Palo Quemado y Las Pampas: dos pequeñas parroquias se enfrentan a la megaminería

Ecuador vive tiempos convulsos, tanto política como socialmente. Pero no todos los conflictos trascendentales salen en las páginas de los principales diarios a pesar de ser ejemplo de resistencia comunitaria y defensa del territorio y la naturaleza.

Es el caso de Palo Quemado, pequeña parroquia de Cotopaxi, en la que una parte de la población afectada por el proyecto minero La Plata se opone a que la empresa canadiense Atico Mining, obtenga la licencia ambiental para su ejecución, un permiso que otorga el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Palo Quemado es la tierra de ocho comunidades indígenas y en una de sus zonas hay importantes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. El pasado 15 de marzo, esta parroquia y la de Las Pampas, la otra afectada por el proyecto, se vieron ocupadas por cientos de militares, personal de seguridad privada de la empresa y policía estatal  para llevar a cabo una consulta de dudosa legalidad, generar miedo y coacción social, y reprimir a quienes se habían organizado para impedir la entrada de la multinacional extractiva. Su objetivo es defender su economía agrícola y ganadera, sus campos y ríos.

En los enfrentamientos posteriores de las fuerzas de seguridad (que dispararon gases lacrimógenos y perdigones), al menos 20 miembros de la comunidad resultaron heridos y 70 fueron procesados. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, que se encuentra en estado crítico, con heridas en la cara  y fracturas provocadas por los perdigones.

“No se puede considerar legítima una consulta realizada con solo 40 personas, y menos aún si se le pone un fusil a la población”, señaló Leonidas Iza,  presidente de la Confederación de Naciones Indígena de Ecuador, CONAIE.

“Estamos viviendo un problema bastante complejo a partir de esta consulta ambiental del año anterior que logramos frenar. A raíz de eso se han duplicado las fuerzas policías y militares. Pero lo más grave es que la empresa minera ha implantado bastante división y odio. Aquí somos pueblos pequeños, todos nos conocemos entre parroquias Y ahora hay bastante odio de los trabajadores de la empresa, no se cansan de publicar las fotos de los que defendemos poniendo que somos terroristas y se busca”, explica Luis Martínez, miembro de Defensores del Agua y Vida de Las Pampas.

Consulta ambiental suspendida

El pasado 27 de marzo, a través del Frente Nacional Antiminero y la CONAIE, supimos que la consulta ambiental fue paralizada cautelarmente y que, gracias a la presión comunitaria, con protestas en los territorios y también en Quito, y la orden judicial emitida,  la policía y los  militares abandonaron estos territorios, aunque se sigue exigiendo la nulidad de este referéndum, que las organizaciones que respaldan a las comunidades consideran “excluyente, discriminatoria y extemporánea”. La resistencia contra éste y otros proyectos mineros en todo el país continúa, y requerirá de apoyo internacional por parte de todas las organizaciones y personas que acompañamos a los pueblos de Ecuador.

Puedes ampliar información en:

  • Indymedia.org: https://argentina.indymedia.org/2024/04/07/ecuador-la-resistencia-de-palo-quemado-y-las-pampas-a-la-mineria-y-el-estado/

Imagen cedida por CONAIE.

 

Siete jóvenes de la Amazonía peruana filman su visión sobre la vida en la selva y sus comunidades en ‘Háblame como el Río’

10 cortos de 14 jóvenes de diferentes comunidades de la Amazonía peruana forman parte de la iniciativa ‘Háblame como el Río’, impulsada por un grupo de realizadores y activistas, en el marco del proyecto ‘Mujeres y hombres Awajún de Amazonas: por una gestión indígena del bosque amazónico’, financiado por la Generalitat Valenciana.

Del 22 al 30 de julio de 2023, los y las jóvenes autores, de siete naciones indígenas (Awajun, Wampis, Achuar, Kukukama, Kichwa, Arazaire y Shipibo,) y de las regiones de Loreto, Ucajali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Huánuco y Lima,  se reunieron en la ciudad de Lamas San Martín para realizar un taller de cine. Se formaron en técnicas de entrevista, ‘storyboard’, escritura de guiones, rodaje y edición. En sus vídeos,  exploraron lo que significa ser joven e indígena en una época en la que su hogar común, la selva amazónica, se enfrenta a una crisis de vida o muerte.

Háblame como el Río – introducción from Halal Scripted on Vimeo.

