Ecuador en las garras de la codicia. Por Alberto Acosta.

Ecuador atraviesa una deriva política marcada por el autoritarismo, la subordinación al poder corporativo y una creciente represión. En este artículo, el economista Alberto Acosta —presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 2007-2008— analiza con claridad lo que se oculta tras los resultados electorales y el nuevo mandato de Daniel Noboa. No se trata solo de urnas: se trata de cómo se desmantelan derechos, se militariza la vida cotidiana y se consolida una política “abiertamente servil frente al coloso del norte». Publicamos este texto como adelanto de la nueva Revista Entrepueblos 83, que reúne voces y luchas desde distintos territorios para seguir construyendo horizontes emancipadores en tiempos de autoritarismo, extractivismo y resistencias populares.

 

13 de abril del 2025, un total de 189.654 ecuatorianos residentes en España están habilitados para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Ecuador, para elegir al binomio presidencial de la legislatura 2025-2029. Fotografía: Salgado Albán.

Ecuador en las garras de la codicia. Por Alberto Acosta*.

“Para la codicia nada es sagrado.

Si el Ave Fénix cayera en sus manos,

se la comería o la vendería.”

Juan Montalvo

Escritor ecuatoriano 1832-1889

En Ecuador concluyó un proceso electoral inédito. Se completó el ciclo desatado, en el año 2023, por “la muerte cruzada”. A raíz de la disolución de la Asamblea Nacional, se convocó a adelantadas elecciones presidenciales y legislativas, con la encomienda de completar el período pendiente. Eso abrió la puerta a un nuevo proceso electoral a cumplirse a inicios del año 2025.

Durante la primera vuelta, el pasado 9 de febrero, el presidente en funciones, Daniel Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, y Luisa González, candidata del progresismo, consiguieron aglutinar un 88% de los votos. Esta inusitada concentración de los votos se refleja por igual en el parlamento. Las dos fuerzas políticas suman 133 de los 151 curules: 67 el correísmo y 66 el noboísmo. Y en el balotaje, el domingo 13 de abril, Noboa triunfó con un margen del 11%; posicionándose como ganador en 19 de las 24 provincias.

La lista de desaciertos de la candidatura correísta es larga, tanto como los abusos de poder y las ilegalidades desplegadas por el candidato-presidente. El manejo del miedo por parte del poder, aupado por los grandes medios mercantilizados, exacerbó el conservadurismo de amplios segmentos de la población. Por su parte, el progresismo, en su prepotencia, demostró su incapacidad para hacer una autocrítica y rectificar rumbos. Un análisis detenido de lo sucedido permitiría conocer mejor las razones de este sorpresivo resultado.

Resaltando la incapacidad de las dos candidaturas para proponer un proyecto-país esperanzador, es indispensable tener en consideración la grave crisis que atraviesa Ecuador. La pandemia del COVID y su manejo, así como la política económica de los últimos años -que busca reducir el tamaño del Estado-, incluyendo los cambios en el negocio transnacional de la droga, aceleraron el deterioro. En poco tiempo, este país se transformó en una suerte de plataforma del crimen organizado, alcanzando los mayores niveles de violencia de la región. Además, impacta, en casi todos los órdenes de la vida nacional, el austericidio provocado por el neoliberalismo: con más pobreza y desempleo, con una creciente concentración de la riqueza; ahora en medio de graves destrozos provocados por una inusual época de lluvias. A esto se suma el impacto de la militarización de la sociedad decretado por el presidente Noboa a inicios del año 2024, que avanza con innumerables violaciones a los Derechos Humanos; acompañado con un exacerbado populismo penal, que recibe un amplio respaldo social.

En este entorno, con una economía colapsada, con incrementos de impuestos y de los precios de los combustibles, con brutales racionamientos evitables del suministro de electricidad, con una política represiva que ha provocado más de una veintena de desapariciones, con una incontenible violencia criminal, con una sistemática violación de las normas jurídicas por parte del candidato-presidente, resulta sorprendente que Noboa haya obtenido tan elevado respaldo en las urnas. Y llama la atención, también, la incapacidad de su contrincante, que incluso suscribió un acuerdo con la cúpula del Pachakutik, partido indígena, y con otras agrupaciones de la izquierda, para proponer respuestas aglutinantes capaces de enfrentar el peso del gobierno oligárquico de Noboa.

