Dos años después del vertido de Repsol en Perú, la costa no está rehabilitada y los pescadores no pueden salir a trabajar

Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.

Tal y como informa Climática-La Marea, “las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio“. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).

Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español,  Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Responsabilidad del gobierno Español

Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español “es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero”.

“Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

13 procesos administrativos en Perú

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.


Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79

Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.

Preocupación por la concesión de libertad a Alberto Fujimori, culpable por delitos de lesa humanidad

Entrepueblos, a través de la Plataforma Europa Perú (PEP) y la Red EU-LAT, se suma al rechazo de organizaciones nacionales e internacionales ante la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al ex presidente Alberto Fujimori, sentenciado por los crímenes de lesa humanidad en las masacres de la Cantuta y Barrios Altos.


Como integrantes de la Red EU-LAT y la Plataforma Europa Perú1 (PEP), desde Entrepueblos mostramos nuestra preocupación ante la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, el que, con fecha 4 de diciembre de 2023, ha otorgado la libertad al expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Instamos a las autoridades europeas a pronunciarse públicamente a través del Alto Representante para la Política Exterior expresando su preocupación y haciendo un llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.

Como se sabe, en 2009, Fujimori fue condenado por la Corte Suprema peruana a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, delitos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.

Cartel de protesta contra Alberto Fujimori en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

Cartel de protesta contra Alberto Fujimori en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

La actual decisión del Tribunal Constitucional contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha requerido al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden. Este requerimiento ha sido respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Türk, quien ha insistido en la rendición de cuentas y en el necesario respeto al derecho internacional. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional en nombre de la sociedad civil peruana. Pese a que el Estado Peruano ha reconocido soberanamente y aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, el día 06 de diciembre, en contravención directa a sus obligaciones, Alberto Fujimori fue puesto en libertad.

La liberación de Fujimori es sólo uno más de los muchos signos del declive democrático que está sufriendo Perú y viene a socavar la larga lucha contra la impunidad y por la reconstrucción del Estado de derecho tras la dictadura instalada por Fujimori.

En atención a lo anterior,

  1. Nos unimos al llamado urgente de la comunidad nacional e internacional a defender la democracia y los derechos humanos en Perú.
  2. Solicitamos a las autoridades europeas a públicamente hacer una llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y la reparación de las víctimas y de sus familiares.
  3. En seguimiento de las protestas del 7, 8 y 9 de diciembre, las autoridades europeas deben recordar la necesidad el legítimo derecho a la protesta de la población e instar al gobierno y las fuerzas armadas respeten los derechos fundamentales de las personas manifestantes.
  4. Instamos a la autoridades europeas a monitorear la situación y a solicitar una rendición de cuentas al Estado Peruano, en particular en el Marco del Diálogo de Derechos Humanos UE-Perú que tendrá lugar el primer semestre de 2024, y de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú.

[1] La PEP es una red que agrupa 15 organizaciones de derechos humanos europeas que velan por la protección de los derechos en el Perú: Perú Support Group (United Kingdom), 11.11.11 (Belgium), Commission Justice et Paix (Belgium), Entraide et Fraternité (Belgium),  CATAPA (Belgium), Broederlijk Delen (Belgium), FOS (Belgium), Informationsstelle Perú (Germany), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Germany), Campaña Perú País Minero (Germany), Secours Catholique (France), Perú Kommitten for MR (Sweden), Entrepueblos (Spain), Asociación pro Derechos Humanos de España (Spain), ASTM (Luxembourg).

Un encuentro histórico marca el resurgir del feminismo peruano en medio de la crisis política nacional

Un memorable encuentro feminista tuvo lugar en el distrito de Chaclacayo, entre el 13 y 15 de octubre, marcando el resurgimiento del movimiento feminista en Perú tras un largo periodo de aislamiento y distanciamiento social ocasionado por la COVID-19, además de la intensa y convulsa crisis política que dejó a 50 civiles muertos y al menos a 821 personas heridas, presuntamente por las fuerzas de seguridad (OACNUDH, 2023)[1]. Se trató del primero de gran magnitud y con vocación de representatividad nacional.

