El pasado septiembre salieron a la calle millones de personas demandando el derecho a un presente y futuro digno, sin dejar a nadie atrás. Miles de municipios acogieron manifestaciones impulsadas por una juventud movilizada por el clima que exigían que, frente a la emergencia climática, son necesarias medidas capaces de atacar un sistema que genera una creciente e inaceptable degradación social y ambiental.

Después de la renuncia de Brasil a presidir la COP25, acompañada de políticas anti climáticas que han llevado a la mayor deforestación de la selva amazónica en los últimos años, las decisiones del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno en funciones de Pedro Sánchez de acoger el evento, sitúan a Madrid como el altavoz de las personas que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática y aquellas que las sufrirán en las próximas décadas.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de Derechos Humanos en Chile y exigimos su cese. La represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena extensible al resto de zonas del mundo donde se están produciendo los mismos o parecidos procesos.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores es el único modo de mantener el calentamiento global por debajo de  1,5°C. La comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que alrededor de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y social supondrá la muerte, el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos. La realidad es que las emisiones siguen incrementándose a nivel global mientras que la falta de ambición de los estados condena al planeta a un calentamiento muy superior a 1,5ºC.

El próximo año debería empezar a aplicarse el Acuerdo de París. Sin embargo, muchas de las cuestiones claves siguen bloqueadas o sin resolverse. La COP25, además de cerrar las normas sobre contabilidad y presentación de los compromisos, el conocido como libro de reglas, debería suponer un avance claro en la provisión de fondos suficientes e importantes mejoras en instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas herramientas fundamentales para paliar las peores consecuencias que ya ha provocado y provocará la continua quema de combustibles fósiles.

Es inadmisible que tantos gobiernos, parlamentos, partidos políticos e instituciones públicas sigan entregados a las presiones de las grandes empresas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de velar por el bien común, por las personas y el planeta que nos sostiene. Afrontar la emergencia climática es incompatible con que los combustibles fósiles sigan recibiendo cientos de miles de millones de euros de ayudas públicas todos los años. Exigimos a los gobiernos participantes en la COP25 que reconozcan que la inacción climática actual e insuficiente ambición que reflejan los compromisos más ambiciosos de los países nos conducirán a un calentamiento global desastroso para la vida, que superaría los 3,5ºC.

Es irresponsable que a un año del inicio de la aplicación del Acuerdo de París siga sin existir ningún mecanismo capaz de forzar acciones y medidas que obliguen a que los compromisos nacionales se ajusten una ruta de descenso de las emisiones compatible con las indicaciones científicas. La COP25 debe fijar la voluntad expresa de todos los países de elevar la ambición de sus compromisos antes de la COP26 de 2020. Ese compromiso de mayor ambición debe ser liderado por la Unión Europea y el G20, más ahora que acoge la celebración de la cumbre en su territorio, y el gobierno de España debe alinearse inequívocamente con ese llamamiento a una mayor ambición, que debe plasmar en objetivos y medidas más exigentes que los actuales en todas las políticas económicas, energéticas, de transporte, agrícolas, ganaderas, de conservación de los ecosistemas y de cooperación internacional. Del mismo modo, la transición ecológica requiere de la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones. El establecimiento de mecanismos reales y efectivos de propuesta ejecución y evaluación de las políticas climáticas debe permitir la plena participación de toda la ciudadanía.

Un modelo de desarrollo capitalista y depredador basado en un crecimiento económico infinito es incompatible con los límites planetarios. Es precisa una transición hacia modelos ecosociales sostenibles, con menor consumo de materiales y energía, que no desborden los límites biofísicos del planeta. Apostar por un nuevo modelo energético desechando las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoingeniería o los biocombustibles como el aceite de palma.