Los temas de sus historias incluyen, entre otros, la preservación de las tradiciones culturales indígenas, el impacto de ser un defensor del territorio en la vida individual, y los riesgos para la seguridad alimentaria en una comunidad con la integración en una economía monetizada. Todas las películas fueron escritas y conceptualizadas por los propios participantes, y para la mayoría era la primera historia audiovisual que creaban.

Fuego from Halal Scripted on Vimeo.

La formación fue realizada por los cineastas Sjoerd Oostrik, Gabriela Urco y Guusje van Deuren, y en el proyecto, además de Entrepueblos, han participado Amazon Watch y Welthungerhilfe.

Puedes acceder a todos los cortos en este enlace

8a Siembra de Berta: Reivindicamos el legado de Berta Cáceres y exigimos justicia en el octavo aniversario de su asesinato

Hace 8 años Berta Cáceres fue asesinada, pero el legado de la defensora hondureña permanece vivo y se multiplica, generando conciencias solidarias en quien  conoce más de cerca su lucha e historia.

Desde Entrepueblos, hemos querido acompañar a nuestra organización hermana, la COPINH, en el recuerdo del legado de Berta celebrando en Palma de Mallorca y Barcelona su 8a Siembra, y reclamando ¡Justicia para Berta!, ya que las sentencias contra David Castillo y los autores materiales del crimen no están todavía confirmadas. Además, la familia y compañeras de comunidad de Berta Cáceres reclaman que “todos los autores intelectuales, miembros de la  familia Atala Zablah, sean capturados, enjuiciados y condenados por su responsabilidad en el crimen, así como todos los funcionarios públicos del régimen de Juan Orlando Hernández vinculados al mismo”.

Os dejamos varias imágenes del acto que el pasado 2 de marzo tuvo lugar en Palma, en el mural dedicado a la activista en el parc de Ses Veles.

 

Manifiesto y ceremonia en Barcelona

En Barcelona, el domingo 3, también conmemoramos la Siembra de Berta, con un acto organizado en colaboración con la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, en el Memorial Berta Cáceres del Parc de les Glòries. Gracias a las participantes por este precioso vídeo:

Hoy 3 de marzo, nos reunimos en Barcelona organizaciones de mujeres migrantes, organizaciones feministas, organizaciones por la Justicia Global y de solidaridad internacionalista,  entidades vecinales de la ciudad y del distrito de Sant Martí para:

-Conmemorar 8 años de la siembra de Berta Cáceres

-Acuerpar su lucha llevada a cabo desde Honduras

-Replicar su legado en defensa de la vida, de los bosques, de los ríos (Defensa de nuestra Madre Tierra) ante los modelos extractivos y devoradores de gobiernos y empresas transnacionales.

-Replicamos también la palabra y el despertar de conciencias para cuidar de la vida y de nuestras cosmovisiones.

-Denunciar los genocidios que se están perpetuando en la actualidad de diferentes formas (nuestro rechazo al genocidio que está cometiendo el estado de Israel contra el pueblo de Palestina).

-Denunciar los silencios de los espacios de poder de los estados que pueden parar las guerras, no son genocidios aislados de la colonización y el capitalismo.

Pedimos justicia para Berta Cáceres, para su familia, para el COPINH y todo el pueblo Lenca,

Todos los movimientos presentes nos sumamos a sus demandas ante la corte exigiendo la confirmación de las sentencias ante el caso del feminicidio de Estado de Berta Cáceres, que han costado sacrificios y esfuerzos.

“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan. Los pueblos saben hacer justicia”

“La palabra vive al replicarse”

¡Así lo dijo Berta Cáceres!

Comunicado de la COPINH en la 8 Siembra de Berta

Compartimos el Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, al que perteneció Berta Cáceres y que continúa defendiendo los territorios del pueblo lenca y su derecho a vivir en armonía con la naturaleza.

El COPINH, junto a las hijas, hijo y madre de la compañera Berta Cáceres, se dirige al pueblo Lenca, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en este octavo aniversario del cruel crimen contra nuestra querida Berta.