Así, mujeres y diversidades de distintas edades, orígenes y ocupaciones se reunieron para debatir, compartir experiencias y reafirmar su compromiso con la lucha por la equidad y los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ en el actual escenario político post pandemia.

El encuentro denominado “Feminismos diversos por el buen vivir, por justicia, dignidad y autonomía contra la dictadura”, contó con la participación de 450 mujeres y diversidades procedentes de 14 regiones del Estado y de otros países.  En una jornada intensa y enriquecedora, se llevaron a cabo paneles de discusión, talleres y conferencias donde se abordaron temas cruciales como las violencias de género, el sistema nacional de cuidados, el neocolonialismo, la brecha salarial, la representación política de las mujeres y el acceso a la educación y a la salud, entre otros.

En medio de un ambiente cargado de emotividad, fuerza y coraje, las/es participantes compartieron testimonios que evidenciaban la discriminación, el acoso y las violencias que han sufrido a lo largo de sus vidas y también resaltaron su determinación, fortaleza y sororidad para enfrentar estas adversidades y luchar por una sociedad más justa e igualitaria.

Otro aspecto destacado del encuentro fue la diversidad y pluralidad de voces y perspectivas presentes. En un país multicultural como Perú, donde se hablan diferentes lenguas y se tienen diversas tradiciones, se hizo hincapié en la importancia de incluir a todas las mujeres y diversidades sin importar su origen étnico, identidad de género, orientación sexual o condición socioeconómica.

Solidaridad con Palestina

Asimismo, se resaltó la necesidad de fortalecer la alianza con otros movimientos sociales, como el movimiento LGTBIQ+, el de las trabajadoras sexuales y del hogar, para fomentar una agenda plural y solidaria que luche contra todas las formas de opresión y discriminación.

También, durante el encuentro se manifestó la preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Israel, incluyendo el bloqueo en la Franja de Gaza, la ocupación de territorios palestinos y la continua expansión de asentamientos ilegales. Se reconoció el papel del feminismo en la lucha contra la ocupación y el neocolonialismo. Además, se denunció las violencias específicas que sufren las mujeres palestinas, incluyendo los abusos sexuales perpetrados por soldados israelíes, la falta de acceso a servicios de salud adecuados y la discriminación sistemática. Entendiendo que la lucha feminista debe incluir la solidaridad con todas las mujeres afectadas por la opresión y las violencias.

Foto: Amanda Meza

Paralelamente, el encuentro ha sido un espacio con mucho Artivismo. El arte es una herramienta fundamental en el movimiento feminista, ya que permite visibilizar las injusticias, denunciar las violencias de género y transmitir mensajes de empoderamiento y resistencia. En el encuentro feminista, se presentaron diversas expresiones artísticas como la danza, batucada, performances, exposiciones de arte y murales que representan la realidad y las demandas de las mujeres y diversidades peruanas/es.

LEE EL MANIFIESTO DE LOS FEMINISMOS DIVERSOS DE PERÚ

[1]  Ohchr.org. Recuperado el 20 de octubre de 2023, de: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/peru/Peru-Report-2023-10-18-SP.pdf

Crónica de Pryscila Marques, cooperante en Perú de Entrepueblos. Fotos: Amanda Meza

Cine y formación en incidencia y derechos humanos para comenzar el curso en Madrid

Como apertura del nuevo curso, Entrepueblos organizó el pasado 12 de septiembre en Madrid el curso ‘Incidencia en la UE: Defensa de los Derechos Humanos y el Territorio en América Latina’, en colaboración con La Casa Encendida y la Red EU-LAT. Esta formación tuvo como objetivo dar herramientas a las participantes, miembras activas de la sociedad civil y las ONGD,  para visibilizar y denunciar ante la Unión Europea (UE) las violaciones, amenazas y asesinatos que afectan a defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Latinoamérica.

Con la participación de 25 personas y la representación de más de 15 organizaciones, las asistentes pudieron aprender junto a Marta Íbero, directora ejecutiva de la Red EU-LAT, las premisas más importantes de la incidencia política así como identificar a los diferentes actores europeos y aprender los instrumentos en el marco de la UE para hacer valer los derechos humanos en la política exterior. Un proceso de incidencia política puede tardar 10 ó 20 años en materializarse”, explicó Marta Íbero, quien recalcó en varias ocasiones que el respeto a los derechos humanos es una obligación de los Estados y las empresas.  “Al exigirles que los cumplan, les estamos exigiendo legítimamente que cumplan con sus obligaciones”, afirmó.