Que la cancha estuvo inclinada, no cabe duda, como en tantas otras veces en la historia reciente. Pero de allí a aceptar a pie juntillas el reclamo de un “mega fraude” por parte de la candidatura derrotada hay un largo trecho. El manejo fraudulento de las actas electorales debe ser probado, no solo enunciado. Aunque bien podríamos decir que el fraude es de otro tipo. En el proceso electoral, el gobernante en funciones irrespetó sistemáticamente la Constitución y la ley, por ejemplo, no encargó la Presidencia a la vicepresidenta, contando con la complicidad de una institución electoral totalmente servil. Creo un ambiente aún más hostil recurriendo a nuevos estados de excepción. Abusando de los recursos estatales “compró votos”, sea entregando bonos, becas, tarifas subsidiadas de electricidad, donando alimentos…

Debe quedar claro que no sirven aquellas lecturas telescópicas, que concluyen que “la derecha se impuso a la izquierda”. Sin negar la impronta de derecha autoritaria del presidente reelecto, es preciso entender que las dos fuerzas políticas, con discursos y algunas posiciones diferentes, están embarcadas en el mismo tren que va hacia la modernización del capitalismo; definitivamente no basta caminar en dirección opuesta por los pasillos de dicho tren, creyendo que así se impulsan cambios revolucionarios…

En medio de una campaña bastante anodina, cargada de agresiones y ataques incluso personales, donde las propuestas estuvieron prácticamente ausentes, se evidencian las similitudes. Las dos candidaturas suscribieron un documento antiderechos, en tanto se adhirieron a posiciones contrarias a las demandas de los movimientos feministas y de las minorías sexuales. Noboa y González propusieron una Asamblea Constituyente, lo que pondría en grave riesgo los avances constitucionales del año 2008. Por igual, con el fin de enfrentar la creciente ola de inseguridad, las dos candidaturas coincidían en el uso de la mano dura e inclusive optaron por recurrir a personas vinculadas a prácticas mercenarias, él con uno estadounidense y ella -que propuso expulsar venezolanos a lo Trump- con un mercenario criollo. Ambas opciones afincan gran parte de sus estrategias económicas en los extractivismos. Aunque pueda sorprender, los grandes grupos de poder económico se ubicaron a ambos lados del escenario electoral, sea porque ya lucraron durante el gobierno de Correa y tienen recelo por la desmedida codicia del mandatario en funciones y de su familia, o porque confían algún beneficio de un gobierno abiertamente pro-empresarial. Ambos finalistas coincidieron en la defensa de la dolarización, transformada en el gran tótem de la economía ecuatoriana; cuestión que fue utilizada en campaña por el noboismo anotando que “Luisa desdolariza”, recordando que algunos líderes del correismo fueron duros críticos de esa medida monetaria.

Un punto medular a considerar, teniendo en cuenta de que se trata de la primera elección presidencial en América Latina en la reciente era Trump, es la posición abiertamente servil del presidente Noboa frente al coloso del norte. A inicios de su gestión él intentó entregar armas de origen ruso y ucraniano a los EEUU -que las habría enviado a Ucrania- a cambio de nuevo armamento norteamericano. Es permanente su posición de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; país que también gravitó como un fantasma levantado por la derecha en la campaña. El apoyo al gobierno de Netanyahu, es otro aspecto a considerar. Pero, sobre todo, Noboa está empeñado en permitir la instalación de tropas yanquis en territorio ecuatoriano, pretextando el combate al narcotráfico.

En síntesis, la neoliberalización, que viene de la mano de la militarización configura una suerte de tenaza que afecta a la democracia. En este contexto los movimientos populares no encuentran un momento de tregua para enfrentar la codicia de los poderosos. Tarea que demanda unidad, claridad y creatividad.

