y sanciones correspondientes de estas autoridades», así como garantizar una reparación integral.

Los tribunales simbólicos forman parte de la estrategia de resistencia feminista y justicia restaurativa. Como parte de su estrategia, Entrepueblos trabaja en la defensa de «la libertad de vivir y expresar identidades disidentes, al margen de la heteronormatividad (sexual y de género) y contra la LGTBIfobia».

Más información sobre Justicia Arcoiris.