Conscientes de la emergencia ecológica en la que vivimos y de la temeraria inacción de los gobiernos mundiales, diversas organizaciones, plataformas y movimientos sociales, sindicales y ambientales de todo el estado español; nos unimos al llamamiento realizado por toda la comunidad internacional, y en especial de la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future, de volver a salir a la calle exigiendo el próximo sábado 6 de diciembre medidas reales y ambiciosas a la comunidad internacional reunida en la COP25.

Una manifestación en solidaridad con las personas y los pueblos que sufren con especial virulencia la degradación ambiental y social que han supuesto las políticas neoliberales extendidas por el planeta. En Chile y por todo el mundo hay claros ejemplos de cómo se vulneran sistemáticamente derechos humanos y ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas de sacrificio y la política hidráulica devastadora con regiones completas son ejemplos de lo que no es permisible. La denuncia de estos hechos debería tener su altavoz en la COP25 y una transición justa y equitativa.

Apenas queda tiempo para frenar la emergencia climática y necesitamos que se oiga la voz de todos los pueblos y personas, en Santiago de Chile y en Madrid, la voz de la juventud movilizada por el clima, de las poblaciones indígenas que sufren las causas y las consecuencias del cambio climático, de las mujeres que cumplen un rol fundamental en la lucha climática y la voz de toda la vida en el planeta.

Análisis sobre los estallidos sociales en Ecuador y Chile.
Primera parte del texto de Raúl Zibechi  para el prólogo de un libro que se editará próximamente en América Latina.

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En los primeros días de junio de 1990, las comunidades de la provincia de Chimborazo se levantaron poniendo en práctica una decisión colectiva. “Los comuneros de Gatazo colocaron inmensas piedras en medio de la carretera Panamericana. De improviso aparecieron diez camiones llenos de militares que, ni bien se bajaron, comenzaron a perseguir a los indios ‘comuna adentro’. Los indígenas retrocedieron, iban cediendo terreno, los militares triunfalísticamente, incursionaban más y más en las comunas; pero no se percataron que desde el otro lado de la carretera, los indígenas de otras comunas, encabezados por mujeres, les estaban pisando los talones. Pronto se vieron completamente rodeados y atrapados por los indígenas. El susto de los militares fue muy grande. Uno de ellos, un joven desesperado, efectuó varios disparos y cayó asesinado Oswaldo Cuvi. Los indios reaccionaron enardecidos. Alrededor de 200 militares fueron ‘arrastrados’ 10 kilómetros bajo el grito: ‘Esto no es una huelga de los obreros, esto no es un paro de profesores ni de estudiantes. ¡¡Esto es levantamiento indígena!!’”1

El levantamiento del Inti Raymi de 1990 fue la mayor ruptura social y política en la historia del Ecuador, desde la llegada de los españoles. Los indios de la sierra y la selva paralizaron el país, cortaron carreteras, cerraron mercados y ocuparon haciendas. Esos días, “cientos de miles de manifestantes enarbolaron por primera vez ‘su’ bandera: refulgía al sol, el arcoiris de Tupac Amaru”2. El levantamiento de 1990 es el momento en que los indios pasan de su condición de “invisibles” a la de actores de primer orden, interlocutores privilegiados de los partidos de derecha e izquierda y del propio Estado, y en objeto de estudio priorizado por las academias. Para muchos observadores y analistas fue el mayor acto de afirmación colectiva de las poblaciones derrotadas cinco siglos atrás, con la Colonia, y marginadas hace dos siglos, con la República.

Es justamente en ese momento de afirmación colectiva cuando “reaparece” una bandera legendaria, la wiphala, identificada con la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (1780). Con ella entra a tallar una nueva generación, formada en universidades pero que se siente parte de una cultura, un pueblo o una civilización cuyas señas de identidad no arraigan en la modernidad ilustrada europea.

El levantamiento del Inti Raymi transformó al Ecuador y también a los indígenas. Una década después del levantamiento, uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y referente del movimiento, Luis Macas, trazaba un balance preciso:

Las percepciones que tenía la sociedad ecuatoriana sobre los indígenas han ido cambiando, en el sentido de que ya no se nos mira como precaristas o huasipungeros, no somos un gremio de campesinos, como se nos ha considerado desde la sociología tradicional, inclusive aquella de izquierda, y que por lo tanto nuestra lucha debería ser una lucha reivindicativa, en torno al parcelamiento de tierras y la reforma agraria. Ahora la sociedad ecuatoriana mira al movimiento indígena de otra manera y el mismo movimiento indígena tiene ahora plena conciencia de su identidad, lo que ha servido de base para realizar su propuesta nacional y a largo plazo3.

Un aspecto central de aquel movimiento fue la presión para ser reconocidos como “entidades” culturales, políticas, históricas. Por eso se asumen como “nacionalidades” y pueblos, no como movimientos o sectores de la sociedad que demandan mejoras. Macas enfatiza en el hecho de que el Estado ecuatoriano respondió con medidas paternalistas, asistencialistas, clientelares, lo que supone desnudar su racismo para confinarlos en la exclusión o “para dirigir a los indígenas hacia el camino de la modernidad”. Tanto para el Estado como para la izquierda, los indígenas no son sujetos sociales y políticos sino objetos de caridad o de políticas sociales.

Para los dirigentes de la CONAIE una de las principales consecuencias de aquella irrupción fue el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad y del Estado, que ha cambiado el discurso político del Ecuador con la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, lo que se traduce en “considerar la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia”, según Macas.

La plurinacionalidad fue reconocida por la Constitución de 1998, luego de otro levantamiento indígena contra el gobierno de Abdalá Bucaram, acusado de corrupción y de incapacidad mental para gobernar. Importantes manifestaciones populares, especialmente en la ciudad de Quito, a principios de febrero de 1997, fueron convocadas no sólo por la CONAIE sino por varias organizaciones sociales en todas las ciudades del país. Este nuevo levantamiento se saldó con la destitución del presidente por el parlamento y se designó en el cargo a la vicepresidenta como establece la legalidad constitucional.

En su balance de una década del levantamiento, Macas reflexiona sobre el poder:

Para el movimiento indígena el poder radica en las comunidades, en la capacidad real y efectiva que tienen nuestra organizaciones nucleares, la comuna, el centro, la cooperativa, para decidir de manera soberana, independiente, participativa, justa, y ética el destino de cada pueblo, de cada persona. Ahí radica la esencia del poder.

Lo que el movimiento indígena ha propuesto es siempre una construcción desde abajo desde las bases, desde los cimientos, del poder. No es una idea nueva. Ahora dicen que los indígenas se quisieron tomar el poder, pero éste no está en asaltar el Congreso Nacional, el palacio de gobierno. En realidad ésos son mecanismos, no para tomarse el poder, sino para abrir el espacio de la política hacia la construcción del poder democrático y participativo4.

Sin embargo, Macas también reconoce que el objetivo del movimiento consiste en “trasladar el poder de la comunidad al Estado”. Para hacerlo, la CONAIE se dotó de una herramienta electoral, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, en 1995, donde confluyó la Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros sectores. La alianza consiguió una importante representación que oscila en el 20% de los sufragios, que le permitió obtener diputados, prefectos y alcaldes. Se trataba de democratizar y transformar el Estado-nación colonial heredado por la República. Pero en los hechos esto nunca se consiguió y la cultura política estatista “invadió” las prácticas del movimiento indígena.

La historia de la CONAIE se remonta a 1986, cuando se coordinan las principales organizaciones de los pueblos originarios completando un ciclo de articulaciones regionales, entre quichuas de la sierra andina, pueblos amazónicos y de la costa. A diferencia de las organizaciones campesinas y sindicales, en las que estaban subsumidos hasta entonces los indígenas, no se demanda reforma agraria sino que aparecen conceptos nuevos como territorios y nacionalidades.

Desde sus primeros pasos, la CONAIE muestra una cultura política distinta a la de los movimientos tradicionales, incluyendo el uso de nuevas tácticas de acción directa, como el bloqueo de carreteras, la toma de edificios gubernamentales y de ciudades enteras, a través de levantamientos que paralizan el país.