Este curso forma parte de un proyecto de educación trasformadora que Entrepueblos desarrolla en Madrid con financiación del Ayuntamiento de Madrid. Desde nuestra asociación, queremos agradecer a Marta Íbero su implicación y enseñanza, y a La Casa Encendida su buena disposición para organizar este tipo de eventos y la cesión de sus instalaciones.

Historias de defensoras en primera línea

Por la tarde, para cerrar la jornada, asistimos a la proyección en el Cine Embajadores del documental ‘La ilusión de la abundancia’, una actividad de la Red de Defensores y Defensoras de Madrid en la que participaron 7 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.
‘La ilusión de la abundancia’, dirigida por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, cuenta las luchas de Berta Cáceres, Carolina de Mouro y Máxima Acuña, tres mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina, en primera línea, que defienden a sus comunidades del extractivismo de corporaciones multinacionales -los modernos conquistadores- que, para lucrarse, reducen sistemáticamente sus tierras, recursos naturales y medios de vida.

Para la realización de esta actividad tuvimos el privilegio de contar en el debate posterior con una de las protagonistas, la periodista Carolina de Moura,   así como con la defensora de derechos humanos hondureña Norma Rodríguez, integrante de la Plataforma de Honduras en Madrid.

 

Si quieres formar parte de la red de activistas de Entrepueblos en Madrid, contacta por email con nosotras.

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Revista 79: El Caso Beatriz, Repsol y la impunidad corporativa, nuevo libro de Economías Feministas, entrevista al presidente de la nación siekopai, y mucho más

Revista 79 Desde Entrepueblos os traemos la nueva revista número 79 donde analizamos con la salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación…

Una red de sororidad y estrategia para defender los derechos de las lideresas y activistas de Cusco

La semana pasada finalizó el programa formativo en derechos con enfoque de género, dirigido a lideresas y activistas de las provincias de Chumbivilcas, en Espinar, y otros territorios de Cusco (Perú) afectados por la contaminación minera, zonas con altos índices de conflictividad social y de violencias machistas. Las participantes analizaron los impactos de la violencia institucional, empresarial y familiar sobre las vidas de las mujeres, construyendo estrategias para la defensa y el ejercicio de sus derechos.

La actividad de cierre se realizó el 26 de mayo en Santo Tomás, Chumbivilcas, en el marco del programa ejecutado por Derechos Humanos Sin Fronteras en alianza con Entrepueblos y con el apoyo de la Generalitat Valenciana.

En el marco de este proyecto, que finaliza en junio de 2023, se ha realizado también el documental ‘Guardianxs del Agua’, impulsado con Grufides, que reivindica el papel de las personas que cuidan los ríos de Cajamarca, donde corren peligro las últimas fuentes de agua limpia, que se encuentran en lugares concesionados y amenazados por proyectos mineros y la contaminación.

Escucha ‘Brilla’, nueva canción de la campaña ‘Vivir sin miedo’

 ‘Brilla’ es una canción en español y quechua de la cantante Renata Flores y el músico Tayta Bird que defiende la vida sin violencias de las niñas peruanas, sus cuerpos y sus territorios.

En un contexto en donde las autoridades vienen arremetiendo cada vez más contra los derechos de la ciudadanía de manera altamente discriminatoria y racista, el coro de las Niñeces de Carabayllo (Lima) y Acomayo (Cusco) se unen a Renata Flores, considerada la reina del rap en quechua, y  el músico Tayta Bird para levantar las voces de las diversas niñeces del Perú en ‘Brilla’ y así hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta para garantizar su derecho a vivir libres de todo tipo de violencias.

La canción y el videoclip forman parte de la campaña ‘Vivir sin Miedo’ en la que colaboramos desde Entrepueblos con Demus Perú y Asociación Kallpa, financiado por la Agencia Española de Cooperación Española (AECID). Es el tercer tema musical tras ‘Mujer Montaña‘ y ‘Juntas‘, protagonizado por una estrella de la música peruana.
🌱¡Porque #VIivirSinMiedo es nuestro derecho!