  1. A ocho años de aquella noche fatídica en la que nos arrebataron a Berta, seguimos peleando por su justicia, sabiendo que su memoria no será honrada hasta que todos sus asesinos tengan condenas firmes y el pueblo Lenca no vea amenazada su vida y sus territorios.
  2. Lamentamos que a más de cinco años del primer fallo condenatorio contra los autores materiales del crimen y a cerca de tres años del fallo contra David Castillo como coautor, no hay resolución de los recursos de casación interpuestos en estos procesos en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y que por ende, estas sentencias no estén confirmadas. Esta situación es una clara vulneración del derecho de acceso a la justicia para las víctimas y un lastre para la justicia en Honduras. Es además, una oportunidad para que las mafias empresariales corruptas pretendan incidir en la resolución.
  3. En diciembre de 2023, el Ministerio Público encabezado por el ahora confirmado Fiscal General Yohel Zelaya, anunció un requerimiento y orden de captura contra Daniel Atala Midence, uno de los involucrados con la autoría intelectual del crimen contra Berta Cáceres, sin embargo, dicho anuncio propició su huída y hasta la fecha no hay información sobre su captura y enjuiciamiento. Este actuar no coincide con la correcta administración de la justicia.
  4. De igual manera, reiteramos que todos los autores intelectuales, miembros de la siniestra familia Atala Zablah, deben ser capturados, enjuiciados y condenados por su responsabilidad en el crimen, así como todos los funcionarios públicos del régimen de Juan Orlando Hernández vinculados al mismo.
  5. Las debilidades del sistema de justicia en Honduras nos hacen reiterar la necesidad del establecimiento de un Grupo Internacional de Investigación de este crimen, que permita avanzar de manera transparente, justa y efectiva en la justicia para Berta y desmantelar las estructuras criminales que están detrás de este crimen y de los crímenes contra quienes defendemos nuestros derechos.
  6. En estos años de lucha, hemos aprendido que la justicia va más allá de los tribunales; es un eco que resuena en la preservación de nuestra identidad, en la defensa de nuestros territorios y en la construcción de un futuro donde la voz de nuestras comunidades sea escuchada y respetada. Al recordar a Berta, recordamos también la importancia de preservar y fortalecer nuestras tradiciones, sabiduría y formas de vida. En este camino, no estamos solos ni solas y no desfalleceremos.
  7. La lucha por la justicia para Berta Cáceres es también la lucha por la preservación de nuestras raíces, por el derecho a vivir en armonía con la naturaleza y por un futuro donde la espiritualidad y la tierra sean pilares fundamentales.

Por ello, en esta fecha de conmemoración de la vida y lucha de Berta Cáceres y el Pueblo Lenca exigimos:

  1. La resolución de los recursos de casación de las dos sentencias por el crimen contra Berta Cáceres por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
  2. La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen por parte del Ministerio Público de Honduras.
  3. La instalación del Grupo Internacional de Investigación del crimen contra Berta Cáceres por parte del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
  4. El respeto del Estado en su conjunto de los territorios y derechos de las comunidades Lencas.

Berta Vive, la Lucha Sigue, en el latir eterno de nuestras comunidades y en la resistencia que emana de nuestra identidad ancestral.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

Nuevas movilizaciones en apoyo a Palestina y una charla-coloquio para entender las claves del conflicto

Tras las movilizaciones masivas de los últimos meses en varias ciudades españolas, y en especial la del pasado 20 de enero, el próximo 25 de febrero tendrá lugar una nueva convocatoria estatal para seguir presionando al gobierno del estado español para que ponga fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Apúntate la fecha e inscribe tu ciudad en este enlace de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, entidad convocante.

Esta es una de las muchas acciones de apoyo al pueblo palestino desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo un ataque de Hamás a Israel  que provocó que 1.200 personas perdieran la vida y casi 3.500 resultaran heridas, y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió declarando oficialmente la guerra y bombardeando la Franja de Gaza. Desde entonces, han muerto 26.000 gazatíes y el número de heridos en la Franja supera los 65.000 (cifras del Ministerio de Salud local).

Con motivo de los cuatro meses desde el inicio del conflicto, desde Entrepueblos apoyaremos también, el 7 de febrero, la jornada de lucha ‘Ama Palestina. Defiende la Vida’, que organiza defensempalestina.org  y cuyo manifiesto puedes leer en este enlace.

“No podamos ni queremos normalizar el genocidio. Este que es un aviso a todas las que creemos en la libertad y la justicia social. Queremos que las palestinas sepan que no están solas en la legítima resistencia contra el colonialismo y el imperialismo”. Manifiesto de la jornada de lucha del 7 de febrero.

Para entender el origen y contextualizar este conflicto, te animamos a ver la charla-coloquio que el catedrático de Historia y miembro de Entrepueblos, José Antonio Antón Valero, impartió el pasado 9 de enero en Fuente del Maestre, Badajoz.