Quito, 15.05.25

*Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008)

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¡Colabora con CIDECI para la formación y apoyo a jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas!

Entrepueblos acompaña desde hace más de 20 años  al Centro Indígena de Capacitación Integral ‘Fray Bartolomé de las Casas’ -CIDECI- en Chiapas, México. La situación de Chiapas es actualmente muy compleja y desde CIDECI nos solicitan una ayuda económica  puntual para poder hacer frente a unos meses que han sido especialmente duros y violentos en la zona. Estos fondos serán empleados al cien por cien para poder continuar con las labores formativas del centro con jóvenes indígenas de las áreas rurales y dar apoyo a las comunidades indígenas que están sufriendo una situación de violencia y discriminación.

El CIDECI es un espacio abierto de aprendizaje, vivencial, de acogida para multitud de pueblos y comunidades indígenas y organizaciones. Su papel ha sido y es determinante en la formación y capacitación, totalmente gratuita, de miles de jóvenes mujeres y hombres indígenas chiapanecas/os. Con su labor, ha dotado a los y las jóvenes de herramientas y habilidades para enfrentar un contexto económico, social, político y cultural profundamente hostil y discriminatorio.

A lo largo de sus 34 años de vida, en el centro se han capacitado más de 30.000 jóvenes (40% mujeres) indígenas. Además, muchos/as de esas/os jóvenes han puesto en marcha, con apoyo del CIDECI, pequeños proyectos comunitarios que han venido contribuyendo a la construcción de tejido social, económico y productivo en las comunidades.

El CIDECI también ofrece asesorías a todo tipo a comunidades y organizaciones de la sociedad civil en su búsqueda de alternativas de desarrollo autónomas y emancipadoras y brinda apoyo a organizaciones y comunidades que necesiten un espacio seguro y de confianza para realizar sus actividades.

Además, en los últimos años, en el CIDECI se han llevado a cabo importantes eventos internacionales. Destacamos algunos de ellos:

  • Escuelita “La libertad según los/as Zapatistas” con el objetivo de compartir con la sociedad civil nacional e internacional la experiencia zapatista.
  • Festival mundial de las resistencias y las rebeldías.
  • Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”.
  • Encuentro “Los/as zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”.
  • Asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno con la participación de lideresas y líderes, y delegadas/os de todos los estados de México.
  • Festival “ComParte por la Humanidad”.
  • Conversatorio “Miradas, Escuchas y Palabras: ¿Prohibido Pensar?”, con una serie de 12 sesiones.
  • CompArte de Danza “Báilate Otro Mundo”.
  • Foro en defensa del Territorio y la Madre Tierra.
  • Encuentro de la “Caravana el Sur Resiste”.

Desde Entrepueblos consideramos que el caminar del CIDECI es muy valioso y por eso llevamos más de 20 años acompañando sus procesos en el marco de proyectos de cooperación y lo seguiremos haciendo.

Por ello, en nuestro compromiso y profunda confianza hacia el trabajo del CIDECI, abriremos una cuenta bancaria del 17 al 30 de septiembre para recibir apoyo económico de nuestras gentes amigas para poder apoyar al CIDECI en este momento puntual.

Podéis hacer vuestras aportaciones a la cuenta de Entrepueblos en Triodos ES05 1491 0001 21 3000079938 indicando en el concepto “Campaña apoyo al CIDECI”

1 año del #SíalYasuní: la Nacionalidad Waorani reclama formar parte de la recuperación social y ambiental del territorio

El primer aniversario de la Consulta del Yasuní , el 20 de agosto, fue la constatación de que la sociedad civil y, especialmente, las poblaciones indígenas locales trabajan ya en un nuevo escenario social y económico post extractivista, dejando atrás décadas de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

A lo largo de la jornada, se conmemoró el resultado de la Consulta de 2023, que tuvo un apoyo de casi 60% de la ciudadanía a favor de dejar bajo tierra parte del petróleo sin explotar, un hito en la justicia climática y de la democracia participativa en Ecuador y en todo el Planeta. Pero, sobre todo, se reivindicó que sean las comunidades locales pobladoras las que decidan sobre la transición en el Yasuní.

«El gobierno no ha cumplido con el compromiso que hizo con la Amazonía. Venimos de tan lejos y estamos aquí para pedir que se respeten los derechos de los Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane», dijo Alicia Cahuiya, lideresa Waorani.

Junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales y ambientales, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) se movilizó en Quito frente al Ministerio de Energía y Minas para exigir, en palabras de su presidente Juan Bay, que el pueblo al que representan (el grupo humano más numeroso que habita este Parque Nacional) «sea considerado parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní«, creado en el mes de mayo por el presidente Daniel Noboa.

En este sentido, la NAWE organizo una cumbre internacional por el Yasuní este 28, 29 y 30 de agosto en Puyo, Pastaza, para comenzar a desarrollar un Plan de Acción Post Consulta Popular, promoviendo alternativas al extractivismo.

Desde Acción Ecológica, una de nuestras organizaciones aliadas en Ecuador y referente en la defensa ambiental, señalan que el gran reto para llevar a cabo una transición justa es saber «qué vamos hacer con las zonas que ya fueron sacrificadas y con la infraestructura que ya está poniendo en condiciones de vida «no digna» a las poblaciones que habitan estos lugares«.

«Si echamos una mirada a lo que ha pasado con los grandes desastres como Brumadinho (rotura de una presa en 2019 en  Brasil), el caso Chevron-Texaco en Ecuador, o ahora, con el cambio climático (…) nos damos cuenta de lo importante que es hablar del desmantelamiento y reparación de las zonas ya afectadas, y creo que ésta es la gran oportunidad. Ecuador puede ser el líder no solo por lograr con el voto de 5 millones de ecuatorianos parar una operación y salvar un área protegida sino porque vamos a aprender que una vez las zonas son sacrificadas, la decisión no puede ser el abandono», explica Esperanza Martínez.

Auditoría transparente de las concesiones mineras

Con motivo del 20 de agosto, Acción Ecológica destaca también el éxito de la otra Consulta Ambiental que tuvo lugar hace 12 meses, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Ecuador: la decisión ciudadana de preservar el Chocó Andino y eliminar las concesiones de minería metálica.

«Es crucial que las instituciones del Estado realicen una auditoría transparente de las concesiones mineras, y, que se proteja el Chocó Andino, un territorio que sus habitantes defienden con prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas», explicó la organización en la rueda de prensa del colectivo Quito sin Minería.

Acción Ecológica dedica un boletín especial (que os recomendamos leer) a ambas luchas y al futuro inminente de cada una de ellas.

Desde Entrepueblos, como parte de nuestro apoyo y acompañamiento a la defensa del Yasuní, apoyamos la reivindicación de la nacionalidad waorani y trabajamos ya en nuevas acciones de nuestra campaña Yasunicemos el Mundo para apoyar una transición ecosocial justa en la Amazonía ecuatoriana desde la corresponsabilidad que nuestras instituciones y empresas tienen en este territorio.

Lee la entrevista de Climática a tres de los impulsores de la Consulta del Sí al Yasuní (publicada en junio de 2024).

Compartimos la sentencia del II Tribunal Arcoíris, alianza que promueve la justicia LGTBIQ+ en Perú

Desde hace 8 años, Asociación Entrepueblos colabora en Justicia Arcoíris, un proyecto liderado por nuestras aliadas DEMUS que promueve que jueces, juezas, fiscales y otros funcionarios y funcionarias encargadas de administrar justicia en Perú cumplan con la aplicación del enfoque de género y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las persones LGTBIQ+. El objetivo es garantizar los principios de igualdad, no discriminación y el acceso a la justicia.

En el marco de esta alianza, de la que nuestra organización forma parte gracias al apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat Valenciana, se acaba de editar la Sentencia del II Tribunal Arcoíris, que puedes leer completa en este enlace. Este Tribunal ‘simbólico’ es impulsado por la sociedad civil para visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos a persones LGTBIQ+ y, en marzo de 2024, se centró en 6 casos de discriminación y violencias:

«La sentencia ejemplifica cómo debería funcionar un verdadero sistema de justicia basado en derechos humanos«, señalan desde DEMUS.

  1. Casos Azul Rojas (tortura) y Crisssthian Olivera (discriminación por orientación sexual), que incluirían el incumplimiento por parte del Estado peruano de las medidas de reparación integral y no reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  2. Discriminación a mujeres trans por parte de la ciudadana antiderechos Olga Izquierdo, a través de una campaña de odio en redes sociales alentada por grupos ultras relacionada con el uso de los baños en el aeropuerto  Jorge Chávez.
  3. Tortura y transhomicidio de Rodrigo Ventosilla; y tortura y discriminación a su esposo, Sebastián Marallano, por parte de las autoridades policiales de Bali (Indonesia). Se destaca también «la falta de diligencia» de las autoridades consulares de Perú.
  4. Caso #TengoDosMamas, considerado lesbofobia ya que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se niega a registrar a Jenny Trujillo y Darling Delfín en el DNI de su hijo como sus madres pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.
  5. Crímenes de odio contra las mujeres trans trabajadoras sexuales Ruby y Priscila.
  6. Discriminación y violencia institucional contra mujeres lesbianas en Arequipa.

Recomendaciones y peticiones

Además de brindar contexto y marco legal a cada caso, la sentencia aporta recomendaciones detalladas a las instituciones implicada con el objeto de garantizar la reparación de las víctimas y prevenir posibles delitos y aporta las siguientes peticiones (extraídas del texto íntegro de la sentencia).

  • «Tutela jurisdiccional internacional ante la vulneración de derechos cometidos por el Estado peruano en perjuicio de Azul Rojas y Crisssthian Olivera«.
  • «El Tribunal declara que Olga Izquierdo desarrolló actos de discriminación que se encuadran en el tipo penal «discriminación e incitación a la discriminación, comprendido en el artículo 323 del Código Penal (peruano), cuyo bien jurídico protegido en la igualdad».
  • «Existen diversas vulneraciones en el caso que involucra la muerte de Rodrigo Ventocilla y las afectaciones a Sebastián Marallano. (…) Las autoridades no adoptaron las medidas cautelares necesarias para evitar la muerte de una persona trans y «se cometió una gravísima vulneración a los derechos humanos de los esposos peruanos que se encontraban fuera del territorio nacional en situación de vulnerabilidad, debido a la falta de protección jurídica de sus identidades en el país de origen».
  • Caso #TengodosMamas: «Se exhorta a la CIDH para que resuelva con celeridad la petición de Darling, Jenny y su hijo, en relación a que se cumplen los criterios de priorización señalados en la Resolución 4/23, en un contexto de lesbofobia agravada en el Estado y la sociedad».
  • «El Tribunal declara al Estado peruano responsable de los crímenes de odio cometidos contra mujeres trans trabajadoras sexuales por la vulneración a los derechos a la vida y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la vida libre de violencia, derecho a la integridad personal de Ruby, Priscila y sus familiares».
  • «Hubo actos de discriminación y violencia institucional cometidos en contra de mujeres lesbianas de Arequipa por parte de la Municipalidad Provincial».

Sobre el transhomicidio de Rodrigo Ventocilla en Bali, el Tribunal concluye que «la representación diplomática de Perú tiene responsabilidad directa a causa de la omisión de asistencia de personas en peligro, lo cual es un delito del sistema de justicia nacional (peruano). En este sentido se hace inminente la investigación y sanciones correspondientes de estas autoridades», así como garantizar una reparación integral.

Los tribunales simbólicos forman parte de la estrategia de resistencia feminista y justicia restaurativa. Como parte de su estrategia, Entrepueblos trabaja en la defensa de «la libertad de vivir y expresar identidades disidentes, al margen de la heteronormatividad (sexual y de género) y contra la LGTBIfobia».

Más información sobre Justicia Arcoiris.