‘Vivir sin Miedo es nuestro derecho’, cambiando narrativas desde el feminismo popular

Ya puedes acceder al repositorio web de ‘Vivir sin Miedo‘, con los hitos de la campaña en cada uno de estos 5 años, desde 2019 hasta 2023. Música, manuales de portavoces, informes, encuentros, manuales para periodistas,…encontrarás material muy interesante para trabajar la lucha contra las violencias y cambiar las narrativas desde los feminismos populares y comunitarios de Perú y toda Latinoamérica.

“Vivir sin Miedo es nuestro derecho” es el lema bajo el que se ha amparado todo un trabajo de transformación de patrones socioculturales que contribuyen a perpetuar relaciones desiguales entre mujeres y hombres de cualquier edad. De igual modo, la intervención, desarrollada en Lima y Cusco, ha tenido como objetivo desmentir y desmitificar supuestas diferencias entre ambos géneros que justifican, legitiman y exacerban las violencias contra las mujeres.
Para ello, las organizaciones peruanas Demus y Kallpa han colaborado estrechamente con la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo (Lima) y la Red Kuskalla de Acomayo. En su quehacer, han contado con el apoyo de las entidades españolas Entrepueblos, Enraíza Derechos y AIETI y el financiamiento de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

 

 

Las mujeres nos dimos cuenta de que para frenar la violencia era necesario hablarlo, intercambiar nuestras vivencias y organizarnos en espacios seguros para aprender y defender nuestros derechos, sobre todo en contextos de crisis donde el impacto de la violencia es más fuerte”, destaca en este sentido, una de las participantes en la intervención en Carabayllo.

La feminista comunitaria Adriana Guzmán, la periodista afro feminista y antirracista Sofía Carrillo y la adjunta de la Defensoría del Pueblo Diana Portal participaron el 26 de mayo en la jornada de cierre de este proyecto, orientada a compartir aprendizajes, estrategias y retos pendientes en la lucha por la prevención de la violencia de género. El evento puso punto y final a un trabajo orientado a promocionar y defender el derecho de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia en Perú. A sus intervenciones, le siguieron diversas actuaciones musicales de tintes reivindicativos protagonizadas por Batucada Yemayá, Karolinativa y Wendy Sulca.

Además, como resumen del trabajo comunicativo que se ha llevado a cabo, se ha publicado este manual acerca de cómo la comunicación puede trasformar las narrativas y prevenir las violencias machistas. Puedes descargártela aquí.

‘Juntas’, un grito de rebeldía

Uno de los hitos de este trabajo de largo recorrido ha sido el lanzamiento y difusión de diversas composiciones musicales como la titulada “Juntas”. El tema fue ideado en el año de 2022 de manera colectiva como un grito de rebeldía lanzado por las adolescentes del colegio José María Arguedas de Carabayllo y conducido por la cantante Naysha.
La canción visibiliza las violencias a las que pueden estar sujetas las jóvenes en el marco de una relación de pareja, buscando esclarecer la confusión entre amor y violencias de todo tipo (psicológica, verbal, física, etc.). Es, asimismo, una puesta en valor de los vínculos que unen a las mujeres y que les permiten romper con tales situaciones abusivas.
Esta muestra de artivismo está orientada, pues, a la prevención de las violencias contra la población femenina desde su más temprana edad, atacando los cimientos de esta sangrante realidad. Como destacaron las mismas protagonistas de esta creación colectiva: “Tiene un significado muy bonito que habla de nosotras como mujeres y cómo esta sociedad nos trata”, “Es importante porque la canción va a llegar a muchas jóvenes y mujeres”, “Puedo ayudar a mis amigas para que juntas podamos luchar contra la violencia y exigir vivir libres”.

Una injusta realidad persistente

El lunes 22 de mayo de 2023 Cajamarca amanecía con la triste noticia de un nuevo feminicidio. Esta vez el nombre de la víctima era Mirley. Pese a haber presentado cuatro denuncias ante las autoridades, su asesino pudo alcanzarla en la calle y acabar con su vida, dejando a tres niños/as huérfanos. Mirley no es una simple estadística.