Además de ver la charla, puedes leer en la Revista 80 Entrepueblos, el artículo El terrorismo de ‘Jamás’, de la economista y activista, Laila Jichi Ribera.

¡Defendamos la vida! ¡Paremos el genocidio!

 

 

Dos años después del vertido de Repsol en Perú, la costa no está rehabilitada y los pescadores no pueden salir a trabajar

Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.

Tal y como informa Climática-La Marea, “las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio“. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).

Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español,  Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Responsabilidad del gobierno Español

Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español “es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero”.

“Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

13 procesos administrativos en Perú

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.


Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79

Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.

Guatemala, normalizar la esperanza

El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.

A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:

  • aislamiento (falta de apoyo en centros urbanos, cuando no racismo y desprecio),
  • desarticulación entre diferentes luchas, y
  • estancamiento de las resistencias, con desarticulación creciente, divisiones y capacidad de convocatoria reducida, a partir de la derrota táctica de las movilizaciones de 2015 (salida de la CICIG y bloqueo de reformas para el reconocimiento del sistema jurídico mayab’).

Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).

En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.

En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.

El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.

Autoridad compartida versus uso y abuso de la fuerza

Xa jun qab’anom

Xa jun qatzij

Mani jachoj

Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew

Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)

El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.

Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).

Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).

El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.

Hacia dónde, cómo, con quiénes

El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:

  1. Defender, ampliar y resignificar la democracia

Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:

  • consolidar los resultados electorales,
  • detener la esclerotización del Estado en manos del sector ultraconservador que ahora lo gestiona,
  • comenzar a orientar el Estado hacia el desarrollo del bien común, al menos el común mínimo del Estado constitucional que propone Semilla, con acciones inmediatas en educación, salud, nutrición infantil, cultura y otras, que todavía no abordan desigualdades estructurales.

Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.

      2.  Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.

La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.

  1. Consolidar las articulaciones sociales dialogantes y horizontales.

Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El  camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).

El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.

  1. Continuar aprendiendo de propuestas de pueblos indígenas y formas de organización colectiva y comunitaria

Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.

El triunfo de la esperanza

Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.

En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.

La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.

Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.

Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.

  1. Una es nuestra palabra, una nuestra lucha, no hay división, somos una sola fuerza los cuatro pueblos de Iximulew.
  2. Consultas comunitarias, decenas de episodios de resistencias a las hidroeléctricas y empresas mineras, Marcha Indígena y Campesina, Marcha del Agua, Marcha de la Dignidad de los Pueblos, movimientos de tejedoras, por la recuperación de idiomas y cultura, y muchos más.
  3. La capacidad de articular a diferentes sectores sociales y organizaciones, tanto indígenas como mestizas, tanto urbanas como rurales, es insólita en la reciente historia de Guatemala. Los referentes más cercanos son posiblemente la Marcha de mineros de Ixtahuacán, las movilizaciones de campesinos de Quiché en la capital o la huelga de la Costa Sur de fines de los 70s e inicios de los 80s.

Crisis en Ecuador: Nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al Estado abordar el crimen organizado de forma estructural

Desde Entrepueblos, como asociación de cooperación solidaria que acompaña a organizaciones y comunidades ecuatorianas de defensa de los DDHH,  nos adherimos al pronunciamiento de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, suscrito el 10 de enero tras la escalada de violencia que se está viviendo en el país.

Así, tal y como señala, “nos solidarizamos con las víctimas de la violencia y exigimos al Estado abordar de forma estructural el problema del crimen organizado“, ya que las medidas populistas “no resultan eficaces y ahondan en la situación“.

“El crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado y ha debilitado su rol para garantizar la seguridad ciudadana. La infiltración ha sido evidente en los estamentos políticos, policiales, militares, judiciales, cooptados por el crimen organizado. Así, la “fuga” de líderes de bandas criminales en los últimos días o el ingreso de armas en los centros de privación de libertad sólo son posibles con la complicidad de funcionarios estatales. Sin embargo ninguna medida gubernamental se ha dirigido de manera estructural a depurar y fortalecer la institucionalidad ni a enfrentar los privilegios y sistemas de financiamiento de estas estructuras criminales”.

