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Alertan de como la pandemia del COVID marcó un punto de inflexión en la violencia a las mujeres activistas, ya que se implementaron estrategias de control que se mantienen y se han consolidado.
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El 45% de los agresores son actores vinculados a los Estados, incluyendo cuerpos policiales, militares o autoridades que están cooptadas o protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales.
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El informe ‘Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan’ se presentó en Basauri, Madrid, Barcelona y Alicante, en estas tres últimas ciudades con el apoyo de Entrepueblos.
El último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documenta que, entre 2012 y 2023, se produjeron 35.077 agresiones a defensoras de Centroamérica y México. En el mismo período, 200 defensoras fueron asesinadas y otras 228 sobrevivieron a intentos de asesinato.
Este análisis, que puedes consultar íntegramente en su web, visibiliza y analiza, desde una perspectiva feminista e interseccional, las violencias que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua a partir de lo documentado durante más de 10 años a través del sistema de Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras. «Se trata de un análisis histórico que pone de relieve la existencia de una violencia sistemática que intenta silenciar las voces y debilitar las luchas de las mujeres y las disidencias sexuales que trabajamos por una Mesoamérica sin explotación ni desigualdades», señala IM-Defensoras.
El informe se presentó en el mes de junio en el estado español, en concreto en Basauri (Euskadi), Barcelona, Madrid y Petrer (Alicante). En estas tres últimas ciudades, IM-Defensoras contó con el apoyo de Entrepueblos y, en Barcelona, de la recién constituida Taula pels Drets Humans i la Pau a l’América Central. En las presentaciones, participaron activistas que forman parte de las redes de defensoras de El Salvador y Honduras, como la salvadoreña Morena Herrera o la activista garífuna Yéssica Trinidad, junto a la defensora de crímenes en la Frontera Sur Helena Maleno, colectivo Iridia y las activistas de Entrepueblos Virginia Francisco, Montse Benito y Conxa Martínez. Uno de los ejes fundamentales del trabajo de Entrepueblos es el acompañamiento de defensoras de DDHH y el territorio, tanto a través de la incidencia política y social, como de la cooperación y la educación transformadorra.
En sus intervenciones, Morena Herrera y Yéssica Trinidad señalaron la importancia de estas redes de protección feminista para saber que no están solas y poder unir fuerzas desde el ámbito regional. Trinidad señaló también las violencias múltiples que afectan a las mujeres de sus comunidades, tanto externas (de los Estados, las empresas, grupos antiderechos…) como en la propia comunidad por el hecho de ser mujeres. Todas ellas hicieron hincapié en problemas comunes de sus territorios como la impunidad de las empresas extractivas, el intento de retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres, los ataques a la libertad de prensa y de información, las violencias digitales o la criminalización de entidades medioambientales. También en la fortaleza de los movimientos feministas e indígenas, como se pudo ver recientemente en El Salvador y Guatemala, tras las elecciones presidenciales en ambos países.
Tanto la presencia de Helena Maleno como del colectivo Iridia permitieron poner en común luchas comunes en el Norte y Sur global, ya que en el estado español las leyes de Extranjería y la llamada ley Mordaza son ejemplos de impunidad del Estado ante la violación de derechos humanos.
¿Quiénes son los agresores?
El 45% de los agresores, recoge el Informe ‘Datos que nos duelen, redes que nos salvan’, son actores vinculados a los Estados, incluyendo cuerpos policiales, militares o autoridades que están cooptadas o protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y otros poderes fácticos, como el crimen organizado o grupos fundamentalistas y anti-derechos, entre otros. Además, la pandemia del COVID marcó un punto de inflexión en la violencia a las mujeres activistas, ya que se implementaron estrategias de control y limitación a la movilidad que se mantienen y en algunos casos se han consolidado.
«En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción», señala el Informe.
Por otro lado, en 2023 se identifican 1.222 agresiones digitales contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, un 20% del total documentado. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.
IM-Defensoras nace en 2010 para dar respuesta a las violencias que las defensoras enfrentan por defender derechos y ser mujeres o personas con identidades sexo-genéricas que desafían la norma. Hoy articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Sólo entre 2018 y 2023, realizó 19,045 acciones de acompañamiento, contribuyendo a la protección y el cuidado de 18,058 defensoras en riesgo.
- Lee el RESUMEN EJECUTIVO del Informe y las demandas o conclusiones para que las activistas puedan ejercer su derecho a defender derechos en mejores condiciones de seguridad y bienestar.
- Más información sobre Protección Integral Feminista (PIF).
