Crissthian Olivera

¿Por qué es importante la sentencia contra el estado de Perú en el ‘caso Crissthian’?

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“Nos va a servir para afrontar el contexto ultraconservador que estamos viviendo”, explicó Crissthian Olivera tras conocerse el fallo.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  ‘caso Crissthian Olivera Fuentes vs. Perú’ es histórica para la comunidad LGTBIQ+ en el país andino y tendrá implicaciones en las políticas y la regulación de los derechos humanos del colectivo.

Establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó, hace 18 años, cuando fue expulsado de un supermercado por, supuestamente, mostrar “afecto” a su pareja. Concretamente, determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tal y como explica DEMUS, organización que lidera la campaña Justicia Arco Iris, en la que colaboramos desde Entrepueblos, el Estado peruano como responsable internacional deberá encargarse de:

  • Una campaña informativa anual para sensibilizar y concientizar sobre derechos LGTBIQ+
  • Un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual, de género, igualdad y no discriminación, con perspectiva de género y derechos humanos de personas LGTBIQ+ en el ámbito de consumo.
  • Una política pública para monitorear y fiscalizar a que las empresas y sus trabajadores cumplan con la legislación nacional así como los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación.

Además, la CorteIDH reconoció que, como resultado de la denegación de justicia, se vio afectada la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”. Así, como parte de las medidas de reparación, se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico a la víctima.

Protesta por la megaminería en Intag

Intag contra el extractivismo minero: una nueva victoria

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Las comunidades de Intag han vuelto a derrotar a la minería. La Corte Provincial de Imbabura aceptó el pasado 29 de marzo la acción de protección interpuesta por los pobladores de esta región del norte de Ecuador, una de las más ricas del Planeta en recursos biológicos y ambientales, en contra del proyecto minero Llurimagua operado por la minera chilena CODELCO y la estatal ecuatoriana ENAMI.

La sentencia emitida por la corte, según la información del Frente Nacional Antiminero, anula la licencia ambiental otorgada hace ya casi 10 años a la empresa estatal minera, por considerarse vulnerados los derechos a la consulta previa ambiental y los derechos de la naturaleza en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con la decisión de la corte provincial, ya son 6 las empresas mineras transnacionales que han debido abandonar la zona de Intag. Desde 1997, cuando la japonesa Bishimetals, subsidiaria del gigante Mitsubishi, fuera expulsada, otras 5 empresas, incluyendo ahora CODELCO, han tenido que retirarse de una zona donde su población, de manera firme, organizada y pacífica, se ha enfrentado a los proyectos mineros que amenazan la naturaleza y las comunidades.

Intag se encuentra en la región del Chocó y los Andes Tropicales, las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y es cuna de 21 ríos primigenios, más de 80 mil hectáreas de bosques, una importante producción agrícola y una rica cultura campesina. Esta sentencia, junto con la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, enfoque pionero en el mundo, ante la depredación que sufren nuestros pueblos en manos del capitalismo.

El extractivismo es la explotación masiva e intensiva de la naturaleza para su exportación como materia prima a un precio muy bajo que no compensa el coste medioambiental asociado y que perjudica y amenaza la forma de vida de las comunidades y las personas que viven y cuidan de sus pueblos. A diferencia de la minería artesanal, la megaminería requiere inversiones muy elevadas y tiene impactos nocivos sobre el entorno natural y social de los territorios: acapara millones de hectáreas, contamina ríos, mares y lagunas, produce millones de desechos sólidos y líquidos y genera ganancias de millones de dólares para las empresas transnacionales.