El pronunciamiento, impulsado por 15 organizaciones ecuatorianas, entre ellas Acción Ecológica, Surkuna o Yasunidos, incide en que “los conflictos armados incrementan la violencia hacia la población civil más vulnerable: mujeres, niños, niñas, adolescentes y diversidades sexo genéricas, así como su reclutamiento, la exacerbación de la xenofobia, etc. La historia de la región y el país, evidencia estos riesgos“.  Por ello, suscriben 9 puntos, entre ellos, denunciar que “la declaratoria antitécnica y acelerada de “conflicto armado interno” incrementa los riesgos de la población civil que está en medio de las hostilidades presentes y futuras y sobre la que no existen garantías de distinción y protección respecto de los denominados actores no estatales beligerantes“.

CONAIE: “El miedo no debe vencernos”

En otro comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, pide unidad y “respeto a las organizaciones como espacios legítimos de defensa ciudadana“. “Hacemos un llamado a los pueblos y nacionalidades para que mantengan activas las guardias comunitarias, controlen el ingreso a sus territorios y protejan la vida y la integridad de las comunidades“, indica el texto, compartido a través de sus redes sociales.

Para CONAIE, superar esta crisis requiere de “sumar esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad, organizaciones sociales, sociedad civil, pueblos y nacionalidades“: “El miedo y la amenaza no deben vencernos ya que está en juego el futuro de nuestra tierra y las generaciones venideras“.

 

DESCÁRGATE EL PRONUNCIAMIENTO EN PDF

Preocupación por la concesión de libertad a Alberto Fujimori, culpable por delitos de lesa humanidad

Entrepueblos, a través de la Plataforma Europa Perú (PEP) y la Red EU-LAT, se suma al rechazo de organizaciones nacionales e internacionales ante la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al ex presidente Alberto Fujimori, sentenciado por los crímenes de lesa humanidad en las masacres de la Cantuta y Barrios Altos.


Como integrantes de la Red EU-LAT y la Plataforma Europa Perú1 (PEP), desde Entrepueblos mostramos nuestra preocupación ante la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, el que, con fecha 4 de diciembre de 2023, ha otorgado la libertad al expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Instamos a las autoridades europeas a pronunciarse públicamente a través del Alto Representante para la Política Exterior expresando su preocupación y haciendo un llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.

Como se sabe, en 2009, Fujimori fue condenado por la Corte Suprema peruana a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, delitos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.

Cartel de protesta contra Alberto Fujimori en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

Cartel de protesta contra Alberto Fujimori en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

La actual decisión del Tribunal Constitucional contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha requerido al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden. Este requerimiento ha sido respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Türk, quien ha insistido en la rendición de cuentas y en el necesario respeto al derecho internacional. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional en nombre de la sociedad civil peruana. Pese a que el Estado Peruano ha reconocido soberanamente y aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH, el día 06 de diciembre, en contravención directa a sus obligaciones, Alberto Fujimori fue puesto en libertad.

La liberación de Fujimori es sólo uno más de los muchos signos del declive democrático que está sufriendo Perú y viene a socavar la larga lucha contra la impunidad y por la reconstrucción del Estado de derecho tras la dictadura instalada por Fujimori.

En atención a lo anterior,

  1. Nos unimos al llamado urgente de la comunidad nacional e internacional a defender la democracia y los derechos humanos en Perú.
  2. Solicitamos a las autoridades europeas a públicamente hacer una llamado a las autoridades peruanas a respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y en particular derecho a la verdad, justicia, y la reparación de las víctimas y de sus familiares.
  3. En seguimiento de las protestas del 7, 8 y 9 de diciembre, las autoridades europeas deben recordar la necesidad el legítimo derecho a la protesta de la población e instar al gobierno y las fuerzas armadas respeten los derechos fundamentales de las personas manifestantes.
  4. Instamos a la autoridades europeas a monitorear la situación y a solicitar una rendición de cuentas al Estado Peruano, en particular en el Marco del Diálogo de Derechos Humanos UE-Perú que tendrá lugar el primer semestre de 2024, y de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú.

[1] La PEP es una red que agrupa 15 organizaciones de derechos humanos europeas que velan por la protección de los derechos en el Perú: Perú Support Group (United Kingdom), 11.11.11 (Belgium), Commission Justice et Paix (Belgium), Entraide et Fraternité (Belgium),  CATAPA (Belgium), Broederlijk Delen (Belgium), FOS (Belgium), Informationsstelle Perú (Germany), Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Germany), Campaña Perú País Minero (Germany), Secours Catholique (France), Perú Kommitten for MR (Sweden), Entrepueblos (Spain), Asociación pro Derechos Humanos de España (Spain), ASTM (Luxembourg).