En su programa aparece una lista de 16 demandas que a comienzos de la década de 1990 sorprendieron al país: plurinacionalidad, títulos colectivos de tierras a las nacionalidades, soluciones para el agua y el riego de las comunidades, expulsión del instituto lingüístico de verano (instrumento de penetración cultural de Estados Unidos), legalización de la medicina indígena y educación bilingüe, entre las más significativas.

La defensa y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura indígena son aspectos innegociables para la CONAIE, que tiene sus baluartes en las provincias serranas del sur y del norte, como Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. La articulación de cientos de comunidades le ha permitido convertirse, ya en los 90, en el principal movimiento y en referente obligado de todos los que rechazan el neoliberalismo.

Hubo en este devenir dos nuevos levantamientos. La autopercepción de la CONAIE y del conjunto del movimiento indígena, es la convicción de que ejerce el liderazgo del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador, erigiéndose en interlocutor colectivo frente al Estado. De ese modo, pudo convocar a la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que de alguna manera aceptaron la guía de los indígenas. El momento de mayor protagonismo de la CONAIE se produjo entre fines de 1999 y enero de 2000, en contra de la dolarización del país en el marco de una fenomenal crisis bancaria. Todo el país estuvo atravesado por una potente organización indígena-popular enfilada hacia el poder y, sobre todo, anclada en la construcción de contrapoderes, que denominaron parlamentos populares en varias provincias.

El 11 de enero de 2000, un Parlamento del Pueblo integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló en Quito (epicentro siempre de las acciones colectivas), para elaborar un plan de gobierno alternativo al presidente Jamil Mahuad. “Nadie cree en la democracia que vivimos, entonces debemos rescatar la participación desde abajo de la sociedad civil para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos”, dijo el dirigente Miguel Lluco, evidenciando que los pueblos originarios querían reconstruir la nación bajo sus propios criterios5.

El Parlamento del Pueblo se instaló en medio de los preparativos insurreccionales, con la participación de empresarios y profesionales, además de obreros, empleados, vendedores informales e indígenas que fueron su columna vertebral. El proyecto consistía en la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales.

El 22 de enero tomaron el Congreso durante unas horas, en alianza insólita con las fuerzas armadas, que fue seguramente el mayor error político y estratégico de la CONAIE. Al día siguiente debieron dar marcha atrás, ante la decisión de la institución militar de recorrer el camino de la sucesión institucional del presidente. La alianza fue continuada al incorporarse al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), provocando fisuras en la organización indígena.

Todavía hubo un tercer derrocamiento popular. En abril de 2005 un levantamiento urbano conocido como “rebelión de los forajidos”, forzó al coronel a escapar por los techos del Palacio de Carondelet para huir en helicóptero. Las protestas fueron violentas y se llegó a incendiar el Ministerio de Bienestar Social.

El movimiento que echó abajo tres presidentes en apenas una década, fue en gran media respuesta a la crisis estructural en la que se debatía Ecuador, ya que los gobiernos intentaban aplicar ajustes que los indígenas y los sectores populares rechazaban enérgicamente. La particularidad ecuatoriana fue el carácter destituyente de los movimientos ante gobiernos corruptos y antipopulares.

Bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los pueblos indígenas enfocaron sus resistencias contra las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas, que fueron la principal característica del modelo económico a partir de ese período. Los conflictos fueron virulentos, ya que Correa se amparó en el amplio respaldo social que tuvo en sus primeros años para intentar desarticular las resistencias a su “revolución ciudadana” de corte extractivista.

El presidente arremetió con innecesaria violencia verbal y física contra los dirigentes y en ocasiones, como en agosto de 2015, con una de las oleadas represivas más fuertes que se recuerdan ante otro levantamiento indígena. El debilitamiento de la CONAIE y de los movimientos sindicales favoreció a la derecha, que tuvo las manos libres para operar cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, asumió en 2017 huérfano de apoyos populares y dispuesto a recostarse en el poder económico.

En octubre de 2019 el gobierno de Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin del los subsidios a los combustibles, con un alza del 123% el galón de diesel y del 30% el de gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La CONAIE, la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en todo el país, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia.Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado “Mujeres contra el Paquetazo”, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se apoya en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

El levantamiento de octubre de 2019 abreva en las tradiciones del movimiento popular ecuatoriano, intenta no recaer en errores anteriores y destaca por su perfil anti-neoliberal y anti-capitalista. El movimiento tuvo una duración de once días y contiene algunas peculiaridades que merecen ser detalladas.

La primera es el recambio generacional. En los últimos años emergió la tercera generación de dirigentes indígenas, formados en las universidades, ávidos lectores de Mariátegui, radicales y combativos, que parecen rechazar el péndulo lucha de calles/elecciones que ha caracterizado a las generaciones anteriores.

La segunda es la autonomía política, al levantar la consigna “Ni Moreno ni Correa, sólo el pueblo salvará al pueblo”. La nueva generación muestra distancias de lo que considera como tendencia “socialdemócrata” hegemónica en el seno del movimiento. Tienen un diálogo fluido con las bases, combinan la identidad indígena con la de clase y orientan al movimiento hacia un cambio radical, revolucionario, que no rechaza el diálogo pero que no se limita a incluirse en las instituciones existentes. Toma distancias del régimen de Correa y del conjunto del progresismo, así como de los partidos de izquierda, y está buscando definir su propio perfil político.

La tercera es la radicalidad y autoestima del movimiento indígena, capaz de detener a cientos de policías que fueron entregados a funcionarios de la ONU por mujeres indígenas. Esto revela la persistencia de una cultura política propia, nacida en la década de 1990, que ha cuajado una impresionante autoestima. La capacidad de expulsar infiltrados en las manifestaciones y el retener policía y militares, es una muestra de la potencia del movimiento. En el acto en que “devolvieron” a los uniformados, el presidente de la CONAIE Jaime Vargas, explicaba: “Ya no somos esos indígenas que nos maltrataron y nos tenían de esclavos. Hoy somos capaces, educados y con toda la capacidad de administrar este país”6.

La cuarta es la irrupción de indígenas urbanos y de sectores de las clases medias. Por primera vez se levantaron barrios populares de la periferia de Quito, migrantes de la sierra que nacieron en la capital. Se trata de jóvenes pobres que engrosaron las marchas, que provenían de la sierra sur y norte y le imprimieron un sello de combatividad al movimiento, como no habían tenido ninguno de los levantamiento anteriores. El dirigente Jorge Herrera enfatiza la solidaridad de los jóvenes de las barriadas populares: “La juventud vino emputada a Quito por la acumulación de indignación”.

Las clases medias profesionales se volcaron en solidaridad con los veinte mil indígenas que ocuparon el centro, haciendo de las universidades estatales y privadas espacios para sostener la logística de los combates, con ollas populares, cuidados sanitarios y de descanso de las y los combatientes.

La quinta es la autonomía táctica del movimiento, que fue capaz de poner fin al levantamiento en el momento que las bases lo decidieron, para evitar que sucediera lo mismo que en los anteriores, que perdieron ante la burocracia lo que ganaron en las calles. Entre quienes participaron en el movimiento de octubre o Comuna de Quito, existe consenso en que si la movilización hubiera durado dos días más, la caída de Moreno era inevitable. Pero los debates por la noche en el ágora de la Casa de la Cultura, epicentro de la lucha, hizo balance de los tres levantamientos anteriores que se saldaron con la caída de otros tantos gobiernos.

En esta ocasión la caída de Moreno implicaba que asumiera su vice, Otto Sonnenholzner, “un fiel representante de los intereses de la oligarquía”, explica Juan Carlos Guerra del colectivo Desde el Margen. El vice es un economista y empresario radial de origen alemán, ligado al empresariado de Guayaquil, donde reside la flor y nata del poder financiero. “Estamos ante un acumulado de aprendizajes de casi tres décadas”, sigue Guerra, que trasciende a los dirigentes y es ya patrimonio de amplias camadas de militantes indígenas y de los las organizaciones urbanas. “La lógica del movimiento consistió en tirar abajo el paquete del FMI, pero no necesariamente el gobierno”, afirma ante el desconcierto de intelectuales que deseaban que los pobres pusieran los muertos para que se cumplieran sus profecías.

La sexta es la convocatoria del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales por iniciativa de la CONAIE. El llamado dice: “Convocar a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación de manera inmediata del Parlamento de los pueblos que construirá a través de una minga plurinacional una propuesta de nuevo modelo económico que asegure el sumak kawsay (buen vivir)”.

Por parlamento entienden una minga colectiva para busca soluciones al país, integrada por todos los sectores sociales afectados por el capitalismo. Esta diversidad fue la nota dominante en la primera sesión. Estudiantes de melenas verdes, campesinos, agricultores, sindicalistas, artesanos, feministas, colectivos LGBT, además de cañeros y floricultores y hasta periodistas organizados, componen una diversidad imposible de homogeneizar. Todas y todos expresaban los agravios que sufrían.

Las demandas más importantes son contra la minería y el FMI, el paquetazo y los impuestos. Una vez leída el Acta Constitutiva del Parlamento Popular, se votan cuatro mesas de trabajo que deberán entregar sus propuestas en apenas tres días: economía, trabajo, impuestos y ambiente. El movimiento sigue, ahora con menos visibilidad callejera, tejiendo alianzas entre los diversos abajos, esperando el momento de salir a la superficie nuevamente, sin dejar de construir el mundo propio indígena, obrero y popular.

Raúl Zibechi

Quito-Montevideo, 23 al 28 de octubre de 2019

(Texto de urgencia escrito entre el parlamento indígena y popular de Quito y el viaje a Santiago para participar en actividades de la Quimantú)

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3 Luis Macas, “Diez años del Levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisional”, en Boletín ICCI Rimay, año 2, No. 15, junio del 2000.

4 Idem.

5 IPS, 11-01-2000.

6 El Telégrafo, 10 de octubre de 2019

Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte
nos sumamos a los comunicados de solidaridad con el pueblo ecuatoriano

➡(Lafede.cat – organizaciones para la justicia global) Solidaritat amb el poble equatorià⬅

➡(Coordinadora de ONGD-España) Solidaridad con el pueblo ecuatoriano⬅

 

Desde el pasado 2 de octubre, nos están llegando noticias muy alarmantes desde Ecuador, a raíz de que el presidente, Lenín Moreno, hiciera públicas las principales medidas del denominado “paquetazo”, con reformas en detrimento de los derechos laborales, recortes en la Administración pública y eliminación del subsidio a los combustibles, tras la firma de un acuerdo con el FMI y otras políticas económicas direccionadas a favorecer a las élites locales.

Ante estas medidas, han ocurrido hechos que trataremos de resumir, y que han desestabilizado el país dando lugar a una grave vulneración de los derechos humanos.

Tras este “paquetazo”, fue el gremio del transporte el que en un primer momento se organizó, saliendo a movilizarse a la calle. El Gobierno optó entonces por liberalizar los combustibles dejando en manos del Mercado los precios de la gasolina y al diésel, medida que implícitamente va asociada a la especulación y a la inevitable subida de precio de los alimentos y del transporte.

Estos hechos han causado un fuerte rechazo popular a nivel nacional, ya que constituyen un duro golpe contra el pueblo ecuatoriano, y sobre todo contra quienes históricamente se encuentran en situación de mayor desigualdad, injusticia y violencia: mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades, la clase trabajadora, etc.

Calles en diversas ciudades del país se han llenado de manifestantes en contra de estas medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y el movimiento feminista, la izquierda política, las múltiples organizaciones sociales, así como el movimiento indígena, tanto que al Gobierno ecuatoriano se le ha ido de las manos y ha declarado el país en “Estado de excepción”.

Lideradas por los movimientos indígenas, cada vez más fuertes, se han organizado medidas sociales avaladas por la Constitución, vigente desde el 2008, que reconoce al Estado ecuatoriano como un Estado Plurinacional e Intercultural. El pueblo indígena ha declarado su propio “Estado de excepción” como forma de autonomía para tomar decisiones. Por otro lado, desde las comunidades y provincias de la sierra con mayor población indígena, tanto al norte como al sur de Quito, se han organizado movilizaciones masivas hacia Quito. Movilizaciones pacíficas que van avanzando, a pesar de la autorización por parte de los ministerios de interior y de defensa, de usar medidas de fuerza, como sacar tanques de guerra a la calle, tanto por el centro de Quito como a las afueras, tratando de impedir  sin éxito el paso de las manifestaciones indígenas no violentas. El uso de la fuerza es totalmente desproporcionado, detenciones, criminalización, violación de derechos humanos.

Por otro lado, los gobiernos, actual y anterior, están tratando de politizar esta situación, en un cruce de acusaciones partidistas con el claro objetivo de polarizar a la población.

Una situación terrible que está enfrentando al pueblo contra el pueblo, siendo los grandes afectados por estas medidas.

Desde Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte queremos mostrar nuestra solidaridad con toda la población ecuatoriana y las organizaciones hermanas en estos momentos convulsos, ante lo que puede suponer un grave retroceso de los derechos sociales y económicos conquistados por el pueblo ecuatoriano en años, esperamos puedan alcanzar pronto una solución. Y lamentamos el posicionamiento del Gobierno español apoyando la actuación del Presidente Moreno y su Gobierno.

 

COMUNICADO DE LA CONAIE
https://conaie.org/

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ACCION ECOLOGICA ANTE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE LENIN MORENO
http://www.accionecologica.org

 

 

Una vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y la naturaleza.

En respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.

Qué otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones de millones de dólares.

¿No constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones afectadas?

A pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias, la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la libertad de operar desde paraísos fiscales.

Por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.

Las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.

Una de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del país.

Todo este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las instituciones financieras internacionales que incluye fondos para garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.

Son éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de la naturaleza.

En ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la agroindustria y la minera.

¿Por qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de 9 mil millones de dólares?

Con el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.

La violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.

Exigimos el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del decreto de excepción.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de imponer el paquete neoliberal.

Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.

Saludamos y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles. Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan nuestra cultura y nuestro país.

 

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(Català) COMUNICAT LAFEDE.CAT ➡  SOLIDARITAT AMB EL POBLE EQUATORIÀ

Fotos: AFP (extraída de la web (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)

 

Les ONG i entitats socials catalanes volem expressar la nostra consternació i el més ferm rebuig per la resposta repressiva i indiscriminada amb la que el Govern equatorià està responent a les mobilitzacions contra les mesures econòmiques de caire neoliberal que ha anunciat.

Aquestes mesures responen al conveni signat amb el Fons Monetari Internacional el mes de febrer passat. El poble equatorià coneix perfectament les conseqüències de l’aplicació d’aquest tipus de mesures i com afectaran la seva qualitat de vida perquè ja les va patir els anys 90. Llavors la precarització laboral, l’empobriment i l’exclusió social van suposar l’empobriment més accelerat de la història d’Amèrica Llatina, empobriment que va afectar especialment a les dones que van emigrar de manera massiva.

Com a organitzacions socials volem expressar especialment la nostra solidaritat i la nostra proximitat amb el poble equatorià: amb les diferents nacionalitats del moviment indígena, les dones diverses de tot el país i a les organitzacions socials i sindicals. Ens solidaritzem amb la seva lluita contra les mesures d’austeritat, així com amb les seves demandes històriques per la defensa dels seus territoris i dels béns naturals. Donem suport a la seva crítica a un model econòmic extractiu que vulnera els drets de les nacionalitats i els pobles indígenes, que ens està portant a una crisi ecològica global. Defensem la legitimitat de les seves protestes alhora que denunciem la seva criminalització. Igualment volem expressar la nostra solidaritat amb els 25.000 equatorians i equatorianes que viuen a Catalunya i pateixen per les seves famílies i per la situació del país.

Rebutgem fermament el decret de l’estat d’excepció per part del Govern equatorià i la violència exercida a l’empar d’aquest, així com el control dels mitjans de comunicació. Aquest mecanisme de caràcter autoritari no sols vulnera drets fonamentals com la llibertat d’associació, manifestació, reunió, informació o la inviolabilitat del domicili, sinó que atempta directament contra el dret a la vida per la impunitat de les forces policials i militars en l’ús de la força i les detencions arbitràries sense garanties que s’estan produint, tal i com ens estan informant les nostres organitzacions sòcies. Destaquem com especialment greu la violència exercida per aquestes forces policials i militars nens i nenes, adolescents i gent gran, i aquella exercida en llocs protegits pel dret internacional en situacions de conflicte, com ara hospitals o centres de distribució de socors i ajuda humanitària.

Fem una crida al Govern de l’Equador per tal que posi fi de manera immediata a la repressió i treballi per generar les condicions necessàries per a l’establiment del diàleg entre les parts. Exigim finalment que el Govern espanyol actuï amb caràcter d’urgència i demani al Govern equatorià que garanteixi el compliment dels tractats internacionals en matèria de drets humans.

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Comunicado de la Coordinadora de ONGD – España ➡ Solidaridad con el pueblo ecuatoriano

Foto: Celag.org (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)

 

Mostramos nuestra consternación y rechazo a la represión indiscriminada que están sufriendo en Ecuador las personas que se manifiestan contra las medidas de carácter neoliberal que ha anunciado el gobierno.

Según datos del Defensor del Pueblo de Ecuador, 5 personas han perdido la vida, más de 500 han resultado heridas y casi 1.000 han sido detenidas.

Solo el fin inmediato de la represión y el establecimiento de un diálogo entre las partes puede garantizar la solución de esta grave crisis.

Como organizaciones de cooperación para el desarrollo, nos sumamos a LaFede.cat y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano: con las naciones indígenas, con las diversas asociaciones de mujeres, con las organizaciones sociales y sindicales. Rechazamos rotundamente la represión que el gobierno está ejerciendo contra miles de personas que se manifiestan frente las medidas neoliberales anunciadas; medidas fruto de un acuerdo firmado el pasado mes de febrero con el FMI. El pueblo ecuatoriano tiene memoria y recuerda las graves consecuencias que medidas de este tipo tuvieron sobre sus condiciones de vida en la década de los 90: empobrecimiento generalizado, precarización de las condiciones laborales, exclusión social; consecuencias especialmente graves para miles de mujeres que se vieron obligadas a migrar. Nos solidarizamos con las casi 500.000 personas ecuatorianas que viven en nuestro país; todo nuestro apoyo a sus familias.

Apoyamos las luchas históricas del pueblo ecuatoriano por la defensa de los bienes comunes, el territorio de las naciones indígenas y la protección de los recursos ante un modelo extractivo que nos ha llevado a la emergencia climática global.

Rechazamos la declaración del estado de excepción y la violencia ejercida por el gobierno. Un mecanismo que permite la represión de las manifestaciones, la suspensión del derecho de reunión y asociación, el control de los medios de comunicación o la detención arbitraria.

Llamamos al gobierno ecuatoriano a acabar con esta represión e iniciar un diálogo sostenido que permita acabar con esta grave crisis. Pedimos el gobierno español en funciones que actúe de manera inmediata y demande al gobierno ecuatoriano el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

 

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