A principios de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables daba a conocer que se han registrado 58 feminicidios en Perú en los primeros cuatro meses del año. En otras palabras, cada dos días una mujer es asesinada. De acuerdo con los últimos datos de la Defensoría del Pueblo, en abril de este año, se reportaron 191 desapariciones de mujeres adultas, 82 de las cuales, producidas en Lima, y 238 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres (91 en Lima).

En este sentido, la Defensoría del Pueblo recalcaba “la relación entre el género y la edad de las víctimas como factores de vulnerabilidad”. No se tratan, sin embargo, de los únicos datos que delatan las persistentes brechas de género en el Perú. De acuerdo con el Servicio de Atención Urgente (SAU) del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en este 2023, se han registrado 2.475 casos de violencia familiar y sexual, entre otros considerados de alto riesgo. El 76,64%, esto es, 1971, afectaban a una mujer. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido en lo que va de año 52.409 casos de víctimas de violencia.

Así, teniendo en cuenta este contexto, el trabajo implementado ha tenido como objetivo el empoderamiento de la población femenina, así como de sus organizaciones, el fortalecimiento de las autoridades involucradas en la implementación y cumplimiento de los derechos de las mujeres y la transformación de una cultura que naturaliza la violencia. Porque solo desde un enfoque integral y una mirada amplia, estamos convencidas de que será posible romper con una realidad machista que siega la vida de las mujeres.

 

Comunicado del mes de abril de 2023 de Eulat sobre la situación de Perú

Crisis en Perú: EU-LAT pide el fin de la discriminación racial y la acusación de terrorismo a las personas manifestantes

La red de incidencia EU-LAT, de la que formamos parte en Entrepueblos, ha emitido un nuevo comunicado en relación a la crisis social y política que atraviesa Perú, haciendo énfasis en la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de todos y todas las manifestantes. Así, en una Carta al Parlamento Europeo con fecha del 14 de abril, EU-LAT pide que la cámara representativa europea exija al Estado de Perú “poner fin a la criminalización de la protesta haciendo uso político del derecho penal, llegándose al extremo de utilizar el tipo penal terrorismo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos al conjunto de la sociedad“.

De igual manera, EU-LAT y la Plataforma Europa Perú (PEP), demandan al Parlamento Europeo que en sus intercambios con el Gobierno peruano insista en que se ponga “fin a la estigmatización y la discriminación racial a las personas que se manifiestan activamente y a las acusaciones de “terrorismo”, y que se atienda y proteja a la población indígena, cumpliendo con el respeto de sus derechos individuales y colectivos así como los compromisos en el desarrollo del país“.

En la Carta, que puedes leer íntegramente aquí, EU-LAT insiste en que la urgencia de investigaciones “imparciales, diligentes, exhaustivas y transparentes“, que esclarezcan los
hechos y establezcan las responsabilidades penales derivadas de ellos, con un seguimiento de los mecanismos fundamentales; que se garantice una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y que la Fiscalía peruana destine personal suficiente para realizar todas las diligencias de forma exhaustiva con condiciones de seguridad para los testigos y familiares de las víctimas.

EU-LAT/EU-LAT Network, a la que pertenece Entrepueblos, es una red reconocida de más de 40 organizaciones europeas desde la que se incide en las políticas europeas respecto a América Latina. Se promueven, entre otros elementos, el respeto de los derechos humanos, la protección de personas defensoras y el medio ambiente en América Latina, para que sean incluidos de forma prioritaria en el diálogo político, la cooperación y el comercio de la UE con la región.

Racismo institucional y ataques a la libertad de información

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 49 personas han sido asesinadas en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta de 1.335 personas heridas (civiles y policías) en protestas, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.

Tras su misión a Perú a mediados de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, condenó el “exceso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y la “fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales por algunas autoridades que se han referido hacia todas la personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas”. Asimismo, Amnistía Internacional alertó que esta violencia se ha desplegado mayoritariamente contra población indígena aymara y quechua, que hasta la fecha continúan su movilización demandando el cambio de las autoridades porque se sienten marginadas y excluidas. Es más, señaló que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de armas letales en contra de los manifestantes, que se puede vincular con el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas.

Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército.