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Tras el juicio celebrado hoy 12 de noviembre, Bernardo Caal líder q’echi’ ha sido sentenciado injustamente a 7 años y 4 meses de prision por un tribunal de justicia de Cobán, Alta Verapaz, por denunciar irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en Alta Verapaz en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón.
Desgraciadamente, una vez más se criminaliza a quienes defienden los derechos humanos.
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Josep Borrell
Madrid, 8 de noviembre de 2018
Excelentísimo señor Borrell:
Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la situación del líder comunitario y defensor de derechos humanos Bernardo Caal Xol , miembro de la Resistencia Pacífica de Cahabón, Guatemala, quien se encuentra privado de libertad desde el 30 de enero de 2018, acusado de detenciones ilegales y robo agravado.
Las acusaciones y la detención de Bernardo Caal se producen como consecuencia del activo papel que ha mantenido el líder q’echi’ en denunciar las irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en el departamento de Alta Verapaz por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón, como OXEC y RENACE. Este último cuenta con la participación de la empresa española ACS , presidida por Florentino Pérez, que a través de su filial Cobra, presta sus servicios de ingeniería y construcción del complejo hidroeléctrico.
Junto con el pueblo q’eqchi’, Bernardo Caal ha defendido pública y pacíficamente el desacuerdo de los pueblos indígenas con estos megaproyectos encabezando demandas penales en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, en las que ha denunciado las ilegalidades con que fueron concedidas las licencias, así como la ausencia de un ejercicio de consulta libre, previa e informada a las comunidades locales tal y como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El caso de Bernardo Caal constituye un claro ejemplo de persecución y uso indebido del sistema jurídico para criminalizar a quienes defienden el territorio y el medio ambiente frente a grandes megaproyectos. Pese a la inconsistencia de las pruebas presentadas en su contra, el Ministerio Público ha solicitado para él 14 años de prisión.
Desde la cárcel, el líder q’echi’ envía una carta a instituciones y organizaciones Internacionales en la que, de su puño y letra, manifiesta lo siguiente: “ El río Cahabón es sagrado para nosotros los q’echi’es. […] Pero las empresas, sin importar y sin consultar, nos han robado el río Cahabón con todos sus afluentes. […] Una de las empreses que se ha dado a la tarea de llevar en túnel nuestro río sagrado es ACS, Cobra, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. […] Exijo a ustedes un mayor control sobre las empreses españolas para que respeten los derechos de los pueblos indígenas y que no nos traten como criminales por exigir nuestros derechos. […] Llevo más de 7.000 horas encarcelado y estas empresas me han criminalizado. Han utilizado los medios de comunicación para crearme la imagen ante el pueblo que soy un criminal.”
Estamos enormemente preocupadas por el hostigamiento y la criminalización contra quienes defienden la tierra, el agua y el medio ambiente. Porque, lamentablemente, el caso de Bernardo Caal no es un hecho aislado. Vemos con preocupación cómo en los últimos años se han profundizado la gravedad y la intensidad de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos todo el mundo, y en particular en Guatemala.
Según los registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), durante el año 2017 se cometieron 493 ataques y/o agresiones contra personas defensoras, lo que supone un 46,6% más que el año previo. De las agresiones registradas, más de un tercio constituyen actos de difamación, detención arbitraria y denuncia judicial, como los cometidos contra Bernardo Caal Xol.
Por todo ello, nos permitimos solicitarle de manera más respetuosa que proceda de forma urgente a:
Interceder en el caso y pedir al Gobierno de Guatemala un trato justo a Bernardo Caal Xol y que, ante la acusatorias consistentes, proceda a su puesta en libertad inmediata falta de pruebas;
Instar al Gobierno de Guatemala que tome las medidas necesarias para cumplir con el Convenio 169 de la OIT garantizando el derecho a la consulta de las comunidades locales cuando un megaproyecto afecta a su territorio;
Instar al Gobierno de Guatemala que tome medidas para garantizar la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos para que éstas puedan ejercer su legítima labor con todas las garantías de seguridad en el ejercicio de sus derechos;
Instar a la empresa ACS que abandone las obras en el complejo hidroeléctrico RENACE y realizar una investigación de los impactos de dicho proyecto sobre los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades indígenas q’echi’ de las operaciones de la empresa española ACS en Guatemala;
Promover mecanismos de control de obligado cumplimiento sobre las empreses operando en Guatemala para garantizar que sus actividades económicas no vulneran los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades indígenas;
Firman:
Alianza por la Solidaridad
Amycos.org
ATTAC España
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Ecologistas en Acción
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Fundación APY
Greenpeace España
InspirAction
JASS -Asociadas por lo Justo-
Lafede.cat
NOVACT
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Mugarik Gabe
Impresiones sobre el encuentro de redes europeas de solidaridad.
Entre el 15 y 17 de junio de 2018 se reunieron en Berlín (Alemania) diferentes grupos europeos que hacen trabajo por Honduras para crear una red. Se proyectaron alrededor de 15 iniciativas y se crearon los fundamentos para un futuro trabajo de colaboración europea.
Por Kirstin Büttner publicado en la revista ila 418
El asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, y tanto la implicación de los bancos de cooperación al desarrollo de Holanda y Finlandia como la empresa Voith Hydro /Siemens en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, no ha cambiado que bancos y empresas europeas sigan haciendo negocios con Honduras, al mismo tiempo que ignoran las violaciones a los derechos humanos. Por nombrar sólo algún ejemplo: la empresa austriaca Geppert Hydropower participa del proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en Atlántida, donde desde inicios de 2017 se registra un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra pobladores de la zona en oposición al proyecto; el banco de cooperación al desarrollo austriaco está involucrado en proyectos de energía solar “Valle Solar” en la costa pacífica; la empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del Estado de Babiera, de la República Federal Alemana y del gobierno de la ciudad de Munich) en la construcción y funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola. Lo mismo ocurre con el programa de la UE “Eurojusticia”, que co-financia el corrupto sistema judicial hondureño.
Desde el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 se crearon numerosas iniciativas alrededor del mundo para solidarizarse con el heterogéneo movimiento social hondureño, que se resiste a la venta de su país y la explotación de sus recursos. Muchos grupos que trabajaron después del golpe de Estado en 2009 o antes con movimientos sociales en Honduras, reanudaron su trabajo conjunto. El espectro de trabajo abarca desde el trabajo de apoyo en el sitio, cabildeo y sobre respeto a los derechos humanos hasta el trabajo de difusión pública en países en Europa.
En cooperación con la organización ambientalista Naturfreunde-Berlín y la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia Munich, la Honduras delegación y el colectivo CADEHO organizaron el encuentro de la red europea. Iniciativas y colectivos de España, Italia, Noruega, Suiza, Francia y Alemania se reunieron en el Centro Cultural KuBIZ Raoul Wallenberg en Berlín-Weißensee. Entre otros llegaron grupos solidarios de base como CICA (Colectivo Italia Centro América), que tienen muchos años de experiencia en el trabajo de acompañamiento en Honduras; el colectivo de teatro Comité Berta Vive Milano, que hace representaciones teatrales desde 2016; ENTREPUEBLOS (del Estado español) que investiga la situación en Honduras desde los años 90; el Honduras Forum Suiza, que comenzó a trabajar en 2012 y trabaja por los derechos humanos y una relación justa entre Suiza y Honduras.
A través de diferentes talleres se trabajó sobre los temas actuales, así como las posibles formas de crear estructuras. Se discutió el cabildeo a nivel de la UE, la comunicación y la coordinación del trabajo de acompañamiento en Honduras. También se trató la actualidad sobre el proceso judicial para exclarecer y juzgar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y del apoyo al Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Honduras. La pregunta de como enlazar un trabajo conjunto estaba siempre en primer plano.
Rita Trautmann de CADEHO enfatizó, que el objetivo es conseguir que grupos de base europeos que no tienen recursos de financiación y su estructura de trabajo es voluntaria, puedan conocerse y poder llegar a unos principios básicos, basados en la confianza y el compromiso. “Muchxs trabajamos en los mismos temas y podemos ahorrar mucho trabajo duplicado si nos coordinamos bien. Ha habido experiencias sobre delegaciones o eventos en Honduras, pero ahora tenemos unos principios en común. Eso vale mucho. La situación en Honduras requiere que estemos más coordinadxs, especialmente en lo que respecta a demostrar la corresponsabilidad de empresas y gobiernos europeos en violaciones de derechos humanos en Honduras. Esto también lo demuestra la demanda presentada recientemente por familiares de Berta Cáceres y COPINH contra el banco de cooperación FMO de Holanda.
La reunión se enriqueció con un representante de la Voz de los Abajo en Chicago y fundador de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) en los Estados Unidos y Canadá. La forma en que esta red trabaja conjuntamente con diferentes organizaciones ha motivado a crear una red en Europa. A pesar de jornadas intensas de trabajo tampoco se descuidó el aspecto cultural. Se desarrollaron diferentes actuaciones teatrales como la del Comité Berta Vive Milano, la cantante Karla Lara y la escritora Melissa Cardoza de Honduras. En una mezcla de teatro político, canto y letras, los dos artistas llevaron a los invitados a un viaje emocional a Centroamérica con una representación sobre la situación de las mujeres hondureñas en la resistencia.
La reunión terminó con una declaración conjunta. 1Hemos establecido una red europea y trabajaremos más estrechamente para convertirnos en una oposición europea más fuerte que apoye y fortalezca los procesos independientes de los movimientos sociales en Honduras. Se prevé repetir este tipo de encuentros el próximo año y se esta determinando el país.
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte junto a más de 300 organizaciones de la sociedad civil de 73 países, reiteramos nuestra oposición los tribunales de solución de controversias inversionista-Estado, ISDS, y a los derechos otorgados a inversionistas extranjeros por los tratados de comercio e inversión.
Sabemos que el régimen de los tratados de comercio e inversión y los tribunales de arbitraje internacionales (ISDS) favorecen solo a una clase de intereses -empresas e inversionistas multinacionales- otorgándoles el poder de demandar a los gobiernos más allá de sus sistemas judiciales nacionales y así poder compensar sus intereses por cantidades ilimitadas, incluyendo la pérdida de los beneficios futuros esperados. Además de una amplia gama de leyes nacionales, fallos judiciales, regulaciones y otras acciones gubernamentales están sujetas a tales ataques, incluidas las políticas sociales.
En los últimos años, los ISDS, instrumento clave antes poco conocido de los tratados de comercio e inversión internacional, ha recibido múltiples críticas: funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, pequeñas empresas, académicos, juristas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de todo el mundo han proclamado públicamente su oposición y han instado a los gobiernos a posicionarse contra estos tratados. El número de casos de ISDS presentados cada año se ha disparado, enriqueciendo y otorgando cada vez más poder a las grandes corporaciones en detrimento de las políticas públicas. Algunos gobiernos están rechazando los tratados que incluyen ISDS y otros tratados de comercio e inversión que otorgan derechos excesivos a inversionistas extranjeros.
Desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte suscribimos esta Carta Globaly hacemos un llamado a nuestros gobiernos, para que se abstengan de firmar nuevos tratados comerciales y de inversión que incluyan estos derechos extraordinarios a inversionistas extranjeros, que rescindan los tratados vigentes de ISDS y que utilicen el proceso de la CNUDMI para abordar los problemas fundamentales del sistema actual. Que los gobiernos rechacen la propuesta de la “corte multilateral de inversiones” de la UE, el establecimiento de un mecanismo de apelación o cualquier otro intento de institucionalizar o afianzar aún más el régimen de arbitraje de inversión.
En las últimas semanas miles de hondureñas y hondureños se han organizado en caravanas colectivas de migrantes y se han echado a andar, a menudo en familia, y con las mínimas pertenencias que pueden acarrear. El objetivo es atravesar Guatemala y México para llegar a los EE.UU. Huyen de la pobreza y la violencia. Es a la vez un gesto de pura sobrevivencia y de denuncia, un grito desgarrado, si hay alguien que quiera oírlo, sobre la insoportable situación que vive la gente de las clases populares en Honduras, y por haber perdido cualquier atisbo de esperanza de encontrarle remedio.
Hay una gran y lógica intuición en no querer seguir caminando individualmente como carne de cañón de toda suerte de mafias y fronteras policiales el itinerario de la migración, sino hacerlo con la protección que da el colectivo. De esta forma su caminar se convierte también en una denuncia de las políticas migratorias por donde pasan y, sobre todo, de los EE.UU. Las imágenes que nos llegan nos recuerdan inevitablemente el éxodo de la crisis de Siria.
Pero, ¿hay guerra en Honduras?…, ¿de qué huye entonces esta gente? Si se pudiera resumir en pocas palabras: huyen del desarrollo y su necropolítica.
Durante décadas se ha mantenido un malentendido con esto del desarrollo. Parecía que se trataba de que los países “subdesarrollados” accedieran a las mismas cuotas y modelos, económicos, sociales y políticos de los países “avanzados”. Pero la historia nos ha demostrado tercamente que el desarrollo capitalista “realmente existente” no funciona así, sino que evoluciona de forma desigual y en trayectorias diversas, según la función que cada país tiene adjudicada dentro de la división internacional del trabajo.
La función primordial de América Latina en el orden global del siglo XXI -con gobiernos neoliberales o progresistas- es la de suministrar materias primas para su transformación en otros países como valores de consumo. Sí…, es un diseño nada original, ya son más de 500 años de venas abiertas.
Es dentro de este diseño que podemos decir que hoy Honduras es, desgraciadamente, uno de los países más desarrollados. Especialmente después del golpe de estado de 2009 el país ha experimentado un gran empuje del desarrollo:
– Con la nueva ley de minería de 2013 han sido aprobados 384 proyectos mineros, otorgados 850 títulos y delimitadas 950 zonas de reserva minera. Todas estas solicitudes en proceso, afectan a cerca de 350.000 hectáreas. Todo ello pese a que, entre 2000 y 2015, la minería contribuyó en menos del 1% al PIB, y era el sector que creaba menos empleo en el país.
– Los cultivos extensivos de palma africana ocupan más de 300.000 hectáreas, y están en fase de expansión, principalmente para la producción de agro-combustibles. Estas plantaciones consumen la misma cantidad de agua que 18 millones de personas -en un país de 8 millones de habitantes-.
– En estos últimos años se han aprobado 48 proyectos de grandes represas y otras 123 de menor tamaño.
– Y todo ello sin contar los territorios acaparados para las infraestructuras turísticas.
El inconveniente para las empresas extractivas es que en todos estos territorios vive gente, a la que hay que despojar -eludiendo la obligación de consulta- de sus tierras, ríos, fuentes de agua, zonas de pesca…
¿Es posible gobernar a gusto de Alexis de Tocqueville en países con este extremo desarrollo? Las élites locales, y las bolsas de Wall Street, Shangai, Toronto o Frankfurt no lo ven viable. No hay espacio para pactos sociales. Pruebas de ello las hemos tenido con el golpe de estado de 2009, y más recientemente en noviembre de 2017, con el clamoroso pucherazo en las elecciones presidenciales, tras la suspensión del recuento durante más de tres días cuando ganaba el candidato de la oposición, ante las narices tapadas de la “comunidad internacional”, Comisión Europea en primer lugar.
Un país así requiere un gobierno de gestores sin escrúpulos del necropoder y los necronegocios. Otro tipo de gobernabilidad requeriría un diseño y una trayectoria diferentes para Honduras.
Y, efectivamente, el año pasado Global Witness publicaba el informe “Honduras, el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, donde se dice que “las industrias extractivas con el apoyo de élites políticas y empresariales y funcionarios corruptos están detrás del acoso hasta el asesinato de activistas”.
Honduras tiene uno de los mayores índices de violencia en el mundo. En 2017 se han registrado 389 feminicidios. La tasa de pobreza alcanza al 64,5% y la desigualdad es la más alta de América Latina. Por todo ello entre 80.000 y 100.000 personas emigran cada año sólo a los Estados Unidos.
Sólo tomando conciencia de este contexto se puede valorar en toda su dimensión la tarea de resistencia de las comunidades y las organizaciones populares en Honduras… o en la vecina Guatemala. Desde las mujeres pobladoras que se levantan cada día intentando no pensar en la heroicidad que supone seguir viviendo, hasta las organizaciones y personas concretas (indígenas, garífunas, campesinas, estudiantes, feministas, colectivos LGTBI) que se atreven a levantar, contra todo pronóstico, su voz, su nombre y su cuerpo para defender los derechos de su gente y de la naturaleza.
En estos días en que el juicio por el asesinato de Berta Cáceres erra en el laberinto de la imaginaria justicia hondureña -generosamente subvencionada por la cooperación española, por cierto-, organizaciones de solidaridad y derechos humanos presionan a la comunidad internacional para denunciar todas las irregularidades en la instrucción del caso. En este episodio nos jugamos mucho más que conseguir justicia para Berta. Detrás hay decenas de activistas y miembros de comunidades que no son tan visibles en los medios de incomunicación, heroínas cotidianas de la primera línea de resistencia ante la necropolítica del desarrollo.
No es una cuestión de altruismo, se trata de saber hasta qué punto nuestro futuro está cada vez más ligado a sus resistencias. Del mismo modo que el suyo está cada vez más ligado a nuestra capacidad de hacer frente al ascenso del fascismo, las políticas del miedo y la seguridad, y al poder corporativo en nuestros países.
Organizaciones sociales y sindicatos piden al Gobierno que apoye el tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas
El 15 de octubre comenzó en Ginebra la cuarta sesión de trabajo del tratado de derechos humanos y empresas.
Organizaciones sociales y sindicatos, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que no ignore el mandato del Parlamento que en la primera mitad de 2018 instaba al Gobierno a participar de manera activa en este proceso.
Para las organizaciones firmantes es necesario apoyar el tratado vinculante de cara a acabar con la impunidad de los asesinatos a quienes defienden sus comunidades por encima de intereses económicos.
El 15 de octubre comenzó en la sede de Naciones Unidas en Ginebra la cuarta sesión de trabajo del tratado de derechos humanos y empresas. Su objetivo es establecer un instrumento jurídicamente vinculante que proteja a las comunidades locales y ponga fin a la impunidad con la que multinacionales cometen violaciones de derechos humanos.
Cada semana tienen lugar más de 5 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo. Tan solo en 2017 más de 300 personas fueron asesinadas por proteger los derechos de sus comunidades por encima de los intereses económicos. Crímenes que en la mayoría de los casos quedan totalmente impunes. Para legislar en este sentido y evitar estos abusos desmedidos, desde Naciones Unidas se está trabajando en la creación de un instrumento jurídicamente vinculante.
Este tratado ha sido defendido por por más de 200 colectivos y organizaciones bajo la Campaña Global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Un mecanismo que podría prevenir y remediar los daños y violaciones producidas por las empresas transnacionales, cuestionando el predominio de inversionistas y negocios asentados sobre los tratados comerciales por encima de los derechos humanos.
A lo largo de estos años la posición de la Unión Europea ha ido virando de un punto a otro a la hora de apoyar un tratado con medidas firmes contra las violaciones de multinacionales. Este último año la UE obstaculizó completamente la herramienta legal en la que se viene trabajando.
El Estado español, que podría haber tomado la iniciativa y decantarse por un tratado a favor de los derechos humanos tal y como ha incorporado a su discurso en la legislatura, lejos de mantenerse coherente, cumple ahora con la misión de no participar y sólo escuchar a otros estados. Ante este importante debate la postura de la misión española es la de no romper la disciplina de la Unión Europea que ha decidido seguir sin participar ni activa ni positivamente.
El Gobierno español ha decidido así desoír el mandato de las dos proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento español durante la primera mitad de 2018, presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidos Podemos, y que instan a una participación activa del Gobierno en este proceso.
La posición de la misión española contradice las palabras de miembros de la ejecutiva socialista que en reuniones mantenidas la semana pasada aseguraban a miembros de la campaña que “siempre han apoyado un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos” y que “iban a seguir apoyando y no cambiarán de criterio”. Desde la ejecutiva se comprometían a contactar con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que la posición del partido era coherente con lo que defendiera la representación española en la reunión de Ginebra.
Las organizaciones sociales firmantes han exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez tome la palabra en Ginebra y muestre, como ha hecho en recientes ocasiones, que un estado puede abrir un debate en el seno de la UE y hacer avanzar la defensa de los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra, ATTAC España, Comisiones Obreras (CC OO), Ecologistas en Acción, Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Fundación APY, Greenpeace España, InspirAction, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Novact, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Observatori DESC, Seremos Catalunya, SUDS.
El pasado jueves 11 de octubre Entrepobles, conjuntamente con una veintena de entidades y los partidos políticos CUP y En Común-Podem, presentó al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya un escrito de alegaciones al proceso de solicitud y tramitación del permiso de investigación minera en el valle de Bonabé.
Este proyecto de explotación minera, en el municipio de Alt Àneu, ubicado además en un espacio protegido por la red europea de espacios naturales Natura 2000, es complementario del que existe en la vertiente Norte del Pirineo en la Ariège. La empresa impulsora es Neometal Spania SL, una filial de la multinacional australiana Apollo Minerales Limited, que tiene como objetivo la extracción de oro y wolframio.
Con la presentación de estas alegaciones Entrepobles apoya y participa en el creciente proceso de información y movilización social en el municipio y en la comarca del Pallars Sobirà contra este proyecto, que se ha concretado en la constitución de la plataforma Salvem Salau.
Hoy se ha enviado al Comité CEDAW el Informe Sombra de Seguimiento al que se han adherido un total de 166 organizaciones. El informe, elaborado por la Plataforma CEDAW Sombra España así como las Plataformas CEDAW Sombra creadas en distintas CC.AA., es un trabajo de seguimiento de la evolución de las cuestiones sobre violencia de género y mujeres y niñas refugiadas, las cuales son objeto de seguimiento parcial, tal y como fueron señaladas por el Comité CEDAW al Estado Español en su examen de julio de 2015 (61ª sesión).
En este sentido, representa una síntesis de los elementos más relevantes que, a modo de balance, puede decirse que arrojan con carácter general un deficiente cumplimiento de las recomendaciones señaladas al Estado por parte del Comité CEDAW, por lo que la Plataforma da un suspenso al Gobierno (ver nota de valoración).
Las cuestiones referidas, corresponden a una selección realizada por el Comité CEDAW (artículos 21.a, 21.b, 21.f y 37.c) del Informe de Observaciones Finales del Comité CEDAW, en las que se solicita al Estado Español que dé cuenta de cómo ha avanzado para aplicar sus recomendaciones en este período intermedio entre informes. Las recomendaciones cuya aplicación se analiza son las siguientes:
21.a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de VG, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas.
21.b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia.
21.f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
37.c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de asistencia.
Este 28 de septiembre volveremos a salir a las calles para ¡DEFENDER EL DERECHO AL ABORTO¡
Nos solidarizamos con todas las compañeras que, en todos los países del mundo, están luchando como nosotras para que la interrupción libre del embarazo sea reconocida como un derecho de todas las mujeres.
Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, Nueva Zelanda, Panamá, Papúa Nueva, Guinea, Filipinas, Polonia, República de Corea, Samoa, San Marino, Gibraltar, Estados Unidos y podríamos seguir con la larga lista de gobiernos que no garantizan el derecho al aborto de las mujeres en sus territorios. Cada año mueren 47,000 mujeres alrededor del mundo, según la OMS, debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros; otras más son criminalizadas o encarceladas. Miles de mujeres abortan cada año dentro y fuera de la legalidad.
Mientras, los gobiernos se derechizan y actúan bajo influencias religiosas, en Estados autodenominados laicos, y las sociedades lejos de avanzar retroceden, las feministas resistimos y luchamos por nuestros derechos fundamentales. Por nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestro derecho a decidir. Para que en todos los territorios del mundo abortar forme parte de los servicios nacionales de salud y fuera del código penal, por la salud y la vida de todas las mujeres, para acabar de una vez con la criminalización que sufren miles de mujeres. NI MUERTAS, NI PRESAS, NI CLANDESTINAS. ¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES!
Una vez más las mujeres feministas y diversas nos movilizamos, como forma de resistencia y de hacer visible esta lucha colectiva de muchos años, por el ¡DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN¡
El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la población.
Vivimos momentos muy importantes en la lucha por nuestros derechos, el pasado 8 de marzo millones de mujeres apoyamos los paros y huelgas internacionales feministas del 8M, o el pasado mes de agosto, cuando las mujeres argentinas movilizaron a más de dos millones de personas por la legalización del aborto, en una lucha que continúa, y ahora por que se haga cumplir la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas de todo el país, públicas y privadas, laicas y religiosas. Un derecho al que también nos sumamos.
Fotografia http://www.feministas.org
Educación sexual para DECIDIR. Anticonceptivos para NO ABORTAR. Aborto legal para NO MORIR
28 de Septiembre: #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal.
¡Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas¡
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.
Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.
Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?
Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.
Hoy, 17 de septiembre 2018, estaba por iniciar el juicio oral de las ocho personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, quien coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta que le fuera arrebatada la vida el 2 de marzo 2016. Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
El juicio se iba a llevar a cabo hasta el 19 de octubre en la primera sala de juicios orales de este tribunal, pero el COPINH exigió un cambio de tribunal y el proceso solo podrá reiniciar hasta que el Ministerio Público resuelva el recurso. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen.
“Significa que rechazamos su accionar y su actitud para conocer de este caso y solicitamos que sea reemplazado por un tribunal que garantiza las condiciones para encontrar justicia en este proceso“, anunció esta mañana la organización en una conferencia de prensa en frente de las Salas de Juicios Orales (ver foto). “Exigimos que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y no de cualquier manera”, insistió el COPINH, que percibe en el proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres “la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad” y “de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho”. (ver el video de la conferencia de prensa aquí)
DESA Culpable
Como bien lo dice el COPINH, la causa de Berta, asesinada por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la construcción de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”, no es solo la de sus familiares y de la organización, sino la de las más de 200 personas asesinadas cada año en el mundo por defender sus territorios ante el avance del modelo extractivo y de organizaciones que trabajan por los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres a nivel internacional. Es un ejemplo claro de la impunidad con la cual empresas criminalizan y asesinan a los y las que se oponen a su visión del “desarrollo” en complicidad con los gobiernos y las fuerzas armadas. Por ello, el COPINH lanzó en paralelo al seguimiento del juicio la campaña “DESA Culpable”, destinada a visibilizar la responsabilidad en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dueña del proyecto “Agua Zarca”.
A pesar de las evidencias que existen sobre la responsabilidad de DESA en el asesinato de Berta, las cuales han sido documentadas en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) “Represa de la violencia” publicado en noviembre 2017, el Tribunal de Sentencias ha obstaculizado el camino hacia la condena de los autores intelectuales del crimen. El pasado 4 de septiembre, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, rechazó la solucitud del COPINH de llamar a testificar en el juicio a los miembros de la familia Atala Zablah, dueños de DESA, bajo el argumento que sus testimonios no iban a tener que ver con los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016. “La justiciahondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa”, denunció el COPINH en un comunicado tras dicha decisión. El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y políticopropuesta por el COPINH, la cual hubiera permitido evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino que fue motivado por intereses políticos y económicos amenazados por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Además, se negó a considerar a los integrantes del COPINH como víctimas del crimen.
“Un tribunal que emite resoluciones pero no las hace cumplir, y así conduce a la indefensión, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza, en perspectiva de las víctimas, de esa condición de imparcialidad e independencia que tiene que tener un tribunal”, explicó el abogado del COPINH Victor Fernández durante la conferencia de prensa de esta mañana. Como muestra de la falta de respeto del Tribunal hacia el COPINH y los familiares de Berta, a las 11 horas de este 17 de septiembre aún no había empezado el juicio previsto a las 9 horas, mientras había iniciado la audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, denunció el COPINH en Twitter.
Solidaridad feminista y popular
El COPINH instaló el campamento “Justicia para Berta Cáceres” afuera del Tribunal y desde ayer empezaron las muestras de solidaridad, con una acción de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Esta denunció a través de un comunicado “la importancia de denunciar públicamente los mecanismos y maneras en que actúa el poder patriarcal y racista de Honduras en los entramados de su poder criminal para intentar someter a las comunidades a través del asesinato de sus líderes como Berta”.
Esta mañana, a las comunidades que conforman el COPINH y están exigiendo justicia por su ex-coordinadora frente a la Corte Suprema, se sumaron compañeras afrodescendientes en el marco de Movilización de Mujeres indígenas y negras. Esta cuenta conla participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la cual denunció en Twitter que “después de más de 30 meses del crimen se inicia juicio contra autores materiales de asesinato Berta Cáceres mientras el Estado aparentemente protege autores intelectuales, lo que ha desatado una campaña de revictimización”.
Poco a poco, se conformó un importante plantón afuera del Tribunal, pero a las 12h30, la empresa DESA envió un grupo de choque a confrontarse con integrantes del COPINH y OFRANEH. “Responsabilizamos a la empresa DESA y sus directivos de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras”, alertó el COPINH en sus redes sociales. (ver los videos de la denuncia aquí y aquí)
Una carrera contra el tiempo
Ahora que el juicio fue suspendido, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para resolver el recurso e iniciar un nuevo proceso en otro tribunal, ya que el 5 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los 8 acusados que iban a ser juzgados a partir de hoy. Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.
El día de hoy nos presentamos la familia de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización, el COPINH, junto al equipo legal del MADJ a plantear nuestra postura frente al inicio del primer del juicio oral y público por el vil asesinato del 2 de marzo de 2016.
Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte.
Una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH con la incorporación del bufete Amsterdam & Partners mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.
En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
Por lo tanto, en este momento, a través de nuestros representantes legales del MADJ hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.
Asumimos la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad. Como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho.
Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de septiembre de 2018
Comunicado de la Misión internacional de observación
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 13 de septiembre de 2018.- Quince organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Canadá: Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
Afirmando el fundamento en el derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: “[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables”.
Organizaciones internacionales denunciamos negligencia estatal en el caso de Berta Cáceres
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armasy casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentenciacon Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá, Common Frontiers – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa – Guatemala, MISEREOR – Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala – Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice – Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.
COPINH: Comunicado de Prensa 22/08/2018
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.
Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.
Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.
¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras
Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.
Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
Ante lo anterior, exigimos:
Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.
El pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Este Acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y MelillaLas entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones:
1. El Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Es un mero instrumento jurídico para posibilitar la ejecución de una previa decisión de retorno a Marruecos adoptada por las autoridades españolas. Por tanto, cualquier persona que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación de este Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas legalmente. Entre esas garantías se incluye los derechos de asistencia letrada, de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial. En el marco de este procedimiento, además, han debido poder identificarse situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
2. El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Como obligaciones formales se establecen (i) la necesidad de una solicitud formal en que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; y (ii) la aceptación que debe quedar documentada mediante la expedición por las Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión. Nuevamente, la celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos y la experiencia de la general ausencia de documentación personal de estas personas permite también cuestionar que estas obligaciones se hayan cumplimentado materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
3. El Acuerdo de Readmisión también establece una específica garantía material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, como es que España se asegure de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje” (art. 5). Difícilmente Marruecos está en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados.
4. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Específicamente, el Comité Europeo para la prevención de la tortura en su Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España en 2014 [CPT/inf (2015) 19] afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Por tanto, siendo constatable esta circunstancia por un órgano del Consejo de Europa, también hay que afirmar que la entrega de estas personas supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional.
5. Con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria. No sólo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de “devoluciones en caliente en diferido” en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones.
Las entidades abajo firmantes, representativas de muy amplios y diversos sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-. Una política migratoria, en definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie.
Exigimos que el Ministerio del Interior haga público: (i) el número de abogados de oficio y de intérpretes que han actuado; (ii) número de funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los diversos procedimientos; (iii) actividades desarrolladas para lograr la identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido esa identificación; (iv) actividades dirigidas a identificar la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado de las mismas; (v) listado de nacionalidades de las personas devueltas; y (vi) garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. Asimismo, solicitamos a los distintos grupos políticos que, en su labor de control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información.
Finalmente exigimos una política de control de fronteras basada en el respeto a los Derechos Humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la protección de las personas en movimiento.
24 de agosto de 2018.
Almería Acoge – APDHA – Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca – Asociación Agar – Asociación Apoyo – Asociación Asdecoba – Asociación Valiente Bangla –
ASPM Madrid – Bienvenidxs Refugiadxs Toledo – Caminando fronteras – Campaña CIES No Valencia – Canarias libre de CIES – Caravana abriendo fronteras – Cáritas Española – Centro Pastoral San Carlos Borromeo – Colectiva feminista Moolaadé – Colectivo para la Paz – Convivir sin Racismo – Coordinadora de Barrios – Ecologistas en acción – Elin – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte – Federación Andalucía Acoge – Federación SOS Racismo – Inmigrapenal – Iridia – Mundo en movimiento. #SickOfWaiting – Obrim Fronteres Castelló – Obrim Fronteres Valencia – Observatorio del Racismo Institucional- RAIN – Observatorio Samba Martine – Ongi Etorri Errefuxiatuak – Pacifistas Ciudad Real – Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca – Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche – PRODEIN – Red Acoge – Red Ciudadana de Acogida de Leganés – Red Española de Inmigración – Red Interlavapies – Red migrantes con derechos – Red Solidaria de Acogida – Senda de cuidados – Sercade – Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) – Tanquem els CIE – Territorio Doméstico – Valencia Acoge
Comunicado de denuncia sobre las batidas realizadas en Marruecos estos días contra migrantes subsaharianos-as
Nosotras, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones civiles que trabajamos sobre las migraciones, hemos constatado en las últimas semanas, y en varias ciudades de Marruecos (concretamente en Fez, Nador, Tetuán y Tánger) violaciones flagrantes de los derechos fundamentales y de las libertades individuales y colectivas de personas de origen subsahariano por las fuerzas de seguridad marroquíes, que consisten en una campaña generalizada de entrada con violencia en sus hogares y en los locales de las organizaciones que trabajan en beneficio de las mismas, así como operaciones de desmantelamiento forzado de los campamentos, llevados a cabo por las fuerzas del orden, y arrestos arbitrarios seguidos de expulsiones colectivas y el desplazamiento masivo hacia las fronteras del este y el sur del país.
Estas intervenciones violentas golpearon por igual a todas las personas migrantes originarias del África subsahariana que se encuentran en el territorio nacional, incluso a aquellas que tienen permiso de residencia (llegando a separar incluso a algunos niños de sus madres), y que han visto sus propiedades, sus documentos y su dinero confiscados y/o destruidos.
Con este fin, nosotras, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y las asociaciones civiles que trabajamos las migraciones:
• Condenamos la violencia ejercida por las fuerzas del orden de la que las personas migrantes subsaharianas has sido víctimas y su devolución, alejamiento y expulsión, y que han causado numerosas víctimas entre muertos y heridos, en particular sobre los niños y las mujeres, y sobre las personas migrantes en general.
• Denunciamos el papel desempeñado por Marruecos haciendo de policía de la Unión Europea en la militarización de sus fronteras, así como la deportación de las personas migrantes que se encuentran en su territorio.
• Hacemos un llamamiento al gobierno marroquí para que respete sus compromisos internacionales en materia de garantía de los Derechos Humanos Fundamentales.
• Demandamos que el Consejo Nacional de Derechos Humanos asuma todas sus responsabilidades y cumpla con su misión, que es la de garantizar los derechos de las personas migrantes subsaharianas y la de ofrecerles de una vida segura y decente.
• Declaramos nuestra absoluta solidaridad con sus reivindicaciones, a la vez que les aseguramos que estaremos vigilantes para que les sean reconocidos todos sus derechos y sus libertades.
• Exigimos que se otorgue de forma sistemática a todas las personas migrantes el derecho a la absoluta libertad de residencia y movimientos.
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